terça-feira, 23 de julho de 2019

Abya Yala*/“Operación Cóndor”: Bajo justicia histórica


22/07/2019, Firmas Selectas de Prensa Latina  (Cuba) https://firmas.prensa-latina.cu/index.php?opcion=ver-article&cat=P&authorID=129&articleID=2719&SEO=paz-y-mino-cepeda-juan-jose-operacion-condor-bajo-justicia-historica

Por Juan J. Paz y Miño Cepeda*
Historiador y analista ecuatoriano.

Especial para Firmas Selectas de Prensa Latina

La noticia es de la semana pasada (julio/2019): la Corte de Apelaciones de Roma, Italia, condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas militares y represores de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú, comprometidos directamente en la “Operación Cóndor”.  Entre los condenados están los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez, Rafael Ahumada Valderrama, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan; los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez.

La Operación Cóndor dejó un saldo conocido de 50 mil muertos, 39 mil desaparecidos, y unos 400 mil presos, crímenes de lesa humanidad y verdaderos genocidios por odio político, como revelan documentos desclasificados de la CIA y los “archivos del terror” descubiertos en Paraguay.

A ellos se suman los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada, Germán Ruiz y Martín Martínez Garay; y los uruguayos Jorge Troccoli, Juan Carlos Blanco,
Ricardo Eliseo Chávez, Pedro Mato Narbondo, Juan Carlos Larcebeau, José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez. Otros acusados, como los fallecidos dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, de Argentina, no lograron tener una sentencia formal, por algunas trabas en el proceso.

Hoy se conoce  la “Operación Cóndor” por los documentos desclasificados de la CIA y otras referencias, como los “archivos del terror” descubiertos en Paraguay. A partir de 1973 cuando se derrocó al presidente Salvador Allende (1970-1973), por las gestiones de Manuel Contreras, jefe de la Inteligencia chilena, se logró armar el Plan Cóndor con la internacional dictatorial en el Cono Sur latinoamericano, constituida por los gobernantes Augusto Pinochet (Chile), Hugo Bánzer (Bolivia), Alfredo Stroessner (Paraguay) Joao Figueredo (Brasil), Jorge Rafael Videla (Argentina) y el civil Juan María Bodaberry (Uruguay), manejado por los militares. El propósito del plan fue perseguir y desaparecer a los “marxistas”, “comunistas” y líderes “izquierdistas” en todos los países.

¿Por qué los militares se involucraron en una guerra sucia que apuntaló a los Estados terroristas levantados en la década de 1970? La explicación tiene raíz histórica.

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), al desatarse la “guerra fría” y en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947), las fuerzas armadas de los países latinoamericanos progresivamente fueron entrenadas y preparadas por los EE.UU. para “colaborar” y frenar cualquier avance “comunista” en la región, a través de becas para oficiales, visitas técnicas y pasantías en distintas bases o centros militares.

El más famoso fue el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, conocido también como “Escuela de las Américas”, donde se graduaron más  de 60 mil militares y policías latinoamericanos, algunos de los cuales han recibido la condena italiana.

La Revolución Cubana de 1959 aceleró la preparación de las fuerzas armadas latinoamericanas para el enfrentamiento y liquidación de las “guerrillas”, que en la década de 1960 surgieron en varios países, sobre la base de intentar reproducir el camino cubano. El “comunismo” pasó a ser el enemigo a derrotar en todo el continente y se volvieron “sospechosos” una amplia gama de sectores: militantes de los partidos de izquierda, intelectuales marxistas, académicos críticos, profesionales reformistas, sindicalistas, líderes campesinos e indígenas, dirigentes populares, estudiantes, activistas y ciudadanos con alguna conciencia social.

Es increíble la cantidad de recursos empleados durante años para las labores de “inteligencia” a cargo de militares y policías, movilizados por los hilos ocultos de la CIA, el Pentágono y las estrategias imperialistas. También se generalizó en América Latina la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, originada en institutos militares del Brasil. De acuerdo con ella, además de los posibles enemigos externos, había en los países, ante todo, “enemigos internos” a quienes era necesario liquidar. Y resultó que casi los únicos enemigos de semejante importancia eran los “comunistas” e “izquierdistas” de todo tipo.

