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segunda-feira, 16 de fevereiro de 2015
Venezuela/ATAQUE AÉREO A TELESUR
sexta-feira, 31 de julho de 2009
FARC SE DIRIGE A COLOMBIANAS/OS POR LA PAZ
Martes, 28 de julio de 2009
"Los invitamos a trabajar por un Gran Acuerdo Nacional de Paz, a construir una alternativa política que privilegie la paz, convoque al diálogo, instrumente una tregua bilateral y proceda a suspender de inmediato la presencia de tropas estadounidenses en nuestro territorio", exponen en su misiva publicada por la Agencia de Noticias Nueva Colombia - ANNCOL.
Carta abierta a Colombianas y Colombianos por la Paz, a los partidos y movimientos de oposición democrática, al movimiento social, a las centrales de trabajadores, al campesinado, al estudiantado, a los indígenas, a los afro descendientes, a las minorías étnicas, periodistas, militares patriotas y desplazados.
Compatriotas:
A partir de la llegada al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en Colombia surgió una NUEVA DERECHA, neoliberal y antidemocrática que pretende perpetuarse en el poder, se presenta sin careta y esgrime abiertamente sus propósitos de gobernar para los más ricos sin esconder sus intenciones anti populares de arrebatar y desmontar una a una, todas las conquistas sociales alcanzadas por la clase obrera y los trabajadores a lo largo de históricas jornadas de lucha.
Esa nueva derecha, ultra, que no vacila en recurrir a métodos gansteriles, está representada por el Uribismo y sus diferentes facciones que compiten entre sí, para disputarse cuál es más reaccionaria que la otra, pero todas identificadas con el pensamiento retardatario del presidente Álvaro Uribe de gobernar exclusivamente a favor de una élite del capital financiero, del nuevo gamonalismo castrense y paramilitar, los terratenientes, el sector monopolístico de la producción y el capital extranjero, otorgándoles toda clase de beneficios y gabelas, a costa de recortar y afectar los derechos e intereses de los trabajadores, consolidar la contrarreforma agraria alcanzada a sangre y fuego por el paramilitarismo estatal y mafioso, al precio de centenares de masacres y el desplazamiento forzado de cerca de 4 millones de campesinos pobres, legalizar los dineros de la mafia y empotrar en Colombia un régimen autoritario perdurable y de sesgo fascista.
La presencia de esta nueva derecha intolerante y mafiosa ha cambiado el mapa político del país y amenaza el futuro democrático de la nación.
Características principales de esta nueva derecha la constituyen:
- El monopolio mediático y manipulador de la información, su militarismo desmedido y su afán por hacer de Colombia un Estado Policivo, que lleva registro detallado y minucioso de la vida privada de cada colombiano incluyendo a jueces y Magistrados.
- Su antisocial y profundamente anti popular política neoliberal y su menosprecio por las reivindicaciones y necesidades de la gente humilde, excusada en la misma concepción que esgrimía Mussolini en sus peroratas fascistas: "El pueblo no necesita mantequilla sino cañones".
- Su condición de genuflexo y su entrega sistemática a los intereses del Imperio, manifiesta en su alineamiento total con los actos de la política exterior agresiva de los Estados Unidos y en su afán por cumplir en América el papel que Israel, como Estado terrorista, cumple en la geopolítica del Medio Oriente.
- El desconocimiento de los más elementales derechos de sus opositores, a quienes califica de "terroristas" de civil o de aliados de los "terroristas", pues según la "inteligencia" oficial, todos los movimientos sociales estarían penetrados por la guerrilla.
- Su comprobada alianza con el paramilitarismo y la mafia en todos los niveles, el desconocimiento metódico de las reglas del juego y de la Constitución que juró defender, el chantaje a las Cortes y al Congreso, el empleo del servicio diplomático para pagar favores políticos y blindar delincuentes y paramilitares amigos suyos, así como su marcado autoritarismo, aunado a sus pretensiones mesiánicas, vengativas, personalistas y abusivas del poder, son otras de sus características.
