Por Carolina Coral
20 noviembre 2009/Revista Caros Amigos, Brasil
Fuente: Mapuexpess http://www.mapuexpress.net
Reportaje publicado en la revista brasileña Caros Amigos, de circulación nacional, en octubre de 2009.
Traducción Anderson Veloso y Simón Palominos
Asesinatos de jóvenes indígenas evidencian la represión del Estado chileno sobre los pueblos originarios que luchan por el reconocimiento y por la recuperación de sus territorios ancestrales.
Santiago de Chile – La muerte del joven mapuche Jaime Facundo Mendoza Collío, de la comunidad Requem Pillan de Ercilla, en 12 de agosto de este año, como consecuencia de un disparo realizado por un policía durante una manifestación en defensa de tierras indígenas, no fue el primer caso de asesinato y represión por parte del Estado chileno contra el pueblo mapuche. Otras víctimas, como Álex Lemun, en 2002; Juan Collihuin, en 2006, y Matías Catrileo, en 2008, evidencian que las muertes no son simples casos aislados, sino consecuencia de problemas que se arrastran por más de 100 años entre los pueblos originarios y el gobierno nacional. Dichos problemas continúan intensificándose por actos de violencia y por la falta de tolerancia respecto a las múltiples etnias que constituyen Chile. Según el historiador chileno José Bengoa, la cronología de la historia indígena de Chile no es la misma de la historia del país. A pesar de las semejanzas históricas entre todos los pueblos indígenas de América Latina, también hay particularidades de cada grupo indígena. En el caso de los mapuches – pueblo indígena predominante en Chile y también existente en Argentina – siempre estuvieron dispuestos al diálogo con el gobierno chileno. Entretanto, fue el propio Estado chileno quien rompió cualquier posibilidad de diálogo, a fines del siglo XIX, cuando inició su expansión territorial. Además, no elaboró ninguna política de protección a los indígenas. Al revés, los consideraban como un obstáculo para el desarrollo económico de la nación. Fue en ese período de expansión territorial que, por medio de los títulos de Merced - instrumento creado por el gobierno chileno para apoderarse y controlar tierras que no les pertenecían - ocurrió un proceso abrupto de reducción territorial de los pueblos originarios, que permanecieron apenas con un 5% de las actuales regiones de Arauco, Bio Bio, Malleco y Cautín. Sin embargo, aún con los títulos en manos, no se aseguró la permanencia de los mapuches en sus tierras debido a la usurpación de las tierras por parte de los colonizadores extranjeros y de los propios chilenos. Para Bengoa, el origen de la pobreza indígena está directamente ligado a tal reducción territorial, pues esas pocas tierras se hicieran insuficientes para suplir las necesidades de esa población, impidiendo la construcción de una vida digna. Además, a fines del siglo XIX y principio del XX, hubo un período denominado como “asimilación forzosa”, caracterizado por políticas estatales dirigidas a los pueblos indígenas con el objetivo de transformarlos en ciudadanos chilenos, en base a un concepto de “identidad nacional homogénea”. De acuerdo al historiador, ese proyecto fue marcado por una integración frustrada, porque hasta hoy los indígenas no están totalmente insertados en la sociedad chilena.
Disolución de territorio
Todavía hoy los mapuches viven bajo la amenaza de la disolución de su territorio. Los mayores enemigos de las tierras indígenas son los proyectos de inversión privados, entre los cuales hay plantaciones forestales que afectan directamente las comunidades. Para Alfredo Seguel, editor del informativo Mapuexpress – sitio web de mayor acceso con contenidos sobre los mapuches – “la industria forestal ha sido una de las actividades símbolo del ultraneoliberalismo del Estado chileno, pues sus propietarios son los empresarios considerados más ricos de toda América Latina”. Actualmente, hay 3 millones de hectáreas de monocultura de especies exóticas como el pinos y el eucalipto, que son como bombas que captan toda el agua del suelo, perjudicando el medio ambiente, además de sustituir los bosques nativos, las plantas con propiedades medicinales y la soberanía alimentaria de esas comunidades. Los inversionistas de la industria forestal y sus derivaciones, como la de acuacultura, de crianza de ganado y de la agricultura están directamente asociados al mercado financiero y se dividen en nacionales, multinacionales y transnacionales. De acuerdo con Roberto Morales, director de la Escuela de Antropología de la Universidad Austral de Chile, dichos grupos también controlan la educación, salud, energía y los medios de comunicación, y son los mismos que controlan el aparato público estatal a su favor y ayudan a implantar políticas represivas que resultaron en las muertes de los jóvenes mapuches.
