29 abril
2013, Diagonalperiodico.net http://www.diagonalperiodico.net (España)
LOS
MAPUCHES SUFREN LA REPRESIÓN DE UN ESTADO QUE NO ASUME SUS REVINDICACIONES
El autor analiza la dramática situación que vive el
pueblo mapuche en Chile y cuál es el origen del conflicto que hoy continúa.
Jesús Antona Bustos. Antropólogo que participa en el
Programa de Derechos Indígenas del Grupo de Acción Comunitaria
La situación de Estado de excepción
que se vive en muchos sectores de la Araucanía, la sucesión de huelgas de
hambre de los presos mapuches, los allanamientos, el recrudecimiento de la
violencia policial, el aumento de atentados y el incremento de hechos luctuosos
en los últimos años ponen de relieve que algo no funciona
bien en la democracia chilena.
Los allanamientos policiales de las
comunidades son habituales; ancianos, mujeres y niños son maltratados, heridos
y vejados durante su transcurso (el más reciente ha sido documentado por la
Fundación Instituto Indígena en el sector Quilaco-Codopille, comuna de Padre
las Casas).
En los últimos diez años se han
producido casi una decena de víctimas mortales, en su mayoría jóvenes
mapuches que participaban en tomas de tierras. También se
observa un aumento de los enfrentamientos entre las comunidades y particulares
chilenos, algunos de una gravedad extrema como el incendio provocado,
supuestamente, por personas de origen mapuche que acabó con la vida de un
conocido matrimonio de terratenientes del sector de Vilcún.
Condenas de cárcel violencia policial contra los mapuches
Por otra parte, más de medio
centenar de personas se encuentran encausadas por delitos de terrorismo (ver
informe 2010 del Relator Espacial de la ONU James Anaya), algunos de los cuales
cumplen duras condenas impuestas por la justicia
militar en procesos de dudosa legalidad, como han manifestado
los principales organismos de derechos humanos Por último, es frecuente
observar como la represión se dirige hacia las autoridades espirituales y
político-rituales mapuche (machi, logko) con el consiguiente daño psicosocial y
cultural que esto supone a las comunidades.
Mientras tanto, la
impunidad preside las actuaciones policiales. Las acusaciones
de abusos, torturas y allanamientos hacia miembros de los cuerpos de seguridad
continúan bajo la tutela de justicia militar. En los pocos casos en que los
agentes han sido declarados culpables del homicidio de jóvenes mapuches (“por
violencia innecesaria”), lejos de ingresar en prisión o de ser expulsados del
cuerpo, han sido trasladados y siguen en activo, como ocurre con los
carabineros condenados por las muertes de Matías Catrileo o Jaime Mendoza
Collio.
La clave del
desencuentro entre los mapuches y el Estado radica en el problema del
territorio. Arranca en la segunda mitad del siglo XIX con la
Ocupación de la Araucanía por parte de las tropas chilenas guerra que culminó
con la derrota mapuche en 1883 y la pérdida de la
independencia y la soberanía territorial (reconocida por los
españoles en las Paces de Quillín en 1641) sobre las tierras al sur del río Bío
Bío.
A partir de ese momento, los
mapuches fueron confinados en poco más de un 6% del territorio que ocupaban y
confinados en 3.000 “reducciones” (comunidades indígenas).
El último censo publicado en Chile
arroja un número de 604.349 mapuches, de los cuales un 35%
sigue residiendo en las 2.000 comunidades que se han mantenido después de las
usurpaciones y enajenaciones fraudulentas sufridas a los largo
del siglo XX.
La media de las parcelas oscila
entre las 0,5 y 6 hectáreas, por lo que la situación es de minifundismo
extremo, baja productividad, sobreexplotación de las tierras y empobrecimiento
colectivo. Pese a las promesas de los diferentes gobiernos
democráticos de resolver el problema de la tierra y el subdesarrollo,
las políticas públicas, aunque se maquillen bajo el rótulo de “desarrollo con
identidad”, reproducen los mismos esquemas asimiladores, clientelares y
etnocéntricos de siempre.
Agresión económica y ambiental contra el pueblo mapuche
Durante el Gobierno de Eduardo
Frei-Ruiz-Tagle (1994-2000) las elites nacionales se decantaron por dar
continuidad al modelo económico neoliberal de la dictadura, para lo cual
desempolvaron antiguos proyectos diseñados por los militares para integrar
el sur de Chile mediante la liberalización de recursos naturales,
explotación de las potencialidades energéticas de los territorios indígenas y
la exportación de sus materias primas (productos forestales, pesqueros,
mineros, etc.). Lo que se ha venido a llamar “conflicto mapuche” es
consecuencia directa de esta política y el problema histórico de las tierras.
El abandono del sector agrícola del
sur a favor del sector forestal, que se había iniciado con la contrarreforma
agraria de Pinochet y a partir de la cual las empresas forestales se erigieron
en los nuevos terratenientes del país (controlan más de millón y medio de
hectáreas en el territorio mapuche), chocó de lleno con las comunidades ya que
la industria forestal perjudicaba las actividades
tradicionales, contaminaba sus tierras y desecaba los esteros.
La quema de dos camiones forestales
por comuneros del sector de Lumaco en 1997 constituye uno de los hitos claves
de este conflicto ya que a partir de ahí se inició un
nuevo ciclo represivo-reivindicativo. El conflicto y la
represión se fueron generalizando al compás que se implementaban otros
proyectos como el de la presa de Ralco promovida por Endesa-España o la
construcción de autopistas de peaje (Panamericana sur, Baipás de Temuco o
Carretera Costera).
Pese a que el Gobierno
chileno ratificó en 2007 los principales tratados en materia de derechos
indígenas, como el Convenio 169 de la OIT, el último informe
del Observatorio de Derechos Ciudadanos señala que
se “mantiene la situación de criminalización de la protesta social mapuche” y
que no se han articulado debidamente los mecanismos de consulta previsto en
estas normas para hacer efectivos los derechos indígenas.
Multinacionales eléctricas en territorio mapuche
Mientras tanto, o quizás por eso,
siguen promoviéndose proyectos en el territorio mapuche; por ejemplo, un nuevo proyecto
hidroeléctrico en el Lago Neltume (Endesa-Entel), actividades mineras en la
zona cordillerana o la instalación de industrias salmoneras
como la del río Pilmaiken, que contaminan las aguas y los espacios sagrados de
los mapuches o la construcción del aeropuerto internacional de Quepe en el
sector de Makewe.
La preocupación internacional por
la situación del pueblo mapuche es grande, como puso de manifiesto la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU en el Examen Público a Chile en 2009: “el caso de
mayor preocupación de la comunidad internacional es la
situación del pueblo mapuche debido a la aplicación de la Ley Antiterrorista
y la persistencia de juicios irregulares que vulneran sus derechos a un debido
proceso”.
Algo en lo que coinciden los
expertos es que el mal llamado “conflicto mapuche” no responde a un problema de
orden público y mucho menos de terrorismo o de seguridad nacional, sino que estamos
ante un problema histórico, político y cultural que hunde sus raíces en la
propia constitución del Estado chileno. La enseñanza que nos
deja este conflicto es que, en los tiempos de la globalización, los derechos
indígenas quedan supeditados a los intereses económicos de empresas,
latifundistas y transnacionales.
inforelacionada
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