11 julio 2016, Centro Estratégico Latinoamericano de
Geopolítica-CELAG http://www.celag.org (Ecuador)
por Camila Vollenweider
Hoy lunes 11 de julio se dio a conocer la sentencia del juicio que se
abrió en 2012 sobre los once acusados por la llamada “Masacre de Curuguaty”. En
medio de numerosas protestas e importantes medidas de seguridad policial fuera
y dentro del Tribunal, los tres magistrados a cargo del juicio determinaron que
los 11 procesados son culpables de invasión de inmueble ajeno y asociacion
criminal. Además, encontraron a 9 de ellos culpables de homicidio -- homicidio
doloso consumado y en grado de tentativa, según el caso -- y establecieron
condenas que van de los 30 a los 4 años de prisión.
I -- La matanza de Curuguaty fue el principal argumento de
la oposición en el Parlamento para iniciar el juicio político al entonces
Presidente Fernando Lugo. Ocurrió el 15 de junio de 2012 cuando alrededor de
300 policías fuertemente armados -- grupos de élite -- intentaron desalojar a
unos 70 campesinos unas tierras -- en litigio entre el Estado y una empresa --
que habían ocupado en reclamo por su incorporación a los beneficios que el
gobierno estaba otorgando a las organizaciones campesinas. El Presidente Lugo
había ordenado tiempo antes la ejecución de desalojos pacíficos -- sin armas --
de tierras ocupadas por campesinos, para su posterior relocalización en predios
que serían otorgados en propiedad a los mismos. En
el caso de Curuguaty, hoy
resuelto, se determinó que los campesinos se habían negado a iniciar el diálogo
con las fuerzas de seguridad, que habían iniciado los disparos que dieron lugar
a la masacre y que fueron los responsables de las 17 muertes, aunque éstas se
dieron tanto en las fuerzas policiales (6) como en las filas campesinas (11).
El proceso judicial que acaba de finalizar, y que condenó a los
acusados, todos campesinos, estuvo teñido de cuestionamientos
legal-procedimentales desde su inicio, hace ya cuatro años. Entre otros,
destacan la toma de testimonios sólo a policías, que no se hicieron adecuadamente
las pericias, incluida la de balística para determinar qué grupo poseía los
proyectiles de alto calibre, que se “perdieron” posteriormente evidencias
forenses que indicaban el ajusticiamiento de campesinos, y la existencia de
fuertes indicios de imparcialidad del fiscal y de otros letrados intervinientes
en el caso, que sesgaron la orientación de la investigación hacia la
culpabilidad de los acusados. La tónica de este largo juicio ha sido, desde el
comienzo, la inversión del principio de presución de inocencia -- desde su
inicio los acusados están privados de su libertad --.
II -- Que a escasos dos días de la masacre se presentara un
pedido de juicio político contra Fernando Lugo y que cinco días después se
votara mayoritariamente por su destitución en el Legislativo no deja de ser
altamente llamativo; tampoco -- por la misma razón -- la constante parcialidad
de la corporación judicial en la manera en que llevó adelante el juicio contra
los campesinos. El rojo es la constante en ambos procesos. Las tierras ocupadas
por los campesinos estaban siendo reclamadas como propias por un grupo
empresarial perteneciente al hoy fallecido Blas Riquelme, ex presidente del
Partido Colorado y de fuertes vínculos con Jalil Rachid, ex fiscal de la causa,
hijo de una de las figuras mas importantes del mismo Partido, y hoy
Viceministro de Orden y Seguridad del gobierno actual --. Y ya en el plano
político, fue a instancias del Partido Colorado -- a través del Diputado Luis
Gneiting -- que se interpuso el pedido de juicio político contra Lugo por su
supuesta responsabilidad política en los sucesos de Curuguaty y, de modo más
general, por haber instigado las ocupaciones de tierras para generar el caos
social, entre otros cargos investigados de manera express.
Así, la culpabilidad de los campesinos era necesaria para terminar de
legitimar transitivamente la culpabilidad de Fernando Lugo, razón esgrimida
para el golpe perpetrado por las élites políticas y económicas del Paraguay. Su
tradicional dominio sobre la propiedad de la tierra y las principales
instituciones del Estado fue puesto en cuestión por el inconcluso gobierno de
Fernando Lugo. Éste quebró seis décadas de hegemonía política del Partido
Colorado, y su destitución devolvió el poder del Estado a dicho Partido, tras
el interregno del Vicepresidente Federico Franco y la victoria electoral del
actual Presidente, el empresario ganadero y tabacalero Horacio Cartes. La
quiebra del “orden establecido” en los cuatro años que duró su mandato también
apuntó a la propiedad de tierras en un país en el que el 2% de los propietarios
rurales siguen monopolizando el 80% de los predios cultivables. A pesar del
pánico causado entre los terratenientes, las medidas en pro del campesinado no
modificaron sustancialmente la estructura de la propiedad en tanto, a pesar de
las denuncias de usurpación empresarial de tierras comunales y estatales
presentadas por el Gobierno, el opositor Poder Judicial encargado de dirimirlas
dilató su resolución hasta que cayeron en el olvido.
Los campesinos paraguayos hoy están en la misma situación de
despojo y de indefensión institucional que hace décadas aunque hoy, la justicia
que debía ampararlos, acaba de reiterar el mensaje de siempre: todo el peso de
la ley caerá sobre quien se atreva a cuestionar el poder establecido. Y los
campesinos no son los únicos destinatarios de la advertencia.
Hoy lunes 11 de julio se dio a conocer la sentencia del juicio que se
abrió en 2012 sobre los once acusados por la llamada “Masacre de Curuguaty”. En
medio de numerosas protestas e importantes medidas de seguridad policial fuera
y dentro del Tribunal, los tres magistrados a cargo del juicio determinaron que
los 11 procesados son culpables de invasión de inmueble ajeno y asociacion
criminal. Además, encontraron a 9 de ellos culpables de homicidio -- homicidio
doloso consumado y en grado de tentativa, según el caso -- y establecieron
condenas que van de los 30 a los 4 años de prisión.
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