26 julio 2010/TeleSUR http://www.telesurtv.net
Durante su discurso con motivo al Día de la Rebeldía Nacional, el vicepresdente cubano, Ramón Machado Ventura, manifestó la solidaridad de su país con Venezuela. ''Ante las amenazas y provocaciones Venezuela tiene el derecho a defenderse y contará siempre con todo el respaldo del pueblo cubano",insistió.
El vicepresidente de Cuba, Ramón Machado Ventura, expresó este lunes, en uno de los discursos centrales del Día de la rebeldía Nacional, la solidaridad del pueblo cubano con el Gobierno de Venezuela en relación a los conflictos con Colombia.
Hizo énfasis en la "inquebrantable solidaridad con Venezuela y la condena al despliegue de las bases norteamericanas en Colombia. Ante las amenazas y provocaciones Venezuela tiene el derecho a defenderse y contará siempre con todo el respaldo del pueblo cubano", insistió Machado Ventura.
Saludó a la delegación de ministros venezolanos que se encuentran en la Isla con motivo a la Cumbre Cuba-Venezuela, para reforzar alianzas bilaterales.
Este domingo, el presidente venezolano, Hugo Chávez, quien sería el orador de orden de la conmemoración al asalto a los cuarteles Moncada y Manuel de Céspedes, suspendió su visita a la mayor de las Antillas, "ante la posibilidad de una agresión armada desde Colombia", indicó.
El vicepresidente cubano recordó, durante su discurso, que el comandante en jefe, Fidel Castro, rindió tributo este sábado a los mártires del 26 de Julio en el Mausoleo que los honra, en el municipio de Artemisa, en donde el ex presidente reiteró en su mensaje que su pensamiento revolucionario "de que patria es humanidad" partió de las ideas de José Martí, héroe nacional.
Asimismo, indicó que la lucha del pueblo cubano es una prueba de lo que puede hacer un pequeño país, ante el bloqueo del imperio.
Insistió en que el líder de la Revolución cubana, quien ha aparecido recientemente en varias oportunidades, "está presente y combatiendo en este día que tanto significa para él y para todos nosotros".
Machado ventura, mencionó también la admiración que Fidel Castro tiene por El Libertador, Simón Bolívar.
Citó al ex presidente cubano, quien dijo " si aquel día (26 de julio de 1953) éramos un puñado de hombres, hoy somos un pueblo entero conquistando el porvenir". En este sentido resaltó la importancia de este día, que dio inicio a la última etapa de las luchas libertarias cubanas, que finalizó con el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.
El 26 de julio 1953 un grupo de jóvenes liderado por el ex presidente cubano, Fidel Castro, atacó el Cuartel Moncada, la segunda fortaleza en importancia del país.
Los objetivos eran claros: revertir la situación cubana, es decir, devolver la aplastada Constitución de la República, derrocando al dictador Fulgencio Batista, que apenas un año antes (el 10 de marzo de 1952) había dado un golpe de Estado militar y desplazó del poder al presidente Carlos Prío Socarrás, electo democráticamente.
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segunda-feira, 26 de julho de 2010
segunda-feira, 14 de setembro de 2009
Latinoamérica/¿NAPALM SOBRE LOS INDIOS?
Martín Cúneo
12 septiembre 2009/Diagonal/Rebelión http://www.rebelion.org
Más de un positivista iluminado por la fe en el progreso continuo podría llegar a pensar que afirmaciones como las de Mariano Baptista, presidente boliviano de fines del siglo XIX, pertenecían al pasado. “La clase letrada y la cristiana siente por los aymaras un gran horror, los he contemplado desde mi niñez con espanto por la humanidad”, dijo entonces aquel estadista, a todas luces blanco.
Más de cien años después, el racismo de las élites no parece haber cambiado demasiado. El 26 de agosto, la ONG Survival, dedicada a la defensa de los pueblos originarios, ha otorgado el premio al artículo de prensa más racista del año a una pieza de opinión publicado en el diario Correo, el tercero de más tirada en Perú. El artículo aparecía poco después de los enfrentamientos entre indígenas y policías en la Amazonía provocados por los decretos que “privatizaban la selva” en palabras de los nativos amazónicos. Entre las lindezas del texto, el autor, Andrés Bedoya Ugarteche, se refiere a los indígenas como personas “salvajes”, “paleolíticas” y “primitivas”, cuyas “lenguas nativas no pasan de 80 vocablos”. “Para aquellos que aún consideran a estas ‘etnias’ como grupos humanos de gentes ‘buenas’, ‘ingenuas’ y ‘candorosas’, les recuerdo que fueron estas mismas las que perfeccionaron el arte de reducir las cabezas de sus enemigos y llevarlas en los cinturones de piel que sujetaban sus taparrabos (…) En todo caso, si los ‘nativos’ no lo hicieron con los 25 policías que asesinaron y se comieron sus restos, fue solamente por falta de tiempo”, remarca el columnista.
Para terminar el artículo, Bedoya concluye: “No sé qué espera Alan [García, presidente de Perú] que no prepara a su FAP [Fuerza Aérea Peruana] con todo el napalm necesario”. Cualquier europeo biempensante podría razonar que este tipo de extremismos son propios de Estados atrasados donde las desigualdades son mayores y los estándares culturales menores que la media europea. Sin embargo, en marzo de 2008, a la pregunta del portal peruano Adonde.com de “¿cuál es el país más racista y xenófobo del mundo? ¿En qué país te daría miedo vivir?”, el Estado español resultó ser el ganador con el 31% de los votos. Algo que no parecía echar por tierra el último informe Raxen del Movimiento contra la Intolerancia con datos como que el 14% de los jóvenes españoles estaría dispuesto a votar a un partido racista, o que el 54% de la población prefiere vivir con personas de la misma cultura y la misma religión. Sin duda los medios de comunicación españoles parecen aportar lo suyo, como demostró la ya clásica ‘broma’ de la radio de la Conferencia Episcopal a Evo Morales en la que un cómico se hizo pasar por Rodríguez Zapatero. El Ministerio de Justicia español confirmaba entonces lo que todo el mundo pensaba: “La COPE seguramente no se habría comportado así con un gobernante europeo”.
