Por: José Ros *
Desde hace años, por diferentes medios de comunicación, se presentó la situación de esclavitud y dependencia de muchas familias guaraníes. Nunca se levantaron voces para desmentir ese hecho y, por el contrario, se dejó transcurrir esa situación de injusticia como si fuera natural mantener ese estilo de vida entre poblaciones indígenas. Sólo ahora –¿coincidentemente?– cuando se pretende aplicar la ley, no con expropiaciones de tierras, sino con el saneamiento de éstas, saltan al aire voces interesadas en mantener sus privilegios y se abre el debate, al mismo tiempo que se rasgan las vestiduras, porque aceptar esa realidad equivaldría al desprestigio internacional.
Y, sin embargo, pretender negar lo innegable, ocultar lo patente, falsear la verdad, no es el camino para solucionar las injusticias.
En diciembre de 2005, un reportaje publicado en El Deber mostraba la dura realidad de los guaraníes de Alto Parapetí: “Yo he salido de la hacienda de mi patrón –es el testimonio de un guaraní-; él no quería que mi hijo estudie. "¿Cómo, pues, un camba, un peón, va a ser más que yo? Él tiene que trabajar para mí", me decía. Y otro de los muchos testimonios presentados en dicho reportaje señalaba: “Nací "empatronado". A los ocho años tuvieron que entregarme al patrón. Trabajaba todo el día. Nunca me pagó”.
Y este no es el único testimonio. El 5 de marzo de 2006, en la revista dominical de El Deber se presentaba otro extenso reportaje: “Iyambae, la tierra sin dueño llama a sus hijos”. Los testimonios son múltiples: “Llevo dos años aquí y no puedo salir. No quiero que mis hijos vean esto”, afirma Germán Romero, padre de siete hijos, que fue “traspasado” a otro patrón y sólo trabaja para pagar la deuda y los anticipos que recibe en especies y alimentos.
El 10 de noviembre de 2006, el mismo matutino dedicaba una página a los guaraníes con el título: “Esclavos del Chaco reciben pago retroactivo” (p. A-7). La nota resumía un reportaje de ATB, en el cual se hace mención de ocho personas que recibieron sus beneficios por parte del hacendado Román Reinaga. Al mismo tiempo que se destacaba ese hecho positivo, se hacía conocer que en casi 100 haciendas instaladas en el Chaco boliviano trabajan sin sueldo cientos de indígenas guaraníes por generaciones enteras.
¡Cien haciendas! ¡Cientos de indígenas y por generaciones enteras! Pero… ¿Cómo, pues?, exclaman los escandalizados políticos a los que se suma el Cardenal de la Iglesia Católica. ¿Esclavos? ¿¡Dónde están, por favor!? ¡Que los traigan! Y es que si lo que pretenden quienes lanzan semejante pregunta es que se muestre a personas encadenadas, trabajando a latigazos, entonces no se podrá mostrar ese ejemplo. Pero, ¿acaso trabajar sin sueldo o con un sueldo mísero –Bs 100 al mes, pagado en especies– y que crea una deuda de padres a hijos, de manera que nadie pueda marcharse so pena de ser arrestados por fuga, no es una manera de coartar la libertad de decisión? ¿Y cortar la libertad no es esclavizar?
“Las personas y los pueblos indígenas son libres e iguales a todas las demás personas y pueblos…” (Art. 2 de la Declaración de las NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Y la misma declaración, en el Art. 7, manifiesta que los Estados tienen que prevenir (…) todo acto que tenga por objeto enajenarles sus tierras (…) así como toda forma de traslado forzoso…”.
En lugar de pedir ante las cámaras de TV que se traiga a un esclavo (como si fueran mercancía), bastaría con ir a visitarlos a sus comunidades. “El buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él”, leíamos en el Evangelio del pasado domingo para constatar la vergonzosa discriminación que se mantiene. ¿Será que la autonomía pondrá fin a la injusticia? Es una pregunta que tenemos que plantearnos antes de emitir nuestro voto consciente el próximo 4 de mayo.
* Docente de la UAGRM
joseros@cotas.com.bo
http://www.laprensa.com.bo/noticias/26-04-08/26_04_08_opin2.php
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