El senador por esa fuerza política, Carlos Böhrt, señaló que el país necesita que se apruebe a la brevedad posible una ley que sancione y castigue los actos de corrupción cometidos contra el Estado boliviano.
"Esa ley se va a aprobar y esperamos que se apruebe con el voto de los 27 senadores, pero si no fuera así, al menos va a haber una minoría, eso por parte mía lo puedo asegurar, esa ley se va a aprobar a la brevedad posible", precisó el senador opositor.
MAS
E a su vez el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Antonio Peredo, manifestó que la voluntad política de su partido es viabilizar la aprobación de esa norma para que a través de la justicia se sancione y castigue a los que atentaron contra la economía del Estado.
"Creo que la derecha y la oposición han dado muestras de que no habrá ningún obstáculo para su aprobación, seguramente en el Senado habrá un debate sobre el ajuste de la ley, pero el espíritu de la ley se va a mantener", aseguró el senador masista.
La ley
En noviembre de 2006, el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" con el propósito de atacar ese flagelo en la administración pública y que también involucra a las personas naturales jurídicas que hubieran o cometan cualquier acto de corrupción.
La propuesta señala que "en los casos de demandas del Estado relacionados con la recuperación de activos para el Estado provenientes de la corrupción y/o la criminalidad económica, el Estado únicamente estará obligado a demostrar la calidad actual o pasada de funcionario público del demandado o la relación del demandado con un funcionario público y la existencia de los bienes y activos que acrecientan ilegítimamente el patrimonio de alguno de los demandados".
En el proyecto de ley se considera corrupción: "el enriquecimiento o la aceptación, directa o indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas".
Sanciona el enriquecimiento ilícito, el soborno, investiga las fortunas, ejecuta un control patrimonial de los bienes de los servidores públicos de primer, segundo, tercer nivel y su aplicación se ejecutará en los ámbitos de los tres poderes del Estado.
Las personas privadas, naturales o jurídicas serán investigadas siempre que sean denunciadas y reportadas por operaciones inusuales o sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial.
La iniciativa establece la retroactividad de sus alcances, es decir una vez aprobada no surtirá efecto sólo para los hechos cometidos a partir de su vigencia, sino se facultará a las instancias correspondientes investigar actos pasados.
La propuesta incorpora la figura de la imprescriptibilidad entendida como la no-extinción de los derechos y acciones que tiene el Estado; en los delitos tipificados en el Código Penal que atenten contra los bienes jurídicos del Estado: corrupción, enriquecimiento ilícito y delincuencia económica financiera, por el transcurso del tiempo.
También incorpora la creación de fiscales anticorrupción exclusivos, un Consejo Nacional de la Lucha Contra la Corrupción integrado por representantes de organizaciones sociales, todos los poderes de acceso a la información sobre los recursos y gastos sobre la base de los medios y tecnología existentes.
Establece sanciones desde los cinco años de cárcel hasta los 12 para quienes cometan actos de corrupción que afecten al Estado, los que son considerados "delitos de lesa humanidad".
Abarca a todas las instituciones relacionadas con el Estado, como las Fuerzas Armadas, las universidades, la Policía Nacional, prefecturas, gobiernos municipales, y establece la retroactividad para secuestrar bienes de personas que los obtuvieron de manera ilícita.
Establece la necesidad de contar con policías, fiscales y jueces especializados en la lucha contra la corrupción porque consideran que este mal social también se incrustó en algunos sectores de la justicia.
El proyecto propone la creación de la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción y Transparencia en la Gestión Pública que estará formada por los ministerios de Gobierno, Justicia, Hacienda y un representante del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción.
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