11 enero 2010/TeleSUR http://www.telesurtv.net
Pese a las acusaciones en su contra, Julio Alberto Poch niega haber participado en los vuelos que realizó el régimen dictatorial en argentina (1976 - 1983) donde se lanzaba a los opositores hacia al mar, drogados pero vivos.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española mostró este lunes su apoyo al proceso de extradición a la República de Argentina del ex militar Julio Alberto Poch, detenido el 22 de septiembre en la localidad mediterránea de Manises (Valencia), y reclamado en la nación suramericana por su participación en los llamados vuelos de la muerte.
El fiscal Miguel Ángel Carballo dará a conocer dicha decisión durante la vista que se celebrará el próximo miércoles, tras la aprobación del Gobierno español de tramitar la extradición de Poch el pasado 30 de octubre.
El representante del Ministerio Público español solicitará al tribunal que acepte la extradición reclamada por Argentina al considerar que ese país es el competente para investigar los hechos y no la Justicia española.
Poch, que en la actualidad cuenta con la nacionalidad holandesa y trabajaba como piloto en la aerolínea Transavia, fue detenido en el aeropuerto de Manises durante una escala entre Valencia y Amsterdam (Holanda).
El piloto participó en las actividades donde los oficiales de la marina argentina arrojaban, vivos al mar desde los aviones, a detenidos por la dictadura militar que habían sido torturados en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina, entre 1976 y 1983.
ESMA cobró fama durante la dictadura argentina al ser un centro clandestino de detenciones y símbolo internacional de violaciones a los derechos humanos, secuestros, torturas y asesinatos de personas.
Desde que fue apresado el pasado mes de septiembre, el argentino-holandés ha negado que hubiera pilotado aviones sobre la desembocadura del Río de la Plata desde los que se hubieran lanzado a personas drogadas pero vivas y ha desmentido también que hubiera estado destinado en la ESMA, aunque sí ha reconocido que pertenecía a las fuerzas armadas en aquella época, pero que nunca participó en ningún crimen.
El pasado 6 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco ordenó su ingreso en prisión incondicional a la espera de que Argentina remitiera la documentación necesaria y, un día después, se recibió por vía diplomática la solicitud de extradición cursada por la embajada del país latinoamericano, donde Poch está reclamado en relación con cuatro procesos penales en los que se investigan hechos acaecidos en esa nación entre los años 1976 a 1983, en los que hubo más de mil víctimas.
Las autoridades argentinas ya habían solicitado a Holanda, a finales de 2008, su extradición, tras recoger en ese país testimonios que involucraban al ex militar en los vuelos de la muerte, entre los que destacan las declaraciones de otro piloto de la compañía Transavia, que afirma que el mismo Poch le contó cómo arrojaba a los opositores al régimen argentino de entonces desde los aviones, además de justificar ese método de exterminio.
Según relató el abogado defensor del piloto, éste negó las acusaciones que pesan en su contra al comparecer en la Audiencia Nacional española y aseguró que sus compañeros habían malinterpretado sus palabras.
En un intento de evitarle una posible condena a cadena perpetua a su padre, la hija de Julio Poch le ha pedido a la princesa Máxima de Holanda, nacida en Argentina, que interceda por él, al recordarle que también su padre estuvo involucrado en la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla.
El padre de Máxima, Jorge Zorreguieta, fue secretario de Estado de Agricultura durante la dictadura de Videla (1976 - 1983).
En vista del contenido de la misiva firmada por la hija de Poch, el Servicio de Información del Estado holandés ha puntualizado que la princesa Máxima "no puede involucrarse en asuntos de esta índole".
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