19 septiembre 2008/Diário La Primera http://www.diariolaprimeraperu.com
En la ciudad de Yurimaguas, región Loreto, se inaugurará mañana la tercera Cumbre Amazónica, instancia de debate y diálogo de los pueblos y organizaciones sociales de la selva, los que en similares citas anteriores solicitaron al gobierno el diseño de políticas de desarrollo sostenible y rechazaron los decretos legislativos 1015 y 1073, lesivos a los intereses de los nativos e indígenas de la selva.
Esta nueva versión de la Cumbre Amazónica tiene singular importancia, pues decidirá, entre otras cosas, si las organizaciones sociales apoyarán o no las protestas del 7 de octubre convocadas por la Coordinadora Política Social.
En la cita participará el domingo el líder opositor Ollanta Humala, quien expondrá sobre los mecanismos del desarrollo sostenible para la Amazonía. También ha sido invitado el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, quien señaló a LA PRIMERA que apoya la lucha de los nativos.
Adilia Tapulli, presidenta del Frente de Defensa de Alto Amazonas-Yurimaguas (Fredesaa), dijo que 3 mil delegados han asegurado su presencia en la cita, al igual que representantes de comunidades nativas de Bolivia, Brasil y Ecuador en calidad de invitados.
“Será la oportunidad para organizarnos y juntos luchar por la derogatoria de las 22 leyes que afectan a la Amazonía, como la 1064, que pretende ofertar la selva a las transnacionales, concesionar nuestras propiedades por 50 y 100 años y cambiar el uso de tierras forestales a fines agrícolas, entre otros alcances; lo cual no permitiremos porque se trata de nuestra vida y la de nuestros hijos”, precisó.
Biodiversidad y agua
Semira Pérez, presidenta del Frente Cívico de Desarrollo y Defensa de la provincia de San Martín (Frecides), indicó que “el presidente García quiere convertir nuestro paraíso (Amazonía) en un infierno. Parece que ha olvidado que poseemos el 80 por ciento de la biodiversidad y el 20 por ciento del agua dulce que hay en el planeta; qué quiere que sigamos los pasos de los países del África”.
Semira dijo, asimismo, que la voracidad de las grandes empresas transnacionales no respeta ni zonas reservadas como Pacaya-Samiria de donde extraen madera. “Están asediando diferentes zonas como la provincia El Dorado en San Martín”, aseguró.
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Wilfredo Ardito Vega *
[ADITAL] Agencia de Información Fray Tito para América Latina www.adital.com.br
19 agosto 2008
Hace menos de un año, la delegación peruana ante las Naciones Unidas promovió activamente una Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas donde se consagraba el respeto a los territorios tradicionales de los indígenas y a la participación de sus autoridades en las decisiones que les afecten, entre otros derechos políticos, sociales y culturales.
Estos derechos ya habían sido reconocidos por el Estado peruano en 1993, cuando ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas. Sin embargo, las protestas que millares de nativos amazónicos llevan a cabo desde el 9 de agosto reflejan su descontento porque los compromisos internacionales del gobierno están muy alejados de su verdadero comportamiento.
Desde la violenta expedición de Francisco de Orellana, quien hacía capturar y torturar a los indígenas que hallaba a su paso para que confesaran donde se encontraba El Dorado, en sucesivos períodos históricos, la mayor desgracia para los indígenas amazónicos ha sido la codicia que despiertan las riquezas existentes en sus tierras, sean reales o supuestas.
Sin embargo, en el siglo XVIII, los españoles habían perdido el control sobre la Amazonía debido a dos acontecimientos. En 1742, Juan Santos Atahualpa dirigió una masiva sublevación de asháninkas, yáneshas y nomatsiguengas en la Selva Central, expulsando a las misiones franciscanas y a los soldados que les apoyaban. Un cuarto de siglo después, en 1767, fue la propia Corona española la que dispuso la expulsión de los misioneros jesuitas que laboraban en los actuales departamentos de Loreto y Amazonas.
De esta forma, cuando San Martín proclamó la Independencia, los indígenas amazónicos vivían libres e independientes desde hacía varias décadas. Sin embargo, los nuevos gobernantes criollos no los percibían como ciudadanos ni como peruanos y consideraban al suelo amazónico res nullius, es decir sin ningún propietario reconocido. Por lo tanto, el Estado se consideraba facultado para adjudicarlo a quien quisiera, menos a los propios indígenas.
Con este respaldo legal, se produjo la ocupación de la Selva Central por los colonos europeos y, con el auge del caucho, miles de indígenas fueron capturados violentamente para trabajar como esclavos en las plantaciones de Arana, Fitzcarrald y otros individuos inescrupulosos. Los reclamos internacionales por los abusos cometidos eran considerados por las autoridades como una inaceptable interferencia en los asuntos internos.
Luego que las plantaciones de caucho decayeron, continuó promoviéndose la colonización indiscriminada de la Amazonía, lo cual no solamente afectaba la propiedad de los indígenas, sino su propia vida. Uno de los episodios más crueles es relativamente reciente: los indígenas matsés o mayorunas fueron bombardeados por la Fuerza Aérea Peruana durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde.
