Las redes a través de
las que “triangulan” sus planes y financiamientos para la injerencia y la
subversión son varias, una de ellas es el Grupo Andino de Libertades
Informativas (GALI) que articula a organizaciones en Perú, Venezuela, Bolivia y
Ecuador.
Las actividades de GALI
desde fines de la década de los 90 se han intensificado y no por “casualidad”.
Se lo hace en una
coyuntura política latinoamericana caracterizada por la irrupción de una tendencia
general que se ha puesto a contra-ruta del neoliberalismo como “camino
inevitable” y sistema interamericano de dominación y que ha dado nacimiento a
mecanismos y foros alternativos de integración y concertación política, en
desmedro de la hegemonía estadounidense, como UNASUR, ALBA y la CELAC.
La plataforma desde la
que actúa esta estrategia de injerencia y subversión ideológica es algo con lo
que nadie podría estar en desacuerdo si no descubre el fondo de sus objetivos:
derechos humanos y libertad de expresión.
Ahí está muchas veces
su relativo éxito, sobre todo en sectores sociales reticentes a una alternativa
al capitalismo. El libreto es el mismo, lo que se modifica son sus operadores y
los lugares geográfico-políticos de su implementación.
Los blancos del ataque,
vaya paradoja, son los líderes de los procesos políticos en los cuales, más
bien, se están registrando procesos de ampliación de la democracia y la
igualación social a niveles nunca antes vistos.
Pero para estos
sectores nada vale la condición de posibilidad de superación de la igualdad y
libertad formales hacia la igualdad y libertad sustantivas. Esa es una
democracia a la que le tienen miedo.
El combate contra ese
tipo de acciones contra-hegemónicas al capital, se da desde todos los frentes:
el mediático, el político, el cultural y obviamente el militar cuando se hace
necesario.
Para cada uno de esos
frentes se tiene instrumentos y redes de ejecución. Una de ellos, que nos
interesa ahora, es la denominada Organizaciones No Gubernamentales (ONG) afines
a Washington y financiadas directamente por agencias estadounidenses o mediante
“terceros” actores. GALI es una de ellas.
La dirección ejecutiva
de esa meta-organización siempre ha recaído en un periodista de un país en el
que se considere decisiva su presencia para defender la libertad de expresión,
los derechos humanos fundamentales y las garantías constitucionales.
Hasta noviembre de 2013
la responsabilidad estuvo en manos de Cesar Ricaurte, presidente de la
Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (FUNDAMEDIOS) del
Ecuador que, en articulación con otras organizaciones, desarrolló una ardua
resistencia a todas las iniciativas de la revolución ciudadana y en particular
a la Ley de Medios finalmente aprobada por el gobierno de Rafael Correa.
De acuerdo a los cables
Wikileaks, César Ricaurte –en ese momento convertido por los medios a los que
antes criticaba en una especie de adalid de la libertad de expresión-, figuraba
junto a otros periodistas de medios privados (Carlos Jijón, Jorge Ortiz,
Alfredo Negrete), como informante de la Embajada de Estados Unidos en Quito.
Si que se haya
abandonado la idea de subvertir la revolución ciudadana, a partir de un
diagnóstico de la situación de la libertad de expresión en Bolivia, caracterizada
por estar “bajo acoso permanente”, según reza la oposición y la cercanía de las
elecciones generales, GALI nombró al periodista Raúl Peñaranda, de nacionalidad
boliviano-chilena, como a su nuevo Director Ejecutivo.
La designación del
periodista se hizo poco después de que éste renunciara a la dirección del
matutino Página Siete de La Paz, como resultado de una supuesta “alianza” entre
la Iglesia Católica y el gobierno para atacarlo “vilmente”, según sostiene en
su campaña de auto promoción.
