Página 12
Horacio Verbitsky
Pentágono se negó a discutir sobre las Malvinas y la militarización del
Atlántico Sur e insistió en el empleo de las FF.AA. en tareas de seguridad
interior. Esto fracturó la conferencia de Ministros de Defensa que sesionó en
Punta del Este. Un signo de interrogación sobre el futuro del Sistema
Interamericano de Defensa, cuya revisión se discutirá en la OEA. La JID no será
secretaría ejecutiva de la Conferencia de Ministros de Defensa. Otra masacre en
Guatemala por militares haciendo de policía.
Al negarse a tratar el reclamo argentino de soberanía sobre las islas
Malvinas ocupadas por Gran Bretaña e insistir con el empleo de las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad interior contra las denominadas nuevas amenazas
y desafíos multifacéticos, el Pentágono fracturó la Décima Conferencia de
Ministros de Defensa de las Américas, que sesionó la semana pasada en Punta del
Este, Uruguay. Los desacuerdos fueron tan marcados que ni siquiera llegó a
considerarse en la plenaria ministerial la propuesta impulsada por Estados
Unidos para que la Junta Interamericana de Defensa (JID) pasara a ser la
Secretaría Ejecutiva y la Memoria Institucional de la Conferencia de Ministros
de las Américas. En cambio, su rol se tratará junto con el de todo el Sistema
Interamericano de Defensa en una próxima conferencia que convocará la OEA.
Un aliado fiel
En la guerra de 1982, Estados Unidos fue el aliado decisivo del Reino
Unido al suministrarle bases, apoyo logístico, Inteligencia y misiles de última
generación. Ese apoyo deslegitimó el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR), según cuyo texto Estados Unidos debería haber apoyado a la
Argentina ante un ataque extrahemisférico con el eventual despliegue y uso de
la fuerza contra el agresor. A raíz de ello menos de la mitad de las naciones
de la región son miembros del TIAR. El ministro argentino de Defensa, Arturo
Puricelli, pidió que los países asistentes se declararan preocupados por “la
creciente militarización del Atlántico Sur y la realización de ejercicios que
incluyen el disparo de misiles como los que se están llevando a cabo en las
Islas Malvinas” y que reiteraran “su firme respaldo a los legítimos derechos de
la República Argentina en la disputa de soberanía”, de acuerdo con lo expresado
por la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)
en diciembre de 2011. Apoyaron la declaración Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana,
Nicaragua, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En cambio Chile, Colombia y
México se pronunciaron en favor de la soberanía argentina pero sin referirse a
la militarización británica de la región. Esto marcó una clara diferencia con
Estados Unidos y Canadá, que se negaron a tratar el tema porque sostienen que
no corresponde a este foro. Estados Unidos sigue privilegiando así su alianza
estratégica con el Reino Unido. Canadá fue aún más lejos: esa ex colonia
inglesa que aún reconoce como su soberana a la reina británica se refirió al
territorio en disputa como Falkland Islands y sentó que lo considera un asunto
bilateral sobre el que “sólo los habitantes” de las islas “tienen el derecho de
determinar su propio futuro”. El mínimo consenso reflejado en la Declaración
Final sostiene que las naciones del continente americano tienen carácter
pacífico y voluntad de “promover la paz y la cooperación en el Atlántico Sur” y
que reconocen la importancia de la Declaración que la Asamblea General de la
OEA firmó este año, para continuar examinando “la cuestión de las Islas
Malvinas hasta su solución definitiva” por tratarse de un tema de “permanente
interés hemisférico”. O sea, poco menos que nada: hay un problemita y nos
preocupa.
Ejecuciones extrajudiciales
En el único día que dedicó a la conferencia antes de partir para un
encuentro más importante de la OTAN, el jefe del Pentágono, Leon Panetta, dijo
que era difícil distinguir si las amenazas transnacionales a la paz y la
estabilidad son asuntos de Defensa o de Seguridad Interior y que el empleo de
militares para mantener el orden interno “no puede ser una solución de largo
plazo”. No cuantificó si hablaba de años, décadas o siglos, pero dijo que
entretanto su país apoyará a quienes apliquen esa solución, por supuesto con el
siempre declamado “respeto a los derechos humanos y a las competencias de las
autoridades civiles”. Uno de los países que votaron junto con el Pentágono por
el empleo militar en cuestiones ajenas a la Defensa fue Guatemala, donde tres
días antes del comienzo de la conferencia las Fuerzas Armadas ejemplificaron
qué ocurre cuando los militares con sus armas letales se vuelcan a las tareas
policiales, al matar a seis campesinos y desaparecer a otros que protestaban
contra las altas tarifas de luz y el capítulo sobre derechos indígenas en la
reforma constitucional que impulsa el gobierno del general Otto Pérez Molina.
