26 junio 2014, Rebelión http://www.rebelion.org (México)
PROPUESTA DE ECUADOR PARA CREAR UN GRUPO DE ESTUDIO QUE ELABORE
NORMAS VINCULANTES
Se celebra en Ginebra una reunión de Naciones Unidas que puede
aprobar la creación de un grupo que proponga un código vinculante para las
empresas transnacionales. Entrevistamos a Juan Hernández Zubizarreta, profesor
de Derecho Internacional que forma parte del jurado del Tribunal Permanente de
los Pueblos, que se desarrolla en la ciudad suiza para presionar a la ONU.
El 26 y 27 de junio, el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido esta semana en Ginebra, tiene
que votarla propuesta de Ecuador y
Sudáfrica, que ha sido respaldada por 85 países, de crear un grupo de estudio que valore la posibilidad
de introducir obligaciones y normas vinculantes a las empresas transnacionales
de cara a que éstas rindan cuentas por sus actividades. Actualmente, la ONU
funciona bajo "la lógica de la voluntariedad", indica el profesor de
Derecho Internacional Juan Hernández Zubizarreta, que está presente en Ginebra
en el paraleloTribunal Permanente de los Pueblos, que busca influir en la decisión de Naciones Unidas
para combatir "la arquitectura de la impunidad" en la que funcionan
las empresas transnacionales.
De aprobarse la
propuesta de Ecuador y Sudáfrica esta semana, comenzaría una fase de consulta
en la que
no escasearían los obstáculos, "en el mejor de los casos puede
ser un instrumento", explica Hernández. Sin embargo, el valor simbólico de
ese paso puede dar un espaldarazo a los movimientos que trabajan para controlar
a las transnacionales. Para Hernández Zubizarreta, la clave es terminar con la
asimetría entre corporaciones y pueblos, lo que debe favorecer el fin del uso
de la violencia por parte de las transnacionales para obtener su tasa de
beneficio.
Mientras más de 500
organizaciones de la sociedad civil apoyan la iniciativa de la diplomacia
ecuatoriana, el ministro de Exteriores José García Margallo se ha alineado con
las tesis de las principales empresas del mercado global. Margallo, según han
denunciado las organizaciones presentes en el Tribunal Permanente de los
Pueblos, declaró ayer que "las corporaciones tienen derecho a imponer
determinadas decisiones para instalarse". Esto, a juicio de Hernández
Zubizarreta, muestra la "connivencia, no solo sumisión, del poder político
con los intereses de esas empresas". De
este modo, Margallo se sitúa "por encima del derecho internacional"
en su afán por proteger los intereses del gran capital.
Pero, recuerda
Hernández Zubizarreta, el de Margallo no es un apoyo en abstracto a estas
empresas, sino que guardan relación con la actividad comercial de
transnacionales españolas, acusadas por víctimas y ONG de pisar los derechos,
la dignidad y el respeto a la naturaleza de los territorios en los que operan.
Es el caso de la empresa gallega Hidralia, uno de los doce que se juzgan en el
Tribunal Permanente de los Pueblos. Como denunció
en noviembre de 2013 Diagonal, la puesta en marcha la Hidroeléctrica Canbalam I ha
conllevado la violación de derechos, las detenciones arbitrarias y el despojo
de tierras de las comunidades indígenas, y, en 2012, el asesinato del dirigente
indígena Andrés Francisco Miguel.
Lo que se discute en Ginebra
La propuesta de
Ecuador, que cuenta, según los mentideros de Naciones Unidos, con el apoyo de
la mitad de países miembros, pretende incluir un código vinculante que ya fue
propuesto por el presidente chileno Salvador Allende en los 70. "A la
hora de hablar de transnacionales la ONU está muy colonizada por las ideas de
la responsabilidad social corporativa; se refieren a normas blandas, que se
encuadran dentro de la ética empresarial", explica Hernández Zubizarreta. El blindaje funciona en dos
direcciones: por un lado las transnacionales buscan mantener la desrregulación
en cuanto a sus responsabilidades y sobre los derechos de las poblaciones en
las que opera. Al mismo
tiempo, denuncia Hernández Zubizarreta, buscan un "aumento de la
regulación" a la hora de proteger sus intereses mediante mecanismos de
protección. Uno de estos
mecanismos son los tirubnales de arbitraje inversores-estados (ISDS por sus
siglas en inglés), que incluyen disposiciones como restricciones sobre la
expropiación o la libre transferencia de fondos. Precisamente, unos de los
puntos sobre los que pivota el acuerdo de libre comercio EE
UU-UE es la adopción de este
mecanismo ISDS, un código que protege los derechos de las empresas aun a costa
de la soberanía de los Estados.
Frente a esa
"arquitectura de la impunidad", estos días en Ginebra se exploran las
formas de poner en marcha "una arquitectura jurídica de los derechos"
para controlar a las empresas transnacionales. En este sentido, Hernández Zubizarreta valora como
necesarios tres pasos: un código o tratado de control, una corte internacional
con capacidad de juzgar los abusos y un "centro público de empresas
transnacionales" cuyo
objetivo sea recibir las denuncias de las víctimas e investigar las prácticas
de las empresas para terminar con la invisibilización de muchas de estas
denuncias. Pero junto a estos mecanismos, los movimientos que forman el
Tribunal Permanente consideran que las personas jurídicas deben asumir
responsabilidades civiles y penales, también en la cadena de subcontratación
como responsables solidarios. Junto a esto, se debe imponer el establecimiento
de precios justos y razonables, medidas destinadas a evitar condiciones como
las que provocaron el incendio de Rana Plaza, en Dacca (Bangladesh), en el que
murieron 120 personas que elaboraban ropa que luego comercializaron marcas como
El Corte Inglés o Mango.
Nenhum comentário:
Postar um comentário