Colombia/El Gobierno colombiano y las FARC sellan el acuerdo definitivo de paz

27 septiembre 2016, Naiz http://www.naiz.eus (País Basco, España)

Cartagena -- El Ejecutivo colombiano y las FARC han sellado el acuerdo definitivo de paz en un solemne acto celebrado en la ciudad de Cartagena. La sociedad colombiana debe ahora refrendar lo acordado en un plebiscito que se celebrará el domingo.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Echeverri Londoño, alias 'Timochenko', han sellado esta madrugada el acuerdo cerrado en agosto tras cuatro años de negociaciones que pone fin a la guerra más longeva del hemisferio occidental.

Santos y 'Timochenko' han estampado sus firmas en el texto pactado durante una ceremonia solemne que se ha iniciado a las 17.00 horas en la ciudad colombiana de Cartagena. Este momento histórico ha quedado atestiguado por 15 jefes de Estado, la mayoría latinoamericanos y una decena de

Perú/EL DIA DE LA VERGUENZA NACIONAL

28 agosto 2015,NuestraBandera https://nuestrabandera.lamula.pe (perú)

Por Gustavo Espinoza M.*

Si el 9 de octubre se celebró durante varios años en el Perú el Día de la Dignidad Nacional como una manera de recordar la fecha en la que las tropas acantonadas en el norte y comandadas por el general Fermín Málaga Prado recuperaron los yacimientos de La Brea y Pariñas y la Refinería de Talara, expulsando a la IPC; el 1 de septiembre bien podría considerarse el Día de la Vergüenza Nacional.

Y es que ésa será en el Perú, una fecha para el recuerdo. Está previsto el arribo del Portaviones “George Washington”, del que desembarcarán 3,200 Infantes de Marina, que -- enviados por los Estados Unidos -- tendrán la tarea de “ayudar al Perú” en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

La injerencia militar yanqui en nuestro suelo, no es nueva. Se dio antes, en distintas etapas de nuestra historia. En 1965 -- aún se recuerda -- el gobierno de Fernando Belaúnde Terry programó la llamada “Operación Ayacucho”, considerada una “acción contrainsurgente” cuando asomaran en el país brotes guerrilleros liderados por Luis de la Puente y sus compañeros.

En esos años -- no hay que olvidarlo -- se dispuso el bombardeo con Napalm de aldeas peruanas. Aunque nunca se reportó oficialmente el número de bajas civiles que produjo el hecho, la destrucción de poblaciones y el incendio de inmensas zonas forestales; permite suponer la consumación de ingentes daños a la vida y al eco sistema, de los que el gobierno de entonces nunca quiso hacerse responsable. Hubo “asistencia militar” USA, pero no tropa.

Fueron aviones de los Estados Unidos los que actuaron en esa circunstancia. Su presencia,

DEMONSTRATIVA MATANÇA ESTÁ RESERVADA PARA A VENEZUELA

13 novembro 2013, Artigos Políticos http://artigospoliticos.wordpress.com

Por Nil Nikandrov

Traduzido por Anna Malm*

Não há dúvidas de que uma conspiração contra o regime bolivariano está sendo gradual e deliberadamente implementada. Os acontecimentos na Venezuela lembram muito os cenários que comprometeram e enfraqueceram e subsequentemente derrubaram o governo de Salvador Allende, no Chile em 1973 . A constante falta de alimentos de base, as constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica e do abastecimento de água assim como o aumento da criminalidade a a inflação estão afetando a maneira de ver dos venezuelanos.

Diosdado Cabello, o presidente da Assembléia Nacional acusou abertamente a radical oposição de estar por detrás planejando furtivamente uma conspiração. Ele disse que:- “Os acontecimentos de abril de 2002 estão se repetindo, e os mesmos atores estão agora também fazendo os papéis principais”. Cabello disse que as forças de direita no país estão planejando apoderar-se do poder e de levar as conquistas da revolução bolivarianas ao ponto de partida, ou seja a zero e mais nada:- “Eles querem retornar a ilegalidade da Quarta República, com perseguições políticas, assassinatos e o completo desaparecimento de oponentes, assim como com os ditados do neoliberalismo e da violência constante”.

Colombia/COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA DE LOS PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA A PROPOSITO DE LA LIBERACION UNILATERAL DE LOS ULTIMOS DIEZ MILITARES RETENIDOS POR LAS FARC-EP

Traspasa Los Muros http://www.traspasalosmuros.net (Colombia)

Campaña por la Libertad de los Prisioneros Políticos

info@traspasalosmuros.net

Abril 2 de 2012

Los prisioneros políticos y de guerra recluidos en las cárceles del país saludamos fraternalmente a las Mujeres del Mundo por la Paz, Colombianos y Colombianas por la Paz en cabeza de la Doctora Piedad Córdoba, a la señora Marleny Orjuela de ASFAMIPAZ, a familiares y amigos de los prisioneros de guerra policías y soldados, y demás delegados y garantes de este proceso de liberación unilateral de los uniformados retenidos en combate por las FARC-EP.