Dictaduras guiadas por militares anticomunistas educados en la ideología de la seguridad americanista, hicieron de las suyas: la Operación Cóndor dejó un saldo conocido de 50 mil muertos, 39 mil desaparecidos, y unos 400 mil presos. Se trató de crímenes de lesa humanidad y verdaderos genocidios por odio político. Los gobernantes militares que implantaron el terrorismo de Estado, creían realizar una labor protectora, de seguridad, y salvadora de lo que ellos consideraban la “libertad” y la “democracia” que, paradójicamente, quedaban destruidas.

Pero hay otro elemento adicional a considerar: las dictaduras terroristas del Cono Sur contaron con el respaldo de las burguesías nacionales que, como en el caso de Chile, evidenciaron igualmente su conciencia genocida. La dictadura pinochetista operó, en esencia, a su favor, exterminando “comunistas” y edificando un país capitalista y neoliberal, que se convirtió en ejemplo “exitoso” de modernización económica y en ideal para las burguesías de otros países latinoamericanos.

Contrariando lo que ocurría en el Cono Sur, en Ecuador la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) no fue, propiamente, “anticomunista”, como lo había sido la Junta Militar (1963-1966) una década atrás. Ejecutó un proyecto reformista, desarrollista y hasta “populista”, que pretendió seguir el ejemplo del gobierno “socialista” de Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-1975).

El Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979) que le sucedió quiso inscribirse bajo el “ejemplo” pinochetista chileno, algo que felizmente para los ecuatorianos no se logró, aunque el “Plan Cóndor” sí llegó al país. La muerte del presidente Jaime Roldós (1979-1981) en un accidente de aviación que nunca quedó bien esclarecido, ha convencido a investigadores, como el intelectual Jaime Galarza Zabala, que se trató de un asesinato orquestado en el marco del Plan Cóndor.

Pero hay otro régimen que tiene su propio lugar histórico en el anticomunismo de la misma época: se trata del gobierno del empresario y millonario guayaquileño León Febres Cordero (1984-1988), quien fuera auspiciado por el Partido Social Cristiano y las derechas políticas de entonces. Durante ese mandato se impuso, con arbitrariedad, autoritarismo y represión, el modelo empresarial inspirado en el neoliberalismo, que sirvió de base a los sucesivos gobiernos ecuatorianos hasta 2006. Bajo pretexto de combatir al movimiento armado “Alfaro vive, carajo” (AVC), la persecución a todo izquierdismo formó parte de las políticas de Estado.

En la historia contemporánea de América Latina las izquierdas siempre representan un “peligro” para el capitalismo como sistema y sus beneficiarias: las fuerzas económicas y políticas.

Dos décadas después, en enero de 2008, el presidente Rafael Correa (2007-2017), mediante decreto, conformó la “Comisión de la Verdad” para investigar las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen febrescorderista.

Estuvo integrada por cuatro miembros: el sacerdote Luis Alberto Luna Tobar, la defensora de derechos humanos Elsie Monge, el padre de dos jóvenes asesinados en aquella época, Pedro Restrepo, y como presidente de la misma, un reconocido jurisconsulto, Julio César Trujillo, quien hasta hace poco presidió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T) que impuso los cambios institucionales del Ecuador actual cumpliendo las consignas de la “descorreización” del país.

Trujillo, quien falleció en mayo del presente año, ha pasado a ser considerado por los círculos políticos e intelectuales del anticorreísmo, como un ejemplo de virtudes, un respaldo moral de la nación y un hombre digno de los altares por su ética política. Así lo han dicho y sobre él han escrito múltiples editorialistas que recuerdan su figura y su papel en la CPCCS-T. Con esos antecedentes nadie dudará del Informe que elevó en 2010 como miembro y presidente de la Comisión de la Verdad.

Dicho Informe consta de cinco tomos. Examinó violaciones a los derechos humanos producidas en un amplio período ubicado entre 1984 y 2008, que incluyen privación ilegal de la libertad personal, tortura, desapariciones forzadas, atentados contra el derecho a la vida, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, discriminación, arbitrariedades en la lucha contra el “terrorismo”. Concluyó que el 68% de las víctimas de semejantes violaciones se produjo en apenas cuatro años, entre 1984-1988; y señaló, en forma contundente y clara: “la Comisión de la Verdad confirmó que se cometieron delitos de Lesa Humanidad durante el gobierno de León Febres Cordero”.