Como es natural, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala condenó el
empleo de los militares y nueve de ellos fueron detenidos por “ejecuciones
extrajudiciales”, el primer caso desde el proceso de paz. Los campesinos
formaban un piquete que cortó la ruta Panamericana, que lleva a México. Los
militares fueron enviados para asegurar el derecho a la libre circulación de
personas y bienes. El primer detenido por decisión judicial fue el coronel Juan
Chiroy Sal, subjefe del Escuadrón de Seguridad Ciudadana del Ejército, quien al
mando de ochenta hombres con armas de guerra desoyó la recomendación de las
Fuerzas Especiales Policiales (FEP) de no acercarse al área de concentración.
Aunque al principio el gobierno dijo que las tropas no estaban armadas, la evidencia
fílmica y fotográfica lo refutó. Se recogió en el lugar un centenar de
casquillos disparados desde ocho fusiles de asalto Galil.
Los desastres del Pentágono
La Conferencia fue organizada sobre tres ejes temáticos. El primero fue
“Desastres Naturales, Protección al Medio Ambiente y la Biodiversidad” y
también dio lugar a una votación dividida en la que la Argentina, Brasil y
Venezuela se opusieron a la posición del Pentágono. La propuesta firmada por
Chile pero que fue distribuida a varios asistentes por la delegación de Estados
Unidos, “visualiza a las FF.AA. como un actor principal de los dispositivos de
asistencia humanitaria internacional”, según el cuestionamiento argentino, que
considera a la capacidad militar “un componente más de la oferta nacional”,
cuyo uso y aprovechamiento depende de las autoridades civiles, igual que la
coordinación de la respuesta humanitaria internacional. Si resulta necesario,
esas autoridades, que en la Argentina dependen del Ministerio del Interior,
pueden apelar “al apoyo logístico de las Fuerzas Armadas”. El punto 12 de la
Declaración Final reflejó el desacuerdo entre las dos posiciones que
confrontaron en la Comisión de Trabajo respectiva. Dispone aceptar la propuesta
de Mecanismos de Intercambio de Información sobre Capacidades de Apoyo a
Desastres Naturales, “para su eventual adopción” y dice que los ministros de
Defensa la someterán “al estudio de las autoridades nacionales responsables de
cada Estado con competencias primarias en la materia” y que la participación de
cada país en ese mecanismo “será voluntaria, de conformidad con su propio
ordenamiento jurídico”. También resuelve poner el tema a consideración de “las
organizaciones a nivel hemisférico, regional y subregional que tienen
competencia sobre los asuntos de desastres naturales”. Junto con Estados Unidos
apoyaron esta posición Canadá, México, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Antigua
y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las
Granadinas, Trinidad y Tobago. Además de la Argentina, Brasil y Venezuela
votaron en contra Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Surinam, y se abstuvieron
Uruguay y Guyana. La propuesta alternativa, que la Argentina y Brasil
defendieron en comisión, no mencionaba la eventual adopción del mecanismo sino
apenas “su estudio”.
La Cancillería argentina también había advertido al Ministerio de
Defensa sobre un párrafo de la propuesta chilena de Estados Unidos sobre el
despliegue o empleo de “unidades o medios que tengan una capacidad mínima de
siete días de operación con autosuficiencia”. En la práctica ésta podía ser una
puerta de acceso para la eventual presencia en el territorio nacional de tropas
estadounidenses “con un accionar autónomo”. Como queda claro en el propio
punto, lo que se aprobó no es obligatorio, lo cual hace previsible que no sólo
quienes votaron en contra se abstengan de entregar información para que el
Pentágono la centralice. La discusión fue tan ardua que antes de votar se pasó
a un cuarto intermedio, luego del cual el país anfitrión, Uruguay, presentó una
tercera propuesta, en un último y fallido intento de impedir que la
desavenencia quedara expuesta. La votación fue nominal y constó en el acta a
pedido de la Argentina. Como se puede apreciar en sus resultados, Estados
Unidos consiguió el apoyo de sus socios en el tratado de libre comercio de
Norteamérica, Nafta, de casi todos los países de Centroamérica y el Caribe, del
bloque del Pacífico salvo Ecuador, y de Paraguay, recién suspendido en el
Mercosur como resultas de lo que sus socios definieron como quebrantamiento del
orden democrático, por la destitución del presidente Fernando Lugo sin las
garantías del debido proceso. Mientras, la Argentina se alineó con Brasil y con
los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA). La Declaración Final dispone “conmemorar” los 70 años transcurridos
desde la creación de la JID y los 50 del Colegio Interamericano de Defensa.
Perú había propuesto “felicitar a la JID por su aniversario y desempeño”, pero
el amor no daba para tanto.