Pero el racismo no es algo exclusivo de la derecha conservadora y paleolítica. “¿Es que no tienen ustedes ya límites en la manipulación?”, escribía un lector al diario El País. No se trataba de un lector cualquiera sino de Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. “Los comités cívicos [de las provincias ricas de Bolivia] encabezan un movimiento de restauración colonialista que El País está abiertamente alentando. (...) Tienen intereses económicos por supuesto y no sólo en el sector mediático. Permítanme que les haga una recomendación. Abandonen el doble baremo, lo más vergonzoso de todo por ser lo más caracterizadamente colonialista”.
Enlace original: http://www.diagonalperiodico.net/Napalm-sobre-los-indios.html
12 septiembre 2009/Diagonal/Rebelión http://www.rebelion.org
Más de un positivista iluminado por la fe en el progreso continuo podría llegar a pensar que afirmaciones como las de Mariano Baptista, presidente boliviano de fines del siglo XIX, pertenecían al pasado. “La clase letrada y la cristiana siente por los aymaras un gran horror, los he contemplado desde mi niñez con espanto por la humanidad”, dijo entonces aquel estadista, a todas luces blanco.
Más de cien años después, el racismo de las élites no parece haber cambiado demasiado. El 26 de agosto, la ONG Survival, dedicada a la defensa de los pueblos originarios, ha otorgado el premio al artículo de prensa más racista del año a una pieza de opinión publicado en el diario Correo, el tercero de más tirada en Perú. El artículo aparecía poco después de los enfrentamientos entre indígenas y policías en la Amazonía provocados por los decretos que “privatizaban la selva” en palabras de los nativos amazónicos. Entre las lindezas del texto, el autor, Andrés Bedoya Ugarteche, se refiere a los indígenas como personas “salvajes”, “paleolíticas” y “primitivas”, cuyas “lenguas nativas no pasan de 80 vocablos”. “Para aquellos que aún consideran a estas ‘etnias’ como grupos humanos de gentes ‘buenas’, ‘ingenuas’ y ‘candorosas’, les recuerdo que fueron estas mismas las que perfeccionaron el arte de reducir las cabezas de sus enemigos y llevarlas en los cinturones de piel que sujetaban sus taparrabos (…) En todo caso, si los ‘nativos’ no lo hicieron con los 25 policías que asesinaron y se comieron sus restos, fue solamente por falta de tiempo”, remarca el columnista.
Para terminar el artículo, Bedoya concluye: “No sé qué espera Alan [García, presidente de Perú] que no prepara a su FAP [Fuerza Aérea Peruana] con todo el napalm necesario”. Cualquier europeo biempensante podría razonar que este tipo de extremismos son propios de Estados atrasados donde las desigualdades son mayores y los estándares culturales menores que la media europea. Sin embargo, en marzo de 2008, a la pregunta del portal peruano Adonde.com de “¿cuál es el país más racista y xenófobo del mundo? ¿En qué país te daría miedo vivir?”, el Estado español resultó ser el ganador con el 31% de los votos. Algo que no parecía echar por tierra el último informe Raxen del Movimiento contra la Intolerancia con datos como que el 14% de los jóvenes españoles estaría dispuesto a votar a un partido racista, o que el 54% de la población prefiere vivir con personas de la misma cultura y la misma religión. Sin duda los medios de comunicación españoles parecen aportar lo suyo, como demostró la ya clásica ‘broma’ de la radio de la Conferencia Episcopal a Evo Morales en la que un cómico se hizo pasar por Rodríguez Zapatero. El Ministerio de Justicia español confirmaba entonces lo que todo el mundo pensaba: “La COPE seguramente no se habría comportado así con un gobernante europeo”.
Pero el racismo no es algo exclusivo de la derecha conservadora y paleolítica. “¿Es que no tienen ustedes ya límites en la manipulación?”, escribía un lector al diario El País. No se trataba de un lector cualquiera sino de Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. “Los comités cívicos [de las provincias ricas de Bolivia] encabezan un movimiento de restauración colonialista que El País está abiertamente alentando. (...) Tienen intereses económicos por supuesto y no sólo en el sector mediático. Permítanme que les haga una recomendación. Abandonen el doble baremo, lo más vergonzoso de todo por ser lo más caracterizadamente colonialista”.
Enlace original: http://www.diagonalperiodico.net/Napalm-sobre-los-indios.html
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quarta-feira, 2 de setembro de 2009
Chile/Procesan a 120 represores de la dictadura de Pinochet
1 septiembre 2009/TeleSUR http://www.telesurtv.net
Los procesados serán imputados por sucesos emblemáticos acontecidos durante la dictadura chilena, conocidos como la Operación Cóndor, la Calle Conferencia, y la Operación Colombo, casos en los que murieron centenares de personas, víctimas de la represión de los años 70, en su mayoría, opositores al régimen.
Unos 120 ex agentes de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena, de la dictadura de Augusto Pinochet, fueron procesados por delitos de lesa humanidad. La mitad de éstos nunca habían sido sometidos a juicio, según informaron este martes fuentes judiciales y policiales.
