11 marzo 2016, ADITAL Agencia de Información Fray Tito
para América Latina http://site.adital.com.br (Brasil)
En nota
pública, Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (Clacso), que vive en Brasil, evalúa la actual conyuntura
política y alerta que en el país "se ha avanzado un paso más en el proceso
de desestabilización institucional que pretende perpetrar un sector del Poder
Judicial, la Policía Federal, los monopolios de prensa y las fuerzas políticas
que han sido derrotadas en las últimas elecciones nacionales”, en 2014. Sería
una desestabilización del orden democrático que tiene un objetivo principal:
impedir que las fuerzas progresistas sigan gobernando el país y, especialmente,
acabar definitivamente con el Partido de los Trabajadores (PT) y con su figura
más emblemática, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Para
Gentilli, esto es lo que explica una multiplicidad de acciones judiciales,
denuncias de la prensa nunca demostradas, insultos, amenazas, ataques públicos
y una persistente ofensiva parlamentaria por parte de las fuerzas más
conservadoras y reaccionarias del país. En su opinión, se trata de criminalizar
y de responsabilizar al PT y a su presidente de honor, Lula, de actos de
corrupción, usando hechos que la justicia aún investiga como si fueran parte de
un plan organizado desde el propio centro neurálgico del poder; esto es, los
mandatos presidenciales de Lula y de la actual presidente, Dilma Rousseff.
Encontrar una conexión entre ambos mandatarios y los hechos de corrupción
analizados por la Justicia es la gran obsesión y, quizás, la única carta que
hoy tiene la derecha brasileña para volver al poder, destruyendo los
avances
democráticos de la última década, señala el experto.
Lo que está
en juego es el futuro de Brasil como nación democrática
El
secretario del Clacso destaca todavía que después de su última derrota
electoral la derecha pretende volver al poder por la vía de un golpe judicial o
de un impeachment de Dilma, cuya fundamentación jurídica y política no es otra
que la necesidad de despojar al pueblo de su mandato soberano. Pues nada se ha
demostrado sobre la vinculación del ex presidente Lula o de la presidenta Dilma
Rousseff con cualquier hecho ilícito. Pero decenas de calumnias se han
formulado contra ellos.
Sin embargo
si la oposición derechista no puede encontrar pruebas que confirmen las
denuncias, pueden crear hechos que, ante una opinión pública "pasmada y
desconcertada”, hagan parecer culpables a quienes no lo son. Gentilli explica
que el Estado de Derecho se desmonta cuando uno de los principios que lo
sustentan se desintegra ante maniobras autoritarias del Poder Judicial y el
sistemático abuso de poder de una policía "que ha demostrado ser más
eficiente matando jóvenes pobres inocentes que controlando las principales
redes del delito que operan en el país”. Él recuerda que el pasado viernes, 05
de marzo, un amplio operativo policial irrumpió en la residencia del ex
presidente Lula y lo detuvo con un mandato de "conducción
coercitiva".
El mandato
de conducción coercitiva es un medio que dispone la autoridad pública para
hacer que se presente ante la Justicia alguien que no ha atendido la debida
intimación y cuya declaración testimonial es de fundamental importancia para
una causa penal. El riesgo de fuga o la peligrosidad del sujeto, así como su
desatención a las intimaciones judiciales, obligan al uso de este mecanismo
coercitivo. Lo que no es el caso de Lula.
Gentilli
observa que no sorprende que este hecho ocurra menos de una semana después que,
en el festejo de los 36 años del PT, Lula manifestó que si fuera necesario e
imprescindible será él quién asuma el desafío de presentarse como candidato de
las fuerzas progresistas a la futura elección presidencial, en 2018. Allí,
miles de militantes le brindaron su apoyo y solidaridad ante los ataques
recibidos.
El
secretario del Clacso afirma además que en Brasil no está en juego ninguna
causa por la justicia, la transparencia ni el necesario combate a la
corrupción. "Aquí está en juego un proyecto de país y, no tengo dudas
también, un proyecto de región. El golpe judicial, policial y mediático que se
lleva a cabo en Brasil no es ajeno a la situación que vive el continente y a
los vientos que corren a favor de las fuerzas conservadoras y neoliberales en
toda América Latina”.
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