Compartimos la alegría de las familias que buscaron sin descanso tener la libertad de los suyos y que hoy, gracias a la voluntad de paz expresada por las FARC-EP a través de la liberación unilateral de los retenidos en su poder, se hace realidad. Estas familias lloran de alegría por ver a los suyos libres, sin embargo nuestras familias, las de los más de 7000 prisioneros políticos y de guerra, lloran por vernos podrir en las cárceles por condenas de hasta 40 y más años que se prolongan como consecuencia de la ausencia de voluntad de paz del gobierno nacional que se manifestó abiertamente en la imposibilidad de adelantar un acuerdo humanitario. Conscientes de esta realidad comunicamos:

*1. Que contrario A lo expresado por el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y el Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en las cárceles del país existimos más de siete mil (7.000) prisioneros políticos y de guerra.

*2. Que durante la semana del 20 al 26 de marzo del año en curso 617 prisioneros políticos realizamos una jornada simultánea de protesta y visibilización de nuestra existencia, consistente en una huelga de hambre que tuvo lugar en 21 cárceles del país, de la cual tuvo conocimiento la opinión pública nacional e internacional y en cuyo desarrollo recibimos mensajes de solidaridad de un amplio sector de la población reclusa, ONGS de derechos humanos, organizaciones populares, sindicales, estudiantiles de Colombia y el mundo. Estas expresiones de solidaridad fueron un reconocimiento de la existencia de los prisioneros políticos en Colombia, como consecuencia del conflicto social y armado que vive el país, y de la existencia del delito político que además está reconocido por la legislación penal colombiana, la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. No entendemos como los representantes del establecimiento pretenden desconocer la realidad que vive el país y la legislación nacional e internacional que dicen defender.

*3. Es de conocimiento público que los prisioneros políticos y de guerra, y en general la población reclusa del país, que asciende a más de 130.000 personas, vivimos en condiciones infrahumanas y constantemente se nos vulneran los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la salud, la dignidad humana, etc. Como práctica sistemática somos confinados en centros de reclusión alejados de la familia y los amigos, nos aíslan en patios de castigo, nos condenan a una vida de tortura y en la práctica nos imponen cadenas perpetuas, es el caso del compañero JORGE AUGUSTO BERNAL, miembro de las FARC-EP, hecho prisionero por el Estado hace más de 17 años, de los cuales 8 ha permanecido en calabozo, 4 de ellos en la Cárcel La Tramacúa de Valledupar, sin agua, a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, sin acceso a atención médica, y demás violaciones a una vida digna. Este es uno de muchos casos de prisioneros políticos que han sido condenados a verdaderas cadenas perpetuas con penas de 40, 60 y más años. También se presentan casos de tortura, como el del compañero DIOMEDES MENESES CARVAJALINO del ELN, recluido en el Patio 1 de la Cárcel Modelo de Cúcuta, que se encuentra en silla de ruedas, parapléjico por torturas en el momento de la captura, y quien aun cumpliendo los requisitos para la libertad condicional, hasta el momento le ha sido ilegalmente negada.

*4. Ante el aislamiento y castigo, y luego de procesos de ablandamiento moral, se instiga a desmovilizarnos y a renegar de nuestros principios y de nuestra organización, como ocurre actualmente con el compañero BERNARDO MOSQUERA MACHADO, prisionero en un calabozo, con problemas respiratorios y del corazón, de 67 años de edad, y ante sus problemas la única respuesta dada por el INPEC y el gobierno es una visita en la cual delegados gubernamentales lo invitan a desmovilizarse y traicionar su causa, a cambio de algunos beneficios jurídicos como su reubicación en cárceles privilegiadas donde están los amigos presos del gobierno. Estos entre muchos casos, deben ser investigados por las autoridades responsables de la protección de los derechos humanos y organizaciones de la comunidad nacional e internacional.

Exhortamos a Colombianas y Colombianos por la Paz, Mujeres del Mundo por la Paz y demás organizaciones que vienen acompañando estos procesos de humanización del conflicto hacia una salida política, a que mantengan los esfuerzos de visibilización y verificación de la problemática de los prisioneros políticos y de guerra del país, así como la búsqueda incansable de caminos para alcanzar la paz para los colombianos.

De igual manera hacemos un llamado a los jefes de Estado reunidos en la Cumbre de las Américas a realizarse en Cartagena a mediados del mes de abril, a que se pronuncien sobre lo antes mencionado, y unan esfuerzos en la construcción de una salida política al conflicto que vive Colombia.

Finalmente, exigimos del Gobierno nacional que ante los hechos reales de paz realizados por la insurgencia con la liberación unilateral de los prisioneros de guerra en su poder, responda con reciprocidad abriendo las puertas a un proceso de reconciliación que permita aliviar el dolor de miles de familias, amigos y organizaciones de los presos políticos y de guerra recluidos en las cárceles colombianas y estadounidenses, empezando por quienes padecen situaciones críticas de salud, con discapacidades y enfermedades terminales.

Exigimos que el gobierno nacional abandone la actitud de intransigencia que ha tenido frente a los hechos reales de paz que hoy se han llevado a cabo por parte de la insurgencia, y cese sus artimañas mediáticas para desconocer la la existencia del conflicto político, social y armado, y por tanto la existencia de los prisioneros políticos y de guerra en las cárceles del país.

En consecuencia, exigimos del gobierno nacional que tan pronto se produzca la liberación de los uniformados en poder de las FARC-EP, se otorgue autorización inmediata y sin condiciones para la realización de la Visita de Verificación de la Comisión Internacional de Mujeres por la Paz en las cárceles colombianas, de forma que se visibilice nuestra situación de reclusión actual y el estado de nuestros derechos humanos.