Para nadie es secreto que la democracia "a la colombiana" siempre ha sido más que "restringida" y oligárquica, en razón de su rígido presidencialismo y del excluyente bipartidismo que aún la caracterizan.
Aquí jamás ha habido democracia real sino un remedo de la misma, en la que ha sido decisivo el empleo de la guerra sucia y el peso político de la voluntad del Ejecutivo, siendo esto lo que ha impedido en buena parte, que aparezcan y se consoliden fuerzas políticas alternativas de masas y una oposición.
Siempre hemos tenido un régimen presidencial, que ha venido remachando sus grilletes a todo lo largo del siglo XX, pero lo nuevo, es que ahora parece estar alcanzando su plenitud y perfección despóticas en este reinado militarista de Álvaro Uribe que quieren imponernos.
No es mera casualidad que con Uribe haya llegado a la presidencia de la República el Opus Dei, el sector más reaccionario de la iglesia.
Nadie podrá desvirtuar nuestra aseveración de que Álvaro Uribe -trabacalero y experto en falacias- ha convertido la presidencia de la República en catapulta para sus intenciones personalistas-reeleccionistas. Todo acto, toda acción que realiza como mandatario, o que deja de ejecutar, tiene el marcado y específico propósito de conquistar votos y de hacerse reelegir.
Este gobierno convirtió su mandato en descarado directorio político de su campaña reeleccionista y avanza a reimplantar en el Congreso una ley de inmunidad que asegure la impunidad para él y para todos sus compinches.
Sin siquiera esperar la aprobación de la Ley que le permita su segunda reelección, lo vemos lanzado en campaña por un tercer mandato, apelando a los métodos gansteriles de espionaje político a sus opositores y utilizando todos los recursos estatales de que dispone. No hay duda alguna, en los próximos comicios presidenciales, el Estado fungirá de Gran elector.
Unido a esto, es indiscutible que existe la pretensión y el proyecto de formar un partido de la ultraderecha ya no como la unión de distintos retazos ideológicos, sino una compacta organización Neoliberal en lo económico, ultramontana en lo ideológico y antidemocrática en lo político y social para que sea el instrumento político de la dictadura en ciernes.
El proyecto de Nuevo Estado de Uribe pretende establecer un tipo de legalidad diferente a la vieja legalidad que ha existido y en la práctica, otorgar al Presidente un nuevo poder: el de auto elegirse.
Ya se re-eligió una vez con métodos ilegítimos, lo que pretende ahora es poder hacerlo siempre.
El principio de las tres ramas del poder público con distintas funciones y competencias, pretende ser sustituido por el principio autoritario de la concentración en el Ejecutivo del control de todas las funciones estatales.
Las continuas arremetidas contra las altas Cortes indican que existe el objetivo de tener una justicia dócil y sometida a la voluntad del ejecutivo.
No olvidemos que en el Referendo rechazado por el pueblo en el primer gobierno de Uribe, se incluía la eliminación de la Corte Constitucional y se sugería una justicia militar con jurisdicción para juzgar a civiles a través del Estatuto Antiterrorista, que a pesar de haber sido derogado por la Corte Constitucional, se aplica diariamente en Colombia en las llamadas zonas de orden público, donde se realizan empadronamientos, se despliegan razzias contra la población civil y se recurre al racionamiento de alimentos y de medicinas indispensables de modo arbitrario y abiertamente anticonstitucional.
¿Qué norma constitucional autoriza al ejército a racionar la compra de alimentos y a colocar calcomanías invitando a la deserción en todas y cada una de las facturas de remesa que compran los campesinos, como si todos ellos fueran guerrilleros?
Con el embeleco de una pretendida Seguridad nacional, las seculares y ya recortadas libertades individuales, lo mismo que los derechos sociales y hasta los ecológicos van desapareciendo y en su lugar emerge la razón de Estado. El Estado de la "Seguridad Democrática". La tendencia es a sustituir la vieja democracia liberal por una nueva democracia autoritaria, en cabeza de un déspota autoritario: Álvaro Uribe.
