15 julio 2016,
Rebeliónhttp://www.rebelion.org (Mexico)
Once personas fueron condenadas el lunes a
penas de entre 4 y 30 años de prisión por el tribunal del caso Curuguaty,
matanza que además causó la destitución en un juicio parlamentario del
Presidente Fernando Lugo, actual senador del Frente Guasu y ex obispo de la
Diócesis de San Pedro, inspirado en la teología de la liberación.
El caso Curuguaty (este
de Paraguay) se refiere a un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por
varios centenares de policías, que acudieron a desalojar a unos 70 campesinos
de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma
agraria.
Durante el desalojo se
produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías.
Los once labriegos
condenados fueron juzgados en relación a la muerte de los seis policías,
mientras que la Fiscalía nunca investigó el fallecimiento de los once
campesinos que perdieron la vida.
El editorial del diario
“Última Hora” del día martes 12 DE JULIO titula: “Curuguaty: dura sentencia
tras una cuestionada investigación” y denuncia que
"al no haber podido
garantizar una investigación ecuánime sobre el más grave hecho violento en un conflicto
agrario ocurrido en la historia reciente, la Justicia paraguaya deja un
preocupante precedente: Se ha llegado a la etapa de juzgamiento y con altas
penas tras un proceso de investigación de muchas inconsistencias."(1).
Los detalles de un proceso injusto
Ricardo Canese (2),
parlamentar paraguayo del Mercosur, ha explicado al Observatorio sobre
Latinoamérica SELVAS (Milán) los detalles de un proceso que se está demostrando
tan arbitrario e injusto.
“El juicio oral de
Curuguaty se refiere al enfrentamiento entre policías y campesinos ocurrido el
15 de junio del 2012 que desembocó en la muerte de 11 campesinos y 6 policías,
y que fuera el argumento principal del juicio político que destituyó al
entonces presidente, Fernando Lugo.
Actualmente el juicio atraviesa
su etapa final y desde su inicio ha estado plagado de graves irregularidades y
de violaciones de una treintena de derechos. Desde la introducción de pruebas
desconocidas por la defensa y el ocultamiento de otras, llamativas
contradicciones por parte de los testigos y de la Fiscalía acusadora hasta su
alegato final.
Los campesinos
querellados son Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero,
María Fani Olmedo, Dolores López, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro,
Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Felipe Nery Urbina y Rubén Villalba. Sobre
este último, por su trayectoria de militancia en la lucha por la tierra, recaen
con mayor saña todas las medidas arbitrarias y la mayor condena de la historia
del país, exigida por los fiscales acusadores Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y
Juan Leonardi Guerrero.
Los campesinos han sido
acusados por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en
grado de tentativa. Sin ninguna prueba que sostenga legalmente su acusación, la
Fiscalía ha pedido de 8 a 40 años de cárcel.
La masacre ocurrió en
las tierras públicas conocidas como “Marina Kue”, usurpadas hasta hoy por la
empresa Campos Morombí de la familia Riquelme, cuyo principal propietario, Blas
N, fue presidente del Partido colorado y parte de los primeros anillos del
stronismo, además de haber sido declarado por la Comisión de Verdad y Justicia
en su Informe Final del 2008, como usurpador de tierras malhabidas. Marina Kue
fue destinada por decreto presidencial como “objeto de la reforma agraria” en
el año 2004. Los Riquelme hasta hoy no poseen ningún título de dichas tierras.
La propia Fiscalía en
su alegato final reconoció que estas tierras son públicas.
Los campesinos estaban
organizados en una Comisión vecinal denominada “Naranja Ty”, reconocida por el
propio Estado a través del Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra
(INDERT) desde hace 12 años.
En el momento de la
ocupación se encontraban en litigio denunciando a Campos Morombí por usurpación
de tierras públicas designadas a la Reforma Agraria.
La Fiscalía ha pedido
la máxima pena de la historia nacional sin haber establecido de forma concreta
y específica quién ni cómo disparó ni uno solo de los 12 acusados.
