26/07/2019, Rebelión (México)
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=258668
CELAG
La reedición de la alianza
antiterrorista entre un grupo de países de la región con EE. UU. es un episodio
más de su política exterior de alineamiento incondicional y entrega de su soberanía.
En la última Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el
Terrorismo, realizada en Buenos Aires con la presencia del secretario de Estado
de EE. UU. y la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental,
Kimberly Breier, se constituyó una alianza para combatir la “actividad ilícita”
en la región y sus vínculos con el terrorismo, que identifica a Irán y a la
organización islamista libanesa Hezbolá como principales amenazas. La alianza
está integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y EE. UU., y se irá concretando
a través de reuniones semestrales entre las cancillerías que tendrán su primer
encuentro en Paraguay antes de finalizar el año.[1]
La “nueva” alianza conformada por los tres países conosureños y EE. UU.
aparece como la reedición del Grupo 3 + 1, lanzado en 2002 para
fomentar la
mutua colaboración, el intercambio de información y la mejora de la eficiencia
en la lucha contra las actividades ilegales y el terrorismo en la zona de la
Triple Frontera –emprendimiento que quedó al margen con los gobiernos de Lula
Da Silva y Néstor Kirchner. Sin embargo, la actual coyuntura política de
sintonía entre Mauricio Macri, Jair Bolsonaro y Mario Abdo proporciona un
ambiente favorable para la reedición de la cooperación regional en antiterrorismo
supervisada por EE. UU.
La relevancia de esta liga antiterrorista puede comprenderse en virtud
de: 1) el rol (definición) del terrorismo en la agenda de política exterior
estadounidense; 2) los lineamientos de seguridad hemisférica asociados a
determinados objetivos geopolíticos, intereses comerciales y financieros de EE.
UU.; 3) el giro antiterrorista en las políticas de gobiernos de derecha
regional y; 4) el timing de la agenda electoral, tanto en estos países
como en EE. UU.
Este tipo de alianzas permite a EE. UU. ir consolidando centros de
gravedad puntuales que le otorgan relaciones privilegiadas con estos gobiernos,
no sólo en términos militares y de seguridad (que es lo inmediatamente
visible), sino alianzas políticas, comerciales y financieras que, a su vez,
garantizan el acceso a recursos estratégicos. Esta es una construcción clave
para un escenario de disputa con otras potencias a nivel mundial y en una
América Latina que ha sido históricamente considerada un territorio del área de
influencia de EE. UU., y hasta como parte del mismo.
Terrorismo: el enemigo all inclusive
A partir de la implosión de las Torres Gemelas en EE. UU. el 11 de
septiembre de 2001, hubo un cambio en el paradigma de seguridad estadounidense,
centrado en un nuevo enemigo: el terrorismo global [2]. Esa doctrina se
extendió a nivel mundial, incluido el “Hemisferio Occidental”. En ese entonces,
el Gobierno de George W. Bush declaró una guerra global contra el terrorismo y
autorizó la intervención militar directa en Irak. La presencia estadounidense
en Medio Oriente con diferentes tipos de guerra (económica, financiera,
psicológica, militar de baja intensidad, etc.) es un hecho desde entonces, y
con el Gobierno de Donald Trump se exacerba (en medio de un escenario geopolítico
en el que EE. UU. va perdiendo hegemonía frente a China y Rusia).
La guerra contra el terrorismo tiene un rol protagónico en la actual
gestión de Trump, como pieza clave del “América Primero”, relato amplificado de
cara a próximas elecciones en EE. UU. El aumento de las tensiones con Irán (la
salida del acuerdo antinuclear y el recrudecimiento de las sanciones
económicas, así como la aplicación de “sanciones inteligentes” contra el
principal mandatario del país) se enmarcan en esa línea de política exterior.
De hecho, en octubre de 2018, el Gobierno de Trump lanzó una “Estrategia
Nacional Anti-Terrorista” (similar a las doctrinas de la era Bush hijo) donde
se vuelve a definir al terrorismo como amenaza crucial a la seguridad de EE.
