[ADITAL] Agencia de Información Fray Tito para América Latina/8 noviembre 2007
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En la carta, las organizaciones condenan enérgicamente todas las formas de abuso, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas, incluyendo los prisioneros de guerra, en cualquier lugar que ocurran. Ellos reiteran también la obligación de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, incluyendo el derecho al desarrollo, "que son interdependientes e interrelacionados y cuya universalidad es incuestionable", según lo puesto en la Declaración de Jefes de Estado de Iberoamérica en Margarita, Venezuela, el 1997.
En las propuestas a los lideres, los manifestantes piden los jefes que "asuman el compromiso decidido de erradicar la tortura en los países latinoamericanos, promoviendo una legislación adecuada que sancione y prevenga la tortura, de acuerdo con los tratados y convenios internacionales que prohíben la tortura.
Otra propuesta es el cierre inmediato del cárcel de Guantánamo, donde, según ellos, se encuentran personas sometidas sistemáticamente a torturas físicas y psicológicas. Ellos piden que sean atendidos los llamados urgentes de instituciones como el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y los Relatores Especiales de Naciones Unidas contra la Tortura, la Independencia de Jueces y Abogados, la Libertad de Religión, el Derecho a la Salud Física y Mental y la Detención Arbitraria, quienes han recomendado reiteradamente que, debe "cerrarse inmediatamente el Centro de Detención de Guantánamo".
Las organizaciones solicitan también que se incluya en la Declaración final de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno una condena a la practica de tortura, un compromiso expreso de erradicarla del continente y de sancionar a todas las personas responsables de estos crímenes, así como la constitución de programas de prevención de este flagelo y de rehabilitación y compensación a las víctimas, sus familias y comunidades.
Para los firmantes de la carta, estos abusos constituyen crímenes internacionales de "lesa humanidad" contrarios al derecho internacional, que tienen importantes repercusiones en la familia de la víctima y su comunidad, lo que incide negativamente en el desarrollo humano y en la cohesión social.
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