El juez chileno Víctor Montiglio es el encargado de las fases judiciales a las que serán sometidos los imputados.
A más la mitad de los enjuiciados se les dictó ordenes de detención que se ejecutarán el miércoles por detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
De los acusados, 60 nunca habían comparecido en anteriores ocasiones, ni habían sido mencionados en las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos (DDHH).
Entre los nuevos procesados están cinco altos oficiales retirados del Ejército: César Manríquez, Manuel Carevic, Sergio Castillo, Fernando Chaigneau y Luis Sovino, además de 45 suboficiales, 14 ex miembros de la Fuerza Aérea, once de la Marina, seis de la Policía de Investigaciones y 32 ex carabineros, entre otros.
El abogado chileno Boris Paredes, de la Oficina de DDHH del Ministerio del Interior, detalló que en la actualidad la investigación alcanzó a quienes conocieron los casos y jamás los denunciaron.
Según Paredes, varios de los nuevos procesados, corresponden a agentes que cumplían labores de custodia y traslado de prisioneros políticos.
El juez chileno Víctor Montiglio resolvió encausarlos en tres casos conocidos durante la dictadura de Pinochet como la Operación Cóndor, La Calle Conferencia, donde cayó la dirección clandestina del Partido Comunista (PC) a mediados de los 70 y los desaparecidos de la Operación Colombo.
Bajo la dictadura de Pinochet, unas tres mil 200 personas murieron en manos de agentes del Estado y, de ellas, unas mil 192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
La Operación Cóndor fue una coordinación entre las dictaduras militares del Cono Sur americano, asesoradas por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), para eliminar opositores en los años 70 y comienzo de los 80.
El caso Calle Conferencia refiere a la desaparición completa de la directiva clandestina del Partido Comunista (PC), hecho que ocurrió en mayo de 1976.
La Operación Colombo fue un montaje creado en 1975 para encubrir la desaparición de 119 opositores a la dictadura, la mayoría miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que combatió con las armas a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Entre las víctimas de la Operación Colombo figuran los cineastas Carmen Bueno Cifuentes y Jorge Müller Silva, así como Juan Chacón Olivares, Jorge Humberto D'Orival Briceño y Juan Carlos Perelman, entre otros.
Los procesados serán imputados por sucesos emblemáticos acontecidos durante la dictadura chilena, conocidos como la Operación Cóndor, la Calle Conferencia, y la Operación Colombo, casos en los que murieron centenares de personas, víctimas de la represión de los años 70, en su mayoría, opositores al régimen.
Unos 120 ex agentes de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena, de la dictadura de Augusto Pinochet, fueron procesados por delitos de lesa humanidad. La mitad de éstos nunca habían sido sometidos a juicio, según informaron este martes fuentes judiciales y policiales.
El juez chileno Víctor Montiglio es el encargado de las fases judiciales a las que serán sometidos los imputados.
A más la mitad de los enjuiciados se les dictó ordenes de detención que se ejecutarán el miércoles por detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
De los acusados, 60 nunca habían comparecido en anteriores ocasiones, ni habían sido mencionados en las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos (DDHH).
Entre los nuevos procesados están cinco altos oficiales retirados del Ejército: César Manríquez, Manuel Carevic, Sergio Castillo, Fernando Chaigneau y Luis Sovino, además de 45 suboficiales, 14 ex miembros de la Fuerza Aérea, once de la Marina, seis de la Policía de Investigaciones y 32 ex carabineros, entre otros.
El abogado chileno Boris Paredes, de la Oficina de DDHH del Ministerio del Interior, detalló que en la actualidad la investigación alcanzó a quienes conocieron los casos y jamás los denunciaron.
Según Paredes, varios de los nuevos procesados, corresponden a agentes que cumplían labores de custodia y traslado de prisioneros políticos.
El juez chileno Víctor Montiglio resolvió encausarlos en tres casos conocidos durante la dictadura de Pinochet como la Operación Cóndor, La Calle Conferencia, donde cayó la dirección clandestina del Partido Comunista (PC) a mediados de los 70 y los desaparecidos de la Operación Colombo.
Bajo la dictadura de Pinochet, unas tres mil 200 personas murieron en manos de agentes del Estado y, de ellas, unas mil 192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
La Operación Cóndor fue una coordinación entre las dictaduras militares del Cono Sur americano, asesoradas por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), para eliminar opositores en los años 70 y comienzo de los 80.
El caso Calle Conferencia refiere a la desaparición completa de la directiva clandestina del Partido Comunista (PC), hecho que ocurrió en mayo de 1976.
La Operación Colombo fue un montaje creado en 1975 para encubrir la desaparición de 119 opositores a la dictadura, la mayoría miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que combatió con las armas a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Entre las víctimas de la Operación Colombo figuran los cineastas Carmen Bueno Cifuentes y Jorge Müller Silva, así como Juan Chacón Olivares, Jorge Humberto D'Orival Briceño y Juan Carlos Perelman, entre otros.
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quarta-feira, 26 de agosto de 2009
LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN MUNDIAL CONTRA EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS
El Frente Nacional contra el Golpe de Estado hace un llamado a todas las organizaciones y personas solidarias y comprometidas con la democracia en el Mundo, para que se sumen a la protesta contra la dictadura instaurada por la oligarquía hondureña en complicidad con los sectores internacionales más conservadores y fascistas.
El día 28 de agosto se realizarán en embajadas de los Estados Unidos al rededor del mundo, plantones de protesta con los siguientes objetivos:
1. Manifestar el rechazo de la humanidad al golpe de Estado militar llevado a cabo en Honduras el día 28 de junio de 2009.
