18 octubre
2016, Prensa Rural http://prensarural.org (Colombia)
Desde Colombia
com las comunidades campesinas en resistencia
Jaime
Caycedo Turriago
La crisis
nacional de la que la guerra prolongada ha sido la más patente expresión ha
tenido un fuerte recrudecimiento con el resultado del 2 de octubre y el agónico
triunfo del no. Con el estímulo de un No, que debe interpretarse como un voto
castigo al desprestigio del gobierno en el ejercicio del proyecto neoliberal
vertebral que defiende, la cúpula del guerrerismo civil se quiere adueñar del
baile.
Ha pasado
a la ofensiva con improvisadas propuestas regresivas, cuya esencia desconoce
los contenidos estructurales del Acuerdo suscrito entre el jefe del Estado y el
Comandante de las Farc- Ep, el 26 de septiembre, en presencia del Secretario
general de la ONU y de
mandatarios de varios países. Los jefes de la
ultraderecha creen haber ganado la guerra por algo más de 53 mil votos, sobre
13 millones de votantes y 20 millones de ciudadanos/as que no votaron. El mismo
gobierno que se empecinó de modo temerario en un plebiscito que no era
obligatorio, tiene que buscar ahora, en asocio con su antiguo enemigo rebelde,
salidas adecuadas para superar la crisis del proceso provocada por la
contraofensiva de la ultraderecha y llevar a término la ejecución del Acuerdo.
La ultra
derecha a la ofensiva contra el Acuerdo
No es una
tarea simple. El lobby de extrema derecha que se ha apropiado del triunfo del
No está representado por personajes de la vieja oligarquía gobernante, con
graves responsabilidades en la conducción y degradación de la guerra
contrainsurgente, con escandalosas violaciones de los pactos internacionales
suscritos por el Estado colombiano sobre los derechos humanos, el Derecho
Internacional Humanitario y crímenes de guerra. Está conectado con los pasos
del denominado nuevo “Plan Cóndor” que oficia como programa el derrocamiento o
la derrota de los gobiernos de izquierda en América Latina, con la ayuda de
nuevas metodologías de “golpes blandos” y campañas sucias que se apoyan en el
control ultraderechista del poder legislativo, judicial y mediático. El ex presidente
Pastrana, uno de los campeones del No, es portavoz de dicha política que, por
demás, es la esencia doctrinaria del Centro democrático, aparato partidista del
ex presidente Álvaro Uribe.
En
síntesis, el intento de frustrar la solución política para la paz en Colombia
no está desconectado de la contraofensiva por cambiar el signo democrático en
el continente y su objetivo es revertir las conquistas sociales y los cambios
progresistas alcanzados en las últimas dos décadas en América Latina. Sin embargo,
en el caso de la paz en Colombia parecen contrabalancearse confrontaciones más
agudas, que tienen en vilo los rumbos de la política global en el interior del
sistema imperial dominante. Por lo visto, la expresión de Obama hace dos años,
en el sentido de “terminar las guerras innecesarias” en la región y el respaldo
al diálogo en La Habana, no se contrapone de forma excluyente con los esfuerzos
desestabilizadores en la región, promovidos por las vertientes más
conservadoras del capital transnacional. Los efectos de un eventual cambio en
la orientación de la política estadounidense, aún si Clinton lograra ganar la
elección presidencial, pueden incidir, en los meses siguientes en el destino y
el contenido del proceso de paz. En tales condiciones, la permanencia, la
continuidad y la posibilidad de que la solución política se concrete en el
eslogan de una paz “estable y duradera”, que reúna calidades básicas de paz
“justa y democrática” va a depender en lo fundamental, en la capacidad de
unidad, de convergencia, de iniciativa y de dinámica perseverante del
movimiento popular.
Nuevos
retos para la unidad de las fuerzas favorables a la solución política
El tema de
la unidad es decisivo, pero plantea complejidades de no inmediata resolución.
El anuncio de la apertura de una fase pública del diálogo con el ELN, en la
ciudad de Quito, a partir del 27 de octubre amplía objetivamente el horizonte
del proceso de paz como eje principal de la política nacional y pone en
movimiento el compromiso en otros componentes de la lucha popular. Desvirtúa la
argumentación de que el tema de la paz ha sido solo un estorbo para la lucha
social, opinión que han alegado algunas corrientes en la izquierda para
minimizar el profundo significado del diálogo y de los procesos dirigidos a una
salida política de la prolongada etapa de guerra contrainsurgente. Además, el
resultado negativo del plebiscito ha despertado dinamismos de la participación
que no se habían manifestado en la campaña a favor del SÍ y que se hacen
visibles ante un momento de frustración, de incertidumbre total por el devenir
inmediato y de amenaza de reversión de lo alcanzado en términos del progreso
hacia el fin de la guerra, como por ejemplo en el tema del cese al fuego
bilateral y definitivo. El papel de las iglesias, lejos de ser espontáneo, fue
inducido a posturas fundamentalistas a través de una trampa publicitaria y al
torpe manejo de la ex ministra Gina Parody a las políticas de educación sexual
en los colegios.
