Sucre, Bolivia, 25 noviembre 2007 (PL/ABI) - La aprobación en la Asamblea Constituyente de la estructura general de una nueva Constitución Política del Estado (CPE), coloca hoy a Bolivia a las puertas de una reivindicación histórica: la refundación nacional.
La más reciente decisión de ese foro deliberativo, instalado el 6 de agosto de 2006, sobrevino la víspera en medio de enfrentamientos entre la policía y universitarios de la ciudad de Sucre alentados por los enemigos del cambio, de acuerdo con el gobierno.
Los 139 delegados presentes homologaron la estructura del futuro texto constitucional, el cual a partir de próximas plenarias -en fecha aún por precisar- será discutido capítulo a capítulo.
En esa plenaria, tras tres meses de receso, los delegados aprobaron por mayoría también una iniciativa de los constituyentes del departamento de Chuquisaca para debatir el asunto de la "capitalidad plena", como llaman al reclamo de la ciudad de Sucre por la sede de todos los poderes del Estado.
La Asamblea ratificó el informe de 15 de 21 comisiones, entre ellas Visión de País, que defiende la idea de un estado plurinacional y comunitario.
Dicho grupo de trabajo fue el primero en exponer su propuesta, piedra fundacional de la ley de leyes a presentarse antes del 14 de diciembre próximo, cuando expira la vigencia del ente deliberativo.
Según la norma, Bolivia es nación libre, independiente, soberana, democrática, social, descentralizada y con autonomías territoriales.
El Estado se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, agrega ese texto.
La oposición rechaza esta iniciativa,que aboga además por el reconocimiento alos derechos colectivos: identidad cultural, autodeterminación, autogobierno, autogestión y territorialidad.
Asimismo, el proyecto del nuevo estado aprecia el poder social como un mecanismo de control integrado por representantes de movimientos de todo el país y en lo económico impulsa una redistribución equitativa.
Entre otros, la Asamblea aprobó los informes de las comisiones de Coca, la de Desarrollo Económico y Finanzas, Fronteras Internacionales y la de Seguridad y Defensa Nacional. También ratificó las conclusiones de los grupos de trabajo sobre Recursos Renovables y Tierra- Territorio, así como Desarrollo Integral y Amazónico.
Los debates de la Asamblea transcurrieron en medio de violentos enfrentamientos en las afueras del Castillo La Glorieta (Liceo Militar) -nueva sede del foro-, con saldo de tres muertos, según informes preliminares.
Por su parte, el gobierno boliviano catalogó como histórica la aprobación en su conjunto de la nueva carta magna, aunque lamentó las trágicas secuelas de los choques en Sucre.
Según explicó a Prensa Latina el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la labor del foro transcurrió a pesar de constantes ataques de la oligarquía y de sectores opuestos a las transformaciones impulsadas por el presidente Evo Morales.
Quintana acusó a la agrupación Poder Democrático Social (PODEMOS) de incitar la violencia, entre otras maniobras, para entorpecer y clausurar la Asamblea, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Bolivia.
La más reciente decisión de ese foro deliberativo, instalado el 6 de agosto de 2006, sobrevino la víspera en medio de enfrentamientos entre la policía y universitarios de la ciudad de Sucre alentados por los enemigos del cambio, de acuerdo con el gobierno.
Los 139 delegados presentes homologaron la estructura del futuro texto constitucional, el cual a partir de próximas plenarias -en fecha aún por precisar- será discutido capítulo a capítulo.
En esa plenaria, tras tres meses de receso, los delegados aprobaron por mayoría también una iniciativa de los constituyentes del departamento de Chuquisaca para debatir el asunto de la "capitalidad plena", como llaman al reclamo de la ciudad de Sucre por la sede de todos los poderes del Estado.
La Asamblea ratificó el informe de 15 de 21 comisiones, entre ellas Visión de País, que defiende la idea de un estado plurinacional y comunitario.
Dicho grupo de trabajo fue el primero en exponer su propuesta, piedra fundacional de la ley de leyes a presentarse antes del 14 de diciembre próximo, cuando expira la vigencia del ente deliberativo.
Según la norma, Bolivia es nación libre, independiente, soberana, democrática, social, descentralizada y con autonomías territoriales.
El Estado se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, agrega ese texto.
La oposición rechaza esta iniciativa,que aboga además por el reconocimiento alos derechos colectivos: identidad cultural, autodeterminación, autogobierno, autogestión y territorialidad.
Asimismo, el proyecto del nuevo estado aprecia el poder social como un mecanismo de control integrado por representantes de movimientos de todo el país y en lo económico impulsa una redistribución equitativa.
Entre otros, la Asamblea aprobó los informes de las comisiones de Coca, la de Desarrollo Económico y Finanzas, Fronteras Internacionales y la de Seguridad y Defensa Nacional. También ratificó las conclusiones de los grupos de trabajo sobre Recursos Renovables y Tierra- Territorio, así como Desarrollo Integral y Amazónico.
Los debates de la Asamblea transcurrieron en medio de violentos enfrentamientos en las afueras del Castillo La Glorieta (Liceo Militar) -nueva sede del foro-, con saldo de tres muertos, según informes preliminares.
Por su parte, el gobierno boliviano catalogó como histórica la aprobación en su conjunto de la nueva carta magna, aunque lamentó las trágicas secuelas de los choques en Sucre.
Según explicó a Prensa Latina el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la labor del foro transcurrió a pesar de constantes ataques de la oligarquía y de sectores opuestos a las transformaciones impulsadas por el presidente Evo Morales.
Quintana acusó a la agrupación Poder Democrático Social (PODEMOS) de incitar la violencia, entre otras maniobras, para entorpecer y clausurar la Asamblea, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Bolivia.
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