2. Exigir el inmediato retorno a la institucionalidad democrática del país, que incluye la restitución incondicional del Presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales.
3. Exigir el castigo a los violadores de los derechos humanos.
4. Denunciar el apoyo y la complicidad de organismos de inteligencia nortemearicanos en el Golpe.
5. Exigir de la presidencia de Estados Unidos, una posición contundente en contra de la dictadura de Micheletti. Que incluye la interrupción inmediata de todo tipo de cooperación Militar, diplomática y económica.
Tegucigalpa 24 de agosto de 2009.
Contacto: alba@movimientos.org
Secretaría Operativa a/c MST, Alameda Barâo de Limeira, 1232 –
Campos Eliseos - Sâo Paulo/SP – Brasil
http://movimientos.org/noalca/albasi/
Difusión de la Campaña Continental contra el ALCA:
http://movimientos.org/noalca/
El día 28 de agosto se realizarán en embajadas de los Estados Unidos al rededor del mundo, plantones de protesta con los siguientes objetivos:
1. Manifestar el rechazo de la humanidad al golpe de Estado militar llevado a cabo en Honduras el día 28 de junio de 2009.
2. Exigir el inmediato retorno a la institucionalidad democrática del país, que incluye la restitución incondicional del Presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales.
3. Exigir el castigo a los violadores de los derechos humanos.
4. Denunciar el apoyo y la complicidad de organismos de inteligencia nortemearicanos en el Golpe.
5. Exigir de la presidencia de Estados Unidos, una posición contundente en contra de la dictadura de Micheletti. Que incluye la interrupción inmediata de todo tipo de cooperación Militar, diplomática y económica.
Tegucigalpa 24 de agosto de 2009.
Contacto: alba@movimientos.org
Secretaría Operativa a/c MST, Alameda Barâo de Limeira, 1232 –
Campos Eliseos - Sâo Paulo/SP – Brasil
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sexta-feira, 26 de junho de 2009
Acto marca día mundial de apoyo a las víctimas de tortura
Agencia de Información Fray Tito para América Latina http://www.adital.com.br
25 junio 2009
Adital - Mañana (26) es el Día Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Apoyo a las Víctimas de Tortura. La fecha es celebrada todos los años por diversas entidades defensoras de los derechos humanos del mundo. En Brasil, la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (Acat), en cooperación con otras organizaciones de derechos humanos, organiza en San Pablo un Acto Contra la Tortura. El evento tendrá lugar a partir de las 14h, en el Espacio de la Ciudadanía "André Franco Montoro" (Patio del Colegio, 184 - Centro).
De acuerdo con Gorete Marques, coordinadora de la Acat Brasil, la idea es llamar la atención de la sociedad sobre la gravedad, persistencia y consecuencias de la práctica de este delito. Además, pretende afirmar el repudio a todas las formas de tortura sufridas por las víctimas. Según Gorete, los principales casos de tortura son cometidos por agentes del estado en los trabajos de investigación y como forma de castigo. Además, que presidiarios, jóvenes, afrodescendientes, pobres y habitantes de la periferia también son víctimas del delito.
A pesar de que Brasil ratificó la Convención Contra la Tortura y, en 2006, los Protocolos Facultativos a la Convención, que obliga al Estado a formar un Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el delito todavía continúa siendo practicado en el país. Para la coordinadora, el problema en Brasil es la impunidad.
Gorete explica que muchas personas no denuncian por miedo y, cuando lo hacen, tienen que probar que realmente fueron torturadas. "[Las autoridades] no siempre juzgan el delito en si, sino la veracidad de la palabra de la víctima en relación con la versión del agresor, que generalmente es un agente del Estado", comenta.
La vicepresidente del grupo Tortura Nunca Más, Victoria Grabois, presenta una opinión parecida. De acuerdo con ella, la tortura es un crimen de lesa humanidad imprescriptible, pero que continúa impune en Brasil. Según Victoria, los delitos de tortura juzgados en el país se resumen principalmente a la violencia doméstica, mientras que los delitos cometidos por las fuerzas policiales y agentes penitenciarios siguen impunes. "Como todo en Brasil, la ley [n° 9.455, de 1997, que tipifica el delito de tortura] es maravillosa, pero ni siquiera por eso se cumple", se desahoga.
Es considerada práctica de tortura los actos intencionales que tienen como principal objetivo obtener informaciones y confesiones, castigar y controlar personas. "La tortura es la peor cosa que existe en el mundo", considera.
El caso de la Guerrilla de Araguaia
Aprovechando la semana en que se conmemora el Día Mundial de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura, el grupo Tortura Nunca Más divulgó una nota exigiendo la apertura de todos los archivos de las Fuerzas Armadas que contengan informaciones sobre los guerrilleros y militares muertos y desaparecidos en el caso conocido como "Guerrilla de Araguaia".
En el comunicado, divulgado el último martes (23), el grupo sostiene que el trabajo de localización, recogimiento e identificación de las víctimas debe ser conducido por la Comisión Especial, constituida y funcionando de acuerdo con la Ley n° 9.140/95. Según la nota, el día 3 de junio, el Ministro de Defensa, Nelson Jobim, informó a algunos familiares de víctimas y miembros de la Comisión Especial la edición de la Resolución n° 567, de abril de 2009, en el que designa a un Grupo de Trabajo para coordinar las actividades de "localización, recogimiento e identificación de los cuerpos de los guerrilleros y militares muertos en el episodio".
