8 septiembre 2016, Rebelión
http://www.rebelion.org (Mexico)
Cuando anochecía en Panduro el
jueves 25 de agosto el aire seguía oliendo a gas, dinamita y muerte. Ya se
sabía del espantoso asesinato del viceministro Rodolfo Illanes y en pocas horas
el enorme movimiento de miles de cooperativistas quedó disipado, no por la
fuerza coercitiva del Estado, sino por el repudio generalizado del pueblo.
Los
bloqueos de caminos organizados por la Federación Nacional de Cooperativas
Mineras (Fencomin) configuraron una acción violenta en un contexto de caída de los
precios internacionales de los minerales. Sectores patronales que han acumulado
el poder económico dentro de las cooperativas, querían mantener su tasa de
ganancia logrando por la fuerza tres cosas: 1) Más subvenciones y
financiamientos estatales destinados a su sector, 2) Preservar dentro de las
cooperativas las formas flexibilizadas de explotación de la fuerza de trabajo,
3) El reconocimiento de facto de contratos entre los patrones cooperativistas
con empresas mineras nacionales y transnacionales extranjeras.
Tales objetivos
tenían un claro contenido
de clase burgués, en este caso de una nueva burguesía que fue incubándose en
las cooperativas más grandes, en la medida que éstas dejaban de ser “entidades
sin fines de lucro” y se convertían en empresas capitalistas semiformales. La
burguesía “cooperativista” está conformada por nuevos ricos que se han
encumbrado gracias a la explotación del trabajo de los llamados “segundas
manos” o peones, incorporados en las minas bajo la modalidad de pago a destajo,
sin contrato y sin derechos laborales. Para impedir la organización sindical de
esos trabajadores los patrones siempre acudieron a un embuste: “dentro de las
cooperativas todos somos iguales”, cuando sabemos que eso no es cierto, que al
interior de las grandes cooperativas hay patrones y hay peones.
¿Cómo esa burguesía pudo movilizar a
grandes contingentes de trabajadores? Convirtiendo su interés de clase en
interés general bajo la consigna de “estabilidad laboral”. Los patrones
chantajearon a los trabajadores: “si no te movilizas para que el gobierno nos
atienda entonces ya no tendrás trabajo”. Así los jerarcas del cooperativismo
minero (que son por lo general los socios más antiguos) engañaron a una base
social convertida en grupo de choque.
Dentro del gobierno el tema de la política
hacia el cooperativismo minero hasta ahora no había sido resuelto bajo un
enfoque revolucionario. Se cayó en el error de considerar a la Fencomin como
entidad aliada, sin ver que a su interior se estaban constituyendo clases sociales,
una burguesía semiformal y un proletariado precarizado, al que como gobierno
debíamos sumarlo para el proceso de cambio apoyando su organización y
defendiendo sus derechos. En otras palabras, diferenciar la base laboral de la
jerarquía patronal dentro de las cooperativas. En vez de esto se confiaba en
los dirigentes, muchos de ellos hipócritamente afines al gobierno no por
convicción sino por conveniencia. Por mantener la alianza el gobierno no
intervino en asuntos laborales dentro de las cooperativas, era flexible con
ellas en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental, no acentuaba la
presión tributaria. Hoy vemos que esta orientación pragmática sólo condujo a
fortalecer al enemigo de clase.
La relación entre patrones y trabajadores
es medular para el cooperativismo minero; por ello no es casual que lo que
originó el conflicto fue la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional
de una ley que reconoce sindicatos dentro de las cooperativas de servicios. Si
crece la tendencia hacia la autorganización de los trabajadores, entonces la
precariedad laboral que es una de las fuentes de la concentración del capital
en manos de los jerarcas comienza a ser erosionada.
El momento actual de condena ciudadana a
la dirigencia del cooperativismo minero es parecido por las circunstancias a la
tragedia de septiembre de 2006, cuando la matanza entre cooperativistas y
asalariados por el control del cerro Posokoni en Huanuni, devino en el cierre
de 4 cooperativas y la estatización de todo ese distrito minero. Hoy el
gobierno actuando sin vacilaciones acaba de mandar un claro mensaje a la base
laboral del cooperativismo: somos un gobierno de los trabajadores que no
permitiremos más abusos y explotación dentro de las cooperativas mineras.
Igualmente claro es el mensaje a la jerarquía patronal: somos un gobierno que
defiende la soberanía del pueblo boliviano sobre los recursos minerales y no
permitiremos su privatización o extranjerización.
Hay que recortar el poderío económico de
la burguesía “cooperativista”, que por lo visto no vacilará un segundo en
volcarse contra el proceso de cambio apenas se amenace sus privilegios. Ya dije
que aquel poderío se origina en la acumulación y concentración de capital
gracias a la explotación laboral y a la depredación de la naturaleza, pero no
hay que olvidar que esa acumulación fue facilitada por las concesiones
gubernamentales.
El conflicto con la dirigencia de Fencomin
y su terrible desenlace han llevado a que el gobierno de Evo tome las
siguientes decisiones: 1) Preservar al verdadero cooperativismo minero,
separando a las empresas capitalistas semiformales que medran a su interior, 2)
Revertir al Estado las áreas otorgadas a cooperativas sobre las que se firmaron
contratos con empresas privadas nacionales o transnacionales, 3) Ampliar la
vigencia de derechos laborales a todos los trabajadores en las cooperativas,
sean eventuales, jornaleros, “segundas manos”, k’ajchas o peones.
La Fencomin patronal atraviesa por una de
sus peores crisis y va camino de perder todas las ventajas que obtuvo del
gobierno. Al haberse develado el vínculo entre esa burguesía “cooperativista”
con intereses extranjeros, por ejemplo en los contratos suscritos entre
cooperativas potosinas con la empresa Manquiri, nombre boliviano de la
transnacional estadounidense Coeur
d' Alene Mines Corporation que
explota el segundo yacimiento de plata más grande del país ubicado en San
Bartolomé, se abre también una oportunidad para avanzar con una política
nacionalizadora en la minería, pues ha saltado uno de los “aliados” que siempre
se oponía a ese avance.
El verdadero aliado del proceso de cambio
son los más de cien mil trabajadores de las cooperativas mineras, obreros
aymaras y quechuas la mayoría de ellos. Como nunca en la historia del
cooperativismo, es el gobierno de Evo que decreta que para esa masa laboral
también rige la Ley General del Trabajo. Se trata del mayor avance en derechos
laborales en una década, que muestra también el error en que caía una tendencia
conservadora dentro del proceso de cambio que se aferraba al siguiente
argumento: en épocas de contracción económica no deben crearse nuevos derechos
sociales, sino defender los ya alcanzados. La conquista y expansión de los
derechos sociales no depende de un determinismo económico o de un cálculo de
costos, se da por un factor histórico-estructural denominado lucha de clases.
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