11 diciembre 2015, ADITAL Agencia de
Información Fray Tito para América Latina (Brasil)
Fernando de la Cuadra*
La declaración de admisibilidad de la solicitud de impeachment realizada
por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, pone
definitivamente a Brasil en una hoja de ruta que se venía perfilando en los
últimos meses, prácticamente desde que la mandataria asumió su segundo período
en enero del presente año. Sin embargo, estudios de opinión entre los
congresistas realizados en estos días revelan que si la votación sobre el
impedimento en el plenario de la Cámara de Diputados fuese en este exacto
momento, la presidenta Dilma Rousseff conservaría su mandato, pues la mayoría
de ellos se mostró contrario a la instalación de un proceso de veto de la jefa
de gobierno.
De acuerdo con ese levantamiento, Dilma tendría actualmente el respaldo de por lo menos 258 de los 513 deputados, 87 votos más de los 171 necesarios para mantenerse en el poder. Tal parece que el proceso de impeachment ya nació moribundo y serán necesarios muchos esfuerzos de la oposición para reanimarlo. Ya se puede presagiar esta derrota en la propia constitución de la Comisión Especial para juzgar el mérito del argumento esgrimido por los juristas, crimen doloso de irresponsabilidad en el ejercicio de funciones por parte de la presidenta.
Al consentir la apertura de dicho mecanismo, el
diputado Cunha no debe sospechar que no solo puso en evidencia su postura
vengativa y chantajista con el gobierno y el Partido de los Trabajadores (PT),
sino que además está gatillando
aún más el clima de confrontación y agresividad que viene experimentando el
país en el último periodoy que se puede agravar en el transcurso de los
próximos meses.
En primer lugar, Cunha utiliza la carta del
impedimento como moneda de cambio para
obtener el apoyo de partidos oposicionistas
y salvar su mandato de las
acusaciones en su contra por corrupción, abuso de cargo, lavado de dinero,
evasión fiscal, ocultación de bienes y una
lista extensa de crímenes comprobados por diversos órganos contralores del
Estado, como la Procuraduría General de la República (PGR), Receita Federal
(Impuestos Internos) o el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
Una contradicción fragrante de este asunto, es que
horas antes de que se estableciera la apertura de la denuncia contra Rousseff,
el Congreso había aprobado la nueva propuesta de meta fiscal que consideraba un
déficit de 119 billones del presupuesto nacional. Precisamente, la tesis
central de la acusación para iniciar un proceso de cesación de funciones se
sustenta en la irresponsabilidad del ejecutivo en el ámbito de la contención de
recursos públicos y de los mecanismos utilizados para justificar el exceso de
gastos que provocaron este déficit presupuestario, a través de un resquicio
administrativo sui generis conocido como "pedaladas fiscales”.
De acuerdo a connotados juristas, la utilización de
las llamadas pedaladas fiscales no
justifica la instauración de un juicio que promueva la suspensión de la
mandataria, debido al hecho de que este recurso también había sido utilizado
por gobiernos anteriores (Itamar
Franco, Fernando Henrique Cardoso y Lula Da Silva) con el propósito de realizar
los gastos necesarios para movilizar la máquina del Estado y también para
implementar el conjunto de políticas -especialmente las sociales- destinadas a
mejorar la vida de la población más vulnerable.
Además, los gobiernos estaduales de múltiples partidos
del espectro partidario también han utilizado esta práctica con el objetivo de
viabilizar sus gastos.
El movimiento por la destitución de la presidenta es
formado porsectores de la oposición que no se resignan con la derrota
electoral pasada, invocando un argumento pseudo-jurídico para acelerar la
substitución del ejecutivo por un gobierno de transición que convoque a nuevas
elecciones con la vana esperanza de salir triunfante en la próxima contienda
electoral.
En definitiva, la denuncia no se encuentra debidamente
sustentada en hechos jurídicos y elementos probatorios de que la presidenta
haya incurrido en un crimen de responsabilidad y que ese crimen fue cometido
dolosamente por la titular del cargo. Por lo mismo,la acusación se asemeja
más a una estrategia político-partidaria que apela a la Constitución con el
propósito de obtener el poder por medio de un expediente legalista cuando éste
no pudo ser conquistado a través del voto.
Asimismo, aun admitiendo que el gobierno pueda haber
incurrido en una desviación de la cláusula constitucional con relación al
capítulo sobre responsabilidad, ello no le resta o substrae la legitimidad
obtenida en las urnas en la pasada contienda electoral. El motivo que sostienen
ciertos sectores de la oposición es muy débil e irrisorio: Dilma habría perdido
su legitimidad ante los ojos de la ciudadanía debido a que las recientes
encuestas de opinión demostrarían la acentuada caída en los índices de
popularidad de la mandataria.