Para su primera reelección, con el cinismo de un sofista, Uribe engatusó a millones de electores con el cuento de que a través de su política de Seguridad Nacional, la derrota de la guerrilla estaba a la vuelta de la esquina y hasta le puso plazo: 18 meses, después de los cuales, Colombia sería una Arcadia de Paz.
Cuando los hechos demostraron lo contrario, pidió más sacrificios y un nuevo mandato, porque según él y sus áulicos, la victoria estaba a la vuelta de la esquina y estábamos en "el fin del fin", solo necesitaba un nuevo mandato de otros 4 años, para que Colombia pasara a ser la "Ciudad del Sol".
Ahora dice que se necesitan 4 años más porque "la culebra está viva" y cuando la insurgencia los golpea, los generales salen a asegurar que son los "últimos coletazos" del terrorismo. Con estulticias como esas, tapan el fracaso de su política de seguridad.
Y así, de mentira en mentira, vamos a completar 8 años de un nefasto mandato durante el cual ha pasado de todo:
En el curso de estos años, el país supo que las oficinas de inteligencia del Estado (DAS) le fueron entregadas al paramilitarismo. Allí se elaboraron listas de sindicalistas, académicos y activistas sociales a quienes los sicarios debían asesinar y que efectivamente fueron asesinados, llegando a alcanzar el triste récord de ser Colombia el país donde más sindicalistas se asesina.
Truculencias, sobornos y cohecho para hacerse reelegir, masacres y crímenes de lesa humanidad disfrazados de "falsos positivos", espionaje político sistemático a Magistrados, líderes de oposición, cívicos y sindicales, a jueces, periodistas y a gente del común, que disfrazó como chuzadas, despojo violento de 6 millones de hectáreas de tierras a millones de campesinos mediante terror paramilitar y desplazamiento forzado que disfrazó de "migración voluntaria", y como en vez de paz, lo que tenemos es más miseria y más terror oficial, ahora dice que "la culebra sigue viva" y necesita otros 4 años para consolidar su régimen policiaco, militarizar más y más el país y perpetuar su dictadura.
La Colombia gobernada por Uribe es el único país del mundo donde se comprueba que 85 parlamentarios oficialistas son paramilitares y no pasa nada. Simplemente reducen el problema a unos procesos penales corrientes que culminan con benignas condenas sin mayores consecuencias políticas.
Solo una cuestión no deja dormir a Uribe y la casta dirigente: que con todos esos congresistas suyos metidos en la cárcel, el gobierno corre el riesgo de perder sus mayorías. Por eso sale apresurado a pedirles que voten sus proyectos antes que los metan presos. Tamaña inmoralidad no se había visto nunca.
Está claro que Uribe pretende prolongar su mandato no hasta el 2014, sino hasta el año 2019!
Para comprender tan demencial propuesta, hay que conocer, los meandros de su carácter, al igual que su fanatismo ultramontano orientado por el Opus Dei y penetrar su atravesada personalidad alimentada por odios viscerales y un egoísmo mesiánico.
Es necesario desenmascarar el engaño: detrás de la lucha contra el llamado "terrorismo", se encuentra agazapado el propósito de montar una cerrada democracia autoritaria a lo Fujimori. Y la "guerra total contra el terrorismo" no es más que el camino para su realización. He aquí la almendra del proyecto político del uribismo.
Hay muchos que piensan, algunos desde posiciones revolucionarias y seguramente con sinceridad, que si no fuera por la existencia de las guerrillas, Colombia estaría recorriendo un camino alfombrado rumbo a la más "profunda" democracia. No los descalificamos, pero los invitamos a reflexionar:
¿Será esta una conclusión objetiva sacada del estudio de nuestra historia política?
¿No es esto desconocer el modus operandi de la oligarquía colombiana a través de toda la vida republicana?
¿Acaso se piensa que las guerrillas en Colombia surgieron por generación espontánea?
¿Acaso no conocemos y conoce el pueblo colombiano a los promotores de la política de sangre y fuego con la que se inauguró la Violencia de la que no aún hemos salido y fue la causa del origen de las guerrillas?