Reiteramos nuestro compromiso con el pueblo colombiano de mantener las banderas de la construcción de la Nueva Colombia que soñó Bolívar, y la paz y justicia social.

Fraternalmente, Prisioneros Políticos y de Guerra

Cárcel de Alta Seguridad Palogordo (Girón-Santander), Cárcel de Cómbita (Boyacá), Cárcel de Bellavista (Medellín), Cárcel de Anayansi (Quibdó), Cárcel El Reposo Santa Helena (Uraba), Cárcel Santa Inés (Apartadó-Antioquia), Cárcel La Picota (Bogotá), Reclusión de Mujeres El Buen Pastor (Bogotá), Reclusión de Mujeres de Jamundí (valle del Cauca), Penitenciaria El Barne (Boyacá), Cárcel de Palmira (Valle), Cárcel Modelo (Bucaramanga), Cárcel Modelo (Cúcuta), ERON Cúcuta (Norte de Santander), ERON Picota (Bogotá), Cárcel La Vega (Sincelejo), Penitenciaria de Alta Seguridad Doña Juana La Dorada (Caldas), Cárcel de Popayán (Cauca), Cárcel La Tramacúa (Valledupar), Cárcel El Pedregal (Medellín), Cárcel Puerto Triunfo (Antioquia), Cárcel de Yopal (Casanare).

US Sponsored "Democracy" in Colombia: Political Assassinations, Poverty and Neoliberalism

By José David Torrenegra

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Global Research, July 27, 2011

Not a week goes in Colombia without reports of assassinations and persecution of labor and political activists.

Ana Fabricia Cordoba, gender activist and leader of displaced peasants, was shot dead on June 7th inside a street bus, after she foretold her own death due to constant threats and abuses against her family.(1)

Manuel Antonio Garces, community leader, Afro-descendent activist and candidate for local office in southwestern Colombia received on July 18th a disturbing warning that read “we told you to drop the campaign, next time we’ll blow it in your house” next to an inactive hand grenade.(2)

Keyla Berrios, leader of Displaced Women’s League was murdered last July 22nd, after continuous intimidation of her organization and threats on behalf of death squads linked to Colombian authorities (3), a fact so publicly known after hundreds of former congressman, police and military personnel are either jailed or investigated for colluding with Paramilitaries to steal elections, murder and disappear dissidents, forcefully displace peasants and defraud public treasury, in a criminal network that extends all the way up to former president Alvaro Uribe and his closest aides (4).

The official explanation for these crimes is also well known; Bacrim, an acronym which stands for “Criminal Gangs”, a term created from the Colombia establishment including its omnipresent corporate media apparatus to depoliticize the constant violence unleashed against union leaders, peasants and community activists.

Human Rights defenders point to the unequal and unjust structures of power and wealth which rely heavily on repression. However, no matter how much effort is put into misleading public opinion about the nature of this violence, the crimes are so systematic and their effects always turning out for the benefit of the elite that a simple class analysis debunks the façade of these “gangs” supposedly acting on their own, and exposes the insiduous relationship between the armed thugs and seats of political power in Colombia.

What we are dealing with is the expression of present-day fascism in Latin America.

In a country overwhelmed with unemployment and poverty - nearly 70% - and 8 million people living on less than U$2 a day who daily look for their subsistence in garbage among stray dogs or selling candies at street lights and city buses, is also shockingly common and surreal to see fancy cars - Hummers, Porsches - million dollar apartments, country clubs and a whole bubble of opulence just in front of over-exploited workers, ordinary people struggling merely to make ends meet, or at worst, children, single mothers, elderly, and people with disabilities, without social security and salaries, much less higher education and decent housing.

For instance, in Cartagena, a Colombian Caribbean colonial city plagued with extreme poverty, beggars, child prostitution and U$400 a night resorts, you can pretend to feel in Miami Beach or a Mediterranean paradise, and in less than five minutes away you can also visit slums which would make devastated Haiti look like suburbia.

The same shocking contrast can be experienced in all major cities in Colombia. Thus, in order to keep vast privileges of a few amidst inhuman conditions of the majority, the elite needs to have an iron grip on political power. And once its power is contested or mildly threatened by the collective action of social movements, democratic parties and conscious individuals, a selective burst of state violence is unleashed effectively dismantling any kind of peaceful organizing by fear and demoralization.

The high levels of attrition suffered by activists raising moderate democratic banners such as the right to assembly, collective bargaining, freedom of expression and reparation from political violence, are the result of decentralized state repression carried out by death squads led by high state officers (5) who supply them with intelligence and economic resources extracted from defrauding public treasury and money laundry in the narcotics chain, where social investigators claim that most of the profit accounts for institutional economy, the banks and the state (6). This elaborated repressive strategy differs from the one perpetrated by the military juntas the ruled Argentina, Uruguay and Chile, among others, where public forces exercised directly the political violence against dissidents without pretentious democratic credentials, such as the ones constantly regurgitated by the Colombian establishment, making it more difficult to expose its deep dictatorial mechanisms that have disappeared more than 30000 Colombians (7) in the last years of US backed “counterinsurgency” policies, far surpassing Pinochet’s reign of terror.

In Colombia, where the dominant social elite prevails, thousands of bodies of the "disappeared" have been buried into mass graves, the assassination of trade union leaders is the highest in the world (on a per capita basis rate). Meanwhile, several million peasants have displaced and impoverished. In a context of brutal social repression backed by neoliberal policies, an atmosphere of generalized fear prevails.