Como puede comprenderse, en la historia contemporánea de América Latina han sido las izquierdas las que han sufrido el peso central de la persecución y las violaciones a los derechos humanos. Siempre representan un “peligro” para el capitalismo como sistema y para las fuerzas económicas y políticas que son sus beneficiarias. A pesar de ello, los procesos históricos de la actualidad también tienen sus momentos de reacción frente a los atentados contra los seres humanos. De modo que las sentencias en Italia o la verdad otrora descubierta en Ecuador, representan la recuperación del sentido de la dignidad personal y social, pero, sobre todo, del valor supremo de la vida.

*Paz y Y Miño Cepeda, Juan José: Ecuatoriano. Doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. Decano de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). Coordinador Académico, en Ecuador, de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC). Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia.
Fue profesor y dirigió el Taller de Historia Económica (THE) en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Ex cronista de la Ciudad de Quito. Profesor invitado en varias universidades de América Latina, Norteamérica y Europa. Considerado uno de los gestores de la Historia Inmediata.

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Abya Yala*/Justiça italiana condena à prisão perpétua 24 ex-militares sul-americanos por crimes cometidos durante a Operação Condor
23/07/2019, Tlaxcala http://www.tlaxcala-int.org (México) http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=26479
Tlaxcala, a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística

Janaina César*

Sentença reverte a dada durante primeira instância, em 17 de janeiro de 2017, que havia condenado oito dos acusados (os que pertenciam às cúpulas dos governos) e absolvido 19

A Corte de Apelação de Roma condenou à prisão perpétua nesta segunda-feira (08/07) 24 ex-militares de Bolívia, Chile, Peru e Uruguai pelo homicídio doloso com múltiplos agravantes de 25 italianos na chamada Operação Condor. A Condor foi uma aliança entre ditaduras sul-americanas dos anos 1970 e 1980 que permitia a troca de informações e prisioneiros e tinha como objetivo perseguir, torturar e assassinar dissidentes políticos, sem qualquer hesitação.

A sentença reverte a dada durante a primeira instância, em 17 de janeiro de 2017, que havia condenado oito dos acusados (os que pertenciam às cúpulas dos governos) e absolvido 19. Já a desta segunda, apelação proferida pela presidente da Corte, a juíza Agatella Giuffrida, também condenou o segundo escalão, considerando-os coautores dos crimes.

A Corte declarou culpados os chilenos Hernán Jerónimo Ramírez, Rafael Ahumada Valderrama, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez e Manuel Abraham Vásquez Chauan, os peruanos Francisco Morales Bermúdez, Germán Ruiz Figuero e Martín Martínez Garay e o boliviano Luis Arce Gómez.

Já os uruguaios são José Gavazzo Pereira, Juan Carlos Blanco, José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo (escondido no Brasil), Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Néstor Troccoli, Gilberto Vázquez Bissio e Ricardo Eliseo Chávez.

A íntegra da sentença, com as justificativas, será publicada em 90 dias, mas, ao que tudo indica, a Corte aceitou um dos principais argumentos defendidos tanto pela advocacia do Estado da Itália, quanto pelo Ministério Público, isto é, que os sequestros cometidos por ex-militares e agentes de serviços de inteligência eram finalizados com a morte das vítimas.

“Tinha certeza desse resultado. Essa era uma Corte de mulheres sérias que conhecem a lei e entenderam que este não era um processo que buscava a vingança, mas sim justiça”, disse Luca Ventrella, advogado do Estado italiano. Já Tiziana Cugini, procuradora responsável, disse que, “após um longo percurso que durou dez anos, hoje obtivemos a verdade, o conhecimento e justiça para as vítimas, para nossa história e para todos nós.”

O processo na Justiça italiana contra agentes da ditadura brasileira que atuaram na Condor corre em separado, porque a denúncia contra eles foi apresentada quando o grande processo Condor já estava em fase de andamento e os advogados de defesa dos brasileiros alegaram que as provas e as testemunhas ouvidas até então não poderiam ser usadas retroativamente. Uma nova presidente e um novo procurador para o caso foram indicados em junho passado.