Se ocultaron casquillos
de balas, el video del helicóptero policial y del Ministerio del Interior, no
se realizó autopsias a los muertos, el Tribunal negó la necropsia y la Fiscalía
declaró que se "perdieron radiografías", en medio de declaraciones
contradictorias de los propios forenses.
El fiscal que inició la
acusación, Jalil Rachid, amigo personal de la familia Riquelme, y hoy
Viceministro de Seguridad de Cartes, afirma que no se puede probar quién
disparó a los policías.
La acusación sostiene
que los 50 campesinos -hombres, mujeres, ancianos y niños- “emboscaron” a 324
efectivos policiales del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Fuerza de
Operaciones de la Policía Especializada (FOPE), Antimotines y Montada, sin
poder explicar semejante operación para llevar a cabo una simple orden de
allanamiento, ni siquiera de desalojo.
Además, el organismo
estatal reconoció que la policía sobrevoló la zona ubicando a los ocupantes
horas antes. Además, la fiscala Alcaraz reiteró en su argumentación final que
días antes del enfrentamiento, el principal acusado, Rubén Villalba, había
trasmitido al comandante policial durante una conversación telefónica, que
resistirían en “Marina Kue” hasta las últimas consecuencias.
En su alegato final,
los fiscales emitieron una grave afirmación: los campesinos asesinados murieron
a causa de disparos “de armas de uso reglamentario policial”. Sin embargo, ni
una sola muerte campesina ha sido investigada. Es más, de manera fabulosa e
incoherente, el Ministerio Público ha sostenido hasta el final que los 324
policías fueron sin armas.
El 15 de junio, el
Senado Boliviano emitió una declaración exhortando a las autoridades nacionales
a la realización de un juicio justo y el respeto al debido proceso de las once
campesinas y campesinos de Curuguaty detenidos y enjuiciados arbitrariamente.
Una campaña a nivel
mundial en la que se han incluido numerosas personalidades nacionales e
internacionales (como el Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel) y cientos
de personas del sector civil, reclama la absolución de los acusados, el
esclarecimiento del caso y el castigo a los verdaderos culpables del asesinato
de los 11 campesinos y 6 policías”, concluye Ricardo Canese.
Hay que recordar lo que
se dijo en la 32ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el
caso Marina Cue - Masacre de Curuguaty:
Del Informe del Grupo
de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Paraguay del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU.
Página 21:
102.120 Velar por que
se lleven a cabo investigaciones imparciales e independientes y procesos
penales de conformidad con la legislación vigente, en particular en casos como
los acontecimientos ocurridos en Marina Cué en Curuguaty en junio de 2012, a
fin de esclarecer las denuncias y enjuiciar a los autores (Alemania);
Página 26:
104. El Paraguay
examinará las recomendaciones que figuran a continuación y les dará respuesta a
su debido tiempo, pero a más tardar en el 32º período de sesiones del Consejo
de Derechos Humanos, que se celebrará en junio de 2016:
104.1 Establecer una
comisión independiente para investigar todas las denuncias verosímiles de
violaciones de los derechos humanos relacionadas con las medidas de aplicación
de la ley adoptadas en 2012 en Marina Cué (3).
Obispo Medina acusa que masacre de Curuguaty fue un
montaje
El obispo de San Juan
Bautista, Misiones, Mons. Mario Melanio Medina, responsabilizó el pasado 22 de
junio de 2016 de la masacre de Curuguaty al vicepresidente Federico Franco, a
una parte del Parlamento y a Blas N. Riquelme. Aseguró que aquella tragedia,
ocurrida el 15 de junio del 2012 en que murieron 11 campesinos y 6 policías en
un confuso tiroteo, fue un “montaje”, detrás del cual estaba el segundo de
Fernando Lugo que quería ser presidente.
