El Grupo de Curas en la
Opción por los Pobres calificó de “pobre” e “insuficiente” el documento emitido
el viernes por la asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina. En el
escrito, los obispos católicos retoman el tema de las violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura y aluden a los señalamientos de
complicidad con el régimen que se le hacen a la jerarquía católica, situación
que fue reconocida recientemente por el dictador Jorge Videla.
Lamentan los curas que los
obispos hayan perdido otra oportunidad y sostienen que “tanta reticencia
durante años a llamar las cosas por su nombre no nos permite confiar plenamente
como quisiéramos en la efectividad de estas declaraciones”.
El documento de la
Conferencia Episcopal fue también una respuesta a un reclamo planteado por un
grupo de aproximadamente cuatrocientos laicos cristianos liderados por el
escribano Hernán Patiño Mayer, que exigieron a sus obispos un pronunciamiento
sobre un tema que parecía definitivamente cerrado para las autoridades de la
Iglesia.
En uno de los párrafos más
críticos de la declaración el grupo de sacerdotes dice que “debemos confesar
que nos escandaliza que ante la sociedad parezca que usar preservativo sea más
grave que la tortura; que el sexo pre-matrimonial sea más grave que violar
mujeres detenidas-desaparecidas; que engendrar hijos fuera del sacramento del
matrimonio sea más grave que apropiarse de niños después de tirar al mar a sus
padres, que la homosexualidad es una enfermedad perversa y más grave que ser un
torturador o presenciar con sadismo y complicidad sesiones de tortura, que el
aborto de una mujer angustiada en su situación de embarazo no deseado o
provocado sea tenido por genocidio y como algo mucho más grave que arrojar
personas vivas al mar, atadas, dopadas y secuestradas”.
Los Curas en la Opción por
los Pobres rechazan la llamada “teoría de los dos demonios” en la cual –dicen–
se enmarca el documento episcopal al equipar el “terrorismo de Estado” con la
“violencia guerrillera”. Pero respecto de las complicidades entre la dictadura
y la jerarquía, los sacerdotes recuerdan que en sus declaraciones “el genocida
Videla fue más allá del reconocimiento de una connivencia entre la conducción
facciosa del Estado y la cúpula eclesiástica”, ponen en duda las palabras del
arzobispo José María Arancedo, quien niega que tal connivencia haya existido, y
señalan que existen otras “muchas instancias que no son tenidas en cuenta en el
documento” episcopal.
Outro tema está referido a
cuánto sabían los obispos de entonces –a quienes la jerarquía menciona como
“hermanos mayores”– sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Los curas dicen
que “no hace falta demasiada investigación” porque allí están los discursos de
monseñor (Victorio) Bonamín, monseñor (Antonio) Plaza, monseñor (Adolfo)
Tortolo (presidente de la CEA), por nombrar solo los más emblemáticos”.
Denuncia también el grupo de
sacerdotes que, más allá de los párrafos de documentos con los cuales los
obispos intentan justificar que algo hicieron en materia de denuncia, “sabemos
bien que fueron muchas las voces eclesiásticas episcopales o presbiterales que
justificaron la tortura públicamente como un ‘mal menor’, e incluso
participaron de las mismas”.
El documento que lleva la
firma de Juan Carlos Baigorri, Marcelo Ciaramella, Roberto Murall y Eduardo de
la Serna, integrantes del secretariado de Curas en la Opción por los Pobres,
dice que “no se entiende el tibio y limitado pedido de perdón de 2000 si
realmente creen que hicieron todo lo debido y necesario. No se entiende el
silencio de los nombres de nuestros mártires desaparecidos, asesinados o
torturados, como el obispo Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel
Longueville, Carlos Bustos, Pablo Gazzarri, Mauricio Silva, Orlando Yorio,
Francisco Jálics, Wenceslao Pedernera, Alice Domon, Leonie Duquet y tantos
otros, si el supuesto pedido de perdón se pretende serio y responsable”
Señalan también que en la
sociedad faltan muchos sectores que no han hecho su “mea culpa, pero no se
trata de especular con el mal de muchos sino de afirmar lo que se espera del
pastor: que dé ‘la vida por sus ovejas”.
Y en referencia a lo que
ahora está ocurriendo advierten que “cuando se avanza en los juicios, se
escuchan voces que hablan de reconciliación, de perdón, deslizando la idea
implícita de que los juicios son motivados por venganza o revanchismo,
desdiciendo todo lo que han afirmado de ‘la verdad y la justicia’”. Dicen
también los curas que les gustaría ver “una cercanía fraterna de los obispos
con los organismos de derechos humanos que siguen luchando por la verdad, la
memoria y la justicia en especial las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como
en su momento lo hicieron con cariño y valentía Jorge Novak y Jaime de Nevares”
para subrayar que “hoy –como ayer– más bien percibimos distancia”.
Desestiman los curas el
pedido genérico de perdón hecho por los obispos “porque el pedido de perdón
debe ser concreto”, señalando que “ninguno de nosotros (como sacerdotes)
aceptaría una confesión tan genérica sin reconocimiento concreto de las faltas
o delitos cometidos”. Ante la presunta disposición de la jerarquía a
profundizar las investigaciones los sacerdotes denuncian que la Conferencia
Episcopal posee “libros bastante documentados sobre este y otros temas
semejantes”, piden que los obispos “colaboren en todo con la Justicia, se
acerquen a aportar toda la información disponible, y acepten los fallos
correspondientes para cerrar heridas no desde el olvido y la impunidad, sino
desde la verdad y la justicia que tanto proclamamos”, lamentan que no se encare
la complicidad de los capellanes militares con el genocidio, mientras el
“condenado por la Justicia Christian von Wernich no fue suspendido en sus
licencias o expulsado del ministerio” y “Videla sigue comulgando y lo dice
abiertamente a pesar de haber reconocido públicamente su delito que parece no
ser entendido como pecado”.
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