O caso julga o sequestro e assassinato do cidadão ítalo-argentino Lorenzo Viñas, militante da organização Montoneros, que lutou contra a ditadura na Argentina. Viñas desapareceu em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, em 26 de junho de 1980. 

Os acusados pelo MP italiano são os gaúchos João Osvaldo Leivas Job, Carlos Alberto Ponzi e Átila Rohrsetzer. Segundo a procuradora, na data em que Viñas foi sequestrado, Leivas Job era secretário de Segurança do Rio Grande do Sul; Ponzi chefiava a agência do Serviço Nacional de Informações (SNI) em Porto Alegre; e Rohrsetzer era diretor da Divisão Central de Informações do Rio Grande do Sul.

A Corte de Apelação de Roma condenou à prisão perpétua nesta segunda-feira (08/07) 24 ex-militares de Bolívia, Chile, Peru e Uruguai pelo homicídio doloso com múltiplos agravantes de 25 italianos na chamada Operação Condor. A Condor foi uma aliança entre ditaduras sul-americanas dos anos 1970 e 1980 que permitia a troca de informações e prisioneiros e tinha como objetivo perseguir, torturar e assassinar dissidentes políticos, sem qualquer hesitação.
A sentença reverte a dada durante a primeira instância, em 17 de janeiro de 2017, que havia condenado oito dos acusados (os que pertenciam às cúpulas dos governos) e absolvido 19. Já a desta segunda, apelação proferida pela presidente da Corte, a juíza Agatella Giuffrida, também condenou o segundo escalão, considerando-os coautores dos crimes.

A Corte declarou culpados os chilenos Hernán Jerónimo Ramírez, Rafael Ahumada Valderrama, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez e Manuel Abraham Vásquez Chauan, os peruanos Francisco Morales Bermúdez, Germán Ruiz Figuero e Martín Martínez Garay e o boliviano Luis Arce Gómez.

Já os uruguaios são José Gavazzo Pereira, Juan Carlos Blanco, José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo (escondido no Brasil), Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Néstor Troccoli, Gilberto Vázquez Bissio e Ricardo Eliseo Chávez.

A íntegra da sentença, com as justificativas, será publicada em 90 dias, mas, ao que tudo indica, a Corte aceitou um dos principais argumentos defendidos tanto pela advocacia do Estado da Itália, quanto pelo Ministério Público, isto é, que os sequestros cometidos por ex-militares e agentes de serviços de inteligência eram finalizados com a morte das vítimas.

“Tinha certeza desse resultado. Essa era uma Corte de mulheres sérias que conhecem a lei e entenderam que este não era um processo que buscava a vingança, mas sim justiça”, disse Luca Ventrella, advogado do Estado italiano. Já Tiziana Cugini, procuradora responsável, disse que, “após um longo percurso que durou dez anos, hoje obtivemos a verdade, o conhecimento e justiça para as vítimas, para nossa história e para todos nós.”

O processo na Justiça italiana contra agentes da ditadura brasileira que atuaram na Condor corre em separado, porque a denúncia contra eles foi apresentada quando o grande processo Condor já estava em fase de andamento e os advogados de defesa dos brasileiros alegaram que as provas e as testemunhas ouvidas até então não poderiam ser usadas retroativamente. Uma nova presidente e um novo procurador para o caso foram indicados em junho passado.

O caso julga o sequestro e assassinato do cidadão ítalo-argentino Lorenzo Viñas, militante da organização Montoneros, que lutou contra a ditadura na Argentina. Viñas desapareceu em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, em 26 de junho de 1980.

Os acusados pelo MP italiano são os gaúchos João Osvaldo Leivas Job, Carlos Alberto Ponzi e Átila Rohrsetzer. Segundo a procuradora, na data em que Viñas foi sequestrado, Leivas Job era secretário de Segurança do Rio Grande do Sul; Ponzi chefiava a agência do Serviço Nacional de Informações (SNI) em Porto Alegre; e Rohrsetzer era diretor da Divisão Central de Informações do Rio Grande do Sul.