This state of affairs raises a basic question, as James Petras puts it: “How does one pursuit equitable social policies and the defense of human rights under a terrorist state aligned with death squads and financed and advised by a foreign power, which has a public policy of physically eliminating their adversaries?”(8). Some in Colombia already found and an answer in the preamble to the Universal Declaration of Human Rights, a document that constitutes the basis for all modern states:

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law (9).

In the light of the exposure of the Colombian hybrid state which pits formal democracy and excessive privileges for a few against brutal repression and poverty for the majority, one must comprehend the existence of an armed conflict. This class confrontation has resulted in a “polarization of civil war proportions between the oligarchy and the military, on one side, and the guerrilla and the peasantry, on the other”, (10) and is mostly funded by US government using taxpayers money to back a rogue state and a comprador elite that prefers to wage dirty war against its own population rather than yield some political power and moderate social reforms. Modernity hasn’t arrived in Colombia, where few can enjoy excesses and vices of promised ‘civilization’ in fancy restaurants and country clubs, and most still live in 1789.

In times when president Obama justifies his “humanitarian intervention” and escalation of the Libyan civil war by having public opinion to believe NATO and US bombs are there to protect civilians, and when the International Criminal Court applies selective justice as it rushes to levy charges against Gaddafi for alleged crimes that pale in comparison to the ones daily committed by the Colombian regime, the international community is turning a blind eye to crimes against humanity in the shameful custom of double standards and insulting those truly resisting with their teeth, the savagery and abuse of power.

Jose David Torrenegra is a Lawyer specialized in Public Law and Political Activism in Colombia.

NOTES

1. Euclides Montes. “Ana Fabricia Córdoba: A death foretold”. The Guardian. June 13, 2011. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jun/13/colombia-women-victim-conflict .

2. Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano ‘Francisco Isaias Fuentes’. “Atentado y amenaza en contra del líder comunitario Manuel Antonio Garcés Granja y detención arbitraria de dos testigos del atentado”. July 18, 2011. http://www.colectivodeabogados.org/Atentado-y-amenaza-en-contra-del.

3. Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. “Alerta: asesinato de miembro de liga de mujeres desplazadas”. Julio 22 de 2011. http://www.democracialatinoamerica.org/1315/alerta_asesinado-de-miembro-de-la-liga-de-mujeres-desplazadas-de-colombia.html

4. Simon Romero. “Death-Squad Scandal Circles Closer to Colombia’s President”. New York Times. May 16 2007.

http://www.nytimes.com/2007/05/16/world/americas/16colombia.html?ref=world

5. Garry Leech. “Exorcising the Ghost of Paramilitary Violence: Reclaiming Liberty in Libertad.

http://colombiajournal.org/exorcising-the-ghosts-of-paramilitary-violence.htm .

6. Brittain, James (2010). Revolutionary Social Change in Colombia. New York: Pluto Press. 129.

7. Kelly Nicholls. “Breaking the Silence: In search of Colombia’s Dissapeared”. The Guardian. December 9, 2010.

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2010/dec/09/colombia-disappeared.

8. James Brittain, op cit. Foreword. By James Petras.

9. The Universal Declaration of Human Rights. United Nations. 1948. http://www.un.org/en/documents/udhr /.

10.James Brittain, op cit. 144.

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EM DEFESA DA SAÍDA POLÍTICA AO CONFLITO ARMADO NA COLÔMBIA E DO INTERCAMBIO HUMANITÁRIO

Há mais de 43 anos o povo colombiano grita ao mundo por sua dor e seu sofrimento. Há anos o sofrimento do povo deste país-irmão vem sendo abafado pelos grandes grupos econômicos que controlam governos e a grande imprensa que, em sua guerra ideológica, baseada em mentiras e falsos acontecimentos, deixa a nós brasileiros e ao mundo de costas para o resto da América Latina. Porém, a realidade desmente o que dizem os grandes veículos de comunicação (e as chamadas "mídias de referência").

Cada vez mais os povos de todo o mundo se levantam contra o Terrorismo de Estado, o militarismo e o narco-paramilitarismo, que assola a Colômbia e ameaça a paz em toda a nossa América Latina e o Caribe.

As súplicas do povo colombiano por Paz com Justiça Social, Soberania e Dignidade ecoam por todos os cantos do globo e encontram terreno fértil em muitos lugares, onde, infelizmente, não está incluída a própria Colômbia.

O conflito está evidente aos olhos de qualquer um que procure enxergar a realidade. Apesar disso, o governo colombiano insiste em negar a existência de um conflito armado em seu país, mesmo gastando 22,2 bilhões de pesos anualmente em sua guerra suja, um percentual do PIB ainda maior que a nação mais militarizada do planeta. Planejada e coordenada pelos Estados Unidos, principal beneficiário da guerra e do tráfico de drogas, os males que afligem a Colômbia afundam o país no caos e na pobreza, com uma dívida humanitária impagável e incalculáveis vidas desperdiçadas por um "câncer" que já sugou a vida de pelo menos 300 mil de seus cidadãos.

Nesse jogo de interesses com origem nos Estados Unidos, o maior e mais destrutivo império de todos os tempos, o presidente Álvaro Uribe Vélez se contrapõe a qualquer gesto humanitário que possa levar ao Intercâmbio Humanitário (a troca de prisioneiros), passo fundamental para por fim ao sofrimento de tantas famílias colombianas e estrangeiras, fundamental para que se iniciem, concretamente, as negociações de paz.