A pesar de que a
Peñaranda le ha tocado el papel de limpiar la cara a la política exterior
chilena frente a la demanda boliviana de ejercer su derecho soberano sobre el
Pacífico, según da cuenta el historiador chileno Javier García, y no obstante
que en su papel de director de Página Siete incurrió en al menos cuatro grandes
manipulaciones informativas Caso TIPNIS cuando hizo aparecer un bebé muerto que
nunca sucedió, la restitución de la figura del desacato que más bien fue negada
por el vicepresidente Álvaro García Linera, la excomulgación de cuatro
ministros de Evo Morales que de inmediato fue desmentido por la Iglesia
Católica y la oferta boliviana a Chile de gas por mar que nunca dijo el
presidente del Estado Plurinacional), Peñaranda ha pasado a cumplir el mismo
papel que Ricaurte en Ecuador al decir que en Bolivia hay libertad de expresión
bajo acoso.
Pero no solo ejerce ese
papel, sino que además ha sido convertido por la oposición en el adalid de la
libertad de expresión.
El método también se
repite. Al igual que en Ecuador, donde aparece una publicación para sembrar
dudas sobre el presidente Correa, como es el caso del “Gran hermano” o la
revista “Alternativa V”, Peñaranda acaba de publicar en Bolivia el libro
“Control remoto”, donde sobre la base de fuentes of the record y de la versión
de algunos ex funcionarios del gobierno boliviano bastante conocidos por su
actual posición opositora, se denuncia que el vicepresidente Álvaro García
Linera controla cuatro “medios para-estatales” y que la calidad de la democracia
está cuestionada.
El desarrollo de la
estrategia de subversión ideológica encuentra sentido cuando se aprecia una
economía sólida en expansión que difícilmente sería rebatida en el imaginario
de la gente. Por tanto, es en el plano de la subjetividad donde los enemigos
del proceso de cambio se han propuesto trabajar.
El objetivo del
Departamento de Estado de EEUU y de las agencias USAID y NED es lograr, a
través de redes como GALI, la construcción de matrices de opinión contrarias a
los gobiernos de izquierda, ya sea, como se demuestra en Venezuela, para
socavar la moral de los conductores de la revolución o para sentar las
condiciones de un cambio por métodos no democráticos.
Es decir, ese papel
ideológico-subversivo que se esconde en la defensa de la libertad de expresión
y los derechos humanos en países donde más bien lo que sucede es una ampliación
de la democracia y de los derechos como resultado de procesos políticos
posliberales, es parte de la estrategia del llamado Golpe Suave.
Es más, existe bastante
coincidencia en estudiosos de la comunicación y la ideología como Ignacio
Ramonet y Noam Chomsky que la batalla se libra hoy en el campo de los sentidos
y los símbolos, y que la “guerra mediática” contra los procesos de cambio son el
preludio de planes de desestabilización mayor.
Los miembros de GALI
Al grupo GALI
pertenecen la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Fundamedios de
Ecuador y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú, Venezuela y Colombia.
Un seguimiento a las fuentes de financiamiento de estas organizaciones permite
identificar al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a las agencias
USAID y NED, bastante conocidas por sus trabajos de subversión.
Detrás de nobles
causas, como la defensa de las libertades informativas, la promoción del
periodismo de investigación y la prestación de servicios a la ciudadanía y al
sector público, los gobiernos de izquierda concentran la atención sistemática
de estas grupos no gubernamentales.
Por ejemplo, en los informes
de monitoreo de 2011 sobre Bolivia, GALI destaca: “aprehenden a un periodista
acusado de difundir un video que afecta a la imagen del presidente boliviano”,
“Presidente de Bolivia promulga ley de Telecomunicaciones, en medio de
denuncias y falta de consenso”, “el Presidente de Bolivia cuestiona a los
periodistas y los llama mentirosos”, “Gobierno acusa a director del diario ABC
(de Paraguay) de ayudar en la fuga de gobernador opositor y acusado de
corrupción”, “El gobierno boliviano aprobó reglamentación de ley Antirracismo
que limita la libertad de expresión” y otros titulares por el estilo.
El contenido de lo que
se monitorea no cambia cuando la mirada se traslada a otro Estado con gobierno
de izquierda. Lo que cambian son los nombres de los presidentes denunciados.
Este es el caso de Ecuador, donde de manera abierta GALI rechaza las acciones
judiciales del Presidente Correa contra el Diario El Universo, por la
publicación de un artículo de opinión titulado “No a las mentiras” en directa
alusión al jefe de Estado ecuatoriano.