A su estilo, directo y sin
pelos en la lengua, Mons. Medina dijo en el local
de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) en Asunción, a donde acude todos
los martes, que “la Justicia tiene una gran responsabilidad ante la historia en
el caso Curuguaty, porque, por una parte, están los que presionan, y por otra,
la verdad, y se debe fallar a favor de la verdad”.
Indicó que la masacre
de Curuguaty fue hecha a pedido de la empresa Campos Morombí (fundada por Blas
N. Riquelme –quien falleció en setiembre de 2012– y su familia heredó de él ahí
más de 70.000 hectáreas) en medio de una disputa con los campesinos por un
terreno de 2.000 hectáreas donado por la Industrial Paraguaya a la Armada
Nacional, y por eso se denominó Marina Cue.
“Por qué se hizo esa
matanza”, preguntó y agregó que la tesis de la emboscada a los policías no
tiene sustento porque ahí estaban “300 policías armados, de la FOPE, y los
campesinos eran solo 60, entre niños y mujeres, que estaban hace rato en ese
lugar”.
Sobre el proceso
judicial que se les lleva adelante a los labriegos sobrevivientes, indicó que
fueron acusados por asociación para delinquir, homicidio en grado de tentativa,
según el fiscal Jalil Rachid, e invasión de propiedad. “Todo el mundo sabe que
fue un montaje contra el gobierno de Lugo, seguramente por Riquelme, algunos
parlamentarios del Poder Legislativo e indudablemente el vicepresidente
Federico Franco”, remarcó el religioso.
Cuando le preguntamos
si se ratificaba en afirmar que Franco estaba detrás de la conspiración,
indicó. “Claro, Franco estaba detrás de eso porque quería ser presidente y lo
fue”. Agregó que mataron a campesinos y solamente se investiga la muerte de 6
policías y nadie se acuerda de esos 11 agricultores.
Expresó que ahora que
se hicieron todas las declaraciones hay montones de contradicciones: “Los
nuevos fiscales ponen homicidio doloso, cambiaron de carátula. Aquí lo que se
quiere es condenar a toda costa a los campesinos para sostener las 3 tesis:
asociación ilícita, atropello a la propiedad privada y homicidio en grado de
tentativa que ahora cambió a doloso. Es una vergüenza para propios y extraños”.
Abogó por la
inteligencia de los jueces para no faltar a la verdad: “Fue un crimen contra
los campesinos; unos están presos más de cuatro años y otros con prisión
domiciliaria y no pueden salir. Pido a los jueces que tengan ética, moral y la
responsabilidad para un juicio justo”.
Preguntado quién o
quiénes iniciaron la balacera, respondió: “Ellos dijeron los campesinos y la
balacera vino de arriba. En estos días estuve en el lugar y vino de arriba y
fue lo que mató al policía Erven Lovera y a otros. Eso se sabe porque las balas
no son de los campesinos, que tenían rifles y un revólver. Entonces, la
balacera vino de arriba (en alusión a un barranco), a tal punto que los
policías pedían por radio que pare porque iban a matar a todos”, refirió.
Medina dijo estar
seguro de que todas las pruebas fueron escondidas por el fiscal Rachid, pero
que hay algunas personas que dijeron la verdad, como uno de los forenses porque
luego hasta ellos mismos se contradijeron. “Erven Lovera murió con arma militar
y ellos dijeron que los campesinos lo mataron. Los campesinos comenzaron,
dijeron, cuando que atrás, adelante y a los costados tenían policías. Más de
300 policías para sesenta personas. Los campesinos fueron emboscados y
ejecutados”, resaltó.
“Fue una conspiración
del Parlamento, no sé si habrá otros terratenientes, pero lo cierto, el que
estuvo allí, fue Riquelme”, concluye Medina en declaración con el diario ABC
(4).
Iglesia católica califica de “injusta y aberrante” la
condena en el caso Curuguaty
La Pastoral Social y la
Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Amambay y Concepción expresaron
que la sentencia representa un antecedente “nefasto y peligroso” ya que a
partir de ahora cualquier ciudadano puede ser enviado a la cárcel sin ningún
tipo de prueba en su contra (5).