¿No está demostrado hasta la saciedad que el paramilitarismo es una estrategia de la oligarquía para desarrollar la guerra sucia contra el pueblo y esconder su mano criminal?
¿O será que vamos a creer el cuento sacado de la mochila paisa del "sociólogo" Álvaro Uribe, de que aquí no hay conflicto armado sino la agresión de unos terroristas contra la "democracia profunda" que él dirige, porque los revolucionarios diz que ya no defienden ideales sino que son narcotraficantes?
Colombia necesita encontrar los caminos que conduzcan a poner fin a esta guerra entre hermanos, senderos de reconciliación que nos lleven a Acuerdos de Paz.
Los integrantes de las FARC-EP hemos luchado y continuaremos haciéndolo, con denuedo, con entrega y sacrificio por alcanzar acuerdos que ayuden a construir una patria en la que quepamos todos. Jamás hemos proclamado el principio de la guerra total ni de la guerra por la guerra ya que nuestros objetivos son los de lograr cambios profundos en la estructura social de Colombia, que tengan en cuenta los intereses de las mayorías nacionales y de los sectores populares y por desmontar un régimen político criminal, oligárquico, oprobioso, corrupto, excluyente e injusto como está consignado en nuestra Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
Con toda la sinceridad que corresponde a nuestro compromiso con el cambio social y la lealtad que le debemos a nuestro pueblo, le aseguramos a todos quienes llaman a la claudicación, que no vamos a desistir después de más de 40 años de lucha, ni a aceptar una falsa paz "gato parduna" donde la minoría oligárquica continúe acaparando todas las riquezas, mientras las grandes mayorías nacionales quedan aplastadas por el peso de la pobreza, el terror militarista, la miseria y la degradación moral de una clase dirigente corrupta hasta los tuétanos.
No traicionaremos los sueños de justicia de la Colombia que clama por la paz con justicia social, ni la memoria de los miles de muertos ni a las víctimas de las innumerables tragedias que ha ocasionado esta cruenta guerra declarada por la oligarquía al pueblo desde hace más de 50 años. No tenemos alma de trepangos ni de componenderos.
El próximo acuerdo de paz que se alcance en Colombia no puede ser como el firmado en Santo Domingo, que es el mejor ejemplo de cómo no se llega a la paz.
Acuerdos de paz sí, pero, el punto cardinal es: ¿con o sin cambios estructurales en lo político y social?
¿Democracia o autoritarismo?
Una paz entendida solo como mera reconciliación de los espíritus, no solo es una irresponsable fantasía y un crimen, sino un retroceso histórico en los anhelos del pueblo colombiano por alcanzar la justicia social.
Dentro de ese contexto es pertinente debatir el papel de las organizaciones democráticas en la solución del conflicto social y en unas eventuales conversaciones de paz, para impedir el engañoso sofisma de que solo las organizaciones de los ricos representan a la "sociedad civil" y a la clase obrera la representa Angelino Garzón.
Llamamos a todos los patriotas y demócratas de Colombia, a intercambiar sobre estos temas para impedir el establecimiento perpetuo de una dictadura o un gobierno totalitario y despótico.
Los invitamos a trabajar por un Gran Acuerdo Nacional de Paz, a construir una alternativa política que privilegie la paz, convoque al diálogo, instrumente una tregua bilateral y proceda a suspender de inmediato la presencia de tropas estadounidenses en nuestro territorio. Que una vez alcanzados los acuerdos con el protagonismo de las organizaciones sociales y políticas, convoque una Asamblea Nacional Constituyente que refrende lo acordado.
Impidamos entre todos que en Colombia el pueblo pierda todas las conquistas alcanzadas a través de sus justas luchas y que la guerra sea el Modus Vivendi de nuestra sociedad, solo por la intransigencia oligárquica de impedir a toda costa que en Colombia haya cambios estructurales que beneficien a las mayorías nacionales y de perpetuar un régimen político que todos sabemos es injusto, inmoral y antidemocrático.
Compatriotas,
Secretariado del EMC.
FARC-EP.
