26 abril 2010/TeleSUR http://www.telesurtv.net
Insulza aseveró que la ley antiinmigrante aprobada en Arizona (sur de Estados Unidos) “crea bases para una discriminación racial”, razón por la que condenó el reglamento y lo consideró inaceptable. Desde su promulgación, efectuada el pasado viernes, gobiernos de Centroamérica, organizaciones y movimientos sociales han rechazado el instrumento legal.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, calificó este lunes de "discriminatoria" la nueva ley promulgada en Arizona (sur de Estados Unidos), en la que por primera vez en la historia se le da poder a la Policía para detener y sancionar a cualquier inmigrante que se encuentre en situación ilegal en ese estado.
El reglamento "hace equivalente la inmigración con el delito y crea bases para una discriminación racial que consideramos inaceptable", afirmó Insulza.
Durante la inauguración de una reunión del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas Discapacitadas, dependiente de la OEA, en San Salvador, el secretario aseveró que la norma de Arizona es "claramente discriminatoria en contra de los inmigrantes".
Remarcó que la ley está hecha en contra, particularmente "de los inmigrantes y la población latina de los Estados Unidos (EE.UU.)".
Insulza recordó que en EE.UU. reside la "tercera población latina en el mundo", y que mayormente , esas personas cumplen "una función social económica y benéfica".
"Todos los países tienen por cierto el pleno derecho a regular la inmigración dentro de sus países, pero no a costa de no respetar los derechos humanos, los derechos de las personas y de crear estereotipos raciales que no corresponden a la realidad", agregó.
El pasado viernes 23 de abril de 2010, la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, anunció la firma de la polémica ley SB1070, "antiinmigrante", pese a las manifestaciones que tuvieron lugar para rechazarla, además de la fuerte crítica del presidente estadounidense, Barack Obama.
Miles de personas marcharon pacíficamente este domingo en la ciudad de Phoenix, Arizona (suroeste de Estados Unidos), en contra del instrumento legal.
Organizaciones de inmigrantes, agrupaciones latinas, líderes religiosos y sindicalistas también han condenado la legislación en Arizona.
El presidente de México, Felipe Calderón, cuestionó duramente este lunes la promulgación de la polémica Ley Migratoria en Arizona (sur), cuyo contenido "abre la puerta a la intolerancia, al odio y a la discriminación contra los inmigrantes", tal como lo manifestó el gobernante.
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terça-feira, 27 de abril de 2010
sábado, 8 de dezembro de 2007
Los retos para el nuevo gobierno argentino
Roberto Molina
Buenos Aires, 8 diciembre 2007 (PL) - Los retos para el próximo gobierno argentino, que encabezará la flamante presidenta Cristina Fernández desde el lunes, podrían resultar mucho más complejos que los afrontados por su esposo y antecesor Néstor Kirchner en su mandato desde 2003.
Quienes centran su análisis en los asuntos de Hacienda, consideran que el principal desafío de la primera mujer electa como mandataria en la historia del país será el manejo de la economía y las finanzas que recibe en excelente salud.
En tanto, aquellos con una mirada más profunda y abarcadora unen este elemento con el social en un todo, opinan que de los buenos resultados en ambos, o al menos una mejoría sustancial, dependerá el éxito.
Según analistas, para el primer aspecto Fernández cuenta con una buena herencia dejada por su marido, Néstor Kirchner, o sea, superávit fiscal primario, balanza comercial favorable y deuda saldada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, en sus cuatro años de gestión el mandatario que llegó a la Casa Rosada con la menor votación de la historia democrática argentina (22 por ciento) logró reducir sensiblemente los índices de desocupación, pobreza e indigencia con importante inversión social.
Programas para la construcción de viviendas populares, la infraestructura vial del país, el sector energético, la educación y la salud se encuentran entre esos esfuerzos reconocidos en general, aunque también criticados por la forma de ejecutarlos.
Con todos esos elementos a su favor, el nuevo gobierno -que deberá ser la continuidad del cambio, como se promueve oficialmente- podrá abordar de manera más holgada las tareas inmediatas para intentar consolidar las posiciones conseguidas tras años de desmantelamiento.
Pero todo indica que, si bien se ha obtenido cierta tranquilidad ciudadana tras los estallidos sociales que derrocaron al gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre del 2001, eso se debe a la mejoría de la situación de las clases media y alta.
Los sectores más desfavorecidos han acusado cierta recuperación, pero están muy lejos de haber alcanzado los niveles de que gozaban y se necesita de acciones más profundas para lograrlo.
