La polémica ley de la UE, que promueve la expulsión de menores de edad y el encarcelamiento en centros especiales de inmigrantes sin papeles por hasta año y medio, fue rechazada por varios países latinoamericanos, que anunciaron iniciarán acciones contra la normativa y elevarán sus quejas a instituciones continentales como las Naciones Unidas o el Mercosur.
18 junio 2008/TeleSUR http://www.telesurtv.net
Tras la aprobación este miércoles por la Eurocámara de la controvertida Directiva de Retorno, una ley que criminaliza la condición de residencia ilegal de millones de inmigrantes, varios países latinoamericanos emitieron su rechazo por considerarla violatoria de un derecho humano fundamental: la libre circulación.
El primero en pronunciar su rechazo fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien anunció que tomará acciones para lograr el apoyo a nivel andino – suraméricano en contra de la recién nacida ley.
Las acciones estarán orientadas a "protestar frente a esta acción y atentado contra el derecho humano y, si es posible, dar respuestas concretas porque unidos sí somos mucho más fuertes y podemos exigir nuestros derechos", fustigó el gobernante.
La directiva de retorno es "la directiva de la vergüenza, es una vergüenza lo que ha hecho Europa", sostuvo Correa en una entrevista con la radio Sonorama.
"Uno se siente muy impotente porque es el doble discurso y la doble moral de los países desarrollados, que les exigen muchas cosas (a los inmigrantes) y que se aprovecharon de nosotros", manifestó.
Correa reflexionó: "¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado esa directiva?".
Insistió en que la norma vulnera el derecho del ser humano a migrar a cualquie lugar del planeta.
"El derecho de migrar es un derecho del ser humano a estar en cualquier lugar del planeta. ¿Cómo se puede sostener, con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca la inmediata movilidad de capitales pero criminaliza la movilidad de seres humanos?", cuestionó.
Según cálculos del Gobierno, alrededor de tres millones de ecuatorianos residen fuera de su país, la mayoría en Estados Unidos, España e Italia.
La cancillería ecuatoriana había señalado el martes en un comunicado "sus serias preocupaciones y objeciones" a la directriz, "que constituye un retroceso frente a las políticas sobre migración que tienen algunos países europeos".
Paraguay elevará a Mercosur su preocupación
Otro país que se opuso de plano a la nueva ley, desde antes de que fuera aprobada, es Paraguay, que este miércoles anunció que planteará en la cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se realizará el próximo 1 de julio en Argentina, un pronunciamiento para rechazar la legislación.
En cuanto a este tema, el director general de Asuntos Especiales de la cancillería paraguaya, Víctor Hugo Peña Bareiro, mostró la preocupación de su Gobierno por la criminalización de los migrantes.
La directiva "suma un conjunto de condiciones que equipara al migrante con un criminal. Nos preocupa muchísimo", añadió.
Bolivia y Uruguay presentes
La semana pasada el presidente boliviano, Evo Morales, había escrito en una extensa carta a la UE donde solicitó ''a nombre del pueblo boliviano de todos mis hermanos del continente, hago un llamado a la conciencia de los líderes y diputados europeos, de los pueblos, de los ciudadanos y activistas de Europa para que no se apruebe el texto de la directiva de retorno''.
Además, las cancillerías de los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) enviaron el pasado 9 de junio una comunicación a la UE en la que señalaron "las consecuencias negativas" de la directiva de retorno "podría ocasionar para los más de tres millones de inmigrantes de origen andino que residen en el territorio europeo".
Antes de que fuera aprobada, el senado de Uruguay rechazó la ley por unanimidad e instó a los parlamentos del resto de Latinoamérica a sumarse a su reprobación, por considerar que la norma viola los derechos humanos fundamentales.
La declaración de la Cámara Alta uruguaya invita a sus colegas del continente a "tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional".
El documento del Senado uruguayo subraya que "la decisión europea constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional" y anuncia su decisión de "hacer conocer a los órganos de las Naciones Unidas este rechazo".
En cuanto al internamiento de los "ilegales", los legisladores uruguayos consideran que con esto se consagra "una privación de libertad al aplicarse una verdadera pena de prisión".
Critican que la Directiva de Retorno es "una flagrante incongruencia de la UE, que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo de decenas de miles de inmigrantes".
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