"La Resolución pasó por encima de la Comisión", relata Victoria Grabois, vicepresidente de Tortura Nunca Más, agregando que el Grupo de Trabajo, además de despreciar las atribuciones de la Comisión Especial, tiene como coordinador al General Marcio Lúcio Alves de Araújo, comandante de la 23ª Brigada de Infantería de Selva. "No reconocemos la legitimidad de este Grupo de Trabajo, de carácter militar, ejecutada y comandada por la 23ª Brigada de Infantería de Selva, que tuvo importante papel en la masacre de la Guerrilla de Araguaia y fue co-responsable de las torturas, ejecuciones, muertes y ocultación de cadáveres de los guerrilleros.", afirma el comunicado.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
Al publicar en medio impreso, haga el favor de citar la fuente y enviar copia para: Caixa
Postal 131 - CEP 60.001-970 - Fortaleza - Ceará – Brasil
Para recibir el Boletín de Noticias de Adital escriba a adital@adital.com.br
25 junio 2009
Adital - Mañana (26) es el Día Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Apoyo a las Víctimas de Tortura. La fecha es celebrada todos los años por diversas entidades defensoras de los derechos humanos del mundo. En Brasil, la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (Acat), en cooperación con otras organizaciones de derechos humanos, organiza en San Pablo un Acto Contra la Tortura. El evento tendrá lugar a partir de las 14h, en el Espacio de la Ciudadanía "André Franco Montoro" (Patio del Colegio, 184 - Centro).
De acuerdo con Gorete Marques, coordinadora de la Acat Brasil, la idea es llamar la atención de la sociedad sobre la gravedad, persistencia y consecuencias de la práctica de este delito. Además, pretende afirmar el repudio a todas las formas de tortura sufridas por las víctimas. Según Gorete, los principales casos de tortura son cometidos por agentes del estado en los trabajos de investigación y como forma de castigo. Además, que presidiarios, jóvenes, afrodescendientes, pobres y habitantes de la periferia también son víctimas del delito.
A pesar de que Brasil ratificó la Convención Contra la Tortura y, en 2006, los Protocolos Facultativos a la Convención, que obliga al Estado a formar un Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el delito todavía continúa siendo practicado en el país. Para la coordinadora, el problema en Brasil es la impunidad.
Gorete explica que muchas personas no denuncian por miedo y, cuando lo hacen, tienen que probar que realmente fueron torturadas. "[Las autoridades] no siempre juzgan el delito en si, sino la veracidad de la palabra de la víctima en relación con la versión del agresor, que generalmente es un agente del Estado", comenta.
La vicepresidente del grupo Tortura Nunca Más, Victoria Grabois, presenta una opinión parecida. De acuerdo con ella, la tortura es un crimen de lesa humanidad imprescriptible, pero que continúa impune en Brasil. Según Victoria, los delitos de tortura juzgados en el país se resumen principalmente a la violencia doméstica, mientras que los delitos cometidos por las fuerzas policiales y agentes penitenciarios siguen impunes. "Como todo en Brasil, la ley [n° 9.455, de 1997, que tipifica el delito de tortura] es maravillosa, pero ni siquiera por eso se cumple", se desahoga.
Es considerada práctica de tortura los actos intencionales que tienen como principal objetivo obtener informaciones y confesiones, castigar y controlar personas. "La tortura es la peor cosa que existe en el mundo", considera.
El caso de la Guerrilla de Araguaia
Aprovechando la semana en que se conmemora el Día Mundial de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura, el grupo Tortura Nunca Más divulgó una nota exigiendo la apertura de todos los archivos de las Fuerzas Armadas que contengan informaciones sobre los guerrilleros y militares muertos y desaparecidos en el caso conocido como "Guerrilla de Araguaia".
En el comunicado, divulgado el último martes (23), el grupo sostiene que el trabajo de localización, recogimiento e identificación de las víctimas debe ser conducido por la Comisión Especial, constituida y funcionando de acuerdo con la Ley n° 9.140/95. Según la nota, el día 3 de junio, el Ministro de Defensa, Nelson Jobim, informó a algunos familiares de víctimas y miembros de la Comisión Especial la edición de la Resolución n° 567, de abril de 2009, en el que designa a un Grupo de Trabajo para coordinar las actividades de "localización, recogimiento e identificación de los cuerpos de los guerrilleros y militares muertos en el episodio".
"La Resolución pasó por encima de la Comisión", relata Victoria Grabois, vicepresidente de Tortura Nunca Más, agregando que el Grupo de Trabajo, además de despreciar las atribuciones de la Comisión Especial, tiene como coordinador al General Marcio Lúcio Alves de Araújo, comandante de la 23ª Brigada de Infantería de Selva. "No reconocemos la legitimidad de este Grupo de Trabajo, de carácter militar, ejecutada y comandada por la 23ª Brigada de Infantería de Selva, que tuvo importante papel en la masacre de la Guerrilla de Araguaia y fue co-responsable de las torturas, ejecuciones, muertes y ocultación de cadáveres de los guerrilleros.", afirma el comunicado.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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quinta-feira, 18 de junho de 2009
Chile ratifica estatuto de Roma y reconoce competencia de CPI
Chile se unió a los 108 Estados que han aceptado hasta el presente la competencia de la Corte para investigar y juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto para cada Estado parte.
18 junio 2009/TeleSUR http://www.telesurtv.net
La ONG Amnistía Internacional (AI) saludó este jueves la ratificación por parte de Chile del Estatuto de Roma, tras la aprobación de la ley que autoriza el reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), al tiempo que resaltó que con esta acción, este país "da un gran paso al futuro, pero no salda su deuda con el pasado".