Lo anterior conlleva a un mayor compromiso político con quienes más apoyaron a Kirchner y dieron en octubre pasado su voto masivamente a quien prefieren llamar simplemente Cristina (el 45,29 por ciento, con 22 puntos porcentuales encima de su más cercano rival).
Empero, en ninguna de las dos esferas la tarea será fácil, dada la complejidad del panorama nacional heredado como consecuencia de la aplicación a fondo de las recetas neoliberales por más de una década.
El auge del crecimiento, sustentado en retenciones crecientes a las exportaciones de productos agrícolas y a las firmas privadas a cargo del petróleo argentino, depende de que la tendencia favorable de los precios en el mercado mundial se mantenga, o sea, un elemento coyuntural.
Asimismo, el énfasis en apostar al fortalecimiento del empresariado como garantía de prosperidad para el país no ha tenido un retorno en la economía en el campo de las inversiones, que siguen siendo insuficientes y en sectores secundarios, no en los productivos.
En el campo social, los enormes avances en las políticas antes mencionadas y en materia de derechos humanos, enfrentarán dos cuestiones básicas nada sencillas de empujar hacia delante.
Para quienes claman por más justicia social, la enorme acumulación financiera sin que se vierta hacia el amplio segmento empobrecido de la sociedad sigue colocando a Argentina entre los países más desiguales del orbe, una situación incomprensible -afirman- dada la riqueza de sus recursos.
En materia de derechos humanos, si bien es cierto que se avanzó mucho con la anulación de las leyes del perdón (1986 y 1987), de los indultos de los años 90, y los progresos en los juicios a ex represores de la dictadura, la justicia es demasiado lenta y hay mucha insatisfacción.
Un reflejo parcial, pero llamativo de ello, lo ofreció la Marcha de la Resistencia protagonizada frente a la Casa Rosada por numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos los días 5 y 6, bajo la consigna "Vamos por más".
Si bien el eje central de los reclamos a las autoridades fue "más verdad y más justicia", en referencia al pasado, también urgieron por "más salud, más educación, más inclusión y más redistribución de la riqueza", cuestiones sensibles y vitales del presente.
Estos mismos sectores llevaron a Cristina Fernández a la victoria y dejan en claro desde ahora lo que esperan y quieren de su gestión, pues opinan que no hay más razones para nuevas postergaciones.
Quienes centran su análisis en los asuntos de Hacienda, consideran que el principal desafío de la primera mujer electa como mandataria en la historia del país será el manejo de la economía y las finanzas que recibe en excelente salud.
En tanto, aquellos con una mirada más profunda y abarcadora unen este elemento con el social en un todo, opinan que de los buenos resultados en ambos, o al menos una mejoría sustancial, dependerá el éxito.
Según analistas, para el primer aspecto Fernández cuenta con una buena herencia dejada por su marido, Néstor Kirchner, o sea, superávit fiscal primario, balanza comercial favorable y deuda saldada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, en sus cuatro años de gestión el mandatario que llegó a la Casa Rosada con la menor votación de la historia democrática argentina (22 por ciento) logró reducir sensiblemente los índices de desocupación, pobreza e indigencia con importante inversión social.
Programas para la construcción de viviendas populares, la infraestructura vial del país, el sector energético, la educación y la salud se encuentran entre esos esfuerzos reconocidos en general, aunque también criticados por la forma de ejecutarlos.
Con todos esos elementos a su favor, el nuevo gobierno -que deberá ser la continuidad del cambio, como se promueve oficialmente- podrá abordar de manera más holgada las tareas inmediatas para intentar consolidar las posiciones conseguidas tras años de desmantelamiento.
Pero todo indica que, si bien se ha obtenido cierta tranquilidad ciudadana tras los estallidos sociales que derrocaron al gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre del 2001, eso se debe a la mejoría de la situación de las clases media y alta.
Los sectores más desfavorecidos han acusado cierta recuperación, pero están muy lejos de haber alcanzado los niveles de que gozaban y se necesita de acciones más profundas para lograrlo.
Lo anterior conlleva a un mayor compromiso político con quienes más apoyaron a Kirchner y dieron en octubre pasado su voto masivamente a quien prefieren llamar simplemente Cristina (el 45,29 por ciento, con 22 puntos porcentuales encima de su más cercano rival).
Empero, en ninguna de las dos esferas la tarea será fácil, dada la complejidad del panorama nacional heredado como consecuencia de la aplicación a fondo de las recetas neoliberales por más de una década.
El auge del crecimiento, sustentado en retenciones crecientes a las exportaciones de productos agrícolas y a las firmas privadas a cargo del petróleo argentino, depende de que la tendencia favorable de los precios en el mercado mundial se mantenga, o sea, un elemento coyuntural.
