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mayo 2014, Cuba Debate Círculo de Periodistas Cubanos contra el Terrorismo Mediático http://www.cubadebate.cu (Cuba)
De profesión economista, es el Canciller de la República de
Ecuador.
Con
la Paz de Westphalia (1648) surge el Estado-nación, y con él el principio de
igualdad soberana entre Estados. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y el subsecuente
proceso de descolonización, la comunidad internacional legisla acerca del
principio de la libre autodeterminación de los pueblos a elegir cómo desean
gobernarse. A pesar de este avance doctrinario, la segunda mitad del siglo
XX estuvo plagada de invasiones militares e injerencias por parte de países
poderosos en la política interna de los países relativamente más débiles -- en
los que guardaban intereses --.
Si
bien diferentes, los casos de Afganistán, Iraq, Siria y Libia en el siglo XXI
volvieron a mostrar que la agresión militar y la injerencia extranjera en
política nacional -- en función de intereses imperiales -- todavía persisten,
en tanto prácticas para el control del poder global. La historia nos enseña
que la fuerza sigue imperando por sobre el Derecho Internacional (aunque cada
vez con una mayor resistencia por parte de una creciente cultura del diálogo y
del derecho).
Desde
la década de los 60´s del siglo pasado hasta casi entrado el siglo XXI,
Suramérica convivió –tristemente- con el golpismo. Las sangrientas dictaduras
del Cono Sur ocasionaron la desaparición, tortura y asesinato de miles de
personas, así como tristes secuelas psicológicas para la siguiente generación.
Por el contrario, el siglo XXI augura un rumbo pacífico y democrático en la
vida política de las naciones suramericanas, gracias, en gran parte, al proceso
de integración iniciado en su primera década.
Bajo
el liderazgo inicial de Chávez, Kirchner, Lula, Correa, Morales,
Bachelet, entre otros líderes del sueño de una Suramérica unida, los
países suramericanos comprendieron que sólo en la unión política entre países
se hallaba la ruta para conseguir una mayor soberanía nacional y regional,
garantizando así una efectiva libertad de los pueblos a elegir el gobierno de
su preferencia. Fue con este espíritu, al igual que con el anhelo de encontrar
el desarrollo de los pueblos suramericanos, que la región vio nacer y
consolidarse, en poco tiempo, a la Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR-, un organismo
de naturaleza democrática.
La
teoría democrática contemporánea reconoce la disidencia como parte constitutiva
de la democracia liberal de partidos, mas siempre dentro de los mecanismos
pacíficos instaurados para dicho fin. Solamente el sufragio electoral y un
medio constitucionalmente reconocido -como lo es la revocatoria del mandato-
pueden poner fin a un Gobierno electo por la mayoría del pueblo. Así, es
inadmisible que el legítimo ejercicio del poder político sea abrupta y
violentamente interrumpido por sectores que no comulgan con las reglas
democráticas.
Es
en el marco de esta línea doctrinaria que la Unasur ha cumplido y sigue
cumpliendo un rol fundamental como garante de la vigencia del sistema
democrático en Suramérica. Venezuela es el caso más reciente de un país de la
región que ha visto peligrar la continuidad de su institucionalidad
democrática, ante los hechos de conocimiento público. Por pedido de su
Gobierno, la Unasur se reunió –de
manera rápida y oportuna- el 12 de marzo en Santiago de Chile. Allí, el
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión resolvió constituirse
en Comisión, con el fin de “respaldar los esfuerzos del Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela para propiciar un diálogo entre el Gobierno,
todas las fuerzas políticas y actores sociales con el fin de lograr un acuerdo
que contribuya al entendimiento y la paz social” (artículo 1 de la Resolución
del 12 de marzo).
Hasta
la fecha, son cuatro las ocasiones en las que el Gobierno venezolano y la
oposición se han sentado a dialogar, ante la presencia de la Comisión de
Ministros de Relaciones Exteriores de la Unasur, la que ha asistido en calidad
de un tercero de “buena fe” para facilitar y mediar en el diálogo. En pos de
volver más operativa la representatividad de la Unión en este proceso, el
Gobierno y la Mesa de Unidad Democrática –MUD- solicitaron que fueran tres los
Cancilleres que participaran en nombre de la Unión: Luis Alberto Figueiredo de
Brasil, María Ángela Holguín de Colombia y yo, en representación del Ecuador,
países a los que acompaña un representante del Vaticano. Entre los acuerdos a
los que ya han arribado Gobierno y MUD, se destacan: 1) una categórica condena
a la violencia como medio de hacer política; 2) el diálogo estará enmarcado
dentro de la Constitución de Venezuela; 3) la pronta renovación de los poderes
públicos según lo establece la Carta Magna; 4) el trabajo conjunto en las mesas
temáticas creadas por el Gobierno, entre ellas, sobre la situación económica en
Venezuela; 5) el estudio de la situación de las personas que están siendo
procesadas por la justicia, como resultado de los hechos de los últimos meses.
¿Cuál
es la importancia de que Unasur haya acompañado a Bolivia (2008), Ecuador
(2010) y ahora a Venezuela en momentos en los que la estabilidad del régimen
democrático peligra? El hecho de que toda una región muestre el respaldo a un
Gobierno democrático da una firme y clara señal a sus sociedades y al mundo,
sobre todo al mundo de los poderosos. A saber, que toda una región aboga por el
principio de soberanía y libre autodeterminación de los pueblos a elegir el
gobierno de su elección, y esto al margen de si esta decisión conviene o no a
los intereses de una o varias potencias. La democracia tiene
reglas y éstas deben ser respetadas.
Una
acción pragmática, como la creación de una Comisión de Cancilleres para velar
por la institucionalidad democrática en Venezuela, muestra que la integración
no es pura retórica. No, es un asunto serio que claramente conviene a todos,
tanto a países con gobiernos de izquierda cuanto a aquellos de centro y de
derecha. Gracias a la integración, todos ellos pueden, efectivamente, acrecentar
su soberanía nacional, así como garantizar el principio de libre
autodeterminación de los pueblos a elegir el gobierno que mejor represente sus
intereses.
La
región ha actuado oportunamente para evitar que la escalada de violencia en
Venezuela desembocara en una ruptura institucional y, peor aún, en una posible
guerra civil de larga duración. La integración constituye un medio claramente
efectivo para salvaguardar el régimen democrático en la región, al igual que un
mecanismo para desincentivar la intervención de potencias extranjeras (sea por
la vía militar o mediante el “apoyo” a grupos políticos funcionales a sus
intereses) en los asuntos internos de los países “periféricos”. En suma, la
integración vela por un mayor apego al derecho internacional, en oposición a la
continuidad de la ley del más fuerte.
Si
la Unasur no hubiese existido, si ésta no hubiese “blindado” a la democracia
venezolana, la crisis política en Venezuela habría creado un contexto favorable
para que su aislamiento permitiera intervenciones foráneas que, como se ha
visto con los casos de Siria y Libia (guardando las distancias), sólo han
incendiado a las sociedades que trataban de “salvar”.
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