quarta-feira, 28 de setembro de 2016

Colombia/El Gobierno colombiano y las FARC sellan el acuerdo definitivo de paz

27 septiembre 2016, Naiz http://www.naiz.eus (País Basco, España)

Cartagena -- El Ejecutivo colombiano y las FARC han sellado el acuerdo definitivo de paz en un solemne acto celebrado en la ciudad de Cartagena. La sociedad colombiana debe ahora refrendar lo acordado en un plebiscito que se celebrará el domingo.


El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Echeverri Londoño, alias 'Timochenko', han sellado esta madrugada el acuerdo cerrado en agosto tras cuatro años de negociaciones que pone fin a la guerra más longeva del hemisferio occidental.

Santos y 'Timochenko' han estampado sus firmas en el texto pactado durante una ceremonia solemne que se ha iniciado a las 17.00 horas en la ciudad colombiana de Cartagena. Este momento histórico ha quedado atestiguado por 15 jefes de Estado, la mayoría latinoamericanos y una decena de
presidentes de organizaciones internacionales, entre los que destacan el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y el de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Con este gesto, el Gobierno de Santos y las FARC han dado el último paso para sellar un texto que tendrá que ser refrendado el próximo domingo por los colombianos.

Unas 2.500 personas han llenado el Patio de Banderas del Centro de Convenciones de Cartagena, todas ellas vestidas de blanco, por exigencias del protocolo, un color que ha teñido cada uno de los hitos de este proceso de paz.

El acuerdo
Con esta firma, el Gobierno y las FARC han blindado un acuerdo de paz de 297 páginas en las que se desgranan los seis acuerdos parciales que lo componen: desarrollo agrario y rural, participación política, cultivos ilícitos, víctimas, fin del conflicto y refrendación, implementación y verificación de lo pactado.

El acuerdo sobre desarrollo agrario y rural contempla la creación de un Fondo de Tierras «para lograr la democratización» del campo colombiano, «en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades más afectadas por el conflicto, promoviendo una desconcentración y una distribución equitativa».

El objetivo de la participación política, por otro lado, es que surjan nuevas fuerzas, entre ellas el partido en el que se transformen las FARC una vez desmovilizadas, «con las suficientes garantías de seguridad» para desarrollar su labor, que se concretarán en un estatuto de la oposición.

Las FARC se han comprometido además a «poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con el narcotráfico». Las partes han diseñado un mecanismo para la erradicación de los cultivos ilícitos y su sustitución por otros legales.

Uno de los pilares del acuerdo de paz es el relativo a las víctimas, que crea una jurisdicción especial encargada de esclarecer y sancionar las graves violaciones de los Derechos Humanos y los crímenes internacionales cometidos en el conflicto armado por todos los que hayan participado en él, que se completa con medidas para obtener verdad y reparación e impedir la repetición.

Las partes han pactado igualmente un cronograma que da 180 días a las FARC para entregar las armas. Los guerrilleros se concentrarán en zonas y puntos concretos del territorio colombiano hasta que se reincorporen plenamente a la vida civil, donde estarán protegidos por una misión internacional bajo el paraguas de la ONU.

El domingo, plebiscito por la paz
La firma de este lunes es un acto simbólico porque estos cinco acuerdos todavía tendrán que pasar el examen de las urnas en el plebiscito que se celebrará el próximo 2 de octubre para que los colombianos decidan si aceptan o rechazan lo negociado en La Habana.

El umbral mínimo de participación para que la consulta popular sea válida está en el 13% del censo electoral, formado por 33 de los 48 millones de habitantes que tiene Colombia, por lo que solo se requieren 4,5 millones para que el acuerdo de paz sea ratificado o anulado.

De acuerdo con un reciente sondeo sobre intención de voto de Ipsos, un 53% de los colombianos participará en el plebiscito por la paz, de los cuales un 72% lo hará a favor del 'sí', frente a un 28% que se decantará por el 'no'.

La campaña por el 'no', liderada por los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, clama contra un acuerdo de paz que, desde su perspectiva, «da impunidad a las FARC y condiciona el futuro desarrollo» de Colombia. Sin embargo, se muestra «a favor de la paz» y asegura que, de ganar el 'no', «aún sería posible renegociar un acuerdo mejor».

El acuerdo sobre desarrollo agrario y rural contempla la creación de un Fondo de Tierras «para lograr la democratización» del campo colombiano, «en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades más afectadas por el conflicto, promoviendo una desconcentración y una distribución equitativa».

El objetivo de la participación política, por otro lado, es que surjan nuevas fuerzas, entre ellas el partido en el que se transformen las FARC una vez desmovilizadas, «con las suficientes garantías de seguridad» para desarrollar su labor, que se concretarán en un estatuto de la oposición.

Las FARC se han comprometido además a «poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con el narcotráfico». Las partes han diseñado un mecanismo para la erradicación de los cultivos ilícitos y su sustitución por otros legales.

Uno de los pilares del acuerdo de paz es el relativo a las víctimas, que crea una jurisdicción especial encargada de esclarecer y sancionar las graves violaciones de los Derechos Humanos y los crímenes internacionales cometidos en el conflicto armado por todos los que hayan participado en él, que se completa con medidas para obtener verdad y reparación e impedir la repetición.

Las partes han pactado igualmente un cronograma que da 180 días a las FARC para entregar las armas. Los guerrilleros se concentrarán en zonas y puntos concretos del territorio colombiano hasta que se reincorporen plenamente a la vida civil, donde estarán protegidos por una misión internacional bajo el paraguas de la ONU.

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