Muchos Religiosos y
religiosas de la CONFERPAR llegaron hasta la vigilia frente al Palacio de
Justicia, el día lunes 11 de julio, ocasión en que leyeron un comunicado
repudiando la sentencia y pidiendo la nulidad Ya. Además se ofició una misa a
cargo del jesuita Pa'i Luna y el obispo del Chaco, Monseñor Lucio Alfert.
Galo Reinaldo Bogarín
Alén, coordinador del Centro Antonio Guasch de los jesuitas de Asunción ha
comentado al Observatorio SELVAS:
“Hoy 11 de julio es un
día de mucho dolor, rabia, indignación, impotencia, desesperanza y de muchos
sentimientos más por la condena efectuada por el Tribunal que debía impartir
JUSTICIA a los compañeros y compañeras campesinos y campesinas del conocido
caso de la “Masacre de Curuguaty”.
Si y es cierto que da
mucho dolor, mucha rabia, mucha indignación, mucha impotencia, mucha
desesperanza, y eso nadie lo puede negar. Y es justamente lo que busca este
sistema perverso y deshumano. Buscan rompernos por dentro (personal y
colectivamente) y así mantenernos inmovilizados, pero no lo lograrán, que se
quiten de sus razonamientos perversos y de sus planes inhumanos de que esa
situación será así.
Pero, en esta cuestión
se han equivocado muy grande. El tiro de gracia que dieron hoy a la justicia
paraguaya se volverá contra ellos en acciones transformadoras de esta realidad
injusta que vive el Paraguay hoy día. De eso deben estar seguros y hacerse
cargo de las consecuencias (los responsables de estos hechos desde hace 4 años
atrás hasta ahora) de tener al país en esta situación y no sólo desde el Poder
Judicial, sino también de los otros dos poderes (Poder Ejecutivo y Poder
Legislativo).
Hoy el Tribunal
encargado del Caso de la Masacre de Curuguaty ha masacrado de otra manera, han
actuado con la sentencia en una “invasión jurídica” sin pruebas, autoritaria e
ilegal; se ha notado una “asociación criminal” para condenar desde el
Ministerio Público y el Tribunal encargado de impartir justicia y por sobre
todo han cometido un “homicidio de carácter doloso” de la justicia paraguaya, y
ello no es poca cosa!
Este pueblo ya no cree
que el infortunio se enamoró del Paraguay, este pueblo cree y sueña con
gobernantes justos, honestos, con don de gente y capacidad de servicio a su
pueblo, y está caminando en esa búsqueda, en esa construcción.
Y no lo impedirán los
poderes, ni sus leyes, ni sus artimañas. El pueblo se levanta y aún más se
levantara y va a caminar en la justicia, con paz y libertad.
Es el momento
transformaciones personales y colectivas, de convertir nuestro dolor en una
sana alegría, de pasar de la impotencia a la acción, de transformar nuestras
rabia en pensamientos que liberen y unan, de generar desde la desesperanza un
camino transformador lleno de esperanza de vida y de justicia!
Esto recién comienza y
no matarán el sueño que tenemos los paraguayos y paraguayas de vivir en un país
diferente, con justicia, paz y libertad.
Vamos que se puede, es
la hora, es el momento! Es tiempo de libertad” (6).
Las religiosas y
religiosos de CONFERPAR reunidos en Asunción en la Semana Nacional de la Vida
Religiosa, el día 13 de julio han difundido un comunicado donde se señala que
“Teniendo en cuenta las gravísimas irregularidades del proceso, denunciadas por
diversos analistas, expertos juristas, personas notables de diversas
organizaciones y medios de comunicación, según los cuales el proceso se ha
manifestado parcial desde el inicio y en su desarrollo ha incurrido en
ocultamiento de pruebas, intolerables omisiones, manipulación y argumentaciones
no científicas; junto a muchos familiares, personas de buena voluntad que
buscan la verdad y la justicia, nos sentimos indignados porque notamos con
ellos que las autoridades judiciales del caso no han mostrado la necesaria
objetividad y no han tenido en cuenta el derecho de los más débiles.