Es a todas luces absurdo e improcedente intentar
destituir a un gobierno por los resultados de las encuestas de apoyo popular a
su gestión. Las reglas del juego
democrático estipulan claramente que quien pierde una elección tendrá otra
chance cuando la ciudadanía sea nuevamente convocada a sufragar y decidir en
las urnas. La alternancia del poder es una cláusula democrática férrea y ella
debe ser respetada por ganadores y perdedores.
Si un gobierno es deficiente o malo, la apelación al
mecanismo de impeachment no es y nunca será el remedio adecuado para resolver
este dilema. Si así fuera, la gran mayoría de los gobiernos en el mundo no
conseguirían concluir sus respectivos mandatos.
El impeachment del presidente Collor de Melo fue
necesario para restablecer la ética, el decoro y la probidad de la acción
gubernamental y en ese proceso convergieron prácticamente todas las fuerzas
político-partidarias, los movimientos sociales y las organizaciones civiles de
Brasil. Como ya lo han señalado diversas voces de un amplio espectro político y
partidario, independiente de las críticas que se le puedan hacer a la actual
administración, lo que se
encuentra en cuestión es la defensa de la democracia y del respeto a la
decisión soberana del pueblo en las urnas.
No cautelar este principio puede llevar al Brasil a un
periodo de inestabilidad y crisis institucional sin precedentes desde el
retorno a la democracia.
Si bien es cierto el país se encuentra atravesando una
crisis, la solución planteada por la oposición es bizarra. Ella se fundamenta
en la apuesta de que se pueda constituir una alternativa de unidad nacional en
torno a alguno de los sucesores oficiales de la presidenta, especialmente su
vice, Michel Temer. Luego se convocará a nuevas elecciones y en esa
circunstancia los ciudadanos se inclinarán por un "gobierno de salvación”
que supere la actual coyuntura.
Este es un escenario bastante improbable. En gran
parte porque las crisis son como los terremotos, en que las personas saben
dónde comienzan pero no saben cuándo y cómo terminan. Es la incerteza lo que
hace que se instale un sentimiento colectivo de que la "presente crisis”
es la peor que existe en la historia del país y concomitantemente refuerza la
sensación de sofoco y angustia entre la población.
Asumiendo este supuesto, no existe la posibilidad de
salir del actual impasse a través de recetas mágicas o por el simple reemplazo
del gobierno de turno. La crisis es sistémica y se requiere de un gran acuerdo
nacional para formular consensuadamente las posibles salidas en el ámbito
económico, energético, político y social.
Sin embargo, la tentativa de derribar al gobierno
introduce aspectos positivos. El primero, y quizás más evidente, es que al
igual como sucedió hace algunos años atrás con el "caso Collor”, la población entró en una dinámica
in crescendo de debates sobre variados aspectos de la vida republicana nacional
y sobre el futuro del país. Brasil se ha transformado en una gran arena de
discusión en la que cual más cual menos los actores deben tomar partido a favor
o en contra del impeachment y analizar sus posibles desdoblamientos.
Ese intercambio circula vertiginosamente en las redes
sociales y en diversos espacios ciudadanos, neutralizando la influencia
ejercida por las corporaciones de mass-media tradicional. Pero el debate no se
encuentra restringido al ciberespacio, pues es evidente que dicha disputa se
instalará rápidamente en las calles. Las
posibilidades de éxito o derrota de la iniciativa opositora se van a respaldar
en la capacidad de convocatoria que cada sector tendrá para movilizar sus
fuerzas.La temperatura del Ágora y la movilización de la ciudadanía será un
factor fundamental que actuará como un contrapeso a favor o en contra de la
destitución.
Pensamos que este es un escenario en que las fuerzas
democráticas saldrán fortalecidas y que, inversamente, el carácter revanchista
y oportunista de la acusación quedará desenmascarado. La previsible derrota de los grupos
pro impeachment en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados le permitirá
al ejecutivo salir más vigorizado para reformular el presidencialismo de
coalicióny concluir su mandato sin las presiones que hasta ahora viene
ejerciendo el principal partido de la base aliada, el Partido del Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB), que preside ambas casas del Congreso y que ocupa hasta ahora
la Vice-Presidencia de la República.
Brasil se encuentra en estos momentos entre la
turbulencia y la incerteza, aunque no existen elementos de peso que permitan
augurar o presagiar un desenlace trágico. Al contrario, quizás sea esta una
inmejorable circunstancia para que el debate democrático se difunda
capilarmente en todo el territorio y que la política se discuta en el día a día
por la población, recuperando para la plaza pública una actividad que había
sido secuestrada por determinados grupos de profesionales de la política,
policy makers y experts .
La democracia puede ser medida por la voluntad de las
personas para participar colectivamente en la construcción de un mejor
porvenir. En ese sentido, estos
tiempos representan una innegable ocasión para manifestar aquello que los
griegos convocaban en la polis, un espacio para reflexionar, proponer,
debatir y deliberar sobre los asuntos que le competen a todos los miembros de
una comunidad de destino. Ojalá Brasil pueda aprovechar esta oportunidad.
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