El documento de Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas fue elaborado por mujeres y campesinos que luchan por la recuperación de las lenguas originarias de la región.
21 julio 2011/ AVN / La Radio del Sur http://laradiodelsur.com
Roberto Coraite, dirigente campesino, precisó que la iniciativa es importante porque algunos pueblos están en su última etapa de extinción y muchos han desaparecido por la política neoliberal y capitalista, por lo que es fundamental que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia apoye el iniciativa.
De esa forma Coraite puntualizó que “estamos haciendo la presentación de la Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas que es importante porque algunos pueblos originarios están en su última etapa de extinción y muchos de ellos han desaparecido por la política internacional capitalista”, describiendo las acciones de trabajo.
El instrumento fue entregado el viernes pasado por los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
La máxima autoridad del poder legislativo boliviano, Álvaro García, aseveró que la iniciativa será una prioridad debido a que fue presentada por el pueblo y no por fuerzas extranjeras.
No es la primera vez que esto ocurre en el país suramericano, proyectos como la ley de consenso en las organizaciones también han surgido de propuestas elaboradas los sectores sociales bolivianos.
El dirigente campesino agregó que “el Estado en todo su sistema educativo tiene que incorporar el aprendizaje de al menos un idioma indígena originario campesino dependiendo el territorio donde vivimos, si vivo en Cochabamba pues el quechua, si vivo en el Beni será algunos de los idiomas de los pueblos indígenas de esa región”.
Uno de los objetivos principales de este instrumento legal es que los funcionarios públicos, así como los medios de comunicación, atiendan y orienten a la población en su propio idioma.
Estos proyectos están inscritos en el programa constitucional de Bolivia. En su quinto artículo declara a todos los idiomas de los pueblos indígenas, junto con el castellano, como idioma oficial.
La propuesta, que cuenta con 11 capítulos, 31 artículos, cuatro disposiciones transitorias y una final responde a la presencia de etnias entre las que hay más de dos millones de quechuas, más de un millón de aimaras, cerca de 100 mil chiquitanos y ocho mil guaraníes y guarayos.
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