Respaldo del gobierno
En la evaluación de Seguel, el gobierno de la presidente Michelle Bachelet dio respaldo para una radical expansión de la extracción en las tierras de los pueblos originarios. No obstante, el modo como esos recursos serán explotados “dice respecto a todos y principalmente a las comunidades que son parte de ese ecosistema”, resalta. Explica, todavía, que la industria forestal en Chile se representa principalmente por dos grupos económicos: Matte (CMPC) y Angelini (Copec, Arauco y Celco), los cuales controlan aproximadamente un 70% de suelo utilizado para plantaciones en el país y ya bordean los 7 mil millones de dólares de fortuna. Además, se están expandiendo para otras regiones como Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina y Brasil. Según el abogado José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, e hijo del ex-presidente Patricio Aylwin, después de que Chile ratificara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estableció que en “cada proyecto realizado en tierras indígenas debería ser aplicado un proceso de consulta adecuada a dichos pueblos, como forma de compensación por los daños y mayor participación en los beneficios que estos generan, exactamente como se establece en el derecho internacional”. Aylwin también resalta que, a pesar de la historia de demandas negadas a los pueblos indígenas, la ratificación de ese Convenio -firmado bajo presión de organismos nacionales e internacionales– ayudó a la inserción de la problemática indígena del país en un escenario internacional, representando un avance y una posibilidad de real transformación. Sin embargo, “aún así son insuficientes, pues las políticas públicas todavía son muchas veces contradictorias”.Una de las contradicciones es la propia Constitución chilena, que distingue la propiedad de la tierra de los elementos que forman parte de ella. Así, en la mayoría de las veces, dentro de las propiedades indígenas ocurre una explotación de la vegetación y de las aguas por parte de empresas privadas, generando un conflicto en permanente expansión.
Tradición de diálogo
A pesar de todos los abusos sufridos a lo largo de tantos años, la tradición mapuche de diálogo se mantiene. En principios de agosto de este año, los líderes del sur fueron a Santiago reivindicar junto al gobierno la recuperación de sus territorios ancestrales, pero como no fueron atendidos, decidieron ocupar las tierras que intentaban retomar. El ministro Patricio Resende fue enviado a la Araucanía para firmar un acuerdo, pero según el abogado Aylwin, el representante del gobierno, además de no haber dialogado con la comunidad, mandó a reforzar la estrategia policial, lo que terminó provocando la muerte de Jaime F. M. Collío. Hasta hoy todos los agentes policiales responsables por las muertes de los mapuches no fueron llevados a la justicia civil, sino procesados por la justicia militar, que, de acuerdo a José Aylwin “carece de imparcialidad y independencia necesaria para analizar miembros de las fuerzas armadas, generando, consecuentemente, un sentimiento de indignación por parte de las comunidades mapuche, que con el paso de los años conviven con la impunidad”.Además de la responsabilización de los agentes del Estado, el director del Observatorio Ciudadano defiende el fin inmediato de la militarización en las zonas de conflicto, lo que para él es “una provocación inaceptable para la convivencia interétnica”.
Derechos fundamentales
De acuerdo a Roberto Morales, existen otros aspectos que están asociados al reconocimiento de los derechos fundamentales de los mapuches como pueblo, como el ejercicio efectivo de una soberanía política, la autodeterminación como nación y un modelo de desarrollo económico adecuado a sus principios colectivos, asociativos y de cooperación. Morales cree que de las reivindicaciones de los mapuches solamente son atendidas las que no colocan en riesgo el modelo económico vigente, el sistema político y el eje cultural predominante. Según él, en el gobierno de Michelle Bachelet predomina una postura ambigua, “que de un lado apoya el respeto al reconocimiento de las demandas mapuche, pero no a aquellas asociadas a las inversiones públicas, como la creación una nueva legislación, educación diferenciada, espacios de poder de diferentes grupos, instancias de comunicación e inclusión de las comunidades en las tomas de decisión”.La promulgación de la Ley Indígena nº 19.253 por Chile, en 1993, resulta de presiones externas y internas y una tentativa de incluir a los mapuches. De acuerdo a Elba Soto, doctora en educación, “en el momento de su elaboración, el gobierno chileno permitió a los indígenas que propusiesen sus propios términos”. Con todo, en la práctica, como ella constató en entrevistas con líderes indígenas, “el reconocimiento como nación indígena fue excluido, y también muchas propuestas de esa ley no corresponden a los objetivos de ellos”.
