20 marzo 2014, El Ciudadano
http://www.elciudadano.cl (Chile)
El
Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador ha sido la
cartera desde la cual se ha impulsado la trasformación del sistema educacional
de este país, el que pasó desde un modelo de mercado a manos de operadores
privados a un sistema público gestionado por el Estado. Un proceso iniciado
hace poco más de seis años que en este momento ha comenzado a mostrar sus
beneficios.
No sólo al
haber logrado instalar un sistema educacional que responde a las necesidades
económicas, sociales y culturales del país, sino un sistema inclusivo acorde con
la democratización de la sociedad ecuatoriana.
Ecuador es
en este momento la nación latinoamericana que destina más recursos a educación
en relación a su producto, en tanto el presupuesto a esta actividad ha crecido
más de cinco veces en siete años. Son cifras que expresan un proceso basado en
el derecho a una educación de calidad. Hoy, más del 70 por ciento de la
cobertura de la educación superior la entrega el sector público.
Durante esta
semana altos representantes de este ministerio visitan Chile. A partir de hoy lo hace el ministro Guillaume Long, y
desde el lunes está la viceministra María
Belén Moncayo. Ambos mantendrán una apretada agenda que incluye desde
el ministro de Educación Nicolás
Eyzaguirre a los
diputados y diputadas que proceden de la dirigencia estudiantil. Las reuniones
seguirán con académicos y con la actual mesa de la Confech.
El interés
en conocer la experiencia ecuatoriana es enorme, ya que el cambio surge de un
escenario similar al chileno marcado por los efectos de los ajustes
estructurales de las décadas pasadas. Al respecto, la viceministra Moncayo nos
entrega algunas pistas a seguir en un camino que es posible recorrer. Si lo
pudo hacer Ecuador,
por qué no Chile.
La propuesta
constituyente en Ecuador, relata María Belén Moncayo, “se constituye como el
punto de partida del proceso de la educación superior y de la revolución del
conocimiento. La propuesta constituyente se concentra particularmente en
regular el campo de la educación superior por parte del Estado, que en el
modelo neoliberal estuvo siempre en manos del mercado. La regulación consiste
particularmente en proponer en términos constitucionales la educación como un
derecho y como un bien público. Un derecho que tiene que ser garantizado por el
Estado”.
Agrega que
“había que garantizar el derecho con una educación de calidad.
Constitucionalmente
se propuso un rediseño institucional que permitiera llevar adelante el proceso
y financiarlo”. Como resultado, dice, “hemos incrementado de manera importante
nuestras cifras de inversión; por ejemplo, invertimos en educación superior el
1,85 por ciento de nuestro PIB,
que es la inversión más alta en toda América
latina, cuyo promedio es 0,8 por ciento. El presupuesto se incrementó
de 350 millones de dólares en el 2006 a 1,5 mil millones en el 2013, un
crecimiento de unas cinco veces. Esa apuesta en educación pública permite
colocar en otro nivel este discurso político, de que la educación es un bien
público y un derecho. Lo garantizamos y lo hacemos efectivo”.
La educación
gratuita se consagra en Ecuador hasta el tercer nivel, que es el universitario,
en el cual alrededor del 70 por ciento es pública. Los ecuatorianos, señala
Moncayo, “siempre le dimos importancia a la educación pública”, tanto así que
al fortalecerla ha habido una migración de lo privado a lo público que está
rebasando las expectativas, “que está obligando a que llevemos adelante un plan
de inversión para poder generar mejores condiciones de aprendizaje, mejor
infraestructura. Cada vez son más familias que prefieren lo público para sus
hijos”.
El cambio,
que ha tardado unos seis años, no ha estado libre de tensiones, pero éstas,
dice, son necesarias porque permitieron develar las desigualdades en las
relaciones de poder. “El espacio para remover esas tensiones fue nuestra Asamblea Nacional, el
legislativo, al momento de la discusión de la ley de educación superior. Ahí se
establecieron las mayores tensiones, pero se resolvieron de tal forma porque
ese proceso de transformación de la educación superior tiene un nivel de
legitimidad social muy alto. La sociedad ecuatoriana está convencida que el
cambio es necesario y lo que yo veo es que en Chile tiene también ese mismo
nivel de legitimidad”.
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