UU. y al “Modo de Vida Americano”.[3] Dicha estrategia plantea la necesidad de
trabajar con aliados para combatir “el terrorismo radical islámico” y el
“terrorismo iraní”. Se advierte un escenario de “terrorismo crecientemente
complejo, con diversos enemigos que utilizan nuevas tecnologías y tácticas para
avanzar en sus agendas”. Esta ampliación (al infinito) del enemigo terrorista
incluye: otras formas de extremismo violento (diferentes a la “ideología
islámica) –léase, todo aquello que sea definido como acción política violenta o
extrema según la Administración Trump; extremismo del derecho animal;
extremismo ambientalista; extremismo de la soberanía ciudadana; extremismo
militar. A su vez, este enemigo cada vez más complejo y difuso habilita o
legitima nuevas formas de guerra para aniquilarlo: guerras híbridas y nuevas
tecnologías de guerra cibernética para acabar con “el mal”. Como se enuncia
aquí, estas nuevas guerras involucran intereses geopolíticos y negocios
millonarios que otorgan una dimensión material clara al discurso
antiterrorista.
Triple Frontera: espacio geopolítico clave
La Triple Frontera es una posición estratégica fundamental en lo que se
refiere al acceso a recursos naturales. Es puerta de entrada al Acuífero
Guaraní, cercana a los yacimientos de gas bolivianos, a los minerales de la
cordillera de los Andes y a la cuenca amazónica. Asimismo, la injerencia
estadounidense en esta zona, principalmente a partir del territorio paraguayo,
estuvo orientada en las últimas décadas a desactivar cualquier proyecto en la
subregión que prescinda de la mediación estadounidense.
El terrorismo como amenaza a la seguridad (en la Triple Frontera así
como en América Latina) deriva de la Doctrina de Seguridad Hemisférica
estadounidense. De hecho, este “enemigo” aparece ya en documentos estratégicos
de EE. UU. desde la década de los ’90, a partir de los atentados contra la
embajada israelí en Buenos Aires (1992) y a la Asociación Mutual Judía
Argentina (AMIA, 1994). En el contexto post Torres Gemelas, se fortalece la
hipótesis de que existen células terroristas “dormidas” de origen islámico y de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este contexto,
Paraguay se ha configurado como epicentro de la militarización estadounidense
en el Cono Sur [4] y año tras año se ha registrado una contundente presencia
militar estadounidense (directa o vía militares colombianos) en territorio
paraguayo. A partir del 2008 se agrega la“amenaza” de un nuevo grupo catalogado
como terrorismo interno, el EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), que actuaría
en la zona norte del país.[5]
Políticas antiterroristas recargadas
La Triple Frontera es señalada como zona problemática en los informes
anuales sobre terrorismo por país elaborados por el Departamento de Estado de
EE. UU., que lidera la “reorganización” en la seguridad de esa área como si
fuera su propio territorio, y que puede constatarse en los “avances” realizados
en conjunto con fuerzas de seguridad de los tres países que comparten la
frontera [6]:
·
El Gobierno de Argentina estableció una Fuerza de Tarea contra los
Estupefacientes en la provincia de Salta, compuesta por los cuatro organismos
federales de aplicación de la ley y las fuerzas provinciales del país. Como
resultado de su éxito se creó un segundo grupo de trabajo enfocado en las
provincias del noreste, que cubren el área de la Triple Frontera entre
Argentina, Paraguay y Brasil.
·
Se realizó en junio de 2017 una misión de investigación para reunir
información sobre actividades financieras y riesgos de financiamiento ilícito
en el área de la Triple Frontera. Este fue un proyecto conjunto con el
Departamento del Tesoro de EE. UU., las unidades de inteligencia financiera
argentina, brasileña y paraguaya, y los bancos centrales de Argentina y
Paraguay.