Montañas de Colombia, julio del 2009
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quinta-feira, 2 de julho de 2009
LATINOAMÉRICA EMPUJA A UN WASHINGTON REACIO A QUE APOYE LA DEMOCRACIA EN HONDURAS
Agencia Latinoamericana de Informacion http://alainet.org
El golpe militar que derrocó al presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya, provocó repudio unánime a nivel internacional. Pero la respuesta de algunos países ha sido más reacia que la de otros y la ambivalencia de Washington ha comenzado a despertar sospechas acerca de lo que realmente el gobierno estadounidense está tratando de lograr en esta situación.
Las primeras declaraciones de la Casa Blanca en respuesta al golpe fueron débiles y evasivas. En ellas no se denunciaba el golpe, sino más bien se hacía un llamado a “todos los actores políticos y sociales en Honduras a respetar las normas democráticas, el Estado de derecho y los principios de la Carta Democrática Interamericana”.
Esas declaraciones diferían con las de otros presidentes del hemisferio, como Lula da Silva de Brasil y la presidenta Cristina Fernández de Argentina, quienes denunciaron el golpe y exhortaron a que se restituyera al presidente Zelaya. La Unión Europea también emitió una respuesta similar, menos ambigua y más inmediata.
Más adelante, ese mismo día, a medida que la respuesta de otras naciones se hizo más clara, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, hizo una declaración más fuerte en la cual se repudiaba el golpe – pero sin referirse a éste como un golpe. Además, no hacía mención alguna sobre el retorno de Zelaya a la presidencia.
La Organización de Estados Americanos, el Grupo de Río (la mayor parte de Latinoamérica) y la Asamblea General de las Naciones Unidas han todos llamado a que se dé el “retorno inmediato e incondicional” del presidente Zelaya.
Las fuertes posiciones desde el Sur resultaron en declaraciones anónimas de funcionarios del Departamento de Estado que mostraban más apoyo al retorno del presidente Zelaya. Para la tarde del lunes, el presidente Obama finalmente declaró: “Nosotros creemos que el golpe no fue legal y que el presidente Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras...”
Pero más tarde, ese mismo lunes en una conferencia de prensa, se le preguntó a la secretaria de Estado Clinton si “restaurar el orden constitucional” en Honduras significaba el retorno de Zelaya. La secretaria nunca dio una respuesta afirmativa.
¿Por qué tanto recelo en llamar abiertamente al retorno inmediato e incondicional de un presidente electo, así como lo había hecho el resto del hemisferio y las Naciones Unidas? Una posibilidad obvia es que Washington no comparte estos objetivos. Los líderes del golpe no tienen apoyo internacional pero aún podrían tener éxito en lograr que pase el tiempo – Zelaya tiene menos de seis meses para terminar su mandato. ¿Apoyará el gobierno de Obama la imposición de sanciones en contra del gobierno golpista para prevenir que esto suceda? Los gobiernos vecinos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador ya han hecho las primeras advertencias al anunciar una suspensión del comercio por 48 horas.
A diferencia de esto, una razón para la reticencia de Hillary Clinton de llamar al golpe un golpe es la prohibición, bajo la Ley de ayuda al extranjero de Estados Unidos (U.S. Foreign Assistance Act), de proveer fondos a gobiernos en donde el jefe de Estado haya sido destituido por un golpe militar.
La palabra ‘incondicional’ también es clave en esta situación: el gobierno estadounidense quizás quiera extraer alguna concesión de Zelaya como parte de un acuerdo para su retorno a la presidencia. Pero así no es como funciona la democracia. Si Zelaya quiere negociar algún acuerdo con sus oponentes políticos luego de haber retornado, ésa es otra historia. Pero nadie tiene el derecho de extraerle concesiones políticas en el exilio, a punta de pistola.