A través de un comunicado, la ONG expresó que aunque la CPI no tiene jurisdicción para investigar o juzgar los crímenes cometidos en Chile durante el periodo de gobierno militar (entre 1973 y 1990), el reconocimiento de su competencia para casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra que pudieran ser cometidos en el futuro "es, sin duda, un paso positivo que envía una señal clara de rechazo a la impunidad".
La Cámara de Diputados de Chile aprobó el pasado miércoles el Acta de Ratificación del Estatuto de Roma con 79 votos a favor, 9 en contra y una abstención.
Tras esta ratificación, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, deberá promulgar la ley y depositar el instrumento de ratificación ante la secretaría general de las Naciones Unidas.
Al respecto, Susan Lee, Directora de las Américas de Amnistía Internacional, expresó que "el reconocimiento de la competencia de la Corte no debe hacer olvidar que en Chile aún perdura una ley de amnistía para crímenes atroces que el derecho internacional obliga a investigar y a sancionar".
Amnistía subraya que con la aprobación de la ley que autoriza el reconocimiento de la competencia de esta Corte se "envía una señal clara de rechazo a la impunidad", pero pide que no se olviden de la necesidad de investigar y juzgar las atrocidades del pasado.
Amnistía señala que "se ha interpretado con frecuencia que la vigencia de la 'ley de amnistía' (Decreto Ley 2191/78) no constituye un obstáculo para la investigación y sanción" de los crímenes cometidos durante la época de la dictadura de Augusto Pinochet.
No obstante, argumenta esta organización, "la jurisprudencia de los tribunales chilenos ha consagrado en ciertas ocasiones la prescripción de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el marco de un conflicto armado de carácter no internacional".
"Los tribunales también han impuesto en algunas ocasiones sanciones que no concuerdan con la gravedad de los crímenes perpetrados", señala AI.
Lee recalca que "la prescripción de los crímenes de derecho internacional como la tortura, la desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales y también de las acciones civiles de reparación viola las obligaciones que el derecho internacional impone a Chile".
Amnistía termina pidiendo al Gobierno de Michelle Bachelet que investigue imparcialmente y castigue las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, que derogue la "ley de amnistía" y que consagre en su legislación la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional y de las acciones de reparación.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue adoptado en Roma el 17 de Julio de 1998.
Ciento ocho Estados han aceptado hasta el presente la competencia de la Corte para investigar y juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto para cada Estado parte y, en todo caso, no antes del 1 de julio de 2002.
Según el Estatuto, la Corte Penal Internacional tendrá competencia cuando un Estado parte no pueda adecuadamente o no quiera ejercer su propia jurisdicción penal con relación a los crímenes citados, sea que fueran cometidos en su territorio o por sus nacionales en el territorio de otros estados, incluyendo el territorio de estados no parte en el Estatuto de Roma.
También, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede referir al conocimiento de la Corte Penal Internacional una situación sobre un Estado Parte o no parte en la que considere que podrían estarse cometiendo o haberse cometido crímenes de competencia de la Corte.
18 junio 2009/TeleSUR http://www.telesurtv.net
La ONG Amnistía Internacional (AI) saludó este jueves la ratificación por parte de Chile del Estatuto de Roma, tras la aprobación de la ley que autoriza el reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), al tiempo que resaltó que con esta acción, este país "da un gran paso al futuro, pero no salda su deuda con el pasado".
A través de un comunicado, la ONG expresó que aunque la CPI no tiene jurisdicción para investigar o juzgar los crímenes cometidos en Chile durante el periodo de gobierno militar (entre 1973 y 1990), el reconocimiento de su competencia para casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra que pudieran ser cometidos en el futuro "es, sin duda, un paso positivo que envía una señal clara de rechazo a la impunidad".
La Cámara de Diputados de Chile aprobó el pasado miércoles el Acta de Ratificación del Estatuto de Roma con 79 votos a favor, 9 en contra y una abstención.
Tras esta ratificación, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, deberá promulgar la ley y depositar el instrumento de ratificación ante la secretaría general de las Naciones Unidas.
Al respecto, Susan Lee, Directora de las Américas de Amnistía Internacional, expresó que "el reconocimiento de la competencia de la Corte no debe hacer olvidar que en Chile aún perdura una ley de amnistía para crímenes atroces que el derecho internacional obliga a investigar y a sancionar".
Amnistía subraya que con la aprobación de la ley que autoriza el reconocimiento de la competencia de esta Corte se "envía una señal clara de rechazo a la impunidad", pero pide que no se olviden de la necesidad de investigar y juzgar las atrocidades del pasado.
Amnistía señala que "se ha interpretado con frecuencia que la vigencia de la 'ley de amnistía' (Decreto Ley 2191/78) no constituye un obstáculo para la investigación y sanción" de los crímenes cometidos durante la época de la dictadura de Augusto Pinochet.
No obstante, argumenta esta organización, "la jurisprudencia de los tribunales chilenos ha consagrado en ciertas ocasiones la prescripción de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el marco de un conflicto armado de carácter no internacional".
"Los tribunales también han impuesto en algunas ocasiones sanciones que no concuerdan con la gravedad de los crímenes perpetrados", señala AI.
Lee recalca que "la prescripción de los crímenes de derecho internacional como la tortura, la desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales y también de las acciones civiles de reparación viola las obligaciones que el derecho internacional impone a Chile".
Amnistía termina pidiendo al Gobierno de Michelle Bachelet que investigue imparcialmente y castigue las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, que derogue la "ley de amnistía" y que consagre en su legislación la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional y de las acciones de reparación.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue adoptado en Roma el 17 de Julio de 1998.
Ciento ocho Estados han aceptado hasta el presente la competencia de la Corte para investigar y juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto para cada Estado parte y, en todo caso, no antes del 1 de julio de 2002.
