segunda-feira, 20 de julho de 2009

LA MÁS CRUENTA DICTADURA EN BOLIVIA ESTÁ EN LA CÁRCEL, LA DEMOCRACIA DISFRUTA LA LIBERTAD

Agencia Boliviana de Información (ABI) http://www.abi.bo

Por Adalid Cabrera Lemuz

La Paz, 17 julio 2009 (ABI) - A casi tres décadas del cruento golpe militar encabezado por el entonces general Luis García Meza, las fichas del ajedrez político boliviano están en su lugar: los gestores de ese movimiento anticonstitucional están en la cárcel mientras que la democracia vive en libertad.

Los bolivianos recordaron el viernes con temor lo ocurrido en un período de la historia que estuvo plagado de conspiraciones militares y centenas de víctimas de un pueblo que siempre luchó por la democracia.

García Meza, un oscuro general que ostentaba el comando general del Ejército se atrevió a derrocar al gobierno democrático dirigido por Lydia Gueiler Tejada que contaba con el pleno respaldo de los movimientos sociales y del Congreso.

Este general, junto a su lugarteniente que tenía el grado de coronel, Luis Arce Gómez, ingresaron con paso de parada al Palacio de Gobierno no sin antes dejar en el asfalto de La Paz varios muertos, entre ellos el líder del Partido Socialista Uno (PS-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz, un político contestatario que inclusive desafió a García Meza a un debate público sobre las Fuerzas Armadas.

La voz del naciente dictador encaramado en la Comandancia del Ejército no se dejó esperar al manifestar que en su momento "ajustará cuentas como militar y como hombre con Quiroga Santa Cruz", de quien dijo que era su compañero de colegio en la educación básica.

Pese a que García Meza tomó el poder el 17 de julio de 1980, sus tropelías comenzaron antes con operaciones planificadas y ejecutadas desde el Departamento II de Inteligencia del Ejército, donde era jefe nada menos que Arce Gómez, otro de los personajes que regarían de sangre y de luto a la democracia.

Entrenados por militares de la Armada argentina y con un grupo de mercenarios alemanes, italianos, argentinos y de otras nacionalidades conocidos como "Los Novios de la Muerte", se conformaba un batallón de paramilitares recogidos de lo más profundo del hampa en La Paz y otras ciudades.

En ámbitos castrenses se comentó que efectivos de unidad del ejército argentino Batallón de Inteligencia 601 también apoyaron el entrenamiento de los golpistas.

Es así que ese "grupo de élite" al mando de García Meza y Arce Gómez y asesorado nada menos que por el criminal de guerra nazi Klaus Barbie o Klaus Altmann, puso en marcha el golpe contra la democracia.

Ese grupo fue el autor del secuestro, tortura y asesinato del sacerdote jesuita Luis Espinal Camps, quien era director del semanario Aquí, desde donde denunció la existencia de un golpe militar en el que también estaban comprometidos civiles.

El 21 de marzo de 1980, Espinal, crítico de cine, fue secuestrado. Había asistido a una sala cinematográfica y retornaba a su casa cuando fue interceptado por paramilitares que lo introdujeron en un vehículo en el que lo trasladaron con rumbo desconocido.

Espinal, quien nació en España pero que vivía muchos años en Bolivia, fue cruelmente torturado; parte de su piel fue desgarrada con ganchos en los que cuelgan a las reses de ganado. El centro de tortura fue el matadero Municipal de La Paz ubicado en la zona de Chacaltaya.

La aparición de su cuerpo y la masiva asistencia de la población a su sepelio mostró que se avecinaban días de dolor en Bolivia y que la ejecución de los mártires de la democracia había comenzado.

Tanto las dirigencias de la Central Obrera Boliviana (COB), como de los partidos políticos de centro izquierda y de izquierda, agrupados en el Consejo Nacional de la Democracia (CONADE) se pusieron en emergencia, pero tal vez no la suficiente para frenar una asonada golpista que iría a ser, en julio de 1980, una de las más sangrientas de la historia de Bolivia.

Aún antes de asumir el poder, García Meza y Arce Gómez ostentaban su soberbia no solamente en los cuarteles, sino en las calles y recepciones sociales cuando eran abordados por los periodistas.

Para ellos "Bolivia vivía momentos de crisis y anarquía" al mando del gobierno de la presidenta Gueiler Tejada, quien asumió el poder por encargo del Congreso y tras ser sofocado otro cruento golpe que tenía como cabecilla al general Alberto Natush Busch, quien no pudo mantenerse más de 16 días en el poder ante la oposición nacional e internacional.

Para conservar el poder, Natush había ordenado la salida de tanques de guerra para reprimir las manifestaciones populares pero, huérfano de apoyo, entregó el mando al Congreso, cuyos miembros designaron como presidenta interina a Gueiler, quien dirigía la Cámara de Diputados.

Lydia Gueiler, la primera mujer que asumió la presidencia de un país latinoamericano, sufrió las de Caín por las imposiciones y desplantes que provenían de los mandos militares que no le dejaban ni cambiar a un comandante de Unidad. Vivía sometida al dedo acusador y a la amenaza de García Meza.