Lucha más allá de los conflictos
El estudiante de Historia de la Universidad de Chile, Líber Osorio – hijo de mapuche – respalda que otro elemento fundamental para la constitución de la nación mapuche es el idioma, pues es a través de este que la cultura se difunde. Él explica que Chile es uno de los únicos países de América Latina que no se reconoce como un pueblo mestizo, por ello enfatiza que la lucha está para más allá de los conflictos territoriales. La poeta mapuche Maribel Mora revela con nostalgia y mucho orgullo que su abuela - dirigente de una comunidad mapuche – siempre le decía: “hagas lo que hagas, nunca te olvides de que eres mapuche”. A pesar de eso, de a poco la familia de Maribel fue incorporando el español y dejando de hablar el idioma mapugundun – lengua originaria de los mapuches – lo que, para ella, fue uno de los grandes crímenes cometidos por el Estado chileno.
Tanto la familia de Líber como la de Maribel forman parte de un proceso de migración en el que muchos mapuches salieron de los campos del sur del país para el centro de Santiago, desvinculándose de la estructura comunitaria, profundizando la desagregación de las unidades familiares y vendiendo su fuerza de trabajo en la ciudad. De ese modo, mutilaron no solamente su lengua sino también su cultura, a través de un proceso denominado por muchos especialistas como “chilenización”. El profesor mapuche José Ancán, de la Universidad de Chile, destaca que a pesar de las demandas comunes de los mapuches, existe dentro del propio pueblo una diversidad de discursos, así como en cualquier otra cultura. Inclusive, actualmente un 70% de la población mapuche vive en las zonas urbanas, debido a las reducciones de tierra y al grave empobrecimiento de las zonas rurales. El profesor relata que después de que llegaron a vivir en la capital, muchos comenzaron a negar sus orígenes por miedo a la discriminación, llegando incluso a cambiar el apellido para que fuesen aceptados socialmente y negándose a mantener el idioma original aún en espacios privados.
Rescate de la identidad
Patricia Lienlaf, dirigente de la Organización Meli Wixan Mapu, cuenta que al momento de ingresar en la entidad fue cuando comenzó a auto reconocerse como mapuche, lo que tomó muchos años en ocurrir. La organización existe desde el principio de la década de los ‘90, y trabaja con el rescate de la identidad mapuche, principalmente en los espacios urbanos, pues considera que los indígenas que viven en la capital deben ser incorporados al proceso de liberación del pueblo, como los que están en el sur de Chile, lugar de origen de todos ellos. La organización intenta integrar todas las realidades del pueblo mapuche y, para difundir esas diversas expresiones, utiliza un sitio web que, además de informar sobre los acontecimientos recientes, da a conocer sus opiniones, siendo un espacio de movilización y coordinación de actividades públicas durante todo el año; como por ejemplo, las protestas y manifestaciones que ocurrieron en Santiago en torno a la muerte de Collío. Otro vehículo de manifestación y divulgación de opiniones mapuche es el ya citado Mapuexpress. Alfredo explica que este diario electrónico se realiza apenas con trabajo voluntario y que, además de producir sus propios contenidos, se nutre también de información de otras redes nacionales y mundiales, hace campañas y denuncias a favor de los derechos de los pueblos indígenas y tiene una tribuna permanente para dar voz a las comunidades y organizaciones. Por medio de todos esos mecanismos el editor revela que esas informaciones tienen una inmensa amplificación y resonancia en otras redes, “lo que para él es fundamental, ya que la imagen de los mapuches es el resultado de políticas de negación de identidad. Muchos indígenas sienten la carga de esos estereotipos diariamente alimentados por los medios de comunicación chilenos”.
**Carolina Coral es periodista y actualmente cursa estudios de
Magíster en Estudios Cultura Latinoamericanos, en la Universidad de Chile.
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