Según el Estatuto, la Corte Penal Internacional tendrá competencia cuando un Estado parte no pueda adecuadamente o no quiera ejercer su propia jurisdicción penal con relación a los crímenes citados, sea que fueran cometidos en su territorio o por sus nacionales en el territorio de otros estados, incluyendo el territorio de estados no parte en el Estatuto de Roma.
También, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede referir al conocimiento de la Corte Penal Internacional una situación sobre un Estado Parte o no parte en la que considere que podrían estarse cometiendo o haberse cometido crímenes de competencia de la Corte.
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terça-feira, 21 de abril de 2009
G-20: SU AGENDA Y LA NUESTRA
Josep Maria Antentas
Esther Vivas
8 abril 2009/Agencia Latinoamericana de Informacion (ALAI-AmLatina) http://alainet.org Email: info@alainet.org
ALAI AMLATINA, 07/04/2009, Barcelona.- Si algo ha caracterizado a la reciente cumbre del G20 en Londres es la grandilocuencia de las declaraciones de sus protagonistas, empeñados en dar trascendencia histórica a sus decisiones y en buscar frases de impacto. ¿Pero que hay detrás de los acuerdos anunciados y de las políticas seguidas por los gobiernos desde el estallido de la crisis? En palabras del respetado geógrafo David Harvey “lo que están intentando hacer es reinventar el mismo sistema (...). El razonamiento fundamental que se están planteando es, ¿cómo podemos reconstituir el mismo tipo de capitalismo que hemos tenido en los últimos treinta años en una forma ligeramente más regulada y benevolente?”.
Los acuerdos de la cumbre profundizan las políticas hasta ahora adoptadas por sus integrantes para hacer frente a la situación. La declaración final mantiene el compromiso del G20 con las bases del modelo de globalización neoliberal y sus instituciones. Se reafirma la necesidad de seguir impulsando la liberalización del comercio mundial y las inversiones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de evitar medidas que limiten la circulación de capitales.
Se señala la necesidad de dar un nuevo protagonismo al Fondo Monetario Internacional (FMI) receptor de la anunciada inyección de 500.000 millones de dólares. Esto supone el enésimo intento de restablecer la credibilidad y las funciones de uno de los símbolos y pilares institucionales del actual modelo de globalización. Reforzar el rol del FMI, en el ojo del huracán desde su nefasto papel en la crisis financiera asiática de 1997, es toda una declaración de intenciones.
En el terreno del sistema financiero los acuerdos anunciados están lejos de suponer cambios estructurales, a pesar del anuncio de más medidas regulatorias y de control que buscan evitar los desmanes recientes. Los rescates a entidades financieras continuarán como hasta ahora. La retórica y la presión contra los paraísos fiscales se endurece pero no se anuncian medidas concretas en dirección a su desaparición efectiva. Tampoco hay propuestas claras referentes a la regulación de los salarios de los directivos de las grandes empresas. Más allá de algunas medidas que puedan paliar la indignación popular ante situaciones escandalosas, lo cierto es que no se vislumbra ningún cambio sustancial de la dinámica que ha comportado la explosión por arriba de las remuneraciones de los altos cargos y el aumento espectacular del diferencial entre sus salarios y los de los trabajadores medios.
En definitiva, como señalan Éric Toussaint y Damien Millet, miembros del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), los acuerdos de la cumbre representan “un pequeño retoque de pintura en un planeta en ruinas (...). El G20 vigilará para que se preserve lo esencial de la lógica neoliberal. Los principios son de nuevo apuntalados, aunque su fracaso esté claro”.
El sentido de las políticas de los principales gobiernos del mundo es claro: hacer pagar el coste de la crisis a los sectores populares e intentar apuntalar el modelo actual con tímidas reformas que aseguren su viabilidad. Frente a ello es necesario plantear otra agenda portadora de una lógica de ruptura con el actual orden de cosas. “Cambiar el mundo de base”, como reza la conocida estrofa de la Internacional, aparece hoy como más necesario que nunca. La declaración de la asamblea de los movimientos sociales aprobada en el pasado Foro Social Mundial de Belem traza lo que pueden ser las líneas maestras de una agenda alternativa de salida a la crisis sistémica contemporánea: “Tenemos que luchar, impulsando la más amplia movilización popular, por una serie de medidas urgentes como: la nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control social; reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario; medidas para garantizar la soberanía alimentaria y energética; poner fin a las guerras, retirar las tropas de ocupación y desmantelar las bases militares extranjeras; reconocer la soberanía y autonomía de los pueblos, garantizando el derecho a la autodeterminación; garantizar el derecho a la tierra, territorio, trabajo, educación y salud para todas y todos; democratizar los medios de comunicación y de conocimiento.”
Es el momento de profundizar y radicalizar las alternativas, en el sentido de ir a la raíz de los problemas, de apuntar hacia el “núcleo duro” del actual sistema económico, y no de conformarse con retoques cosméticos, la “moralización” del capitalismo o, simplemente, la domesticación de sus “excesos” neoliberales. Así ha quedado patente en las demandas de las manifestaciones celebradas en Londres y en todo el mundo en el marco de la Semana de Acción Global acordada en Belem.
Aunque Gordon Brown afirmara en vísperas de la cumbre haber entendido el mensaje de los manifestantes en Londres, en realidad entre las políticas del G20 y las demandas expresadas en las movilizaciones se enfrentan dos lógicas irreconciliables. En palabras de Daniel Bensaïd: “La del beneficio a cualquier precio, el cálculo egoísta, la propiedad privada, la desigualdad, la competencia de todos contra todos, y la del servicio público, los bienes comunes de la humanidad, la apropiación social, la igualdad y la solidaridad”. Para nosotros la elección es clara.
