29 junho 2016,Rebelión
http://www.rebelion.org (Mexico)
La corrupción acompaña a la mayoría de los miembros de la Cámara Baja,
del Senado y del gobierno provisional brasileño después que la oligarquía
criolla logró con artimañas sacar a la legítima presidenta Dilma Rousseff.
El dinero mal habido ha salpicado a los hasta hace pocos meses
denominados intocables, debido al control y el poder que ejercen en esa inmensa
nación sudamericana.
Todo estaba preparado desde hacía meses para lanzar el golpe de Estado
contra la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff con el objetivo de
devolverle el país a la fuerte burguesía criolla, eliminar los programas
sociales llevados a cabo desde 2003 e implantar el sistema neoliberal que
ignora los beneficios para las grandes mayorías.
Consumada la implementación del impeachment (Juicio Político) en la
Cámara de Diputados que lo aprobó por 342 votos, el siguiente paso fue llevarlo
al Senado y,
al sancionarse en esta instancia, la mandataria fue separada de su
cargo por seis meses a la espera de un veredicto, que estará igualmente en
manos de la Cámara Alta.
Resulta completamente incongruente que de los 21 senadores de la
comisión especial que determinó que Dilma debía ir a juicio político, ocho de
ellos aparecen implicados en el caso de corrupción de Petrobrás. Ellos son:
Antonio Anastasia, Donald Caiado, Dario Berger, Gladson Cameli, Fernando
Becerra, Aloysio Nunes, Cassio Cunha y Zeze Perrilla.
A estos se sumaron después numerosos senadores y congresistas implicados
en actos de corrupción con el manifiesto objetivo de que fuera enterrado el
caso Lava Jato (lavadero de autos) por desfalcos y malversaciones a la empresa
estatal Petrobrás.
En 2014 se hizo pública la investigación que destapó la red de
corrupción en la estatal Petrobrás, además de numerosos problemas financieros
en la empresa.
La operación consistía en que compañías sobornaban a altos dirigentes de
Petrobrás y a otros funcionarios públicos para conseguir contratos
multimillonarios con la mencionada petrolera. Decenas de ejecutivos de varias
empresas han sido detenidos.
Muchos de los poderosos políticos implicados han tratado de detener las
investigaciones sobre Petrobrás para que el lodo no siga convirtiéndose en
arenas movedizas.
En manos del juez del Tribunal Supremo Federal están cuatro de los hasta
ahora “intocables”: el ex presidente del Senado, Renan Calheiros, el senador y
ex ministro, Romero Jucá, el ex presidente del Parlamento, Eduardo Cunha y el
ex presidente de Brasil José Sarney, todos bajo acusación de obstruir las
investigaciones sobre Petrobrás y de conspirar contra la operación.
Dos aspectos importantes al que aspiran la oligarquía criolla y los
políticos de derecha son lograr la privatización de Petrobras (para
enriquecerse aún más) y eliminar los grandes logros sociales alcanzados durante
los gobiernos sucesivos de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Pero podríamos preguntarnos cómo una administración, con un poder
ejecutivo y legislativo, lleno de personas con antecedentes y actuales procesos
por corrupción, puedan mantenerse en el poder sin que organizaciones financieras
internacionales, gobiernos de países desarrollados y medios de comunicación
occidentales, no lo hayan condenado ni solicitado sanciones.
Los datos son contundentes: Según la ONG Anticorrupción Transparencia
Brasil, de los 594 miembros de las dos cámaras, el 59 % registra cargos y
condenas en los tribunales, incluso por lavado de dinero o tortura.
De los 513 congresistas, 303 tienen procesos o condenas judiciales o en
tribunales de cuentas por diferentes motivos. En cuanto a los 81 senadores, 49
figuran con procesos o condenas en la justicia y tribunales de cuentas.
Ya son tres los ministros del presidente por “sustitución forzada”
Michel Temer que han caído a solo un mes de la salida de Dilma: de
Transparencia, Fabiano Silviera; de Planificación, Romero Jucá y de Turismo,
Enrique Eduardo Alves. Los tres presionaban y trataban de chantajear a jueces y
políticos para que no continuaran las investigaciones de corrupción en la
empresa petrolera.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue suspendido
del cargo al ser acusado por varios delitos como mentir sobre sus cuentas
secretas en bancos suizos y otra por 20 millones en bancos uruguayos,
malversación de 5,7 millones de dólares y otros más. Cunha amenazó con
complicar a 150 diputados, un ministro y un senador cercanos Temer si es
condenado. Si se determina mi prisión por el Supremo Tribunal Federal, no caerá
solo, dijo Cunha y le recordó al presidente provisional que sin su apoyo ningún
gobierno logrará apoyar ningún proyecto.
Temer no se queda atrás y negocia un acuerdo general con la Justicia
pues está acusado de hacer una donación en 2012 de 428 000 dólares de origen
irregular para la campaña electoral de Gabriel Chalita, candidato del Partido
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) a la alcaldía de Sao Paulo; un cargo
por apadrinar una venta ilícita de etanol a finales de los años 90; otra
demanda por ser beneficiado con la entrega de 1 230 000 dólares por un
constructor.
Temer y todo su aparato oligárquico se han lanzado a tratar de eliminar,
lo antes posible, las acciones sociales que emprendieron los gobierno de Lula y
Dilma a favor del pueblo. En esa línea, presionan para recortar los
presupuestos para la salud y educación; eliminar empleos en el sector público;
elevar las jubilaciones a 65 años de edad; privatizar numerosas empresas
estatales, entre ellas Petrobrás; suspender el programa Mi Casa, Mi Vida, y
cancelar la construcción de 11 200 viviendas pactadas por la administración
anterior.
Durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores se generaron casi
6 000 000 de puestos de trabajo que elevaron el poder adquisitivo de los
brasileños. El proyecto Mi Casa, Mi Vida fabricó más de un millón de inmuebles
y esperaba llegar a 2016 con 2,75 millones en total.
La pobreza bajo del 26 % en 2002 a 8,7 % en 2015. El presupuesto para la
educación en 2015 alcanzó el 15,57 % del presupuesto nacional, mientras en la
salud se amplió la cobertura médica al 85 % de la población menos favorecida.
Desde hace 12 años, el programa Bolsa Familia ha brindado apoyo a 53 millones
de familias pobres y a 17 millones de niños en edad escolar.
Dilma no esta acusada por corrupción, sino por "haber irrespetado
la Ley de Responsabilidad Fiscal, un proyecto neoliberal que limita enormemente
los gatos del Estado para los proyectos sociales, pero en contraposición,
permite pagos de grandes fortunas a los banqueros".
En resumen, es el llamado golpe de Estado blando en el que un
presidente, elegido democráticamente con respaldo de 54 millones de votos, ha
sido objetado por autoproclamados “jueces” parlamentarios, muchos de ellos
imputados por corrupción, desfalco y lavado de dinero.
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