Por Gustavo Espinoza M.*
Si el 9 de octubre se celebró durante varios años en el Perú el
Día de la Dignidad Nacional como una manera de recordar la fecha en la que las
tropas acantonadas en el norte y comandadas por el general Fermín Málaga Prado
recuperaron los yacimientos de La Brea y Pariñas y la Refinería de Talara,
expulsando a la IPC; el 1 de septiembre bien podría considerarse el Día de la
Vergüenza Nacional.
Y es que ésa será en el Perú, una fecha para el recuerdo. Está
previsto el arribo del Portaviones “George Washington”, del que desembarcarán
3,200 Infantes de Marina, que -- enviados por los Estados Unidos -- tendrán la
tarea de “ayudar al Perú” en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
La injerencia militar yanqui en nuestro suelo, no es nueva. Se dio
antes, en distintas etapas de nuestra historia. En 1965 -- aún se recuerda -- el
gobierno de Fernando Belaúnde Terry programó la llamada “Operación Ayacucho”,
considerada una “acción contrainsurgente” cuando asomaran en el país brotes
guerrilleros liderados por Luis de la Puente y sus compañeros.
En esos años -- no hay que olvidarlo -- se dispuso el bombardeo con
Napalm de aldeas peruanas. Aunque nunca se reportó oficialmente el número de
bajas civiles que produjo el hecho, la destrucción de poblaciones y el incendio
de inmensas zonas forestales; permite suponer la consumación de ingentes daños
a la vida y al eco sistema, de los que el gobierno de entonces nunca quiso
hacerse responsable. Hubo “asistencia militar” USA, pero no tropa.
Fueron aviones de los Estados Unidos los que actuaron en esa
circunstancia. Su presencia,
sin embargo, se cortó abruptamente apenas cuatro
años más tarde, cuando en 1969 el gobierno del genera Juan Velasco resolvió
cortar los vínculos de ese orden con USA, y expulsó primero a la Estación de la
CIA y luego a la Misión Militar de los Estados Unidos.
Fue esa una respuesta digna a una política soberbia y hegemónica
impuesta no sólo al Perú sino a todos los países de la Región tanto por la Casa
Blanca como por el Pentágono, y que buscaba “mover” a los países del continente
como fichas en el tablero para enfrentar a la URSS y al Campo Socialista.
El fin de la experiencia militar patriótica, envilecida por
Morales Bermúdez y el retorno de los partidos tradicionales a la conducción del
Estado, hizo que el gobierno norteamericano fuera recuperando poco a poco el
viejo sitial que usara en los años sesenta sobre nuestra institución armada.
En 1980, logró abrir paso a una acción que poco después permitió
el establecimiento del primer enclave militar norteamericano en nuestro suelo:
la Base de Santa Lucía, ubicada en el Alto Huallaga, en el corazón de la selva
peruana. Después, vendrían otras. Y, aunque nadie oficializó ni su identidad,
ni su número, se sabe que son por lo menos siete las que actúan en suelo
peruano siempre bajo el mismo pretexto: “combatir el narcotráfico”, objetivo
que nunca fue logrado. Contingentes poco numerosos, pero efectivos.
Hace 30 años, el 1985, el Perú era un importante productor de
Pasta Básica de Cocaína. Pero desde la imposición de las bases yanquis, pasó a
ser al primer productor mundial de esa droga, que se destina precisamente al
primer mercado de consumo: los Estados Unidos de Norteamérica. Bien podría
decirse, en estricto honor a la verdad, que la presencia de las tropas yanquis
permitió el incremento de cultivo de la Coca, y el aumento de la producción de
la Cocaína, que hoy alcanza niveles jamás antes registrados.
Como dicen los especialistas, hoy en el Perú, “15 regiones se
dedican a la producción de droga. El 60% de la producción de esta termina en el
mercado norteamericano. El transporte de tal cantidad de droga se realiza a
través de los 115 aeropuertos clandestinos ubicados estratégicamente en el
territorio nacional. El narcotráfico mueve anualmente US$22 mil millones, lo
que equivale al 17% de nuestro PBI”. (www.otramirada.com)
En lo que se refiere a lo que va del siglo XXI, han sido en
extremo frecuentes las visitas al Perú del Secretario de Estado para la
Defensa, del Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos; y de muchas otras
autoridades militares y civiles que arribaron a nuestro suelo para tratar el
mismo tema: la presencia militar norteamericana en el Perú.