Las
movilizaciones del 5 y sobre todo la del 12 de octubre han empezado a
desvanecer la dicotomía plebiscitaria entre un Sí derrotado y un No triunfante,
para reemplazarla por sentimientos compartidos de respaldo a un Acuerdo
existente, de contribución a destrabar la vía rápida de la implementación,
deshabilitada por el No, el desconcierto de muchos votantes del No que lo
hicieron como voto de castigo a las medidas antipopulares del gobierno, pero
que están a favor de la paz y también el rechazo a la manipulación grosera de
los electores por la propaganda hipócrita de la campaña del Centro democrático
o la apropiación oportunista de la crisis por Uribe, Pastrana y el ex
procurador como si hubieran ganado la guerra el 2 de octubre.
Una
acelerada politización ciudadana en la onda de la paz y un aprendizaje del significado
real del Acuerdo le están dando una calidad diferente al momento político. Las
declaraciones prudentes del equipo negociador de las Farc EP, el nuevo
protocolo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo junto con la
prolongación del mismo hasta el 31 de diciembre, despeja, de momento temores
fundados en los riesgos efectivamente existentes de eventuales rompimientos y/o
provocaciones. También Santos actúa con prudencia, en una circunstancia en la
que acecha la presión ultraderechista por imponer la renegociación total del
Acuerdo o cuando menos modificarlo para anular sus contenidos sustanciales en
el tema de tierras, de justicia y de participación política.
El tipo de
convergencia que ha ido surgiendo es la de un frente de coincidencias muy amplio
en torno de puntos esenciales: defensa del Acuerdo en su integralidad y la
coherencia de su contenido; aseguramiento del cese al fuego y a su mecanismo de
verificación tripartita (Farc-Ep, gobierno, ONU); nuevo convenio en la Mesa de
Diálogo sobre implementación y procesos legislativos; rechazo popular al pacto
de élites y pasos hacia el Pacto Político Nacional, tal como fue definido en el
punto 3.4 del Acuerdo, o sea pacto de no armas en la política, no más
paramilitarismo, ni “enemigo interno”, no más doctrina de seguridad nacional,
no más “limpieza social”, garantías para la vida y el ejercicio de la política
y compromiso de no repetición.
En el
marco de esta amplia convergencia, la izquierda social y política debe afinar
sus acercamientos y su disposición a actuar como una fuerza definitoria, en
primer lugar como la más firme abanderada del Acuerdo de paz y de la lucha por
la justicia social. Su posición en contra del tipo de reforma tributaria
regresiva que lidera el gobierno, en apoyo a las consultas previas y consultas
ciudadanas sobre explotaciones mineras, que están en la Constitución y han sido
avaladas por la Corte Constitucional, en exigencia de una moratoria sobre
concesiones minero energéticas y del agua o en relación a la disolución del Esmad
(Escuadrón anti disturbios) y el cese del trato violento a las protestas de
inconformidad cívica tiene un extraordinario valor convocante, como complemento
necesario de la paz. La defensa del proceso y la lucha por la justicia social
constituyen la base de una plataforma democrática de unidad en torno a la cual
podrían tejerse los puntos de una alternativa de poder para 2018. La política
de Frente Amplio por la Paz, la Democracia y la Justicia Social debe ayudar a
afinar iniciativas para acercar fuerzas y diseñar procedimientos que permitan
unir propósitos.
Una
reflexión necesaria sobre los acontecimientos y su perspectiva
A la
pregunta de qué característica conviene retener del momento político que vive
Colombia diríamos que estamos ante una transición que tiene como punto de
partida un compromiso político. El Acuerdo de paz nos ha puesto ante la
realidad viviente de un compromiso político para hacer tránsito del estado de
guerra contrainsurgente a un estado de no-guerra, de garantías, de libertades y
de reformas. Es el compromiso para poner fin a una modalidad de guerra civil, a
un prolongado y doloroso capítulo de confrontación en la lucha social y de
clases, que puede pasar de existir como confrontación armada a un escenario de
civilismo, normado, con garantías relativas para la vida y la intervención en
política de quienes debieron empuñar las armas para romper el endurecido
cascarón de la antidemocracia, en un régimen excluyente y violento, donde los
privilegios de unos pocos contrastan con la creciente desigualdad social de las
mayorías y donde la desigualdad política se ha sostenido en distintas
modalidades del terrorismo de Estado. Pese a los presuntuosos sepultureros del
marxismo, tal es el fondo de la realidad con que debemos contar. Lenin decía, sabiamente,
al valorar la importancia estratégica de circunstancias como estas, que “hay
compromisos y compromisos. Es preciso saber analizar la situación y las
circunstancias concretas de cada compromiso o de cada variedad de compromiso”.
Las
huellas trazadoras de la crisis muestran el equilibrio inestable que la
ultraderecha trata de alterar para recuperar las riendas del gobierno en 2018.
Al desconocer el Acuerdo y formular propuestas imposibles porque se sitúan en
las antípodas de lo consensuado en durísimas jornadas, la postura anti Acuerdo
pretende dilatar en el tiempo una salida a la implementación. Está surgiendo,
con la movilización popular ascendente, una nueva configuración de las fuerzas
que pueden consolidar el paso histórico que el pueblo ha emprendido hacia un
nuevo país.
Secretario
General del Partido Comunista Colombiano.
Bogotá D
C, Colombia, lunes 17 de octubre de 2016.
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