Recién en 1974, durante el gobierno de Velasco, se dictó la Ley de Comunidades Nativas y la Constitución de 1979 estableció que sus tierras sólo podían ser vendidas si dos tercios de sus integrantes estaban de acuerdo. Sin embargo, la relación que los indígenas tienen con la tierra va más allá del derecho occidental de propiedad: muchas veces son los nativos quienes sienten que pertenecen a ella. Por eso, les parece absurda la posibilidad de vender las tierras comunales.
En la actualidad, los títulos de propiedad parecen tener poco valor para las autoridades peruanas, porque el Estado otorga concesiones a empresas petroleras o de gas sin ninguna consulta o información previa a los indígenas. Aún las actividades extractivas que se realizan fuera de los territorios comunales pueden tener consecuencias negativas para el medio ambiente y a la salud de los nativos. La ausencia o la complicidad de las autoridades hacen muy difícil que estos hechos sean sancionados. El canon o las regalías que pagan las empresas tiene el mismo destino que las donaciones por el terremoto: la población no percibe ningún beneficio concreto.
El gobierno de Alan García parece empeñado en otorgar toda la Amazonía en concesión y, para que no queden dudas de sus intenciones, hace unas semanas, mediante el Decreto Legislativo 1064, dispuso que pueden realizarse actividades extractivas en las comunidades aunque lo rechacen los nativos, mediante la imposición de una servidumbre.
De hecho, para el actual gobierno los indígenas amazónicos parecen ser, en el mejor de los casos, un atractivo turístico. Para mí, siempre ha sido conmovedor ver a los nativos izar la bandera y cantar el Himno Nacional en sus comunidades, porque demuestran lealtad hacia un Estado que no se preocupa por respaldar sus derechos.
Cuando, en lugar de bailar y para los turistas, los indígenas exigen respeto, se vuelven sumamente incómodos y, entonces, el Estado sí se hace presente, pero para reprimir de manera violenta e indiscriminada, como sucedió en marzo en Andoas y en julio en Puerto Maldonado.
El gobierno ha anunciado que no derogará las normas cuestionadas por los nativos. ¿Pretenderá nuevamente resolver esta crisis en base a la violencia o comenzará a cumplir con sus compromisos internacionales?
* Abogado. Master en Derecho Internacional de los DH. Catedrático universitario. Miembro de la Mesa para la No Discriminación de la Coordinadora Nacional de DH. Resp. del Prog. de Jueces de Paz del Inst. de Defensa Legal
Las 65 etnias amazónicas de Perú que ocupan las instalaciones petroleras en la amazonía peruana exigen la derogación de un paquete de leyes que a su juicio vulnera sus derechos como los de reunión y libre tránsito, además de responder a exigencias de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, afirman.
20 agosto 2008/TeleSUR http://www.telesurtv.net
El envío de tropas militares por parte del Gobierno de Perú para controlar las instalaciones petroleras y carreteras tomadas por 60 etnias amazónicas de ese país, intensificó este martes la tensión en torno al conflicto que hasta ahora no parece vislumbrar una solución.
El primer ministro peruano, Jorge del Castillo, confirmó la movilización de tropas del Ejército y la Policía Nacional, luego que el Gobierno decretara este lunes, el estado de emergencia por treinta días en cuatro provincias peruanas.
Las 65 etnias amazónicas de Perú que ocupan las instalaciones petroleras en la amazonía peruana exigen la derogación de un paquete de leyes que a su juicio vulnera sus derechos como los de reunión y libre tránsito, además de responder a exigencias de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, afirman.
Las movilizaciones que se han mantenido durante diez días, ya han dejado como resultado al menos nueve heridos, siete de ellos de la policía nacional.
Alberto Pizango presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) y vocero de las protestas por parte de los nativos, aseguró que los indígenas no se dejan amedrentar y están dispuestos a morir en defensa de sus derechos a la tierra y el territorio.
Asimismo, Pizango advirtió que la medida por parte del estado, respecto al envío de tropas es una provocación que puede derivar más enfrentamientos y constituye una medida de declaratoria de guerra contra los indígenas.
Desbloquean puente Bagua
Luego de una reunión este martes en Bagua, departamento de la Amazonía peruana de los representantes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Nor Oriental del Perú (Orpian), acordaron el desbloqueo del puente Corra Quemado, que une la costa con la selva peruana tomado desde el pasado 9 de agosto.
En la reunión, ambas partes acordaron el pase por 24 horas de los vehículos por el puente Corral Quemado, estará abierto sin restricciones hasta el miércoles.
Por parte de la Policía Nacional, el general Víctor Castañeda Parrales se comprometió a que los efectivos policiales no operen en el lugar, también se conoció que los representantes indígenas de Orpan anunciaron liberar a dos policías que mantienen retenidos desde el pasado domingo.
Por su parte, la Oficina de Prensa del Parlamento peruano anunció que en la noche de este martes el presidente del Congreso peruano, Javier Velásquez Quesquén, se reunirá con los dirigentes de las comunidades indígenas para buscar a través del diálogo una posible solución.
Las intensas protestas de los los indígenas amazónicos también han generado problemas de desabastecimiento en la zona, además de que continúa la suspensión de las operaciones del oleoducto Norperuano como medidas de prevención.
