sexta-feira, 14 de agosto de 2015

América Latina, Caribe/MÁS TIERRA PARA LAS MUJERES, MAYOR SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA TODOS

10 agosto 2015, FAO http://www.fao.org (Naciones Unidas)

Para erradicar el hambre en América Latina y el Caribe las mujeres rurales deben tener mayor acceso a la tierra.

Santiago de Chile -- Las mujeres rurales son responsables por más de la mitad de la producción de alimentos a nivel mundial, pero en América Latina y el Caribe continúan viviendo en una situación de desigualdad social y política, la cual se expresa fuertemente en su acceso y propiedad sobre la tierra, señaló hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

Aunque las mujeres rurales de la región desempeñan un papel fundamental en la erradicación del hambre, preservando la biodiversidad, conservando semillas y recuperando prácticas agroecológicas para la producción de alimentos saludables, en promedio, sólo el 18% de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe
son manejadas por mujeres.

Según censos agrícolas a nivel nacional, sólo el 8% de las explotaciones agrícolas en Belice y Guatemala son manejadas por mujeres, porcentaje que no supera el 30% en Chile, Jamaica y Santa Lucía.

“Todo esto limita la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como condición necesaria para erradicar la pobreza y el hambre en la región”, explicó Claudia Brito, Oficial de Género de la FAO, quien agregó que las mujeres reciben sólo el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica, situación que los gobiernos de la región deben enfrentar.

Mujeres con mayor acceso a tierra
En términos de la propiedad sobre la tierra, las mujeres también se hayan en franca desventaja frente a los hombre. Un estudio de seis países señala que el porcentaje de propietarias mujeres alcanza el 32% en México, el 27% en Paraguay y sólo el 20% en Nicaragua y el 14% en Honduras (de Deere et al., 2012).

“El control efectivo de la tierra por parte de las mujeres podría tener un mayor impactoen la seguridad alimentaria y nutricional en la región. Hay un enorme potencial que desarrollar”, explicó Brito.

La mayoría de países en América Latina y Caribe han sabido reconocer esta realidad y han reformado sus leyes de tierra, códigos civiles y de familia, aprobando leyes que reconocen la igualdad de derecho entre hombres y mujeres, incluyendo sus derechos de propiedad.

En ese sentido, países como Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Bolivia han introducido medidas inclusivas para garantizar la propiedad de la tierra por las mujeres, mientras otros (Nicaragua, Venezuela y Paraguay) han garantizado su acceso a mujeres jefas de hogar en sus legislaciones agrarias. Sin embargo aun persisten importantes brechas en la tenencia de la tierra como parte de los derecho de las mujeres rurales.
Según Katz y Chamorro (2003), los hogares donde las mujeres tienen derechos de propiedad sobre la tierra gastan más dinero en alimentos que aquellos donde las mujeres no son propietarias: 5,5% más en Nicaragua y 2,5% más en Honduras.

La propiedad de la tierra por parte de las mujeres rurales  acompañada del  acceso a otros servicios relativos a la productividad, como el crédito, la asistencia técnica, a canales de comercialización y otros recursos naturales esenciales como el agua, se constituyen en un primer paso fundamental  a favor de la seguridad alimentaria de los países de la región y del  logro de la autonomía económica de las mujeres.

“Si las mujeres tuvieran mayor acceso a estos recursos, no sólo vivirían en una mejor situación de seguridad alimentaria y nutricional sino que también favorecerían a sus familias y en consecuencia, a los países y la región”, explicó Brito.

Según la FAO, para lograr una erradicación rápida y sustentable del hambre en América Latina y el Caribe, los gobiernos y la sociedad como un todo deben reconocer los múltiples aportes que hacen las mujeres rurales como productoras, propietarias y tomadoras de decisiones, removiendo los obstáculos que persisten en detrimento de su condición social, económica y jurídica.

  

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