Não há saída militar para o conflito. Os que jogam contra a paz e a solução política para esse conflito que provoca tanto sofrimento aos nossos irmãos colombianos são os mesmos que lucram com a guerra e a utilizam para proteger os seus negócios sujos, como o tráfico de drogas, a corrupção e o assalto ao povo daquele país. A procura por uma saída política para o conflito armado na Colômbia é a única alternativa concreta para esse povo tão bravo e lutador.

De todas as formas, aqueles que estão comprometidos com a guerra tentam deter o avanço dos embaixadores da paz no país. O mandatário da República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, e a senadora Piedad Córdoba, que não poupam esforços pela paz na Colômbia e no continente, foram sabotados descaradamente em suas ações em prol do regresso dos detidos ao seio de suas famílias.

Somente com amplo apoio internacional, os clamores do povo que anseia pela paz serão ouvidos nos elegantes salões da Casa Branca e da Casa de Nariño, garantindo assim um futuro para a paz. O povo colombiano clama pelo fim dos desaparecimentos e desalojamentos forçados, das ameaças, das execuções extrajudiciais e dos massacres aos povos desse país, desde os camponeses e indígenas aos jovens militantes urbanos, líderes sindicais e populares. São mulheres, homens e crianças, mais de 300 mil vítimas inocentes cujo sangue foi derramado para garantir os privilégios dos criminosos que se encastelam no poder.

É com muito orgulho e um forte sentimento de solidariedade que o povo do Brasil ergue-se em defesa dessa causa justa, para dizer um basta à violência e exigir que o governo colombiano escolha o caminho do diálogo, da solução política para o conflito, ao invés das ameaças, dos bombardeios e da obediência aos interesses estadunidenses.

Vamos exigir que o governo colombiano opte pela vida ao invés da morte e pela verdadeira democracia, na qual o soberano seja o povo, ao invés de uma ditadura fascista ou da guerra. Clamamos por outra realidade possível, por uma Colômbia em Paz com Justiça Social, uma Colômbia Digna e Soberana.

Chega de massacres!

Chega de guerra!

Pelo Intercâmbio Humanitário!

Por uma saída política para o conflito!

Para apoiar o manifesto entre em contato conosco através do e-mail cebrapaz@uol.com.br

