21 de junio de 2015, La Jornada http://www.jornada.unam.mx (México)
La presidenta de
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, refrendó ayer la decisión de su
gobierno de no pagar la deuda que reclaman los llamados fondos buitre,
tenedores de bonos de deuda del país austral que no aceptaron los términos en
los que el débito fue renegociado en 2005 y 2010.
Debe
recordarse que Argentina alcanzó, en esos años, acuerdos con la gran mayoría de
sus acreedores para restructurar los pasivos externos y en ese proceso logró
importantes reducciones de los montos a pagar. En ese entonces algunos especuladores internacionales
compraron una pequeña fracción de los títulos de deuda al 10 por ciento de su
valor, para posteriormente desconocer las renegociaciones y se acogieron a
instancias judiciales estadunidenses para exigir a Buenos Aires el pago de 100
por ciento del valor nominal de tales bonos, unos mil 300 millones de dólares.
La Suprema
Corte de Justicia de Estados Unidos, por su parte, tomó partido y decidió
proteger a una porción minoritaria de acreedores de Argentina; sumó con ello un
factor de inestabilidad a la economía mundial por cuanto puso a la nación
rioplatense en un virtual incumplimiento de pagos –si bien en esta ocasión no
se debe a la falta de recursos, sino a una decisión judicial– y sentó, de paso,
un precedente nefasto para la
definitividad de las restructuraciones de deuda
externa de naciones soberanas.
Es
significativo que el pronunciamiento de la mandataria argentina se dé unos días
antes de que los ministros europeos se reúnan para decidir sobre el futuro de
Grecia, cuyo gobierno, encabezado por el primer ministro Alexis Tsipras, de la
coalición de izquierda Syriza, ha rechazado adoptar medidas que impliquen mayor
sacrificio para la población –como lo exige la troikaeuropea– y pugna en
cambio por un proceso de restructura que le resulte favorable como alternativa
para no incurrir en una suspensión de pagos.
Aunque la postura de Grecia
resulta sumamente atendible, pues representa una opción para hacer frente a sus
compromisos sin tener que causar más sufrimiento a su población, las
autoridades económicas y financieras del viejo continente han mostrado una
postura irreductible y peligrosa en la medida en que podría forzar la salida de
la nación helénica de la zona euro y provocar una corrida especulativa contra
esa divisa que afectaría al conjunto de las naciones europeas.
Los casos
griego y argentino tienen elementos en común, empezando por el hecho de que la
nación mediterránea atraviesa una situación análoga a la que vivió Argentina
hace más de una década, cuando el gobierno de Néstor Kirchner restructuró la
deuda y puso fin a la dependencia de ese país respecto del Fondo Monetario
Internacional. La diferencia es que Grecia debe
enfrentar, además de la presión de especuladores y organismos financieros
internacionales, el chantaje de los gobiernos de otros países europeos, como la
poderosa Alemania, con los que comparte una divisa común, con toda la
dependencia que ello implica.
Pero, sobre todo, es posible ver
en ambos casos las dificultades que enfrentan los gobiernos para mantener la
soberanía de sus países frente a las presiones de poderes fácticos que buscan
imponer sus criterios y decisiones económicas de manera indebida: la justicia
estadunidense y los fondos buitre en el caso de Argentina, la troika europea
en el caso de Grecia.
A pesar de
las vicisitudes mencionadas, o justamente para sentar precedentes que permitan
evitarlas en el futuro, es deseable que los gobiernos griego y argentino logren
avanzar en la búsqueda de alternativas que les permitan atender los compromisos
ineludibles de una economía global y recuperar, al mismo tiempo, una porción de
la soberanía económica que les ha sido arrebatada a sus respectivas poblaciones
como consecuencia del modelo neoliberal imperante.
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