·
En febrero de 2017, Argentina organizó un taller sobre la lucha contra
los grupos terroristas transnacionales en la zona de la Triple Frontera. La
conferencia fue organizada por la Agencia de Inteligencia Federal de Argentina
con el patrocinio de los departamentos de Estado y de Justicia de los EE. UU. e
incluyó a fiscales, jueces, investigadores de la ley, funcionarios de
inteligencia financiera y funcionarios de inteligencia de la región.
·
El mismo informe del Departamento de Estado de EE. UU. destaca las
novedades en Argentina, Paraguay y Brasil en cuestiones relacionadas con el
terrorismo:[7]
Argentina
·
Argentina redefine su estrategia de contraterrorismo con un enfoque en
sus remotas fronteras norte y noreste, que incluyen el área de la Triple
Frontera.
·
El Gobierno de Argentina propuso cambios en el Código Penal para
reformar su marco legal antiterrorista. La legislación propuesta incluiría
reformas al sistema penal, un nuevo enfoque para combatir el financiamiento del
terrorismo y una modernización de las capacidades de seguridad e inteligencia.
·
El bombardeo de la AMIA de 1994 se mantuvo en las noticias y generó una
propuesta por separado para reformar el Código Penal incorporando los juicios
en ausencia como un mecanismo para procesar a los fugitivos. En diciembre de
2017, un juez federal argentino emitió órdenes de detención preventiva para la
expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios exasociados acusados de
traición por, supuestamente, encubrir la participación de Irán en el ataque de
la AMIA.
·
El Ministerio de Seguridad argentino “mejoró” su capacidad de aplicación
de la ley en los puertos de entrada de alto riesgo a lo largo de la frontera
norte. Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los EE. UU. y el Programa de
Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza (EXBS) del Departamento de
Estado contribuyeron a estos esfuerzos mediante la donación de kits de
inspección de contrabando a los funcionarios de Aduanas de Argentina en los
puertos de Posadas, Aguas Blancas y La Quiaca.
·
Oficiales de la Gendarmería Nacional y de Aduanas se unieron a sus
homólogos brasileños en un Seminario Internacional de Interdicción de Fronteras
patrocinado por CBP y EXBS.
·
A partir del acuerdo de Prevención y Combate a Delitos Graves firmado en
2016 por el Ministerio de Seguridad argentino y los departamentos de Justicia y
Seguridad Nacional de EE. UU., las fuerzas de seguridad federales argentinas
trabajaron para incorporar datos biométricos en la lucha contra el terrorismo
internacional y el crimen transnacional.
·
El Ministerio de Seguridad e Investigaciones de Seguridad Nacional fue
coanfitrión del primer Seminario de Investigaciones Financieras Transnacionales
del país, al que asistieron 50 participantes de más de una docena de agencias
argentinas encargadas de hacer cumplir la ley, seguridad fronteriza y fiscal
que participan en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del
terrorismo.
Brasil
·
La Policía Federal, la principal agencia de contraterrorismo de Brasil,
trabajó en estrecha colaboración con EE. UU. para evaluar y mitigar posibles
amenazas terroristas.
·
El Gobierno brasileño continuó apoyando las actividades de
contraterrorismo, que incluían asistencia técnica de terceros países para
controlar tecnologías sensibles e investigar documentos de viaje fraudulentos.
·
El 4 de mayo de 2017, Brasil aplicó por primera vez la Ley 13.260 contra
el terrorismo, sentenciando a ocho ciudadanos brasileños a entre cinco y 15
años de prisión por “promover el ISIS y los actos terroristas” a través de las
redes sociales. Las condenas se relacionaron con la Operación Hashtag de 2016,
que desmanteló una red pro-ISIS en línea antes de los Juegos Olímpicos.
·
En septiembre de 2017, Brasil organizó un evento de capacitación
internacional OEA-CICTE enfocado en prevenir el uso ilegal y terrorista de
internet en Sao Paulo.
Paraguay
·
El gobierno paraguayo siguió implementando una ley de 2013 que permite
el despliegue doméstico de los militares para contrarrestar amenazas internas o
externas.
