Montevideo, 14 nov (PL) La solicitud de procesamiento al ex dictador Gregorio Alvarez sienta un precedente en la jurisprudencia uruguaya: por primera vez en la historia del país se utilizó la figura de desaparición forzada.
El hecho ocurrió la víspera, cuando la fiscal penal Mirtha Guianze pidió que el teniente general (r) Alvarez sea procesado con prisión por su responsabilidad en la causa que indaga varios traslados clandestinos de presos políticos desde Argentina en 1978.
Para hacerlo, Guianze usó la figura de desaparición forzada, incluida en el Código Penal a fines del 2006 por pertenecer a la ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, que intenta prevenir o actuar en casos de genocidio, crimen de guerra o delitos de lesa humanidad.
Según el abogado Oscar López Goldaracena, quien presentó la denuncia que sustentó el dictamen fiscal, "es en el marco de un genocidio que se procesa por desaparición forzada".
La norma establece que incurre en ese delito quien siendo agente del Estado o sin serlo, pero con autorización o apoyo de agentes del Estado, priva de libertad a una persona y se niega a brindar informar sobre ello o acerca del paradero o la suerte de la persona privada de libertad.
También, quien omita y niegue información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte.
Alvarez asumió la comandancia del Ejército uruguayo el 1 de febrero de 1978 y se mantuvo justo un año en el cargo, por lo que para la fiscal no hay dudas de que conoció de los citados traslados clandestinos.
Siendo jefe de esa fuerza, el 3 de marzo de 1978 firmó una resolución en la cual impedía "fijar forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión".
Algo así como una patente para torturar, asesinar y hacer desaparecer a quien molestara al régimen, dicen los uruguayos.
Alvarez, al menos entonces, asumía lo que fuera, pues la resolución expresaba que si al Ejército se la adjudicaba una actividad reñida con los derechos humanos, "el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden (...) por su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto".
Ahora, empero, el ex dictador (1981-1985) niega tener siquiera conocimiento sobre los traslados de presos políticos desde Argentina.
Ayer, rompiendo su mutismo ante la prensa, permitió al menos que se le preguntara al respecto. Pero su respuesta no arrojó luz alguna sobre el asunto: "¿Dice usted que hubo aviones clandestinos?", preguntó.
Las indagaciones del caso buscan esclarecer el destino de unos 40 uruguayos detenidos en Argentina que habrían sido ingresados a Uruguay en forma clandestina en cinco o seis traslados realizados por tierra, cielo y agua y que todavía están desaparecidos.
El delito de desaparición forzada se castiga con penas de dos a 25 años y no prescribe mientras no se establezca el destino de la víctima.
Aunque el contenido del pronunciamiento de la fiscal se mantendrá bajo reserva hasta que el juez Luís Charles notifique a la defensa, en el caso de Alvarez se apuntaría a su "responsabilidad cupular" como jefe del Ejército en la época en que fueron realizados los traslados clandestinos.
Aparte de él, la solicitud de Guianze alcanza a los ex oficiales de la Armada Juan Carlos Larcebeau y Jorge Tróccoli, quienes actuaron en Argentina en 1978.
Larcebeau reconoció haber viajado a Buenos Aires para participar en interrogatorios a presos políticos.
Tróccoli admitió haber operado en Buenos Aires, pero dijo que su actuación estuvo vinculada a una base naval ubicada en Bahía Blanca, donde según se ha denunciado funcionó un centro de torturas clandestino.
El juez Charles dispone de un plazo de 45 días para resolver si la solicitud de la fiscal Guianze tiene lugar o no, pero según fuentes judiciales y medios de prensa locales el magistrado no precisará tanto tiempo para pronunciarse.
Con lo que -aseguran- el ex dictador "tiene un pie en la calle y el otro tras las rejas".
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