Como consecuencia de todas esas “tratativas”, y luego de un
acuerdo adoptado en enero por el Congreso de la República con el consenso de
casi todas las fuerzas políticas allí representadas, el 1 y el 15 de febrero,
arribaron dos contingentes militares, enviados por el Pentágono. El primero,
integrado por 58 soldados; y el segundo por 67. Ambos permanecerán aquí hasta
febrero del 2016 en la tarea de “entrenar a los institutos armados peruanos en
el cumplimiento de operaciones especiales”.
Pero lo que ocurrirá el 1 de septiembre resulta ciertamente
inédito: nunca antes sucedió. Y sólo aconteció en otros países como una
invasión militar norteamericana. Así fue en buena parte del siglo XX, desde
Puerto Rico, hasta Panamá, pasando por Nicaragua, Honduras, República
Dominicana, Guatemala y otros países. Ahora, se trata de tropa.
La que se avecina, será una suerte de “Operación encubierta”. Y
estará destinada a afirmar la presencia norteamericana no sólo en el Perú, sino
en America, en una circunstancia en la que el Imperio busca cambiar a como dé
lugar la correlación de fuerzas imperante en la región.
De esa voluntad, hay pruebas irrebatibles. Recientemente se
denunció que la administración norteamericana “expulsó” de los Estados Unidos a
miles de delincuentes integrantes de bandas criminales salvadoreñas -- las
“Maras” -- que se hallaban encarcelados en distintos penales de USA,
borrándoles los antecedentes criminales, a fin facilitarles el retorno al El
Salvador y minar allí al gobierno de Sánchez Cerén.
También, y con el apoyo activo de Alvaro Uribe, armó bandas que
operan en el Estado de Táchira, en la frontera colombo-venezolana, con la idea
de generar un conflicto armado entre estos dos países.
Y por si fuera poco, alentó a los grupos reaccionarios en Ecuador,
promoviendo contra el gobierno constitucional del Presidente Rafael Correa, una
campaña orientada a desacreditarlo y destituirlo. Eso, es lo que en otras
condiciones, quiere hacer también con Dilma Rouseff, en Brasil.
Las encantaría poder hacer lo propio contra Cristina Fernández, en
Argentina; pero todo indica que allí, en los comicios de octubre, el pueblo
ratificará su confianza en el rumbo patriótico impuesto por los Kichner con la
complacencia de las mayorías nacionales.
Y, claro, cómo no, contra Chile, deteriorando la imagen de
Michelle Bachelet y resquebrajando la unidad del colectivo político que la
sustenta. Y es que el Imperio no mira en pequeño. Busca lo grande, porque juzga
que lo grande, envuelve riqueza.
Y a su manera, eso lo hace también en el Perú, a través de una “prensa”
venal y amarilla que ataca sañudamente al Presidente Humala y a su esposa,
levantando contra ellos un cúmulo de agresiones, fundadas e infundadas.
Recientemente, por las redes de Internet
circuló un chascarro: una foto de la esposa del Presidente mirando, en Paris,
la Torre de Eiffel. Luego,
el congresista fujimorista Oscar Becerril decía: ¡Nadine quiere comprarse la
Torre Eiffel!, e inmediatamente después, el congresista aprista Mauricio Mulder
exigía: ¡qué se forme una Comisión Parlamentaria que investigue de dónde sacará
la plata para comprarse la Torre!. Luego, Jorge Del Castillo comentaba ¡sin
duda se trata de dinero proveniente del lavado de activos!. Guardando las
distancias, eso es, en buena medida, lo que ocurre.
Mientras la “prensa grande” distrae a los peruanos con “las
agendas” de Nadine y “las compras” de la Primera Dama, La Fiscalía y la
investigación, los soldados yanquis hollarán nuestro suelo en lo que bien podrá
pasar a la historia, como EL DIA DE LA VERGÜENZA NACIONAL.
*Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestrabandera.lamula.pe
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