Néstor Troccoli
Houve comemoração no momento em que a juíza leu as condenações, em especial no caso do ex-tenente uruguaio Nestor Troccoli. Ele era responsável pelo Serviço de Inteligência da Marinha do Uruguai (Fusna) e acusado de ser responsável direto por mortes e torturas durante a ditadura no país (1973-1985).

“Finalmente foi feita justiça”, disse Aurora Meloni, viúva de Daniel Banfi, sequestrado no Uruguai e assassinado pelos militares na Argentina nos anos 70. 

Já para Cristina Mihura, que teve o marido preso em Buenos Aires e até hoje continua desaparecido, “essa sentença colocou nos trilhos o trem que a primeira instância havia feito descarrilhar. Mas precisamos continuar lutando por justiça. Penso sobretudo nos familiares das vítimas de Troccoli que nunca haviam tido justiça”.

Andrea Speranzoni, advogado de defesa do Estado do Uruguai, teve um papel fundamental para o resultado, segundo os representantes do país. “Esta sentença serve como alarme mesmo para os crimes cometidos agora, porque a justiça tarda, mas um dia ela chega”.

“Ninguém esperava uma sentença dessas, que mudasse completamente as condenações do primeiro grau” declarou Francesco Guzzo, advogado de Troccoli. Guzzo afirmou que o uruguaio ficou irritado com a decisão. “Obviamente, vamos apelar para a cassação”, alegou Guzzo.

Prisão de Pinochet abriu brecha para denúncia
Era fim dos anos 1990 quando Giancarlo Capaldo, promotor italiano responsável pelo caso, recebeu uma denúncia ligada aos assassinatos de italianos ocorridos no âmbito da Operação Condor. A denúncia tinha sido feita por algumas mães e familiares de desaparecidos uruguaios e argentinos que se inspiraram na investigação conduzida pelo juiz espanhol Baltasar Garzón, que levou o ex-ditador chileno Augusto Pinochet à prisão domiciliar em Londres por crimes contra a humanidade.

O processo Condor iniciou em fevereiro de 2015. Após anos de investigação que envolveu vários países e colaboradores, Capaldo pretendia levar para o banco dos réus todos os 140 denunciados, mas, devido ao número de réus mortos durante o caso, e inúmeros problemas burocráticos com alguns países, o número de acusados foi reduzido.

Este é o primeiro processo na Europa a reconhecer a existência da Operação Condor e a condenar os responsáveis por crimes cometidos durante os anos de atuação da operação.

LEIA MAIS SOBRE O PROCESSO CONDOR EM ROMA

*Janaína César da Silva (1975) é uma jornalista brasileira vivendo na Itália, especializada em imigração e direitos humanos. Se formou em Jornalismo na Universidade São Judas Tadeu (Usjt/SP), em 2000. Em 2008 concluiu o mestrado em Imigração e Transformações Sociais na Università Ca'Foscari Venezia, em Veneza (Itália).
Começou na profissão em 1998, como assistente na assessoria de Imprensa da Bienal Internacional da Arte de São Paulo. Em 2001, foi para a Editora Comunicação trabalhar também como assessora de Imprensa. Um ano depois assumiu a assessoria de Comunicação do VJ Alexis e também começou como colaboradora na revista Ocas”, ficando na dupla função até 2004. Ainda em 2004, mudou-se para a Itália onde iniciou uma colaboração com o site Il Pungolo.
Em 2005 começou a trabalhar no Agora Notícias, único jornal escrito em português e dirigido aos brasileiros que moram na Itália, assumindo a editoria regional do Vêneto. No mesmo ano, trabalhou como freelancer para o Jornal do Aeroporto e, ainda na Itália, passou por diversas revistas e jornais brasileiros e italianos, como: Imprensa, Viajar, Viaje Mais, Raça, Cartaz, Agência Carta Maior e O Estado de S.Paulo.
Foi gerente de projetos da associação Il Quarto Ponte, uma ONG que trabalha com imigração.


*Abya Yala: Terra viva, o nome indígena da América Latina.No espírito de José Martí e dos povos nativos, Abya Yala é tudo o que está relacionado com a Nossa América, essa terra viva que vai do Rio Bravo à Terra do Fogo, passando pelas Caraíbas, sem esquecer as primeiras nações da América do Norte.

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