La Paz, 3 octubre 2007 (ABI) - Este 10 de octubre, Bolivia cumplirá 25 de años de vigencia del estado de derecho, pero bajo la sombra de una democracia todavía frágil y donde la impunidad y la corrupción se resisten a morir.
Ese criterio corresponde al defensor del Pueblo, Waldo Albarracín y al analista Pablo Ramos, quienes coincidieron en que la democracia, a pesar del cuarto siglo de vida ininterrumpida, no se ha consolidado en todos los sentidos; ya que aún tiene temas pendientes como eliminar la corrupción, la impunidad y las asimetrías sociales.
Sin embargo, Albarracín destacó que a pesar de las intermitencias y los ataques que sufrió a lo largo de estos 25 años, la democracia es una constante desde que el 10 de octubre de 1982, el ahora fallecido ex presidente Hernán Siles Zuazo, inaugurara el período más largo de vigencia de la voluntad de las urnas.
De su parte, Ramos recordó que Siles Zuazo asumió la Presidencia de la República en una difícil coyuntura económica y social, pero que puso fin a regímenes de fuerza que vulneraron todos los derechos constitucionales de los bolivianos.
"Desde 1964 hasta 1982 hubo una seguidilla de gobiernos militares, hito histórico del país que vivió tiempos difíciles en lo político, social y especialmente económico. Fueron momentos de lucha de los bolivianos cansados por soportar 18 años de dictadura corruptas e impunes", señaló por su parte Albarracín.
A su vez el analista Ramos indicó que 18 años de gobiernos militares hubo sacrificios muy grandes para los bolivianos como personas y para la economía en particular.
En 1980, la Unidad Democrática y Popular (UDP) que lideraba Siles Zuazo ganó las elecciones generales por tercera vez consecutiva, no obstante el entonces comandante General del Ejército, Gral. Luís García Meza (hoy reo en Chonchocoro y dado de baja de las Fuerzas Armadas) protagonizó un cruento golpe militar.
Esa asonada contó con el apoyo de paramilitares extranjeros y nacionales, y de políticos, como el ex dictador Hugo Banzer Suárez, en aquella época sujeto de un juicio de responsabilidades por los siete años de su gobierno de facto.
El régimen impuesto por García Meza se caracterizó por la violación a los derechos humanos que cobró, por ejemplo, la vida del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyo cuerpo continúa desaparecido, del diputado Carlos Flores Bedregal y del dirigente minero Gualberto Vega Yapura. Además del asesinato de ocho dirigentes del MIR en la calle Harrington.
La dictadura se involucró con el narcotráfico y por cuyo delito, el ex ministro del Interior (Gobierno), Luís Arce Gómez, cumple una sentencia en una cárcel de Miami, Estado de Florida, Estados Unidos y se prevé que salga en libertad en noviembre al haber cumplido la mitad de su condena.
Bolivia solicitó su deportación para que cumpla en la cárcel de Chonchocoro la sentencia de 30 años de presidio con el que fue castigado por la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad de los crímenes políticos cometidos por la dictadura de García Meza.
Es en ese contexto, que el 10 de octubre de 1982 el Gral. Guido Vildoso Calderón, entregó a Siles Zuazo la Presidencia de la República e este inauguró el período más largo de la vigencia del estado de derecho que en siete días cumplirá 25 años de vida.
Siles Zuazo heredó una economía destrozada y su administración fue víctima de los grupos políticos conservadores que desde el Congreso precipitaron una hiperinflación que castigó al pueblo boliviano.
El ex Presidente, luego de tres años de gestión, convocó a elecciones anticipadas que llevaron a Palacio Quemado a Víctor Paz Estensoro con el apoyo del MIR y de ADN, partido del ex dictador Banzer.
En esas negociaciones se violó la Constitución Política del Estado, ya que se habilitó a quien fuera vicepresidente de Siles, Jaime Paz Zamora, como candidato presidencial.
En ese sentido, Ramos sostuvo que "económicamente Bolivia estaba fracasada frente a la crisis de la deuda externa".
Señaló que la disminución permanente de las reservas internacionales como fruto del enorme pago de deuda externa contraída por Banzer Suárez y la disminución del valor de las exportaciones. Los plazos para honrar esa deuda se cumplieron y el país poco menos que se descalabró.
Veinticinco años después de ese 10 de octubre y a pesar de que se ha avanzado mucho en democracia, Ramos consideró que el estado de derecho todavía no está consolidado y que los esfuerzos que hace la administración del presidente Evo Morales choca con la férrea oposición de quienes pretenden detener el proceso de cambio.
Además, el analista recordó los gobiernos que sustentaron la política neoliberal entre 1985 y 2003 (Paz Estensoro, Paz Zamora, Sánchez de Lozada -dos gestiones-, Banzer Suárez y Quiroga Ramírez), hicieron perder al país su capacidad de control de la fuente básica de riqueza con la entrega de los hidrocarburos al capital transnacional. Es decir, que la democracia también se le hizo mucho daño a la economía boliviana.
"La democracia está amenazada porque la gente no percibe adecuadamente la realidad, en donde hace planteamientos que están por encima de la capacidad del país para resolver", concluyó.
De su parte, el Defensor del Pueblo señaló que "más allá de los desaciertos y aciertos de los anteriores gobiernos, la democracia mostró una determinada estabilidad política, pero no significa que asta fuera una taza de leche porque también hay varias cuentas pendientes con el pueblo".
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