24 junio 2008/ Mapuexpress http://www.mapuexpress.net
Amnistía Internacional insiste en pedir al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que ratifique el Convenio 169 de la OIT a la mayor brevedad sin ningún tipo de “declaración interpretativa” ni restricción; tal como se propone en la “Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario”.
Cabe señalar que el artículo 35 del Convenio 169 de la OIT dispone que "la aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos indígenas en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres y acuerdos nacionales".
Amnistía Internacional
En el Día Nacional de los Pueblos Originarios, Amnistía Internacional insiste en pedir al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que ratifique el Convenio 169 de la OIT a la mayor brevedad sin ningún tipo de “declaración interpretativa” ni restricción; tal como se propone en la “Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario”.
El 4 marzo último el Senado de la República autorizó la ratificación del Convenio, y en aquella ocasión AI advirtió su preocupación sobre la sugerencia hecha al Ejecutivo de incluir una “declaración interpretativa”. Lo que podría entenderse como un gran avance incluyó por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara Alta una polémica declaración interpretativa, la cual reseña que "El gobierno de la República de Chile, al ratificar el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes, formula una declaración interpretativa al artículo 35 del referido instrumento internacional, en el sentido que este solo se aplica en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” .
Cabe señalar que el artículo 35 del Convenio 169 de la OIT dispone que "la aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos indígenas en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres y acuerdos nacionales".
Por lo tanto la declaración interpretativa viene a impedir que las disposiciones del Convenio 169 puedan interpretarse de manera evolutiva, en particular ella viene a imposibilitar que la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en septiembre de 2007 por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el voto favorable de 144 Estados, entre ellos el Estado chileno, la oposición de solo 4 Estados, y la abstención de 11 Estados, sea utilizada como marco jurídico para una interpretación de las normas del Convenio 169. Ello resultaría particularmente grave, por cuanto tal Declaración, refleja, al decir del Relator Especial de la ONU para los derechos indígenas “(…) el consenso internacional cada vez más extendido en torno al contenido de los derechos indígenas, tal como son reconocidos progresivamente en numerosos países así como en diversos instrumentos internacionales y en la práctica de los órganos internacionales de derechos humanos.”[1].
Durante la campaña presidencial y también en varias oportunidades durante su gobierno, incluso en el último Mensaje Presidencial, la presidenta Michelle Bachelet se comprometió con los Pueblos Originarios a ratificar el Convenio, que ha estado pendiente durante más de 18 años.
Al ingresar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Chile debe cumplir sus promesas y compromisos en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Información General
El Convenio 169 de la OIT, adoptado en la 76ª reunión del 7 de junio de 1989, es uno de los instrumentos jurídicos internacionales sobre reconocimiento de derechos y protección de los pueblos indígenas y entró en vigencia el 27 de junio de 1989
En América Latina, el texto ha sido ratificado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Venezuela. . También lo han respaldado Fiji, Noruega, Dinamarca y Países Bajos, entre otros.
En Chile, el texto fue ingresado al Parlamento por el primer Gobierno de la Concertación en 1990 y había sido aprobado con una votación transversal mayoritaria el 11 de abril de 2000 por la Cámara de Diputados, por lo que sólo restaba el pronunciamiento del Senado.
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