Una de las
“investigaciones periodísticas” más importantes llevadas adelante por esta red
a través de FUNDAMEDIOS se llegó a titular “El gran hermano”, que contenía los
actos de corrupción del hermano de Rafael Correa, pero que fue desarrollado de
tal manera que hacía aparecer al presidente ecuatoriano como el directo
responsable.
En el caso de Ecuador,
el respaldo de USAID y la NED a FUNDAMEDIOS ha sido directa y también se ha
triangulado por medio del Grupo Faro, una fundación para el avance de reformas
y las oportunidades. En 2012, el administrador adjunto para América Latina y el
Caribe de USAID, Mark Feierstein, reconoció que su país financiaba a cuatro
organizaciones ecuatorianas, todas ellas opositoras a la revolución ciudadana.
La situación de injerencia no ha cambiado hasta ahora.
Feierstein tampoco
ocultó que el aporte financiero de la “agencia de desarrollo” en Cuba y
Venezuela sigue siendo “muy importante para aquellos grupos cívicos que están
luchando por los derechos humanos y la democracia”, según pone al descubierto
la investigadora estadounidense Eva Golinger.
Por eso no es un
accidente que hace un par de semanas haya quedado al descubierto una operación
subversiva organizada por la USAID contra Cuba a través de terceros países y de
empresas de servicios que no estaban enteradas de los objetivos ocultos.
Estamos hablando del proyecto ZunZuneando, que consistía en la creación de una
red social similar al Twitter para lanzar una campaña de desestabilización del
gobierno cubano.
El descubrimiento del
proyecto ha causado tanto revuelo en EEUU que el Senado ha llamado al director
de USAID paras que explique los alcances de la medida y el por qué se orientó
millones de dólares que provienen de los aportes de los ciudadanos estadounidenses.
Pero volvamos a 2012.
El alto funcionario de USAID reconoció, en la misma oportunidad, que la ayuda a
ese tipo de organizaciones por la libertad de prensa se mantiene más o menos en
el mismo nivel al decir “está bajando, no está subiendo”, en los casos de
Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
De lo que se infiere
que a pesar de la expulsión de USAID de Bolivia en 2013, uno de los canales
para triangular la injerencia de la agencia estadounidense en asuntos internos
es GALI.
La red IPYS es la más
importante del grupo GALI. Una de las organizaciones que supuestamente defiende
a la “libertad de expresión” en Venezuela, es el Instituto de Prensa y Sociedad
(“IPYS”), según señala Golinger, al sostener que de acuerdo a documentos de la
National Endowment for Democracy (“NED”), desclasificados durante los años 2004
al 2006 y reforzados por información públicamente disponible en las páginas web
de IPYS y la NED, ésta organización fue establecida en el año 1993 como
“organización no-gubermental” para “defender la libertad de expresión y
promover al periodismo responsable”.
IPYS es miembro de la
agrupación, Intercambio Internacional de Libre Expresión (IFEX) y es parte de
la red de Reporteros sin Fronteras (RSF), organización francesa financiada por
el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la NED, el Instituto
Republicano Internacional y el Comité para una Cuba Libre.
IPYS fue formada por
periodistas, editores y dueños de medios de comunicación en el Perú y esta
gobernado por un Consejo Ejecutivo y un Comité Asesor. Sus programas son
dirigidos por Ricardo Uceda y Jenny Cabrera desde Perú.
IPYS recibe su financiamiento de la NED, la
Fundación Ford, la Fundación Open Society (de George Soros, que también fue
financista de la ‘revolución naranja’ en Ucrania), Konrad Adenauer Foundation
(que también financia a Súmate y otros grupos de la oposición), entre otras
fuentes.
Los planes de
injerencia para socavar los procesos políticos emancipadores en América Latina
van a continuar. De hecho, a la guerra económica y las acciones de terrorismo y
violencia desplegadas contra la revolución venezolana hay que agregar la guerra
mediática.
Bolivia está también en
la mira y el camino que recorrerá la oposición, con apoyo estadounidense, es
previsible: la guerra sucia. Uno de sus ejes será las supuestas limitaciones a
la libertad de expresión y la baja calidad de la democracia. Uno de los
instrumentos la Red GALI y su director ejecutivo.
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