05/07/2019, Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico ()http://estrategia.la/2019/07/05/el-informe-selectivo-de-bachelet-tan-cerca-de-washington-y-tan-lejos-de-caracas/
Victoria Korn*
Un direccionado y poco balanceado
informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
publicado esta semana insta al gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato
medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de
derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han
documentado en el país.
La República Bolivariana de Venezuela
presentó 70 observaciones al informe difundido luego de la visita al país de la
máxima autoridad de esta instancia de la ONU, Michelle Bachelet, semanas atrás
y “solicita a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las
medidas necesarias para corregir los errores del informe, cuya “versión
avanzada no editada”, en idioma inglés, fue entregada al gobierno.
Ante la revisión, la cancillería
venezolana señaló que fueron encontrados varios errores, entre ellos, que las
fuentes utilizadas no fueron las correctas, ya que no se usaron las oficiales,
además se omitió el resultado de las visitas realizadas por Bachelet en el
país. El 82% de las entrevistas referidas en el informe, indica, fueron
realizadas a personas ubicadas fuera del territorio venezolano.
El informe de ¿Bachelet?
El “informe”, que en partes discrepa
con las declaraciones de Bachelet durante si visita del 19 al 21 de junio a
Venezuela,
advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin
precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las
condiciones de vida de quienes permanecen en él. Afirma que en el último
decenio –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones
han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y
criminalizar a la oposición y a quienes critican al Gobierno”.
En el documento se destaca la
repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de
los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de
alimentación y cuidados médicos. El informe se basa en 558 entrevistas con
víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada
situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras
fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
“El Gobierno se comprometió con
nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el
uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada
ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este
informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse
de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las
víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos
a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los
derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones
políticas”, dijo Bachelet.
El informe detalla la paulatina
militarización de las instituciones del Estado durante la última década y
señala que la proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por
las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en
el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente
elevada, e indica que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas
privadas “arbitrariamente” de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va
de año 22 diputados de la Asamblea Nacional (en desacato), incluido su
Presidente Juan Guaidó, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Si bien la Alta Comisionada acogió con
beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, también
pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o
privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos
fundamentales. Lo que sorprende del informe es su unilateralidad, ya que admite
que se basa en declaraciones de personas entrevistadas y no en una
investigación real y exhaustiva de los hechos: “Según los entrevistados,
son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o
por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa.
En cuanto a la libertad de expresión,
el informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e
independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios
de comunicación, y la detención de periodistas independientes, pero se abstiene
de considerar la guerra comunicacional y terrorista de medios locales e
trasnacionales. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una
hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando
un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”. Pareciera
que la única versión debiera ser de la oposición y de los medios cartelizados.
En el informe se afirma que las
últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están
agravando aún más los efectos de la crisis, pero no lo vincula a la escasez
creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un
número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de
desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas
de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las
colas para comprar alimentos.
En el informe se formula un conjunto
de recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con las principales
violaciones de derechos humanos documentadas por la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos.
Las observaciones del gobierno
El gobierno constitucional venezolano
señaló que en el informe fueron omitidos los logros y avances alcanzados en
materia de derechos humanos y se le da más relevancia a las posturas adversas
al presidente Nicolás Maduro, y omite en su totalidad los logros y avances
alcanzados en materia de derechos humanos y de atención social, tal es el caso
de los programas sociales.
Entre las afirmaciones del informe, se
asegura que el gobierno venezolano reconoció la “crisis humanitaria”, cuando la
realidad es que se reconoció un impacto negativo en la situación venezolano a
raíz del bloqueo económico. Asimismo, se omitió el 75% de inversión que recibe
el área social venezolana del presupuesto de la nación, información que fue
presentada a Bachelet en un informe detallado por el Ministro de Educación
Aristobulo Isturiz.
Por otra parte, condena que el informe
de la Alta Comisionada omite incluir el impacto generado por el bloqueo
económico implementado por el Gobierno de los Estados Unidos, en los niveles de
vida del pueblo venezolano, aún cuando fue parte importante del discurso de
Bachelet durante su visita a Caracas.
En el área comunicacional, el informe
hace referencia a múltiples agresiones a la prensa, aún y cuando el Gobierno
indicó que entre 2018 y 2019 se produjo la deportación de tres periodistas
extranjeros, en virtud del incumplimiento de las disposiciones migratorias.
Además omite que se otorgaron 32 nuevas concesiones de radio y una concesión de
televisión y han sido renovadas 12 concesiones de radio y televisión entre 2018
y 2019.
Asimismo, Venezuela denunció que en el
párrafo 13 del informe se sostiene que el Estado no ha demostrado usar todos
los recursos a su disposición para asegurar el derecho a la alimentación, aún
cuando se aportó a la OACNUDH información sobre las medidas implementadas para
garantizar este derecho, tanto en el caso de alimentación a través de los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), como en el campo de
salud.
Omite además, la información otorgada
por el Ministerio Público, donde se conoce 292 casos donde se encuentran
vinculados 388 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscritos
al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, durante los años 2017 al 2019, por
los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio.
La OACNUDH acusa al Gobierno
venezolano de desarrollar una política de represión y persecución de la
disidencia, señalamiento que califica Venezuela como falso porque dejan de
mencionar las diversas acciones de violencia y contra la Constitución
emprendidas por sectores de la oposición venezolana desde el año 2002.
Añade que el informe no refleja las
informaciones oficiales suministradas por el Estado en cuanto a salud pública,
mortalidad infantil, los beneficios otorgados a través del Carnet de la Patria,
los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la libertad de prensa que
existe en el país y que fue reflejada en la visita de la Alta Comisionada.
Considera extraño que el informe
tampoco evaluó el impacto generado por las medidas coercitivas de EEUU y que
recomendara al gobierno a adoptar resoluciones para atender la situación de
derechos humanos, mientras se abstiene de subrayar el deber de levantar el
bloqueo de EEUU, tal y como lo han solicitado diversos procedimientos
especiales del Consejo de Derechos Humanos.
El informe recomienda otorgar libertad
a todas las personas detenidas “por motivos políticos” en Venezuela. Esta
recomendación, resulta inaplicable y por tanto equivocada, según el documento
oficial, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición.
Luego de la evaluación, el Gobierno venezolano solicitó directamente a la
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas
necesarias para corregir los errores del informe A/HRC/41/18, antes de su
publicación.
*Victoria Korn: Periodista
venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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