15 abril
2014, ADITAL, Agencia de Información Fray Tito para
América Latinahttp://site.adital.com.br (Brasil)
El auge de las actividades extractivistas
minero-energéticas en Colombia de los últimos años ha venido acompañada de una
fuerte militarización de las zonas donde el sector minero-energético opera. El
gobierno colombiano ha creado a lo largo de los últimos años los denominados
Batallones Energéticos, Mineros y Viales. Artículo publicado en Boletín de
Especuladores de la Guerra de War Resister’s International (WRI-IRG), Abril
2014
Por Tomàs Gisbert Caselli y Maria
Jesús Pinto
Las fuerzas armadas colombianas,
con 281.400 efectivos son el segundo ejército más grande de toda Latinoamérica
sólo superado por Brasil. A ellas hay sumar los 159.000 miembros de la Policía
Nacional, policía militarizada que depende orgánicamente del Ministerio de
Defensa. En Colombia hay 6,2 soldados por cada mil habitantes, ratio que casi
cuadriplica el de Brasil.
El auge de las actividades
extractivistas minero-energéticas en Colombia de los últimos años ha venido
acompañada de una fuerte militarización de las zonas donde el sector
minero-energético opera. El gobierno colombiano ha creado a lo largo de los
últimos años los denominados Batallones Energéticos,
Mineros y Viales. Su
crecimiento ha acompañado la política de atraer la inversión extranjera de las
empresas multinacionales del sector para la implementación de la política
neoliberal extractivista: la denominada "locomotora minero-energética”. Si
a inicios de 2011 eran 11, en 2014 ya son 21 los batallones minero-energéticos.
Los Batallones Minero-Energéticos
están formados por 80.000 efectivos, el 36% del total de efectivos del Ejército
de Tierra en el que están encuadrados, y representan casi un 30% de las fuerzas
armadas.
La fuerte militarización de las
zonas extractivas no ha significado una mayor seguridad de las poblaciones
afectadas. Censat Agua Viva y Mining Wacht Canadá advertían de que "las
regiones ricas en recursos son la fuente del 87% de los desplazamientos
forzados, 82% de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, y 83% de los asesinatos de líderes sindicales”.1
La función de estas unidades,
contra lo que pudiera parecer razonable, no es proveer seguridad pública sino
asegurar las inversiones extranjeras y la extracción minero-energética. Varios
de estos batallones están radicados en el interior mismo de las instalaciones
de las empresas o minas, como es el caso del Batallón Militar 15, localizado
desde octubre de 2011 dentro de los campos petroleros de la multinacional
Pacific Rubiales, en Puerto Gaitán, donde la empresa además les aporta
vehículos y combustible. O el Batallón Energético Vial nº 8 radicado en los
terrenos e instalaciones de la minera Frontino Gold Mines, en el municipio de
Segovia, tal como indica la misma página web del Ministerio de Defensa.
La colaboración entre ejército e
inversionistas es fluida. Como indica el director de operaciones del Ejército,
coronel Jorge Arturo Matamoros Blanco,2 el ejército analiza los proyectos que
elaboran las propias empresas inversoras y los deriva a la división militar
correspondiente para su protección.
Aunque las autoridades militares
siempre lo han negado, hay evidencias de que la protección de las empresas
extractivas conlleva la concertación de "convenios” privados entre
empresas extractivas y las Fuerzas Armadas, en los que las empresas pagarían
altas sumas económicas al ejército, a cambio de seguridad y poder desarrollar
sus planes. Estos acuerdos son secretos pero han trascendido a los medios de
comunicación ya sea por investigaciones periodísticas3 o porque directivos de
las mismas empresas, sin ningún pudor así lo han expresado 4.
La comunidades locales afectadas
ven con desconfianza el despliegue militar pues no sienten sus intereses
protegidos por la fuerza pública, sino que por el contrario ésta va asegurar
las actividades extractivas, los intereses de las grandes empresas extractivas,
en abierta contradicción con sus medios de vida tradicionales y el medio
ambiente que los permite.
La presencia del ejército también
ha ido acompañada de graves violaciones a los derechos humanos de esas zonas,
de violaciones a las mujeres, de las ejecuciones extrajudiciales de los
opositores y las opositoras a los proyectos mineros. Uno de los muchos casos
denunciados fue en septiembre de 2006 el asesinato de Alejandro Uribre Chacón,
opositor al proyecto de gran minería de la Kedhada SA en el sur de Bolívar, asesinado
por efectivos del Batallón Antiaéreo nº2 Nueva Granada y presentado
posteriormente como guerrillero dado de baja en combate, doce días después de
que interpusiera una queja por presuntas persecuciones del ejército por sus
denuncias contra la minera 5.
También es significativo el caso
del apoyo del ejército a la entrada de la empresa Muriel Mining Corporation en
el Norte del Chocó, donde apoyó sus actividades a pesar de un proceso
fraudulento de consulta previo, tal como dictaminó la Corte constitucional 6,
restringiendo la movilidad de los habitantes ancestrales en sus territorios y
provocando graves abusos y el desplazamiento interno contra las poblaciones
indígenas y afrocolombianas7.
Es evidente pues, que aunque estas
unidades militares estén emplazadas en zonas dónde el conflicto con la
insurgencia ha sido más agudo, y ese es el argumento que ha utilizado el
gobierno para su existencia, el objetivo clave es la defensa de las
transnacionales en contra de los derechos legítimos al territorio de las comunidades
indígenas, campesinas y afrodescendientes, lo que ha provocado fuertes
conflictos sociales, masacres y desplazamientos directamente relacionadas con
esta política invasiva, muchas de ellas realizadas en connivencia de ejército,
paramilitarismo y empresas.
[Tomás Gisbert es investigador del
Centro de Estudios por la Paz. María Jesús Pinto es activista e investigadora
en Derechos Humanos]
Notas
1 Para mayor información ver
"Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia” de Frédéric
Massé y Johana Camargo, CITpax-Observatorio Internacional sobre DDR y la Ley de
Justicia y
Paz.http://www.citpaxobservatorio.org/sitio/images/stories/Resumen_ejecutivo_DDR_Definitivo.pdf
Censat Agua-Viva y Mining Watch Canadá. "Tierras y conflicto - Extracción
de recursos, derechos humanos y la responsabilidad empresarial: compañías
canadienses en Colombia”. Septiembre de 2009, pág 2.
2 Col-Prensa-Nuevo Dia, 4 febr.2014
3 Oro y plomo. Semana 28/07/2009 en
http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/oro-plomo/105494-3.
4 José Oro, vicepresidente de la
Gran Colombia Gold manifestó en un documental realizado por periodistas
franceses sobre la minería en Colombia: "Tenemos un contrato con la
Policía, un contrato con el Ejército, un contrato con la Alcaldía” Langlois,
Roméo y Mariani, Pascale, "Pour tout l’or de Colombie”, Woow & Canal +
Production, 2011
5 "Por ‘falso positivo’ con
líder comunal llaman a juicio a cuatro militares”, en El Espectador,
;
6 Sentencia de la Corte
constitucional T-769/09
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-769-09.htm
7 "Estamos en desplazamiento
forzado causado por la empresa Muriel Mining, en Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz,
<">http://justiciaypazcolombia.com/Estamos-en-desplazamiento-forzado>;
(11.3.09).
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