No hay excusa alguna para este golpe. Una crisis constitucional se desató cuando el presidente Zelaya le ordenó al ejército que distribuyera los materiales para un referendo no vinculante que se llevaría a cabo el domingo pasado. El referendo le pedía a los ciudadanos que votaran sobre si incluir una propuesta para una asamblea constituyente, para redactar una nueva constitución, en las elecciones de noviembre. El jefe del ejército, el general Romeo Vásquez, se rehusó a llevar a cabo las órdenes del presidente. El presidente, como comandante en jefe del ejército, despidió a Vásquez, con lo cual el ministro de defensa renunció. La Corte Suprema posteriormente dictaminó que el despido de Vásquez por parte del presidente era ilegal y la mayoría en el congreso se ha mostrado en contra del presidente Zelaya.
Los partidarios del golpe argumentan que el presidente violó la ley al intentar proceder con el referendo después de que la Corte Suprema fallara en contra de éste. Ésta es una cuestión legal; puede ser cierto o puede ser que la Corte Suprema no tuviera base legal para emitir esa sentencia. Pero esto es irrelevante para lo que ha sucedido: el ejército no es el árbitro de una disputa constitucional entre los varios poderes del Estado. Esto es particularmente cierto en este caso, en el que el referendo que se proponía era un plebiscito no vinculante y meramente de carácter consultivo. No habría cambiado cualquier ley, ni habría afectado la estructura de poder; era simplemente una encuesta al electorado.
Por consiguiente, el ejército no puede afirmar que actuó para prevenir un daño irreparable. Éste es un golpe militar llevado a cabo con propósitos políticos.
Existen otras cuestiones sobre las cuales nuestro gobierno se ha mantenido raramente silencioso. Los informes de represión política, del cierre de estaciones de radio y TV, de la detención de periodistas, detención y abuso físico de diplomáticos y de lo que el Comité para la Protección de Periodistas ha llamado una “censura de los medios”, son eventos que aún esperan por ser seriamente reprochados por Washington. Al controlar la información y reprimir la disensión, el gobierno de facto de Honduras está también creando el marco para unas elecciones injustas en noviembre.
Muchos informes han contrastado el rechazo del gobierno de Obama al golpe hondureño con el apoyo inicial del gobierno de Bush al golpe militar de 2002 que derrocó brevemente al presidente Hugo Chávez en Venezuela. Pero de hecho hay más similitudes que diferencias entre la respuesta estadounidense a estos dos eventos. En el marco de un día, el gobierno de Bush revirtió su posición oficial sobre el golpe venezolano debido a que el resto del hemisferio había anunciado que no reconocería al gobierno golpista. De manera similar, en este caso, el gobierno de Obama está siguiendo al resto del hemisferio, tratando de no ser la excepción, pero al mismo tiempo, sin realmente compartir su compromiso con la democracia.
No fue sino hasta algunos meses después del golpe venezolano que el Departamento de Estado admitió que le había brindado apoyo financiero y de otro tipo a “individuos y organizaciones que se entiende que estuvieron activamente involucrados en la breve expulsión del gobierno de Chávez”. En el golpe hondureño, el gobierno de Obama afirma que intentó disuadir al ejército hondureño para que no tomara esta acción. Sería interesante saber cómo se llevaron a cabo estas discusiones. ¿Será que los funcionarios del gobierno dijeron, “Ustedes saben que tendremos que decir que estamos en contra de una movida como ésa si la llevan a cabo, porque todo el mundo lo hará”? O será que más bien dijeron, “No lo hagan, porque haremos todo lo que esté a nuestro alcance para revertir cualquier tipo de golpe”? Las acciones del gobierno desde que ocurrió el golpe apuntan a algo más parecido a lo primero, sino hasta peor.
La batalla entre Zelaya y sus oponentes pone de frente a un presidente reformista apoyado por sindicatos laborales y organizaciones sociales en contra de una élite política corrupta, con conexiones al narcotráfico, que opera al estilo de una mafia y que está acostumbrada a escoger no solamente a la Corte Suprema y al Congreso, sino al presidente también. Es una historia recurrente en Latinoamérica, y Estados Unidos casi siempre se ha puesto del lado de las élites. En este caso, Washington tienen una relación muy cercana con el ejército hondureño, desde hace ya décadas. Durante los años ochenta, Estados Unidos utilizó bases en Honduras para entrenar y armar a los ‘contras’, los paramilitares nicaragüenses que se dieron a conocer por sus atrocidades en la guerra en contra del gobierno sandinista en el vecino país de Nicaragua.