http://www.cebrapaz.org.br/?id=272

Colombia/Uribe enfrenta demanda en La Haya por complicidad con paramilitares

5 marzo 2008 / TeleSUR / http://www.telesurtv.net

En texto de la demanda se identifican unos 2 mil crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares desde diciembre de 2002 hasta mayo de 2005, que comprenden masacres, ejecuciones y desplazamientos forzados. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien anunció el martes que denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI) de Naciones Unidas en La Haya a su par venezolano, Hugo Chávez, coincidencialmente tiene pendiente una demanda en su contra ante esa instancia judicial por su presunta "complicidad" en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares en Colombia.
La demanda, fue introducida en mayo de 2005 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIHD), que rechaza la "pasividad" que aseguran ha tenido el presidente Uribe para condenar los delitos cometidos por las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) .
En texto de la demanda se identifican unos 2 mil crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares desde diciembre de 2002 hasta mayo de 2005, que comprenden masacres, ejecuciones y desplazamientos forzados.
La FIDH, una federación de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos creada en 1992 y que reune a cerca de 155 organizaciones en cerca de 100 países, acusa al mandatario colombiano de ser "cómplice" de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares en Colombia, así como "por permitir que se sigan repitiendo y por no juzgar a los jefes de esas agrupaciones".
Tanto la FIHD como la Corporación Colectivo de Abogados y el Comité Permanente por los Derechos Humanos, enviaron el 24 de mayo de 2005 un informe, de cien páginas y 47 anexos, a la oficina del fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para que la máxima instancia judicial internacional investigue dichos crímenes.
"Denunciamos a toda la jerarquía de paramilitares e instituciones públicas que por comisión u omisión han contribuido a perpetrar los crímenes", señaló el secretario general de la FIDH, Luis Guillermo Pérez, cuando se introdujo la demanda.
El vicepresidente de esta ONG, Alirio Uribe dijo en ese entonces que el gobierno colombiano "ha encubierto los crímenes" de los grupos irregulares de extrema derecha en Colombia, pero "es el fiscal del TPI quien tiene que decidir sobre a quién corresponden los diferentes niveles de responsabilidad".
Además de Uribe, la demanda incluye a sus entonces ministros de Defensa, Jorge Alberto Uribe, y de Justicia e Interior, Sabas Prételt.
Junto e ellos son señalados como sospechosos a "unos 10 jefes de los paramilitares", entre quienes figuran Rodrigo Escobar, cabecilla paramilitar en el norte de Colombia y ; Ernesto Báez, líder de la región del eje cafetero del interior; y el conocido como Don Berna, jefe de la zona de Medellín.
En los últimos dos años, el Gobierno del presidente Uribe ha estado involucrado en el llamado escándalo de la "parapolítica". En la actualidad, unos 50 congresistas colombianos, en su mayoría de la coalición gubernamental, están siendo investigados o detenidos por sus vínculos con paramilitares.
Colombia es incapaz de juzgar a paramilitares
Los demandantes explicaron en su momento que que la CPI tiene jurisdicción para investigar y juzgar los crímenes de paramilitares porque el gobierno colombiano es incapaz de juzgarlos.
Esto se debe a causa de la polémica Ley de Justicia y Paz, o Ley 975, aprobada en el 2005 por el Congreso de Colombia, y que persigue la reinserción de los paramilitares de las AUC, quienes supuestamente entregaron sus armas en el proceso de negociación celebrado entre 2003 y 2005..
La norma prevé apenas sanciones de entre cinco y ocho años de presión para los paramilitares que confiesen los crímenes más graves.
Según el gobierno de Álvaro Uribe, cerca de 32 mil paramilitares fueron desmovilizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, defensores de derechos humanos y políticos de oposición en Colombia aseguran que, tras su presunta desmovilización, también ha surgido un nuevo grupo de "paras" llamados Águilas Negras.
Además, en agosto de 2007, la Comisión Nacional de Reparación colombiana (CNR), denunció en un informe el surgimiento de 22 nuevas bandas armadas en Colombia, donde estarían agrupados entre 3 mil 500 y 5 mil hombres de las "desmovilizadas" AUC y que habrían heredado el dominio.
"Esas leyes hacen expresa la ausencia de capacidad para juzgar a los paramilitares, de los cuales ya unos mil han sido sustraídos de la (acción de la) justicia", dijo en 2005 el vicepresidente de la FIDH.
Vínculos con el narcotráfico
Además, el presidente Álvaro Uribe ha sido vinculado con el narcotáfico en Colombia, incluso por tener presuntos nexos con el fallecido ex capo del cartel de Medellín Pablo Escobar Gaviria.
Un informe de inteligencia de la agencia de inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés), preparado el 23 de septiembre de 1991, ubica a Uribe como uno de los "más importantes narcotraficantes" de ese país.
El informe de la CIA fue entregado a conocimiento público gracias a la gestión efectuada por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington de Estados Unidos.
Uribe aparece en la lista de narcotraficantes colombianos con el número 82, en las páginas 10 y 11 del Informe, que reseña lo siguiente:
"Álvaro Uribe Vélez: Político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín en altos niveles del gobierno. Uribe fue vinculado con una empresa implicada en actividades de narcotráfico en los Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con traficantes de narcóticos".
Pablo Escobar es mencionado con el número 79, también en la página 10.
El su libro"Amando a Pablo, Odiando a Escobar", la ex presentadora de televisión Virginia Vallejo, quien fue amante de Pablo Escobar, menciona supuestos nexos entre el ahora presidente y el narcocapo abatido por la Policía Nacional en 1993.
Vallejo asegura en su libro que Uribe le facilitó a Escobar las licencias para la operación de aviones destinados al narcotráfico, cuando fue director de la Aeronáutica Civil en 1980-1982 "y ahora, a sus treinta y un años, todo el mundo le pronostica una brillante carrera política y más de uno se aventura a decir que, incluso, podría llegar algún día al Senado. Se llama Álvaro Uribe Vélez y Pablo lo idolatra". (TeleSUR - El País - Rebelión / nn – MC)

Chávez aseguró a Sarkozy que Venezuela continuará en el ''camino de la paz verdadera'' Ministro de Defensa venezolano niega cierre de frontera con Colombia Venezuela considera ''risible'' amenaza de Colombia contra Chávez Uribe anuncia que demandará a Chávez ante el tribunal de la La Haya

http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota/25106/uribe-enfrenta-demanda-en-la-haya-por-complicidad-con-paramilitares/

Marchan en más de 100 ciudades del mundo por la paz y contra el paramilitarismo colombiano