Seguridad y/o Defensa
Esto refleja los disensos que empantanaron la discusión del Eje Temático
III, que a su vez se dividía en dos subtemas: “Seguridad y Defensa” y “Futuro
de la Misión y Funciones del Sistema Interamericano de Defensa”. La Declaración
Final se refiere sin discriminar a Defensa y Seguridad, reconoce que ambas son
“responsabilidad de los Estados y de la sociedad en su conjunto” (es decir, no
sólo de las instituciones armadas) y reafirma “la importancia de la conducción
política sobre estos asuntos”, lo cual marca algunos cambios en la región desde
que finalizó la guerra fría y pasaron a considerarse inadmisibles los gobiernos
militares. Los puntos cruciales al respecto son el 9 (“Los desafíos en defensa
y seguridad así como la cambiante realidad de nuestros tiempos requieren una
evaluación permanente de los instrumentos y mecanismos de cooperación apropiada
entre los Estados”) y 10 (“La Conferencia de Ministros de Defensa considerará
los temas prioritarios de las agendas regionales que resulten de interés para
los sectores de defensa bajo una óptica integral y en el marco de la
cooperación y complementariedad, teniendo en cuenta la importancia del carácter
multidimensional de la seguridad para algunos Estados”). En el debate en
comisión, se reconoció la coexistencia de distintas visiones y definiciones
políticas y conceptuales acerca de la seguridad y la defensa, “según las
percepciones de riesgos y amenazas” de cada país y se aclaró que el grupo de
trabajo no había intentado definir los conceptos de seguridad y defensa sino
delimitar los ámbitos respectivos que podrían ser abordados por los ministros,
ya que “la seguridad pública corresponde principalmente a otras instancias
hemisféricas y a las particularidades de la arquitectura institucional de cada
país”. Si bien existen esas diferencias, los ministros deben aplicar “los
criterios de cooperación, visión integral y respeto a las normas de cada
Estado, teniendo en cuenta la importancia del carácter multidimensional de la
seguridad para algunos Estados”. Además, “los ministerios de Defensa de las
Américas, a través de sus Fuerzas Armadas, actúan conforme al ordenamiento
jurídico de cada Estado, de manera subsidiaria como institución secundaria en
apoyo a las otras fuerzas para hacer frente a una amenaza a la seguridad
pública”.
En revisión
El punto 6 de la Declaración Final es el que más tiempo de negociación
insumió desde los meses previos a la reunión de Punta del Este, incluyendo un
viaje a Montevideo y Buenos Aires del académico Frank Mora, el hijo estadounidense
de exiliados cubanos que es viceministro del Pentágono para la región. Estados
Unidos planteaba el fortalecimiento de la Junta y del Sistema Interamericano de
Defensa. La nueva “Política de Defensa para el Hemisferio Occidental”,
difundida por el Pentágono una semana antes de comenzar la conferencia de Punta
del Este anticipó que Estados Unidos promovería en la OEA y mediante relaciones
entre las Fuerzas Armadas “un férreo sistema de cooperación” para la acción
colectiva “frente a los desafíos complejos del siglo XXI”, lo cual implica
“reformar las instituciones existentes y aprovecharlas a fin de lograr una
mayor eficacia y unidad”. En forma explícita se refiere a la Conferencia de
Ministros, a la Junta Interamericana de Defensa y a las Conferencias de
Ejércitos, Armadas y Fuerzas Aéreas, descriptas como “los foros principales en
donde los jefes de las distintas fuerzas del hemisferio dialogan sobre temas
como el mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria y respuesta a desastres,
ciencia y tecnología, cooperación cívico-militar, el medioambiente y las
amenazas emergentes”.
En cambio la Argentina se había ofrecido como sede para una conferencia
especial que encarara la revisión total del sistema, incluyendo el Tratado, la
Junta y el Colegio Interamericano de Defensa, que considera obsoletos. Mora
terminó por aceptar que la revisión era inevitable, pero dijo que su país sólo
aceptaría que se realizara en la OEA, cuya sede está en Washington y la
Argentina lo admitió. En la Comisión respectiva, la Argentina actuó como
relator y entre los organismos que propuso evaluar incluyó a la conferencia de
Ejércitos Americanos, la Conferencia Naval Interamericana y el Sistema de
Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas, señaladas como instrumentos
originados bajo la lógica de la guerra fría. En el último medio siglo esas
conferencias constituyeron “un esquema de intercambio y cooperación horizontal
militar-militar, en no pocos casos disociadas de las instancias
político-institucionales hemisféricas y nacionales en materia de Defensa”,
sostuvo en la Comisión el secretario de asuntos internacionales de Defensa,
Alfredo Forti. El punto 6 de la Declaración Final acortó las distancias. Dice
que la Conferencia solicita “al Consejo Permanente de la OEA que programe y
lleve adelante, con la participación de los ministerios de Defensa, reuniones
para la discusión sobre el futuro de la misión y funciones de los instrumentos
y componentes del sistema interamericano de defensa, incluyendo a la Junta
Interamericana de Defensa”.
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