·
La Secretaría de la Policía Nacional de Paraguay (PNP) para la
Prevención e Investigación del Terrorismo se encarga oficialmente de las
funciones de contraterrorismo, aunque otras unidades y agencias de la PNP, como
la Secretaría Antidrogas, también trabajan en estos casos, particularmente
cuando se relaciona con el narcotráfico. Las fuerzas militares y los oficiales
de policía continuaron operando conjuntamente en San Pedro, Concepción y
Amambay contra el EPP, con escaso éxito.
·
Con la ayuda de sus homólogos estadounidenses, los agentes de la ley
paraguayos arrestaron a múltiples sospechosos vinculados con Hezbolá, en el
área de Ciudad del Este, que estaban involucrados en actividades de lavado de
dinero y tráfico de drogas, algunos con vínculos en los EE. UU.
El timing político: Macri y su alianza con los EE. UU. de Trump
La alianza antitierrorista es, también, tema privilegiado de campaña
electoral a favor de la gestión actual del PRO en Argentina, puesto que se
conformó un día después del aniversario número 25 del atentado contra la Mutual
Judía AMIA, hecho asociado, a su vez, al “asesinato” del fiscal Alberto Nisman
a inicios del 2015.
Durante la reunión en Buenos Aires, Mike Pompeo destacó que ofrecerán
una recompensa de 7 millones de dólares por “información que pueda ayudar a la
identificación y arresto” de Salman Raouf Salman, considerado como uno de los
organizadores del ataque contra la Mutual Judía. El atentado a la AMIA está
asociado al “asesinato” de Nisman en enero de 2015, caso judicial clave durante
la campaña presidencial de ese año, jugando claramente en contra de la
continuidad del proyecto kirchnerista.[8] Inmediatamente se asoció este
asesinato al acercamiento entre el Gobierno de Cristina Kirchner con Irán
(aduciendo que la expresidenta intentó deliberadamente encubrir a iraníes
implicados en el atentado). En su momento, un reconocido especialista en
relaciones exteriores de Argentina afirmó: “No existen evidencias de que Irán
haya sido responsable de ninguno de los dos grandes atentados terroristas
perpetrados en la Argentina. Sin embargo, la prioridad norteamericana e israelí
era desprestigiar y aislar al régimen de Teherán. Descubrir la verdad les
importaba poco y nada”.[9]
Hace un par de semanas el candidato a presidente, Alberto Fernández,
tuvo que ir a declarar a Tribunales por esta causa: aunque él no está
directamente implicado, en la opinión pública se instala la vinculación
CFK-Nisman-Alberto Fernández. Así, una vez más, como reza uno de los periódicos
más leídos “la campaña presidencial argentina se disputa también en los
tribunales”[10], con el aditivo de la presencia indirecta estadounidense.
De este modo, la alianza antiterrorista es parte de la campaña por la
Presidencia en Argentina, en la que el oficialismo no tiene reparos en aclarar
que las relaciones con los EE. UU.(¡de Trump!) son cada vez más estrechas:
desde un salvataje económico del Fondo Monetario Internacional (donde EE. UU.
es el principal decisor y acreedor) hasta la apertura a empresas
estadounidenses (Vaca Muerta así lo demuestra) y los múltiples acuerdos en
seguridad.[11] Tal como lo declarara el canciller Jorge Faurie: “Hemos repasado
nuestro diálogo como dos países amigos. Argentina ha recibido tremendo apoyo
del Gobierno de EE. UU. y del presidente Trump en tiempos de dificultades
financieras”.[12]
Notas:
[2] El terrorismo ya formaba parte de las amenazas a la seguridad
nacional de EE. UU. desde finales de la década de los ’70 y, particularmente, a
partir de la implosión de la Unión Soviética y la definición de las nuevas
amenazas planteadas por organismos como la Comisión Trilateral.
Fuente: http://www.celag.org/la-liga-antiterrorista-del-sur-y-la-geopolitica-de-la-triple-frontera/
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