"Los patrones prohíben que las familias que viven en sus haciendas se comuniquen con organismos y les coartan la educación o las condiciones sanitarias mínimas"Washington, 10 marzo 2008 (ABI) - El Gobierno boliviano aseguró este lunes que no cejará en su política agraria hasta que el último guaraní tenga tierras suficientes para trabajarlas y declaró como prioritaria la abolición de la situación de semi-esclavitud a la que están sometidos cerca de un millar de familias indígenas en la región del Chaco.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, subrayó, citado por la agencia Efe, que el gobierno del presidente Evo Morales, un indígena aymara que llegó a Palacio Quemado con el respaldo del 53.7 por ciento de votos, se compromete a emprender las acciones necesarias para que "hasta el último guaraní tenga tierras suficientes y se acabe con la servidumbre".
En el marco de las audiencias de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), líderes de pueblos indígenas y representantes del Gobierno boliviano compadecieron ante este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para reflejar la situación de las comunidades cautivas del país.
La comunidad guaraní, la tercera más numerosa de los pueblos indígenas de Bolivia, cuenta actualmente con una población de 170.000 personas, entre ellas 800 familias empadronadas en situación de semi-esclavitud en 197 haciendas de patrones.
En representación de esta población indígena, Justo Molina, presidente del Consejo de Capitanes de Chuquisaca, denunció la "violación de los derechos humanos" que viven numerosas personas de su comunidad.
"Los patrones prohíben que las familias que viven en sus haciendas se comuniquen con organismos y les coartan la educación o las condiciones sanitarias mínimas", manifestó Molina, quien recordó que el 90 por ciento de esta población es analfabeto.
Asimismo, el líder guaraní expuso que muchos terratenientes se llevan a las niñas a partir de 7 años a las ciudades y las hacen regresar a la propiedad con hijos para que también trabajen para ellos.
Molina señaló que aunque las autoridades han tomado medidas para esta problemática, el proceso aún no ha encontrado el mecanismo adecuado para proporcionar la libertad absoluta de todas las personas cautivas del país.
"El Gobierno ha lanzado varios programas de reconstrucción territorial del pueblo guaraní -anotó- pero esta situación ha conllevado a que terratenientes amenacen de muerte y busquen a los que ellos consideran rebeldes".
Tras la exposición de la parte peticionaria, el viceministro de tierras boliviano admitió que "los hechos son tal y como han sido descritos: el pueblo guaraní ha sufrido desalojo de su territorio, además de haber sido reducido a relaciones de servidumbre en sus tierras".
Al respecto, Almaraz mostró su "compromiso para transformar esta realidad que nos preocupa y humilla como país en su conjunto".
"El Gobierno ha emprendido varias acciones, entre ellas la aprobación de la ley de la reconstrucción comunitaria de la reforma agraria", -manifestó- basada principalmente en los mecanismos de expropiación y reversión.
Según el viceministro, "Bolivia no va a tener una democracia real, culturalmente diversa e incluyente, si no logra redistribuir la tierra".
En este sentido, Almaraz informó que el Gobierno ya ha entregado al pueblo guaraní 1,7 millones de hectáreas de tierras, de los 3,5 millones que solicitó años atrás.
Asimismo el representante de las autoridades bolivianas también denunció que este proceso de reforma agraria está teniendo riesgos y una "fuerte, agresiva, antidemocrática y violenta resistencia" por parte de los grupos de terratenientes, que ven afectados sus intereses con la implementación de estas medidas.
A modo de ejemplo, Almaraz apuntó la presión recibida por parte de varios patrones para aplazar este proceso de saneamiento de los territorios guaraníes hasta la celebración del referéndum que determinará si el Gobierno debe tener participación en la repartición de las tierras.
Tanto el Gobierno boliviano como los líderes guaraníes pidieron a la CIDH su participación y supervisión en el proceso de reforma agraria, que persigue extinguir las condiciones de servidumbre del pueblo guaraní y dotarlo de medios suficientes para su desarrollo.
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