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Fortunato Esquivel
ALAI AMLATINA, 12 julio 2011 -- En 1997 se aprobó la Ley de Telecomunicaciones, en actual vigencia y agonía toda vez que a partir de esta semana el parlamento comenzará a debatir (1) la norma que la reemplazará, beneficiando al conjunto de la población boliviana y probablemente promocionará el fin de los latifundios mediáticos.
La aún vigente ley, aprobada por el gobierno neoliberal de entonces reordenó el espectro radioeléctrico, aunque la verdad fue una genialidad para hacer desaparecer las emisoras sindicales, que eran los únicos medios opositores. Desde entonces, todos fueron igualados a una licencia por veinte años, al tiempo que se decretaba la licitación de frecuencias.
El plazo de veinte años terminará en 2017, pero para entonces estará vigente la nueva ley a ser analizada desde esta semana. Las autoridades adelantaron que el reparto de frecuencias, será de 33% para el sector privado, 33% para el público (gobierno, gobernaciones, municipios y universidades públicas) y 34% para las radios comunitarias y los pueblos originarios y campesinos.
En la actualidad, el 98% de las frecuencias están en manos del sector privado cuyo privilegio, les permitió construir verdaderos “latifundios mediáticos” que les garantizaron poder político para manipular la opinión pública.
La norma a ser consensuada está referida al reparto de frecuencias en radio y televisión, pero su sólo anuncio movilizó a los dueños de estos medios quienes acaban de “denunciar” presuntas afecciones a sus intereses. El líder de los propietarios de radios es un ex empleado de la embajada norteamericana y hábil productor de programas en La Voz de América. Éste, dijo que la norma pretende dividir las frecuencias en grupos sectarios.
La nueva Ley de Telecomunicaciones, normará adecuadamente la posesión de frecuencias. Tendría que evitar que banqueros y grupos económicos poderosos accedan a las mismas, pues éstos los utilizan para sustentar su poder, toda vez que los medios son elementos estratégicos que tampoco pueden estar en manos de extranjeros.
En esta época de cambios, los medios deberán estar al servicio y beneficio general de todos los bolivianos a través de una comunicación libre, equitativa, participativa e incluyente que atienda las aspiraciones de los pueblos cuyas luchas por verdaderos cambios vienen desde tiempo atrás.
Si nos fijamos atentamente en la actualidad, nos convenceremos que los medios sirven a las oligarquías. Son sus instrumentos de dominio y sometimiento en beneficio de sus propios intereses, razón por demás suficiente para confiar en que la norma que pronto será acabada en el parlamento, terminará con el patrimonio de la oligarquía para pasar a propiedad de todos los bolivianos.
Los monopolios llegan a su fin
La Ley de Telecomunicaciones, reemplazará a la vigente y normará el funcionamiento técnico de los medios audiovisuales. Posiblemente y más adelante, se pensará en otra Ley de Medios que podría normar los contenidos y el ejercicio legal de los comunicadores comenzando por los dueños, que en la actualidad y mayoritariamente, nada tienen que ver con el periodismo. Auguramos un trabajo auspicioso a los legisladores que sin temores, deberán continuar con consultas y asesoramiento necesario.
De ser aprobada con prontitud la Ley de Telecomunicaciones, acabará con la vigencia neoliberal que en líneas generales apenas completará catorce años de vigencia y un desorden en las frecuencias repartidas y en los contenidos principalmente de las radios que pasan de mil y de las estaciones de televisión que oscilan por los quinientos canales.
Las oligarquías mediáticas
Tres redes de televisión han acumulado enorme poder de manipulación de la opinión pública, puesta al servicio de sus intereses políticos sectarios y en feroz oposición a los verdaderos cambios con inclusión que se verifican por primera en Bolivia. ¿Quiénes son sus propietarios y qué intereses representan? Aquí los tenemos:
Red Uno
Su propietario es el político y empresario croata Ivo Kuljis Fütchner. Actuó en sociedad con Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), Carlos Palenque (CONDEPA), Johnny Fernández (UCS) y Manfred Reyes Villa (NFR). Como político fue un fracaso, pero logró beneficios para sus empresas.
En el campo empresarial, está ligado a exitosos negocios en la banca, la red de supermercados Hipermaxi, frigorífico Fridosa, industrias Kupel, ganadería a gran escala, empresario exportador de soya, bienes raíces y establecimientos educativos, entre otros.
Red PAT
Comenzó como notable esfuerzo de periodistas asociados para dar a entender que desde los profesionales, también se puede ofertar una televisión con menos alienación. Efectivamente, en su momento la Red PAT fue única en producción nacional.
Pero, las imparcialidades, no parecen tener mucho futuro en este país y esta red se fue inclinando hacia el neoliberalismo, deslizándose hasta acabar en manos del empresario de orígenes árabes Abdalá Daher, cuyos intereses, entre otros, están ligados a las importaciones electrónicas. Daher no es conocido en el campo político y el único escándalo que se le atribuye es el haber sido presionado a contribuciones por Eduardo Rosza Flores contratado para liderar el separatismo de Santa Cruz.
Red UNITEL
Esta red es la más radical de los latifundios mediáticos, filial de la CNN norteamericana y propiedad de la familia Monasterios, cuyo principal representante es Osvaldo Monasterios Áñez, activo militante del MNR y parlamentario en por lo menos dos ocasiones.
Su red mediática tiene mucho que defender pues los Monasterios, están ligados a enormes empresas bancarias, fábricas de gaseosas, heladerías, producción de alcohol y derivados, estancias ganaderas (cría de ganado de raza Nelore), importación de muebles, administración de la Zona Franca Zoframaq (Puerto Suárez), entre otros intereses.
Los intereses existen, claro que sí
Un poder económico tan enorme, es defendido por un gran conglomerado de periodistas a través de programas hábilmente estructurados para ejecutar tenaz oposición al actual proceso de cambio, en base a sondeos y encuestas claramente manipuladas, que no hacen otra cosa que echar por la borda sus poco creíbles pretensiones de imparcialidad y objetividad.
Los parlamentarios que tratarán la nueva Ley de Telecomunicaciones, están obligados a analizar si los medios deben estar en manos de poderosos empresarios cuyos intereses pueden torcer la opinión pública, si logran la colaboración de escogidos manipuladores, que de haber, sí los hay.
(1) NDLR: La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley de telecomunicaciones que garantiza la distribución equitativa de las frecuencias, el que deberá ser enviado a la Cámara Alta (Senado) para ser revisado y aprobado.
