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08 2019, Rebelión (México) https://www.rebelion.org/noticia.php?id=259312
El
Cohete a la Luna
BOLSONARO
Y SU 1.200 % EN ITAIPÚ
La
ola de mandatarios neoliberales que sucedió a los proyectos progresistas y
nacional-populares en América Latina se vio impulsada por discursos moralistas
y republicanos, sostenidos por compromisos con la transparencia institucional y
el repudio a la corrupción estructural anidada al interior de sus países.
Esa
sobreactuación de sus protagonistas se vio, sin embargo, ensombrecida por la
emergencia de repetidos escándalos que han tenido como responsables máximos a
los empresarios (devenidos Presidentes) y a sus más íntimos colaboradores. En
el caso de la Represa Binacional de Itaipú, el reciente descubrimiento de una
negociación secreta entre las más altas autoridades llevó a los parlamentarios
de ambos países a iniciar investigaciones sobre negociaciones incompatibles con
sus respectivas funciones gubernamentales.
El
negociado hecho público durante la última a semana incluyó la redacción de
cláusulas secretas que
fueron develadas luego de la denuncia del titular de la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Pedro Ferreira, quien se negó a
aceptar la comercialización de energía hidroeléctrica excedente (producida por
la represa binacional de Itaipú) a una entidad privada ligada a la familia del
Presidente brasileño. Dichos megavatios (MW) sobrantes iban a ser adquiridos
del lado brasileño a un valor de 6 U$S, cuando la cotización de mercado ronda
los 40 U$S el MW. Una vez incorporados a la red por la empresa brasileña
LEROS (ligada a Bolsonaro), sería vendida a un precio de 80 U$S el
MW, registrando un potencial y módico beneficio del 1200 %.
La
malversación quedó al descubierto cuando el titular de ANDE, Pedro Ferreira, se
negó a suscribir el contrato, renunciando a su puesto el 24 de julio último.
Una investigación del diario guaraní ABC Color puso en evidencia que
el embajador paraguayo Federico González, intermediario entre la empresa LEROS
y ANDE, presionó al titular de esta última para que se convirtiera en cómplice
respecto al silenciamiento de las cláusulas secretas del convenio firmado en
mayo último por los presidentes Abdo y Bolsonaro.
Las
negociaciones orientadas a lograr la aprobación del contrato ilícito fueron
operativizadas por José Rodríguez González, hijo de María Epifania González,
secretaria de la unidad de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),
quien debió renunciar una vez difundidas las cláusulas secretas gestionadas por
su heredero. Las tratativas confidenciales (caracterizadas como sigilosas)
fueron conducidas por Rodríguez bajo la supervisión de de Mario Abdo y su
vicepresidente Hugo Velázquez, quienes buscaron beneficiar al ex militar
devenido Presidente de Brasil. La articulación entre Rodríguez y los máximos
mandatarios se hizo evidente luego de la difusión pública de los intercambios
de mensajes por WhatsApp, expuestos por los medios de comunicación guaraníes y
brasileños.
(El presidente Abdo presiona al
titular de la empresa eléctrica paraguaya a través de mensajes de WhatsApp.)
Agua sucia
En
dichas comunicaciones se puso en evidencia la presión ejercida por Abdo al
titular de ANDE, quien advertía que la firma de dicho convenio suponía un acto
ilícito e implicaba una pérdida de más de 200 millones de dólares para sus
conciudadanos, que deberían pagar la energía con un sobrecosto inaudito.
Rodríguez presionó con una serie de mensajes a Ferreira para que se aviniera a
rubricar las cláusulas secretas. En una de esas comunicaciones exigía la
aceptación de la propuesta brasileña dado que el representante comercial de la
empresa LEROS había viajado a Paraguay “para dar seguimiento al acuerdo de
compra y venta de energía excedente al mercado brasileño”. Ante la reiterada negativa
del titular de ANDE, Rodríguez le advirtió que “la autorización de ambos
agentes [Abdo y Bolsonaro] ya se ha acordado verbalmente”. En su declaración
testimonial ante la fiscalía, el intermediario ante LEROS aceptó la
responsabilidad sobre los mensajes enviados a Ferreira, pero se disculpó por
haber mencionado (como era de esperar) a ambos mandatarios.