Con profundo dolor
junto a toda la comunidad nacional expresamos que esperábamos que prime la
racionalidad y la cordura, que no ocurra lo que repitieron nuestros obispos
cuando advirtieron en sus dos comunicados del peligro de "condenar a inocentes
y absolver a culpables". Sin embargo hemos asistido a la sentencia
condenatoria de los 11 campesinos procesados, a pesar de que en base a la
información con que cuenta la ciudadanía no existían elementos objetivos que
puedan sustentar una condena y menos aun penas tan elevadas que en nada se
compadecen del objetivo de las sanciones penales. Queda la terrible sensación
de vulneración de los derechos de los policias y campesinos fallecidos, por
ausencia de claridad respecto a la forma en que ocurrieron los hechos.
El estado tiene
obligación de hacer recta justicia y debe dar a los ciudadanos la certeza de
que actúa en estricto derecho; sin embargo esta certeza hoy no existe en la
comunidad por lo que invitamos a la ciudadanía a acompañar este proceso de
manera activa y pacífica, movilizándose para defender el derecho que todos
tenemos a una justicia verdaderamente imparcial.
Instamos a los
responsables del Poder Judicial a arbitrar los medios para que en adelante se
instaure un procedimiento fiable que sane los vicios de este proceso. Nos
preocupa seriamente el que esta sentencia pueda sentar el grave precedente de
condenar a ciudadanos paraguayos sin pruebas, lo que consideramos como
cristianos un grave pecado contra Dios y contra el hermano” destacan religiosos
como P. Alberto Luna SJ, Hna. Maria del Carmen Barrios STJ, P. Néstor Ledesma
SdB, P. Javier Francisco Irala SCJ, entre otros.
Comentarios de la sociedad civil
“La condena de once
campesinos paraguayos a penas de entre 4 y treinta años de prisión producto de
un proceso penal viciado de irregularidades, reconocidas por los propios
actores judiciales, marcará “un antes y un después” en la lucha por la tierra
en el país sudamericano, dijo a Radio Mundo Real - Diana Rivarola, integrante
de Conamuri y de la Articulación Curuguaty, creada en 2012 para acompañar a los
campesinos de la región de Marina Cué acusados por lo que se conociera como
“Masacre de Curuguaty” (7).
El periodista del
‘Jornal Do Povo’ (Brasil) y autor del libro ‘Curuguaty: carnicería para un
golpe’ – Leonardo Wexell dijo que el instructor de la causa fue puesto en el
viceministerio de Seguridad para proteger el negocio de los sojeros y las
transnacionales.
El comunicador sostuvo
que durante los cuatro años que duró su investigación pudo comprobar los
inmensos errores del juicio: “Imputaron de forma criminal a inocentes”. (8)
Mercedes Canese,
Vice-Ministra de Minas y Energía del Gobierno del Presidente Lugo (2008-2012)
ha declarado al Observatorio SELVAS: Hago tres preguntas sobre Curuguaty.
¿Miente Eduardo Galeano
cuando dice que la justicia es como la serpiente que solamente muerde a los
descalzos?
¿Podemos ser
indiferentes? Y si lo somos, cuando nos toque una injusticia ya no habrá nadie
que nos defienda, como sabiamente expresó Bertolt Brecht?
¿Alguien confía en la
justicia de Paraguay? ¿O casualmente, en medio de tanta injusticia, ahora la
justicia en un ataque repentino de honestidad, dio un fallo justo?
Nadie honesto en
Paraguay, nadie con corazón, nadie que quiere dejar un mundo mejor para las
futuras generaciones, tan siquiera para su propia familia, puede ser indiferente”.
