domingo, 27 de janeiro de 2008

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Presos políticos mapuches viven ''encadenados'' ante la persecusión del Gobierno chileno

TeleSUR/23 enero 2008

Luisa Calfunao, que se mantuvo 54 días en huelga de hambre luego de ser condenada a tres años de prisión por los supuestos delitos de “desórdenes en la vía pública” y “amenazas a carabineros en servicio”, permaneció encadenada desde octubre del año 2007 hasta enero de este 2008, casi cuatro meses.

Encadenados, recibiendo maltrato en hacinadas cárceles, los presos políticos mapuches viven bajo condiciones, a las que son sometidos por parte del Gobierno de Chile, que van desde la obligación de dormir a la interperie hasta la negación de servicios médicos.

Estas irregulares circunstancias, pese a que han sido denunciadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI) en 2007, continúan registrándose en la nación suramericana, en donde la población indígena ha debido soportar la represíón policial en las manifestaciones que realizan para clamar por sus derechos.

En una evidente violación de derechos humanos, Luisa Calfunao, que se mantuvo 54 días en huelga de hambre luego de ser condenada a tres años de prisión por los supuestos delitos de "desórdenes en la vía pública" y "amenazas a carabineros en servicio", permaneció encadenada desde octubre del año 2007 hasta enero de este 2008, casi cuatro meses, en la sección de psiquiatría del hospital de la localidad chilena de Temuco.

Calfunao debía permanecer las 24 horas con la cadena de tres kilos, que sólo le quitaban para bañarse.

En el hospital, era custodiada por cuatro efectivos del personal de prisiones. Debió convivir con pacientes psiquiátricos desde octubre del año 2007. Una vez dada de alta, fue regresada al anexo femenino de la cárcel de Temuko junto a su hermana Juana Calfunao.

El pueblo mapuche de Chile sigue siendo objeto de hostilidad y persecución, situaciones ante las que quienes se encuentran prisioneros optan por desarrollar huelgas de hambre para reclamar por la aplicación de la ley antiterrorista, legislación chilena que considera como terrorismo cualquier protesta pública.

Asimismo, esa legislación permite juzgar a los prisioneros mapuches como terroristas basándose en testimonios anónimos, algo que contraviene las convenciones internacionales ratificadas por Chile.

Entre otras violaciones contra los mapuches, que aún permanecen impunes, está la operación de allanamiento que llevaron a cabo los carabineros (policía) en 2006 sobre una comunidad indígena de Temucuicui, en la provincia chilena de Malleco, para buscar animales presuntamente robados.

Pese a que la comunidad mapuche negó haber robado los animales que buscaban los carabineros, aún no se ha abierto una investigación de los hechos en los que la policía empleó gases lacrimógenos, balas de goma y fuego real contra indígenas desarmados, donde además mujeres y menores fueron víctimas de malos tratos.

Más recientemente, el pasado 3 de enero en una ráfaga de subametralladoras, fue asesinado el joven mapuche Matías Catrileo por parte de carabineros de la policía militar chilena, durante una manifestación pacífica que realizaban los indígenas en reclamo de sus tierras ancestrales.

La bala perforó el pulmón izquierdo del estudiante mapuche, salió por el abdomen y alcanzó el dedo índice de la mano izquierda, según el peritaje del laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones.

Asimismo, el Gobierno chileno ha hecho caso omiso a la huela de hambre que ha sostenido la activista mapuche Patricia Troncoso, que ya llega a 104 días de ayuno, mediante la cual la prisionera exige la revisión del juicio que la condenó en 2005, junto a otros cuatro indígenas, a 10 años de cárcel y a pagar una indemnización equivalente a unos 800 mil dólares por presuntamente incendiar una hacienda forestal.

Pese a que un reciente informe médico confirmó que la activista mapuche se encuentra en progresivo y acelerado riesgo de muerte, tras el prolongado ayuno, el Gobierno chileno no ha anunciado ninguna medida al respecto, y en su lugar ordenó el traslado de Troncoso a un hospital de precarias condiciones en la comunidad de Chillán.

Al respecto, el padre de Patricia Troncoso, Roberto Troncoso, introdujo una demanda contra la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por el traslado ''ilegal'' de su hija al centro asistencial Chillán, situación que podría causarle la muerte.

La medida busca revertir el traslado de su hija desde el hospital de Temuco (al sur de Santiago) hacia otro centro de salud, pues esto "hace peligrar su vida", según explicó el abogado de la causa, Hugo Gutiérrez; sin embargo, no ha habido pronunciamiento gubernamental alguno al respecto.

En este sentido, cabe destacar que Chile es el único país en América Latina que no reconoce institucionalmente a los indígenas, al no haber otra nación en la región que se haya negado a incluir a los pueblos originarios en su Constitución y a firmar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ratifica los derechos indígenas.


md-Púlsar-Mapuexpress/ AV

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