Pedro Cayuqueo *
Adital / 15 enero 2008 / http://www.adital.com.br
Cerca de las 6 de la mañana de aquel día, Catrileo junto a una treintena de comuneros mapuches del sector Yupeco, comuna de Vilcún, ingresó al fundo Santa Margarita con la intención de efectuar una recuperación territorial. Según la versión policial, el grupo atacó con escopetas a dos carabineros, que los habrían repelido con sus armas de servicio en un acto que el mando regional no dudó en definir como "legítima defensa". Sin embargo, esto fue desmentido categóricamente por los comuneros. Según relató Rodrigo a radio Bío Bío, un piquete de Fuerzas Especiales de Carabineros apostado de manera permanente en el lugar los repelió a balazos, sin mediar provocación. En ningún caso, subrayó, se habría registrado un enfrentamiento armado. "Queremos que la comunidad sepa que el hermano fue asesinado por la espalda por Carabineros", subrayó.
Investigaciones posteriores respaldarían la versión mapuche. Las únicas balas disparadas, seis en total, provinieron de armas policiales. Una, percutada por la subametralladora UZI del cabo 2º Walter Ramírez Espinoza, entró por la espalda, perforó el pulmón izquierdo y salió por el abdomen del universitario mapuche, señala un informe de la Brigada de Homicidios de Investigaciones. Se estableció, además, que Catrileo cayó mortalmente herido al interior del fundo Santa Margarita, si bien su cuerpo fue entregado a unos cinco kilómetros del lugar, en las cercanías de la Escuela La Roca. Hasta allí fue trasladado por los comuneros en una improvisada camilla confeccionada con dos palos y un saco. Un contingente policial los perseguía a corta distancia por tierra y aire. Los mapuches se negaban a entregar el cuerpo a Carabineros y solicitaban la mediación de la Iglesia Católica. Tras diez horas de negociación -y pese a la negativa inicial de las autoridades regionales a permitir la intervención de la Iglesia-, una comitiva encabezada por el obispo de la Araucanía, monseñor Sixto Parzinger, posibilitó que el cadáver fuera levantado por personal del Servicio Médico Legal y trasladado a Temuco para los exámenes tanatológicos.
LA JUSTICIA MILITAR
Matías Catrileo no es el primer joven mapuche asesinado por la policía. Su caso se suma al crimen del comunero Edmundo Alex Lemún Saavedra, el 7 de noviembre de 2002 al interior del fundo Santa Alicia de la empresa Forestal Mininco. Lemún fue herido por un balín metálico -disparado con una escopeta antidisturbios- por el entonces mayor Marco Aurelio Treuer. Tras permanecer cinco días en la Unidad de Tratamientos Intensivos de la Clínica Alemana, de Temuco, sometido a ventilación mecánica y tratamiento por un traumatismo cerebral grave, Lemún falleció en la mañana del 13 de noviembre. Su crimen fue entregado a la justicia militar y tras años de investigación, el oficial responsable fue absuelto por la Corte Marcial. Esto explica el rechazo que ahora generó en familiares y organizaciones mapuches la designación del teniente coronel José Pinto Aparicio como encargado de investigar el crimen de Catrileo. Y si bien el fiscal militar ya ordenó la detención del cabo Walter Ramírez Espinoza y de otro suboficial, y adelantó que "violencia innecesaria con resultado de muerte" sería la acusación, las críticas han recrudecido al tratarse, paradójicamente, del mismo fiscal que investigó el crimen de Lemún.
"Con estos antecedentes, y considerando que un proceso llevado por la fiscalía militar no es garantía de transparencia, ya que este organismo es un resabio de la dictadura militar, solicito se nombre un ministro en visita, que en conjunto con la buena voluntad de la Iglesia Católica dé garantía de un debido proceso que logre dar cuenta de lo ocurrido, y que los responsables de la muerte de nuestro peñi no queden en la impunidad", fue la petición a la justicia del alcalde de Tirúa y dirigente mapuche-lafkenche, Adolfo Millabur. Aucán Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras, también hizo un llamado al gobierno a no entorpecer el proceso judicial abierto tras la "ejecución" de Catrileo. Más directo fue el senador Alejandro Navarro (PS), quien indicó que el fiscal militar debía "inhabilitarse, pues la aplicación de la justicia militar en casos en que se encuentren envueltos civiles viola el derecho al debido proceso... La participación del fiscal militar, como siempre, asegura la impunidad de los uniformados".
En Santiago también se elevaron voces críticas. Las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de ex Presos Políticos, junto a la Secretaría de Derechos Humanos del Partido Socialista, presentaron una carta al presidente de la Corte Suprema solicitando que sea la justicia civil la que investigue. La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, señaló que las autoridades deben hacerse responsables de este hecho, "una manifestación de terrorismo de Estado".
