18 abril 2008 / TeleSUR / http://www.telesurtv.net
A través de un comunicado, el organismo internacional afirmó que los hechos de violencia suscitados en contra los indígenas ''son incompatibles con el respeto a los derechos humanos y deben ser investigados, esclarecidos y sus responsables sancionados a la mayor brevedad posible''.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia deploró este jueves la violencia desatada contra el pueblo guaraní en el departamento de Santa Cruz (este), donde los hacendados se niegan a aceptar el proceso de redistribución de tierras que adelanta el Gobierno de Evo Morales.
A través de un comunicado, el organismo internacional afirmó que los hechos de violencia suscitados en contra los indígenas "son incompatibles con el respeto a los derechos humanos y deben ser investigados, esclarecidos y sus responsables sancionados a la mayor brevedad posible".
El domingo, unas 700 personas, entre ganaderos y cívicos cruceños, emboscaron a representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y funcionarios gubernamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y del viceministerio de Tierras, a quienes agredieron con palos, piedras y cuchillos.
La agresión, que se produjo en la localidad cruceña de Cuevo, provocó la desaparición de 11 personas, además de las 40 que resultaron con roturas de cabezas, fracturas de piernas, pedradas en la cara, en la cabeza y en el cuerpo.
El hecho se produjo cuando los indígenas y las autoridades gubernamentales pretendían ingresar, sin resguardo policial y de manera pacífica, a la región de Itakuatía para realizar una asamblea general donde analizarían el tema del saneamiento de tierras.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, denunció que esos hechos demuestran el odio y racismo de parte de los ganaderos contra los indígenas, ya que se suscitó una emboscada donde todos los heridos fueron guaraníes, quienes no contaban con armas para defenderse. "La protesta fue promovida por productores", aseguró.
La ONU también consideró que el proceso de saneamiento es una forma de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, en particular los de las comunidades guaraníes que se encuentran en situación de servidumbre y trabajo forzoso análogas a la esclavitud, como lo reportan el Defensor del Pueblo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo convocó a los actores a promover el diálogo a fin de evitar una mayor escalada de violencia contra los guaraníes.
"La ONU-Derechos Humanos saluda la decisión de hacer una pausa temporal en el proceso de saneamiento en la región del Chaco, así como la iniciativa reciente de establecer una comisión para el diálogo compuesta por diferentes actores", agrega el documento.
La comunidad guaraní, la tercera más numerosa de los pueblos indígenas de Bolivia, actualmente cuenta con una población de 170 mil personas, entre ellas 800 familias empadronadas en situación de esclavitud por hacendados de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.
Por estos acontecimientos se espera que la CIDH visite el Alto Parapetí para constatar la situación de esclavitud a las que son sometidas las familias guaraníes por parte de los grandes hacendados que se niegan a ser auditados por el Gobierno nacional.
El embajador de Bolivia ante la OEA, Raynaldo Cuadros, informó que la presencia de esa comisión en el país no sólo será para constatar la existencia de zonas cautivas, sino para apoyar y vigilar el proceso de saneamiento de tierras.
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