Durante su intervención en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Piedad Córdoba reiteró la necesidad de que su país busque una salida humanizada al conflicto armado...
19 octubre 2010/TeleSUR http://www.telesurtv.net
La senadora liberal colombiana, Piedad Córdoba, reiteróla necesidad de una salida humanizada al conflicto armado que se desarrolla en la nación suramericana, el cual ha sido factor desestabilizador y de aislamiento de la región.
Córdoba, durante su participación en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), que se celebró en Buenos Aires, la capital argentina, sostuvo que "Colombia no puede ser un vecino incómodo para todos. Si no resuelve su conflicto, éste será usado para satanizar a todos, a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia"
"Que el mundo no nos deje solos", expresó la senadora colombiana, quien además ejerce la vicepresidencia de la Copppal.
Además denunció la persecución y el calificativo de terroristas que pasan a tener todas aquellas personas que sugieran y luchen por una salida pacífica y humanitaria al conflicto armado en su país.
"Todos los que hablamos de esto pasamos a ser terroristas, por obra de algunos personajes. Hay una estrategia mediática para mostrar que nosotros somos los peligrosos. Estuve 20 años en el Congreso sin una sola denuncia, y ahora soy la peor", enfatizó la senadora.
Así se refirió a la resolución de la Procuraduría de su país, en septiembre pasado, que la inhabilita por 18 años para ejercer cargos políticos por, supuestamente, mantener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Consideró que esa medida representa ''una amenaza muy fuerte para quienes procuran escenarios de paz" en Colombia.
Agregó que, pese a la injusta resolución de la Procuraduría, es necesario "no perder tiempo en discutir pruebas inexistentes".
Según la Procuraduría colombiana, Córdoba "colaboró y promovió a las FARC durante el período comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de 2007, así como en momentos anteriores y posteriores a los años 2007, 2008 y 2010".
Sobre estas imputaciones, la senadora afirmó que la investigación que realizó la Procuraduría para levantar la sanción no tiene respaldo probatorio ni mérito jurídico. Agregó que fue acreditada por el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002- 2010) para mediar con las FAR la liberación de algunos retenidos por ese grupo insurgente.
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