6 marzo 2008 / TeleSUR / http://www.telesurtv.net

Cientos de organizaciones civiles en Colombia y todo el mundo marchan este jueves en rechazo a los crímenes de lesa humanidad cometidos por grupos paramilitares de extrema derecha y agentes de las fuerzas del Estado. Sólo ente 1982 y 2005, los paramilitares cometieron 3 mil 500 masacres.
Decenas de organizaciones civiles convocaron para este jueves una movilización popular en 20 ciudades de Colombia y 100 del mundo en solidaridad con las víctimas de los grupos paramilitares y de lo que consideran "políticas bélicas del Estado colombiano".
La marcha también busca expresar el rechazo a los acuerdos entre altos
funcionarios públicos y grupos armados de extrema derecha, casos que se dieron a conocer en 2006 como el "escándalo de la parapolítica", en el cual se han visto implicados varios políticos, sobretodo, de tendencia oficialista.
En la capital colombiana, Bogotá, la caminata saldrá desde 12 puntos distintos para repudiar las más de 3 mil 500 masacres perpetradas por los paramilitares desde 1982, según el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
"Entre 1982 y el 2005, los paramilitares perpetraron más de 3 mil 500 masacres, y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra. Desde el 2002, después de su desmovilización, han asesinado 600 personas cada año y llegaron a controlar el 35 por ciento del Congreso", señala la ONG.
Para Iván Cepeda, uno de los promotores de la protesta, hijo de Manuel Cepeda, senador de la Unidad Patriótica que fue asesinado por miembros de las Fuerzas Militares del Estado en complicidad con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), el 9 de agosto de 1994, hay miles de víctimas que han sido abandonas por el Estado y, por ello, cree que hay que "combatir" para que salga a la luz la verdad.
"En Colombia hay millones de desplazados, 15 mil o más desaparecidos y más asesinados, víctimas del ejército y de los paramilitares. Los familiares de todos ellos no tienen ayuda del Estado, están rodeados por el silencio social y de las autoridades. Por eso hay que combatir para que se conozca la verdad, contra la impunidad y por buscar la salida del conflicto social del país", argumentó.
El hijo de José Antequiera, cuyo padre, uno de los líderes más importantes de la Unión Patriótica fue asesinado por los paramilitares, afirma que marchará para que se oigan sus gritos y los muchos silencios que ha guardado por indignación.
"¿Marchar el 6 de marzo? Por supuesto, se trata de un acto de dignidad. Contra el silencio por los crímenes de los paramilitares. Contra ese capítulo de nuestra corrupción y nuestra barbarie que es la llamada parapolítica", expresó.
"La marcha del 6 de marzo implicará un merecido homenaje a las víctimas del paramilitarismo y de los crímenes de Estado. Por los desaparecidos, por los desplazados, por los asesinados, afirmaremos los derechos de las víctimas, pero también la posibilidad de que a través de su memoria, comprendamos que el problema de las violaciones a los derechos humanos no es exclusivo de quienes las han sufrido directamente. Es nuestro país, es nuestro pasado, presente y futuro, es nuestra democracia, es nuestra justicia, somos nosotros mismos", añadió.
El congresista Juan Manuel Galán, hijo del dirigente político Luis Carlos Galán Sarmiento, quien fue asesinado hace 18 años por parte del Ejército colombiano, anunció que marchará contra los miembros de la fuerza pública que traicionaron a las instituciones y a la patria.
"Marcharé contra el teniente Florez del Ejército, contra el general Maza Márquez del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y contra el general Peláez Carmona de la Policía, quienes participaron en el complot que dio con la muerte de mi padre Luis Carlos Galán", afirmó.
En el mundo
Unas cien ciudades del mundo se unirán al clamor de paz de miles de colombianos que culminarán en las respectivas sedes de embajadas y consulados colombianos en cada ciudad.
Marcharán en ciudades como: Madrid, Tenerife, Valencia (España), Buenos Aires (Argentina), París (Francia), Sydney (Australia), Montevideo (Uruguay), Caracas, Maracaibo y otros 11 estados en Venezuela, Montreal (Canadá), Londres (Inglaterra), entre otras. (TeleSUR - El Tiempo - Abp - Caracol / mm – AV)

http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota/25133/marchan-en-m-aacutes-de-100-ciudades-del-mundo-por-la-paz-y-contra-el-paramilitarismo-colombiano/

Ecuador/Correa impõe condições para solucionar conflito diplomático com Colômbia

Mylena Fiori/Agência Brasil

Foto: Presidente Rafael Caldera em conferencia de imprensa em Brasília

Brasília, 4 marzo 2008 - O presidente do Equador, Rafael Correa, impôs três condições para a solução da crise diplomática com a Colômbia após a morte de militantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em território equatoriano na semana passada.

Correa exigiu um pedido de desculpas do governo colombiano sem justificativa das ações e um compromisso formal de que operações militares do tipo nunca mais se repetirão. Ele também pediu o reconhecimento de que a Colômbia montou uma farsa para vincular o governo do Equador às Farc.

O presidente equatoriano apresentou as exigências hoje (4) à noite, logo após chegar a Brasília. Amanhã (5), Correa terá uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em entrevista coletiva, Correa referiu-se ao presidente colombiano, Álvaro Uribe, com termos agressivos, como “mentiroso” e “canalha”.

Segundo Correa, desde o princípio, Uribe sabia onde estava Raúl Reyes, o número dois das Farc, morto na operação militar.

Correa também ressaltou que Uribe tinha conhecimento de que estava em andamento uma negociação para libertar 12 reféns das Farc, incluindo a ex-senadora colombiana Ingrid Betancourt. “Ele [Uribe] deixou para atacar quando liberação dos reféns era iminente para abortar acordo humanitário”, acusou.

O presidente equatoriano repudiou ainda as alegações do governo colombiano de que a operação militar representou uma defesa legítima. “Não houve enfrentamento, mas um massacre”, declarou. “Foi uma descarada agressão à soberania de um país.”

Correa negou que o Equador esteja ajudando as Farc e alegou que o contato com o grupo guerrilheiro foi apenas de caráter humanitário: “O único contato que tivemos com as Farc foi para tratar da libertação dos 12 reféns”.

Na avaliação de Correa, a apresentação de indícios pelo governo colombiano foi uma farsa montada por Uribe. “Seria impossível saírem três computadores intactos com informações após um bombardeio como o que ocorreu”, ponderou.

Segundo o presidente do Equador, Uribe quer fomentar guerra na região. “Este é um problema regional. O presidente Uribe não quer a paz, quer a guerra. Isso é um perigo para a região”, afirmou. “Espero que a comunidade internacional não apóie apenas o Equador, mas sim, os princípios do direito internacional.”