- Josep Maria Antentas es profesor de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esther Vivas es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS)-Universidad Pompeu Fabra. Ambos son militantes de Izquierda Anticapitalista y de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista. (Este artículo aparecido en Público, 07/04/09)
Esther Vivas
8 abril 2009/Agencia Latinoamericana de Informacion (ALAI-AmLatina) http://alainet.org Email: info@alainet.org
ALAI AMLATINA, 07/04/2009, Barcelona.- Si algo ha caracterizado a la reciente cumbre del G20 en Londres es la grandilocuencia de las declaraciones de sus protagonistas, empeñados en dar trascendencia histórica a sus decisiones y en buscar frases de impacto. ¿Pero que hay detrás de los acuerdos anunciados y de las políticas seguidas por los gobiernos desde el estallido de la crisis? En palabras del respetado geógrafo David Harvey “lo que están intentando hacer es reinventar el mismo sistema (...). El razonamiento fundamental que se están planteando es, ¿cómo podemos reconstituir el mismo tipo de capitalismo que hemos tenido en los últimos treinta años en una forma ligeramente más regulada y benevolente?”.
Los acuerdos de la cumbre profundizan las políticas hasta ahora adoptadas por sus integrantes para hacer frente a la situación. La declaración final mantiene el compromiso del G20 con las bases del modelo de globalización neoliberal y sus instituciones. Se reafirma la necesidad de seguir impulsando la liberalización del comercio mundial y las inversiones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de evitar medidas que limiten la circulación de capitales.
Se señala la necesidad de dar un nuevo protagonismo al Fondo Monetario Internacional (FMI) receptor de la anunciada inyección de 500.000 millones de dólares. Esto supone el enésimo intento de restablecer la credibilidad y las funciones de uno de los símbolos y pilares institucionales del actual modelo de globalización. Reforzar el rol del FMI, en el ojo del huracán desde su nefasto papel en la crisis financiera asiática de 1997, es toda una declaración de intenciones.
En el terreno del sistema financiero los acuerdos anunciados están lejos de suponer cambios estructurales, a pesar del anuncio de más medidas regulatorias y de control que buscan evitar los desmanes recientes. Los rescates a entidades financieras continuarán como hasta ahora. La retórica y la presión contra los paraísos fiscales se endurece pero no se anuncian medidas concretas en dirección a su desaparición efectiva. Tampoco hay propuestas claras referentes a la regulación de los salarios de los directivos de las grandes empresas. Más allá de algunas medidas que puedan paliar la indignación popular ante situaciones escandalosas, lo cierto es que no se vislumbra ningún cambio sustancial de la dinámica que ha comportado la explosión por arriba de las remuneraciones de los altos cargos y el aumento espectacular del diferencial entre sus salarios y los de los trabajadores medios.
En definitiva, como señalan Éric Toussaint y Damien Millet, miembros del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), los acuerdos de la cumbre representan “un pequeño retoque de pintura en un planeta en ruinas (...). El G20 vigilará para que se preserve lo esencial de la lógica neoliberal. Los principios son de nuevo apuntalados, aunque su fracaso esté claro”.
El sentido de las políticas de los principales gobiernos del mundo es claro: hacer pagar el coste de la crisis a los sectores populares e intentar apuntalar el modelo actual con tímidas reformas que aseguren su viabilidad. Frente a ello es necesario plantear otra agenda portadora de una lógica de ruptura con el actual orden de cosas. “Cambiar el mundo de base”, como reza la conocida estrofa de la Internacional, aparece hoy como más necesario que nunca. La declaración de la asamblea de los movimientos sociales aprobada en el pasado Foro Social Mundial de Belem traza lo que pueden ser las líneas maestras de una agenda alternativa de salida a la crisis sistémica contemporánea: “Tenemos que luchar, impulsando la más amplia movilización popular, por una serie de medidas urgentes como: la nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control social; reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario; medidas para garantizar la soberanía alimentaria y energética; poner fin a las guerras, retirar las tropas de ocupación y desmantelar las bases militares extranjeras; reconocer la soberanía y autonomía de los pueblos, garantizando el derecho a la autodeterminación; garantizar el derecho a la tierra, territorio, trabajo, educación y salud para todas y todos; democratizar los medios de comunicación y de conocimiento.”
Es el momento de profundizar y radicalizar las alternativas, en el sentido de ir a la raíz de los problemas, de apuntar hacia el “núcleo duro” del actual sistema económico, y no de conformarse con retoques cosméticos, la “moralización” del capitalismo o, simplemente, la domesticación de sus “excesos” neoliberales. Así ha quedado patente en las demandas de las manifestaciones celebradas en Londres y en todo el mundo en el marco de la Semana de Acción Global acordada en Belem.
Aunque Gordon Brown afirmara en vísperas de la cumbre haber entendido el mensaje de los manifestantes en Londres, en realidad entre las políticas del G20 y las demandas expresadas en las movilizaciones se enfrentan dos lógicas irreconciliables. En palabras de Daniel Bensaïd: “La del beneficio a cualquier precio, el cálculo egoísta, la propiedad privada, la desigualdad, la competencia de todos contra todos, y la del servicio público, los bienes comunes de la humanidad, la apropiación social, la igualdad y la solidaridad”. Para nosotros la elección es clara.
- Josep Maria Antentas es profesor de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esther Vivas es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS)-Universidad Pompeu Fabra. Ambos son militantes de Izquierda Anticapitalista y de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista. (Este artículo aparecido en Público, 07/04/09)
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