¡NO MAS IMPUNIDAD!
Este fue el llamado de la madre del joven asesinado, Mónica Quezada, cuando dirigió unas dolidas palabras en una conferencia de prensa en el Hogar Pelontuwe, de Temuco. En la habitación donde se velaban los restos de su hijo, expresaba el dolor de su familia y el amargo sentimiento del pueblo mapuche. "Este dolor se acrecienta a cada instante, producto de la manera falaz con que algunas autoridades gubernamentales y Carabineros se refieren a los hechos y a la persona de nuestro querido Matías", señaló. "Como gente de bien, no hemos criado a un delincuente. Nos hemos esforzado, tal como nuestros padres con nosotros, para que nuestros hijos acojan valores tales como la solidaridad, el respeto por las demás personas, la justicia social y la tolerancia", agregó. En cuanto a las responsabilidades, Mónica Quezada no tuvo dudas en apuntar a Carabineros. "Los familiares de Matías tenemos la convicción de que el disparo criminal provino de Carabineros. No podemos hacer más que calificar dicha acción como un acto ruin y cobarde. Ruin porque se hizo uso desproporcionado de la fuerza contra un grupo de jóvenes mapuches, armados apenas con la fuerza de sus ideales. Nosotros y muchísimos más, sabemos cómo se denomina a aquellos que atacan por la espalda", subrayó. "No queremos más impunidad, no queremos más hijos muertos por una causa cuya legitimidad ha sido reconocida", finalizó.
No estuvo sola con su tristeza. Miles de mapuches y simpatizantes de la causa llegaron para rendir homenaje al joven mapuche en los dos días que se prolongó su velatorio. Allí llegó Sonia Saavedra, madre de Alex Lemún. "Vengo a acompañarla a ella, porque como madre siento todo el dolor que tiene", afirmó. La madre de Lemún efectuó un llamado a las autoridades: "Le digo al gobierno, a la presidenta Bachelet, que se ponga la mano en el corazón porque ella, como madre, debe sentir lo mismo que sentimos nosotros". Al velatorio llegó también el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de La Frontera y profesor de Matías, Aliro Contreras. Recordó al joven como "un estudiante muy comprometido con sus ideales y solidario". Cerca de dos mil personas despidieron a Matías en el Cementerio Parque del Sendero, de Temuco, lugar donde un círculo de seguridad a cargo de jóvenes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) impidió el acceso de la prensa, a objeto de resguardar el carácter tradicional y privado de la ceremonia. "Reivindicamos a Matías Catrileo Quezada como un digno weichafe de la causa mapuche. Junto a Alex Lemún se convierten en mártires gracias al accionar vil de Carabineros en los gobiernos de la Concertación. Los culpables operativos de este asesinato son las fuerzas represivas: sus responsables políticos son Felipe Harboe, Belisario Velasco y la presidenta Michelle Bachelet, quienes llevarán también la responsabilidad histórica de haber asesinado a un luchador de la justa causa mapuche por la recuperación de sus derechos", señaló al término de la ceremonia Oscar Ancatripay, vocero de la CAM.
A la salida del cementerio, la madre del joven Catrileo agradeció la masiva participación señalando que la ceremonia "estuvo cargada de amor y cariño". Entre los asistentes destacó Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara, militantes del MIR asesinados por Carabineros en 1985 en la Villa Francia, de Santiago. "Estoy aquí porque no podía dejar de venir al funeral de un muchacho de grandes valores al cual quitaron su vida en forma cobarde", dijo. Fernando Lira, vicepresidente del Partido Humanista, hizo un llamado a respetar la forma de vida del pueblo mapuche y alertó sobre la necesidad del diálogo político. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, también manifestó su solidaridad con la familia de Matías Catrileo.
ALLANAMIENTOS EN LA ZONA
El fundo Santa Margarita está en la comuna de Vilcún, unos 600 kilómetros al sur de Santiago. Es propiedad del agricultor Jorge Luchsinger. Desde el retorno de la democracia, el predio ha sido reivindicado por comunidades mapuches, quienes reclaman derechos ancestrales. En los últimos años, esta reclamación ha pasado a los hechos, registrándose numerosos intentos de ocupación y acciones directas contra instalaciones del empresario. A juicio del senador Alejandro Navarro, Jorge Luchsinger sólo habría cosechado "toda la odiosidad que sembró por años". Así lo señaló al apoyar una querella por "discurso odioso" contra el agricultor, presentada por un grupo de concejales mapuches en Temuco.