Durante
los dos últimos meses el ingeniero Ferreira advirtió que las ventas de la
energía excedente debían hacerse mediante una licitación y que no era posible
otorgar la adjudicación en forma arbitraria a LEROS. La negativa del titular de
ANDE generó la presión del propio Presidente paraguayo, quien lo conminó a
destrabar la situación dado que no se estaban cumpliendo las cláusulas
(secretas) acordadas.
El
Tratado de Itaipú supone compartir en partes iguales la energía de una de las
represas más grandes del mundo y autoriza a negociar anualmente los excedentes
energéticos. Dado que Paraguay sólo consume el 15 % del total, vende el 35 %
restante a su socio. Durante las últimas tres décadas Paraguay aceptó valores
paupérrimos por dicho excedente, pero en 2008 —en el marco de acuerdos de
integración regional entre Lula y el presidente Fernando Lugo–, se lograron
retribuciones más equitativas que permitieron financiar mínimamente el
desarrollo guaraní. Sin embargo, la aplicación de la cláusula secreta firmada
en mayo retrotraía a Paraguay a posiciones de mayor vulnerabilidad.
Vecinos
virtuosos
En el
caso guaraní, el escándalo ya ha generado la renuncia del canciller Luis
Castiglione, el titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Pedro Ferreira y el director técnico de Itaipú, José Sánchez Tillería, entre
otros funcionarios. Aún resta debatir, en el marco de una comisión bicameral,
la investigación sobre las cláusulas secretas que precipitaron la interrupción
del acuerdo. También se encuentra en etapa de resolución la conformación de la
unidad legislativa de 5 miembros que tratará el juicio político a las máximas
autoridades gubernamentales, bajo la acusación de Traición a la Patria. En
forma paralela, el Ministerio Público nombró a tres fiscales, Liliana Alcaraz,
Susy Riquelme y Marcelo Pecci, como los encargados de auditar las posibles
comisiones de delito contra la administración pública.
Los
dirigentes latinoamericanos que presumen de ser cuidadosos de las instituciones
y que, repetidamente, se autoproclamaron como obedientes de las normativas
legales, no han logrado cumplir sus compromisos: en marzo de 2018 el presidente
de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció en forma indeclinable luego de ser
imputado por vínculos espurios con la empresa Odebrecht y acusado
simultáneamente por la compra de votos en el Congreso. En Brasil una gran parte
de los políticos complotados en el golpe de Estado contra Dilma Rousseff fueron
condenados por malversación de fondos, cohecho, fuga de capitales y
enriquecimiento ilícito. Entre ellos está Michel Temer, quien sucedió a la
dirigente del PT. Por su parte, el magistrado que dispuso la detención de
Lula, Sergio Moro (actual ministro de justicia del gobierno de Jair Bolsonaro),
es investigado por prevaricación en relación con las imputaciones dictaminadas
contra el líder metalúrgico.
En el
caso de la Argentina, las sospechas hacia el gobierno macrista se vinculan con
las operaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, junto a periodistas,
servicios de inteligencia y delegaciones diplomáticas extranjeras, cómplices en
la configuración de imputaciones judiciales ficticias destinadas a encarcelar
opositores políticos. A estos antecedentes deben sumarse las denuncias de
tráfico de influencias y los constantes conflictos de intereses habilitados por
sus inversiones familiares en sectores energéticos calves de la economía local.
En
Colombia, los cruzados del republicanismo neoliberal acumulan imputaciones por
homicidios y desapariciones ejecutados bajo la más absoluta pasividad oficial.
Desde que asumió Iván Duque, se contabilizan más de 130 dirigentes sociales
asesinados y la virtud institucional anunciada tampoco parece acompañar su
gobierno: el 71 % de los consultados en una encuesta diseñada por Gallup
sugiere que, desde el inicio de su gobierno, los efectos de la corrupción se
han visto agravados.
La
transparencia, los altisonantes mensajes de honestidad institucional y el
proclamado respeto por las normativas se han constituido en el paradojal
disfraz de cohecho estilizado. El neoliberalismo presume de una virtud
republicana que se empecina en convertir en una cascara vacía, únicamente
blandida en tiempos electorales.
*Abya
Yala: Terra viva, o nome indígena da América
Latina.
No espírito de José Martí e dos povos
nativos, Abya Yala é tudo o que está relacionado com a Nossa América, essa
terra viva que vai do Rio Bravo à Terra do Fogo, passando pelas Caraíbas, sem
esquecer as primeiras nações da América do Norte.
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