Organizaciones internacionales piden justicia para
campesinos
Las organizaciones de
Derechos Humanos Oxfam y Aministía Internacional emitieron este lunes un
comunicado conjunto en el que piden justicia para los campesinos condenados por
la Masacre de Curuguaty.
"El Ministerio
Público no ha explicado de manera convincente los motivos por los cuales no
investigó tales muertes, ni tampoco la presunta alteración de la escena del
crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones
policiales de varios campesinos", señaló Erika Guevara Rosas, directora
para las Américas de Amnistía Internacional.
"En Paraguay, el
1,6% de los propietarios poseen el 80% de la tierra agrícola y ganadera, lo que
ha generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva
implementación de la reforma agraria, contemplada en la Constitución
Nacional", puntualizó por su parte Simon Ticehurst, director de Oxfam para
Latinoamérica y el Caribe.
"Oxfam y Amnistía
Internacional instan a las autoridades paraguayas a investigar de forma
exhaustiva, independiente e imparcial, todos los hechos relativos a la
privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos, y las
diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de los
hechos de junio del 2012.", señala el comunicado de ambas organizaciones.
Conclusión
Este injusto proceso
tiene lugar en la misma fecha de aniversario de la visita del Papa Francisco al
Paraguay, que dijo el 11 de julio de 2015 en el León Condou: "Para que
haya una verdadera cultura en un pueblo, una cultura política y de bien común,
debe haber juicios claros, juicios nítidos. Y no, no sirve otro tipo de
estratagemas."
La presencia pastoral
de obispos comprometidos en la opción preferencial de los pobres como el obispo
del Chaco, Mons. Lucio Alfert, y el obispo de San Juan Bautista -Misiones,
Mons. Mario Melanio Medina, debe abrir los ojos a toda la Iglesia de Paraguay
como lo menciona el Papa Francisco. No se puede seguir tolerando graves errores
como lo de la Conferencia Episcopal de Paraguay que ha apoyado el golpe
parlamentario en contra del Presidente Lugo.
Hace un año, Magui
Balbuena, candidata a la Vicepresidencia de la República para Kuña Pyrenda,
miembro y fundadora de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas
del Paraguay CONAMURI, me había comentado que “Realmente importante como
mensaje de Papa Francisco y toque de atención para el Gobierno nacional. Por un
lado la presencia del Presidente Cartes entre los movimientos sociales hace que
se demuestre al Papa la indignación de nuestro pueblo en su cara. Sencillo pero
aleccionador el mensaje del Papa a la sociedad. Desnudando una parte la
realidad del país de la gente pobre trabajadora que sufre los golpes del
capital.
Me gustó que el Papa
dice que la corrupción es la “polilla y la gangrena en la sociedad” que me
pareció muy acertada decir ante los representantes del gobierno y las
organizaciones sociales, que es uno de los principales males del gobierno” (9).
Magui Balbuena, el día
11 de julio a las 12:50, ha denunciado desde Asunción: “Que los policías están
cerrando las bocas. Abran las calles de acceso al Palacio de (in)Justicia.
Dictadura nunca más. Libertad a los presos y presas por luchar”.
Concluyendo, recuerdo
con emoción mi viaje a Asunción en agosto de 2013 en colaboración con el
Europarlamentar Klute Jurgen (Gue-Ngl), recuerdo mi entrevista con el
Presidente Lugo después del “golpe parlamentario”, que después ha servido para
hacer una denuncia contundente en el Parlamento Europeo sobre narco-política
del Presidente Cartes (10).
Como dice Ricardo
Nicolás Canese Krivoshein, “El mundo debe saber que en este momento en Paraguay
existen presos políticos, víctimas de un poder judicial corrupto y criminal y
de este modelo excluyente e injusto”.
Notas
10.
*Cristiano Morsolin, trabajador social e investigador italiano radicado
en Latinoamérica desde 2001. Autor de varios libros, panelista internacional,
analiza la relación entre políticas emancipatorias y movimientos sociales.
Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (Milán).
Blog del autor: https://diversidadenmovimiento.wordpress.com/
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