Correa chegou hoje (4) á noite vindo do Peru. Amanhã (5), ele encontra Lula às 10h. Depois, o líder equatoriano segue para Venezuela, Panamá, Nicarágua e República Dominicana. No giro, ele pedirá apoio dos países da região em repúdio à ação da Colômbia.

http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008/03/04/materia.2008-03-04.6230157236/view

Hirsch: Colombia ha impuesto ideología violenta que no permitirá encontrar paz

Santiago de Chile, 4 marzo 2008 (ABI) - El vocero del Humanismo para Latinoamérica, Tomás Hirsch, aseguró hoy que el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe impuso una ideología violenta que trasgrede toda forma de convivencia pacífica entre los estados, actúa con falacia y está al servicio de Estados Unidos.
Esa posición fue expresada por el político humanista respecto del rompimiento de las relaciones diplomáticas de Quito y Bogotá, a raíz de la violación de la soberanía ecuatoriana por parte helicópteros artillados y tropas del Ejército colombiano el sábado pasado.
A juicio de Hirsch, Colombia "no está en condiciones hoy día de ser un interlocutor en el concierto continental porque ha actuado de mal modo que transgrede las fronteras, no genera diálogo, miente a otro Presidente (al ecuatoriano Rafael Correa) y se encuentra aliada con Estados Unidos".
Señaló que todas las indicaciones señalan que Bogotá "no está buscando un desarrollo consensuado con sus países hermanos, sino más bien imponiendo la lógica de las armas".
De su parte, la presidenta del Partido Humanista, Marilén Cabrera, consideró que es "preocupante para la paz de la región que estemos frente a una guerra de egos, porque lo acontecido pasa por eso. El ego y los anhelos de protagonismo de Álvaro Uribe".
Para ambos políticos, la operación militar que terminó con la muerte en tierras ecuatorianas del segundo hombre de las FARC, Luis Edgar Devia, conocido como Raúl Reyes, además de otros 19 guerrilleros, y que ha puesto a tres naciones sudamericanas en crisis, trae consigo el riesgo de anular los acercamientos con este grupo armado, la liberación de más rehenes y puede tener consecuencias gravísimas para la región.
De hecho, frente a los movimientos de tropas anunciado por Venezuela, Hirsch precisó que "obviamente no es la respuesta más adecuada. El presidente Hugo Chávez me parece que se está solidarizando con su par ecuatoriano, pero pasándose de lo necesario."
Justamente aquí hay que calmar los ánimos, no hay que movilizar tropas, no podemos irnos por la vía de resolver este conflicto con armas, eso lo único que va a significar es un desangramiento de tres países cuyos pueblos son hermanos", aseguró Hirsch.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa condenó la violación de su territorio y emplazó a su colega colombiano, Álvaro Uribe, a dar explicaciones, expulsó del embajador de Colombia en Quito, Carlos Holguín y, como corolario de la crisis, rompió las relaciones diplomáticas con Bogotá.
Es por ello que el vocero del humanismo para Latinoamérica puso en evidencia la necesidad de trabajar en dos aspectos fundamentales que permitirían prever que se genere una escalada de violencia.
"El primero de ellos, la urgencia de avanzar más que nunca en un proceso de integración latinoamericana, que permita que los países tengan mecanismos de diálogo, fluidos, abiertos, que les permitan resolver sus diferencias", agregó Hirsch.
El también ex candidato presidencial chileno destacó la necesidad de "rechazar a nivel de Estado la posibilidad de una guerra como solución de los conflictos, tal como lo hecho por el presidente boliviano Evo Morales incorporando ese artículo a la (nueva) Constitución de su país".
"En ambos casos tendríamos la garantía de que frente a lo que está sucediendo en esas naciones, no habría ninguna amenaza de conflicto armado", explicó Hirsch.
Respecto a la misma situación la presidenta del Partido Humanista consideró "evidente que ha habido mano norteamericana" tras la información que gatilló la operación de Inteligencia colombiana.
"Lo que hizo el gobierno de Álvaro Uribe es una masacre que queda fuera de toda acción ajustada a un Estado de derecho. Podrán acusar que quienes estaban ahí son terroristas, se encontraban armados, pero las investigaciones han demostrado que fueron atacados por la espalda. Es decir, aquí no había un intento de llevarlos frente a un tribunal sino un intento de ajusticiamiento", denunció Cabrera.
"Es muy preocupante para la paz de la región que estemos frente a una guerra de egos, porque lo acontecido pasa por eso. El ego y los anhelos de protagonismo de Álvaro Uribe, que se ha quedado atrás en los esfuerzos de Chávez por lograr que la guerrilla devuelva más personas", apuntó la humanista.
Colombia y la región
En ese sentido, Hirsch va más allá al señalar que "Colombia no está en condiciones hoy día de ser un interlocutor en el concierto latinoamericano, porque está actuando de mal modo que transgrede las fronteras, no genera diálogo, miente a otro Presidente (Correa) al informarle en forma falsa que aquí se habría producido un enfrentamiento, y está actuando en conjunto con Estados Unidos".
Indicó que todos esos elementos son indicaciones que revelan que Colombia está imponiendo una lógica de las armas, una ideología absolutamente violenta que no va a permitir encontrar la paz ni en la región ni mucho menos dentro de ese propio país.
Frente a la defensa esgrimida por la nación cafetera respecto de que Ecuador sabía de la presencia de grupos armados colombianos establecidos en sus fronteras, Cabrera recalcó ningún argumento justifica el atropello a un país soberano.
"El atropello a la soberanía ecuatoriana no es justificable bajo ninguna razón y no se condice a la forma diplomática con que otros países latinoamericanos, como Bolivia, han decidido hacer frente a sus diferencias con otras naciones, respetando tratados y tribunales internacionales", destacó.
De hecho, Cabrera expresó su preocupación de que esto "vaya a crear un precedente que pudiera a futuro dañar la buena convivencia en la región, la autodeterminación de los pueblos y la no-intervención".

http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080304173553