El hemisferio ha cambiado substancialmente desde el golpe venezolano de abril de 2002, con otros once gobiernos de izquierda siendo elegidos posteriormente. Un conjunto entero de normas, instituciones y relaciones de poder entre el Sur y el Norte en el hemisferio han sido alteradas. El gobierno de Obama enfrenta hoy a vecinos que están mucho más unidos y mucho menos dispuestos a ceder en cuestiones fundamentales de democracia. Es por eso que la secretaria de Estado Clinton probablemente no tendrá mucho espacio de maniobra. Sin embargo, la ambivalencia del gobierno será notada en Honduras y muy probablemente podría motivar al gobierno de facto a que intente aferrarse al poder. Eso podría ocasionar muchos daños.
- Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es presidente de la organización Just Foreign Policy.
Publicado en ingles en The Guardian Unlimited
sábado, 11 de outubro de 2008
Perú/CAMBIOS PARA NO CAMBIAR
El gabinete Del Castillo ha caído sin pena ni gloria. Repudio general lo acompaña a su fin.
César Lévano
cesar.levano@diariolaprimeraperu.com
La repulsa no era sólo a los ministros, sino también a la política neoliberal, de privilegio a las grandes empresas nacionales y foráneas, y de injusticia, represión y engaño contra las mayorías.
El episodio de corrupción en un contrato petrolero fue sólo la chispa que incendió el prado seco.
Sostuve desde el primer momento en esta columna que detrás de la revelación de los audios del escándalo había intereses non sanctos. “El otro lado oculto es que hay intereses que rivalizan con Discover Petroleum”, escribí en la edición del martes 7. “Ellos no sólo disputan los campos petroleros, sino que buscan también impedir que Petroperú recupere su función exploratoria”.
Eso no disminuye la culpa de los dos miembros visibles de la mafia: Rómulo León Alegría y Alberto Químper Herrera. Cuando digo mafia, me refiero al hecho de que los audios divulgados vinculan con ese dúo por lo menos a Jorge del Castillo, ex presidente del Consejo de Ministros, y Hernán Garrido Lecca, ex ministro de Salud de quien no se sabe por qué ocupaba ese cargo, a menos que estuviera muy vivamente interesado en la construcción de hospitales.
Es probable que Del Castillo apresurara la salida del Consejo de Ministros porque sabía que en el debate del Congreso previsto para el martes próximo se iban a exponer algunas de sus trapacerías y falsedades.
Otro factor precipitante puede haber sido la encuesta nacional de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado (CPI), realizada entre el 2 y el 7 de octubre. Los resultados del sondeo fueron publicados ayer; pero sin duda eran conocidos desde antes por el régimen.
Pues bien, esa consulta indica que García sólo tiene un 15% de aprobación (un bajón de 8.3% desde agosto) y un 77.7% de desaprobación (incremento de 6%).
Revelador resulta que, según ese estudio, los dos sectores neurálgicos de cualquier política de Estado, salud y educación, sean los menos satisfactorios. El ministro de Educación, José Antonio Chang, es quien obtiene el más alto índice de desaprobación: 50.5%. Un 45.7% opinaba que Garrido Lecca debería ser reemplazado.
El país no se ha tragado, pues, el cuento de la reforma educativa de Chang, el hombre que se ha ensañado con los maestros, y ha integrado el trío de los insultos contra éstos. Los otros dos injuriosos son García (que tiempo después, cuando le recordaron que su madre había sido maestra, pidió disculpas) y Del Castillo.
Ahora se esperan los cambios ministeriales. Se puede temer lo peor. Hasta se baraja como premier a PPK, un hombre que ha jurado anteponer los intereses de Estados Unidos a cualquier otro. Sería un desafío al país, en un momento crítico en que economía y violencia alteran el orden establecido.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/indSeccion.php?IdSeccion=11