La negativa
del gobierno de Cristina Fernández a pagar 1,300 millones de dólares tal como
lo dicta el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, constituye una
decisión estratégica. El pequeño grupo de especuladores liderado por los fondos
de inversión NML Capital y Aurelius, apenas representa 0.45% del total de los
acreedores del gobierno. No obstante, la aplicación posterior de las cláusulas
“RUFO” (Right Upon Future Offer) y “Pari Passu” a favor del resto de los
tenedores de bonos, podría haber colocado en un serio predicamento a la
República de Argentina de haber aceptado un primer desembolso a favor de los
buitres que adquirieron bonos en 2008 por un valor vil de 40 millones de
dólares.
La primera
cláusula implica el trato igualitario para los tenedores de bonos de un país
determinado, es decir, ningún bonista podrá recibir un pago sin que el resto
también lo haga. La segunda estipula que si el gobierno mejora las condiciones
para algunos bonistas, también deberá hacerlo para los que entraron en los canjes
de deuda autorizados previamente. De tal forma que el monto a pagar por parte
de Argentina podría ascender a más de 150 mil millones de dólares si las
exigencias de los buitres se hacen extensivas a 92% de los acreedores que sí
llegó un arreglo con el gobierno entre 2005 y 2010.
Entrevistado
en relación al tema, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, considera que
“Estados Unidos se ha embarcado en un programa de extraterritorialidad. En vez
de invadir países a la fuerza, ha ido introduciendo la capacidad de cumplir
funciones típicamente de Estado en otros territorios”
(Página/12,
07/09/2014). Básicamente por esa razón, Washington y sus aliados se resisten a
cambiar las reglas que rigen el sistema financiero internacional.
Con todo,
Argentina sumó un triunfo el pasado martes 9 de septiembre sobre la hegemonía
del dólar y las Cortes de Nueva York. Y marcó el inicio de una nueva era de
gobernanza en la historia de la Arquitectura Financiera Internacional (AFI): la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó por 124
votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones, “ un marco jurídico multilateral
para los procesos de reestructuración de deuda soberana con miras a, entre
otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del
sistema financiero internacional y lograr un crecimiento económico sostenido,
inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las
circunstancias y prioridades nacionales”.
Como era de
esperarse, Estados Unidos votó en contra la propuesta presentada por Bolivia en
representación del G-77+China (conformado por más de 130 países), y defendió su
postura bajo el argumento de que la resolución “generaría incertidumbre en el
mercado”. También votaron en contra Australia, Alemania, Canadá, Finlandia,
Gran Bretaña, Hungría, Irlanda, Israel, Japón y la República Checa. Sin
embargo, el apoyo del G-77+China alrededor de Argentina logró derrotar de
manera apabullante al Departamento del Tesoro y los fondos buitres. La mayoría
de los países de América Latina (a excepción de México, Perú y Colombia), así
como de Asia y África votó a favor de reducir el poderío aplastante del dólar
como instrumento de crédito y poner fin al monopolio de Nueva York como espacio
jurisdiccional privilegiado. Después de un largo camino recorrido, ha quedado
abierta la posibilidad para que un nuevo marco jurídico entre en vigor antes de
septiembre de 2015.
“Hemos
asumido el derecho del ahora. Lo que hoy decidimos democráticamente es hacer lo
que merecen nuestros pueblos: ser libres y soberanos […] Hemos decidido cambiar
el futuro”, sentenció Héctor Timerman –ministro de Economía de Argentina– al
término de la votación (Russia Today, 09/09/2014).
El respaldo
decisivo de Rusia y China en contra de los buitres desempeñó un papel
fundamental. No es un asunto menor contar con el sostén geopolítico de dos
potencias nucleares con asiento permanente en el Consejo de Seguridad.
Argentina se acercó a ambos países en momentos clave y ahora cosecha los frutos
de una política exterior a varias bandas. Por un lado, los acuerdos alcanzados
durante la visita del presidente chino a Buenos Aires en julio pasado: las
represas hidroeléctricas de Santa Cruz, el tren Belgrano Cargas, así como la
permuta de cobertura cambiaria bilateral (swap) por 11 mil millones de
dólares. Por otro lado, el endurecimiento de las sanciones por parte de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en contra de Rusia,
convirtió a Argentina de facto en un socio comercial primordial para
sustituir los productos que Moscú vetó importar desde Occidente (carne y soja
principalmente).
En suma, el
peso creciente en la economía mundial de los países que integran el G-77+China
se transforma paso a paso en poder decisional, es decir, en influencia directa
en los asuntos globales.
*Ariel Noyola Rodríguez. Miembro del Observatorio Económico de América Latina
del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Columnista de la revistaContralínea y colaborador de la Red Voltaire (Francia). Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
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