terça-feira, 15 de março de 2016

Brasil/“Acciones contra Lula son un plan de desestabilización de la democracia”



11 marzo 2016, ADITAL Agencia de Información Fray Tito para América Latina http://site.adital.com.br (Brasil)

En nota pública, Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), que vive en Brasil, evalúa la actual conyuntura política y alerta que en el país "se ha avanzado un paso más en el proceso de desestabilización institucional que pretende perpetrar un sector del Poder Judicial, la Policía Federal, los monopolios de prensa y las fuerzas políticas que han sido derrotadas en las últimas elecciones nacionales”, en 2014. Sería una desestabilización del orden democrático que tiene un objetivo principal: impedir que las fuerzas progresistas sigan gobernando el país y, especialmente, acabar definitivamente con el Partido de los Trabajadores (PT) y con su figura más emblemática, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para Gentilli, esto es lo que explica una multiplicidad de acciones judiciales, denuncias de la prensa nunca demostradas, insultos, amenazas, ataques públicos y una persistente ofensiva parlamentaria por parte de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias del país. En su opinión, se trata de criminalizar y de responsabilizar al PT y a su presidente de honor, Lula, de actos de corrupción, usando hechos que la justicia aún investiga como si fueran parte de un plan organizado desde el propio centro neurálgico del poder; esto es, los mandatos presidenciales de Lula y de la actual presidente, Dilma Rousseff. Encontrar una conexión entre ambos mandatarios y los hechos de corrupción analizados por la Justicia es la gran obsesión y, quizás, la única carta que hoy tiene la derecha brasileña para volver al poder, destruyendo los
avances democráticos de la última década, señala el experto.

Lo que está en juego es el futuro de Brasil como nación democrática
El secretario del Clacso destaca todavía que después de su última derrota electoral la derecha pretende volver al poder por la vía de un golpe judicial o de un impeachment de Dilma, cuya fundamentación jurídica y política no es otra que la necesidad de despojar al pueblo de su mandato soberano. Pues nada se ha demostrado sobre la vinculación del ex presidente Lula o de la presidenta Dilma Rousseff con cualquier hecho ilícito. Pero decenas de calumnias se han formulado contra ellos.

Sin embargo si la oposición derechista no puede encontrar pruebas que confirmen las denuncias, pueden crear hechos que, ante una opinión pública "pasmada y desconcertada”, hagan parecer culpables a quienes no lo son. Gentilli explica que el Estado de Derecho se desmonta cuando uno de los principios que lo sustentan se desintegra ante maniobras autoritarias del Poder Judicial y el sistemático abuso de poder de una policía "que ha demostrado ser más eficiente matando jóvenes pobres inocentes que controlando las principales redes del delito que operan en el país”. Él recuerda que el pasado viernes, 05 de marzo, un amplio operativo policial irrumpió en la residencia del ex presidente Lula y lo detuvo con un mandato de "conducción coercitiva".

El mandato de conducción coercitiva es un medio que dispone la autoridad pública para hacer que se presente ante la Justicia alguien que no ha atendido la debida intimación y cuya declaración testimonial es de fundamental importancia para una causa penal. El riesgo de fuga o la peligrosidad del sujeto, así como su desatención a las intimaciones judiciales, obligan al uso de este mecanismo coercitivo. Lo que no es el caso de Lula.

Gentilli observa que no sorprende que este hecho ocurra menos de una semana después que, en el festejo de los 36 años del PT, Lula manifestó que si fuera necesario e imprescindible será él quién asuma el desafío de presentarse como candidato de las fuerzas progresistas a la futura elección presidencial, en 2018. Allí, miles de militantes le brindaron su apoyo y solidaridad ante los ataques recibidos.

El secretario del Clacso afirma además que en Brasil no está en juego ninguna causa por la justicia, la transparencia ni el necesario combate a la corrupción. "Aquí está en juego un proyecto de país y, no tengo dudas también, un proyecto de región. El golpe judicial, policial y mediático que se lleva a cabo en Brasil no es ajeno a la situación que vive el continente y a los vientos que corren a favor de las fuerzas conservadoras y neoliberales en toda América Latina”.

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