¿Quién habría pensado que después de 29 años de que esa dictadura militar se declaró virtualmente en la monarquía de Bolivia y condenar a la población al silencio para no ser víctimas de detenciones, torturas y muerte, García Meza y Arce Gómez hoy sean inquilinos de la cárcel de Chonchocoro?.

Ambos fueron condenados a 30 años de reclusión sin derecho a indulto por la Corte Suprema de Justicia en un juicio de responsabilidades que se prolongó por seis años en Sucre.

Si bien eran los principales cabecillas de esa dictadura tenían como cómplices a los que eran comandantes de la Fuerza Aérea y de la Armada, Waldo Bernal Pereira y Ramiro Terrazas Rodríguez.

En esa dictadura hubo alrededor de 500 asesinatos, desapariciones forzadas y 4000 detenidos.

García Meza y Arce Gómez conocieron en la clandestinidad su condena, uno (García Meza) había fugado a Brasil, y el otro (Arce Gómez) fue entregado en diciembre de 1989 a la justicia de Estados Unidos por el Gobierno del entonces presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).

Paz Zamora manifestó el viernes que optó por entregar a Estados Unidos a Arce Gómez por cuestiones de "sanidad democrática". Dijo que este personaje andaba recorriendo los cuarteles para alentar nuevas asonadas golpistas.

"En esa época la democracia nacional era todavía muy frágil y podría producirse un nuevo golpe de Estado, por lo que opté por cortar por lo sano y entregar a Arce Gómez al país del norte donde debía responder por delitos del narcotráfico.

Paz Zamora, quien fue vicepresidente del gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985) recordó el accidente de aviación que sufrió junto a altos dirigentes de la Unidad Democrática Popular (UDP) en junio de 1980 en el que murieron varios. El se salvó, pero hasta hoy arrastra las graves quemaduras en su cuerpo y en su rostro. La avioneta pertenecía a la empresa de Arce Gómez.

Este coronel de obesa figura y de tez clara, además de provocar el terror en la población por la fuerza de las armas, estaba involucrado en grandes operaciones del narcotráfico.

Curiosamente el gobierno de García Meza había declarado la guerra sin cuartel al tráfico de drogas, pero no contaba con la astucia de su ministro del Interior que solamente combatía a su competencia en esa actividad ilícita.

Arce Gómez fue llamado por el periodista norteamericano Mike Wallace, director del programa de entrevistas "60 minutos" como el "ministro de la cocaína". Wallace entrevistó a Arce Gómez y proyectó imágenes sobre las actividades ilegales del ministro.

Poco después, en enero de 1981, García Meza dispuso la destitución de Arce Gómez, pero sin tomar en cuenta que él también se había involucrado en los poco más de seis meses en el poder en delitos contra el Estado, como la venta de los diarios del guerrillero argentino cubano Ernesto "Che" Guevara, robados de las bóvedas del Banco Central, el hurto de vidrios rayban que fueron comprados para la construcción de una Piscina Olímpica, en La Paz, la explotación de piedras semipreciosas de la Gaiba, la violación de la Constitución Política del Estado y de los derechos humanos y el genocidio de la población civil.

Esos hechos provocaron a principios de agosto de 1981 que algunos jefes de las Fuerzas Armadas encabezaran un movimiento para derrocarlo o, por lo menos, provocar su renuncia, lo que finalmente se produjo.

García Meza se fue del poder con lágrimas en los ojos el 4 de agosto, tal vez adivinando lo que se le venía por delante.

El ex militar, que fue dado de baja con ignominia por las Fuerzas Armadas, había fugado a Brasil en 1989, tras presentarse en las sesiones iniciales del Juicio de Responsabilidades en las que mostró que le había atacado la amnesia porque no se acordaba de nada.

Una vez que la Policía Internacional (INTERPOL) ubicó dónde se encontraba, el gobierno boliviano tramitó su extradición, lo que se produjo en 1994. Es decir que en la actualidad, García Meza, hoy con 80 años, ya cumplió casi 15 años de su condena de 30 años, lo que no sucede con Arce Gómez , quien a sus 71 años tiene apenas unos días tras las rejas.

La detención de ambos es un precedente para la historia y para desalentar a algunos políticos que pensaron el año pasado que irían a contar con el apoyo de los militares al desencadenar un golpe cívico-prefectural en los departamentos de la denominada Media Luna (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija).

Ese golpe dejó como saldo no solamente daños cuantiosos al Estado por la intervención violenta de las oficinas del gobierno por parte de hordas que respondían a los mandos de los poderes económicos, políticos y cívicos de esas regiones, sino la masacre de unos 15 campesinos en la localidad de Porvenir a cargo de paramilitares bien armados que fueron enviados por el entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, hoy preso en la cárcel de San Pedro, en espera de un juicio.

Sin embargo los aprestos por volver a las andadas de tomar por la fuerza y el terror el poder no desaparecieron, pero fueron derrumbados nuevamente por la Policía en abril de este año en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde operaba un grupo de mercenarios extranjeros con la misión de preparar contingentes armados que encaminen acciones separatistas en el país.

….El Ministerio Público investiga las articulaciones de esa agrupación, a sus fuentes de financiamiento y otros para proponer los próximos meses al Estado un juicio que sancione a los autores intelectuales y materiales de esos hechos.

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