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La Paz, 3 marzo 2010 (ABI) - El Senado de Bolivia aprobó el miércoles por la noche el proyecto de Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas 'Marcelo Quiroga Santa Cruz', impulsado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), constató en terreno un periodista de la ABI.
El proyecto de la ley planteada ya en 1997 y en el congelador desde entonces, fue aprobado "sin el ánimo de venganza sino de justicia", aseguró el senador oficialista, Eduardo Maldonado.
El proyecto de ley aprobado en la Cámara Alta pasará a Diputados que tratará su sanción. En vías de promulgación, luego será cursada al despacho del Presidente y entrará en vigor, reza el procedimiento, apenas sea publicada en calidad de ley del Estado.
"Esta es una ley, utilizando un poco las mismas palabras de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que lo que la ánima no es un sentimiento de odio ni venganza sino de justicia, de una apasionado amor por la justicia", proclamó tras la sesión que se cumplió en la Cámara Alta.
El proyecto establece los procedimientos judiciales destinados a prevenir, investigar, procesar, sancionar y recuperar el patrimonio del Estado que hubiese sido enajenado en actos de corrupción pública por actuales y ex servidores públicos.
Maldonado subrayó que se busca prevenir y castigar los actos de corrupción y, sobretodo, luchar frontalmente contra la impunidad de ex autoridades de Estado que construyeron fortunas durante décadas con los recursos públicos del pueblo.
La ley será retroactiva e imprescriptible, es decir, ex autoridades y funcionarios públicos pueden ser sometidos a esta norma, no importe dónde, cuándo y cuánto desfalcaron al Estado, indicó.
Además, el proyecto aprobado establece la creación de un conjunto de "instituciones anticorrupción" como la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial a la que ninguna empresa financiera, privada o pública, podrá negar información.
También se creará el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito que, fundamentalmente, generará las políticas y mecanismos de "transparentación", participación social e independencia a la hora de generar una investigación.
Asimismo, pone en escena nuevos tipos penales tales como el uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, obstrucción de la justicia y falsedad en la declaración jurada en bienes y rentas.
"De aquí para adelante la corrupción se corta de cero y también la impunidad de aquellos que robaron", dijo, por su parte, el senador Fidel Surco, del MAS.
Agregó que el trabajo de la bancada oficialista en la Cámara de Senadores fue "propositiva y responsable" a la hora de tratar ese proyecto de ley.
Incluso justificó su dilatada aprobación, en su estación en detalle, para impermeabilizarla contra los recursos de "inconstitucionalidad" que amenaza interponer la oposición.
El MAS controla 25 de las 36 bancadas en el Senado, es decir no necesita, en términos reales, de apoyo para tramitar leyes.
Para el oficialismo, en su conjunto la inminente ley anticorrupción "se enmarcará en todo lo preceptuado en el texto de la nueva Constitución".
A su turno, el senador de la opositora Convergencia Nacional, Bernard Gutiérrez, insistió que ese proyecto aprobado en grande, hace una semana, contiene "elementos inconstitucionales".
"El tema de la retroactividad viola un principio elemental del derecho; el tema de la imprescriptibilidad viola tratados e instrumentos internacionales, a pesar de que en nuestra Constitución ha sido incorporado en el proceso constituyente", dijo.
Al margen de esas dos figuras jurídicas, subrayó que esa ley "podría ser perfecta", pero "no va funcionar mientras en el país no exista un clima de credibilidad en el sistema de administración de justicia", cuya recomposición pergeña el gobierno de Evo Morales, en arreglo a la carta política boliviana.
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