El concepto de "discurso odioso" está tipificado en la Ley de Prensa como el de toda persona que mediante sus dichos con publicidad fomente la hostilidad hacia cualquier etnia, raza o religión. "Los dichos los formuló Luchsinger en la revista Qué Pasa el año 2005, cuando manifestó que los mapuches eran ‘miserables, depredadores y sin capacidad intelectual’, repitiéndolos en los diarios tras el crimen del joven Matías Catrileo", detalló a Punto Final el abogado mapuche Richard Caifal, patrocinador de la acción legal y miembro de la Alianza Territorial Wenteche. Si bien Jorge Luchsinger lamentó lo sucedido al interior del fundo, no dudó en emplazar a la presidenta Bachelet a actuar con "mayor decisión frente a los terroristas", según declaró a El Austral de Temuco, satélite regional de la cadena El Mercurio.
El llamado a la "mano dura" de Luchsinger, cuando aún los restos del joven mapuche eran velados en Temuco, sería atendido con prontitud por La Moneda. Así lo corroboró un equipo del Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas, quienes, junto al párroco de Quepe, Fernando Díaz, visitaron las comunidades aledañas al fundo de Luchsinger al día siguiente del asesinato de Catrileo. Los observadores documentaron una serie de denuncias de comuneros cuyas viviendas fueron violentamente allanadas por Carabineros, sin orden judicial. Los comuneros denunciaron tratos abusivos y degradantes, destrozos en sus hogares y sembrados, así como la sustracción de bienes que les pertenecen. "Los allanamientos fueron realizados por contingentes policiales de hasta cien efectivos que se desplazaban en buses, tanquetas y helicópteros, con una violencia y desproporción manifiestas. En los operativos Carabineros uso epítetos racistas, tales como ‘entreguen a los indios delincuentes’, y otros", consigna el reporte.
Un caso documentado fue el de Héctor Canio Quidel, de la comunidad Mariano Lleuful. "Su morada fue allanada por un fuerte contingente de Carabineros en cuatro oportunidades en un día, desde las 9 am. hasta las 8 pm. En ninguna de esas oportunidades Carabineros mostró orden escrita para el allanamiento. El actuar de Carabineros fue brutal, ya que ingresaron a la vivienda derribando puertas, quebrando vidrios, dando vuelta todos los objetos, incluyendo una cama en que se encontraba durmiendo un niño. En la ocasión golpearon a su mujer, Inés Tralcal Llanquinao, derribándola de un puntapié. Lo mismo sucedió a su madre, la anciana Francisca Quidel Painemil", consigna.
Adela Marilaf y Arturo Tralcal denunciaron que un grupo aproximado de ochenta policías entró en su propiedad, a las 9 am. del mismo día, abriendo la puerta con violencia, registrando y realizando destrozos. La situación más grave fue vivida por sus padres, Mario Tralcal y Josefina Quidel, de cerca de setenta años. Su vivienda fue allanada violentamente, rompieron cercos, fueron amenazados con metralletas, empujados y violentados con insultos racistas. Destaca el reporte que Josefina Quidel padece cáncer, "habiendo sido operada hace un par de meses, cuestión que fue señalada a Carabineros sin que ello alterara en nada el proceder policial. En la vivienda se encontraba el nieto de ellos, Fabián Tralcal, de doce años, quien recibió una bofetada. Esta vivienda fue allanada en cuatro oportunidades durante ese día. Carabineros se llevó mochilas, bolsos y un cuchillo de caza, a pesar de los ruegos de los ancianos".
Otros operativos se registraron en la comunidad Juan de Dios Quidel Córdoba. José Tralcal Coche informa que su vivienda fue allanada por Carabineros, sin orden alguna, a las 9 am. "Su mujer, María Lleuful, fue tomada con violencia y recibió culatazos por la espalda. Carabineros entró a la morada en que aún dormían sus cuatro hijos, de 18 a cinco años de edad, y procedió a registrarla sin respeto alguno. Los niños fueron tratados brutalmente, obligándolos a identificarse. Carabineros destrozó los cercos del campo, ingresando al lugar con tanquetas que arrasaron los sembrados. Luego, durante ese día regresaron en cuatro oportunidades, hasta las 8 pm.", informó el Observatorio.
El Observatorio hizo un llamado al gobierno para que ponga término a estas actuaciones ilegales y violatorias de derechos humanos básicos. A juicio de la entidad, "tales actuaciones, lejos de contribuir a una convivencia pacífica en la Araucanía, incrementan la violencia que por largo tiempo ha existido en ella, y que en este caso -como en muchos otros- afecta a comunidades mapuches"
[En Temuco. Publicado en "Punto Final" Nº 655, 11 de enero, 2008]
* Periódico mapuche Azkintuwe
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