30 abril 2008 / TeleSUR / http://www.telesurtv.net
El tribunal, constituido por cuatro juristas de Estados Unidos, Bélgica, Canadá y Líbano, además de dos colombianos, también acusó al Gobierno de Álvaro Uribe de participar en la creación y ser cómplice de grupos paramilitares. Además responsabiliza a los gobiernos electos de haber utilizado la desaparición forzada como ''arma política'' para eliminar a la disidencia.
Un Tribunal Internacional de Opinión sobre la Desaparición Forzada en Colombia acusó al Gobierno de Colombia de cometer crímenes de Estado, por incumplir el deber de proteger a la población expuesta al conflicto.
El tribunal, constituido por cuatro juristas de Estados Unidos, Bélgica, Canadá y Líbano, además de dos colombianos, determinó que el Estado colombiano es culpable "por el incumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la protección y el respeto de los derechos y libertades fundamentales a los ciudadanos y ciudadanas, tanto por omisión, permisión y acción directa".
La alta instancia dio a conocer su veredicto, luego de reunirse durante tres días en la sede del Senado en Bogotá, donde se escucharon 47 testimonios de desapariciones forzadas durante los últimos 30 años.
En Colombia existen 9 mil desaparecidos registrados en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) desde 1982, aunque según el fallo del tribunal, la cifra real podría rebasar los 30 mil.
También se acusa al Estado de participar en la creación y ser cómplice de grupos paramilitares, "a los que ahora se les ofrece impunidad mediante instrumentos legales", dice el fallo en alusión a la polémica Ley de Justicia y Paz, que otorga cuestionados beneficios a los paramilitares que supuestamente se desmovilizaron, como penas de apenas entre 5 y 8 años a los "paras" que confiesen sus delitos más atroces.
Persecución a la disidencia
El fallo responsabiliza a los gobiernos electos de Colombia de haber utilizado la desaparición forzada como "arma política" para eliminar a la disidencia, y a unidades del ejército, policía y de seguridad del Estado de perpetrar crímenes de lesa humanidad.
Los actores responsables de estos crímenes, según los testigos, son el Ejército, la Policía y los paramilitares, y todos ellos en connivencia los unos con los otros, asegura el fallo.
En el veredicto también se hace patente la responsabilidad directa de los grupos paramilitares, así como a los terratenientes, grupos empresariales y multinacionales que los financiaron, y al Gobierno estadounidense por el apoyo a políticas militares del colombiano que han recrudecido el conflicto.
En un primer grupo de testimonios, 28 personas afirmaron que las víctimas "habían sido perseguidas por su pertenencia a organizaciones de izquierda", tales como el Partido Comunista de Colombia, la Unión Patriótica o la Juventud Comunista Colombiana.
Otros ocho testimonios, identificaron una segunda categoría de víctimas por su asociación con movimientos sociales, sindicales, feministas y estudiantiles. También fue recogido un tercer género de víctimas sin filiación política, pero que vivían en zonas bajo control de las fuerzas rebeldes.
Por todo lo anterior, el Tribunal exige en su fallo al Gobierno del presidente Álvaro Uribe que cumpla su mandato constitucional de proteger a los ciudadanos y que se adhiera de inmediato a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que aún no ha entrado en vigor.
Por otro lado, solicita enjuiciar a los responsables de desapariciones forzadas por medio del Código Penal y de acuerdo con las normas internacionales, y no por medio de leyes de excepción, como la de Justicia y Paz, así como también exige la creación de una Comisión de la Verdad para la investigación independiente de estos crímenes.
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