Asimismo, el énfasis en apostar al fortalecimiento del empresariado como garantía de prosperidad para el país no ha tenido un retorno en la economía en el campo de las inversiones, que siguen siendo insuficientes y en sectores secundarios, no en los productivos.
En el campo social, los enormes avances en las políticas antes mencionadas y en materia de derechos humanos, enfrentarán dos cuestiones básicas nada sencillas de empujar hacia delante.
Para quienes claman por más justicia social, la enorme acumulación financiera sin que se vierta hacia el amplio segmento empobrecido de la sociedad sigue colocando a Argentina entre los países más desiguales del orbe, una situación incomprensible -afirman- dada la riqueza de sus recursos.
En materia de derechos humanos, si bien es cierto que se avanzó mucho con la anulación de las leyes del perdón (1986 y 1987), de los indultos de los años 90, y los progresos en los juicios a ex represores de la dictadura, la justicia es demasiado lenta y hay mucha insatisfacción.
Un reflejo parcial, pero llamativo de ello, lo ofreció la Marcha de la Resistencia protagonizada frente a la Casa Rosada por numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos los días 5 y 6, bajo la consigna "Vamos por más".
Si bien el eje central de los reclamos a las autoridades fue "más verdad y más justicia", en referencia al pasado, también urgieron por "más salud, más educación, más inclusión y más redistribución de la riqueza", cuestiones sensibles y vitales del presente.
Estos mismos sectores llevaron a Cristina Fernández a la victoria y dejan en claro desde ahora lo que esperan y quieren de su gestión, pues opinan que no hay más razones para nuevas postergaciones.
http://www.prensalatina.com.mx/article.asp?ID={C7C7B067-3ACE-4452-930F-B23AF7F46AFC}&language=ES
terça-feira, 27 de novembro de 2007
Argentina/El sacerdote que puede ir preso por resistir un desalojo rural
Por Darío Aranda, desde Serrezuela, Córdoba/Página 12/27 noviembre 2007Foto: Carlos Julio Sánchez está enjuiciado junto a diez campesinos
Es el cura párroco de un pueblo cordobés. Un tribunal lo juzga por desalambrar una propiedad. Aquí explica por qué lo hizo.
Turismo, monocultivo de soja, ríos caudalosos y sierras arboladas son postales recurrentes de Córdoba. Nada de eso existe en Serrezuela, al norte provincial, pleno desierto cordobés, con una sensación térmica que supera los 40 grados, humedad asfixiante, sequías –la última lluvia cayó hace ocho meses– y pobreza como regla. El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) tiene presencia en la zona, con centenares de familias organizadas que resisten desalojos empresarios, exigen justa distribución del agua y luchan por mantener su forma de vida ancestral. Uno de sus más estrechos colaboradores es el párroco local, Carlos Julio Sánchez, de 41 años, formado con la Teología de la Liberación, libros de Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. Junto a la organización, resistió el avance de un empresario sobre tierras familiares, fue denunciado –junto a diez campesinos– y ahora afronta un juicio por "daño calificado agravado por delito en banda", con una pena de hasta cuatro años de cárcel. En el patio de la parroquia, debajo de un árbol centenario y a la espera de la sentencia, parece tranquilo, serio, habla pausado, viste una remera con la leyenda "Ni un metro más. La tierra es nuestra" y comparte un mate recién preparado.
"Para un campesino, la justicia es la policía de la zona, que criminaliza la pobreza, la protesta y la organización de las familias. Hay una gran desprotección. Pero a partir de la organización ha crecido la concientización, y las familias campesinas luchan para que se les respeten sus derechos, ponen el cuerpo en la defensa de su tierra, protegen su forma de vida", explica el cura.
Y cuenta cómo fueron los hechos por los cuales ahora está imputado. "El 5 de febrero de 2005 había reunión de delegados, hacía un calor asfixiante, más de 40 grados, viento caliente. Había pasado más de un mes del alambrado en las aguadas y los animales no podían tomar agua. Los Loyola estaban desesperados, plantearon el caso en la reunión y pidieron ayuda para sacar el alambrado y abrir paso a los animales. Y así se hizo", resume el cura Sánchez, que visita las comunidades a diario y aporta sus dibujos en cartillas, periódicos y afiches del MCC. "Pero el empresario hizo la denuncia en la policía, la elevaron a Fiscalía e imputaron, con rapidez meteórica, a diez miembros del MCC y a mí", explica y mueve la cabeza, en gesto de desaprobación.
Las familias campesinas suelen padecer presiones de empresarios para abandonar sus parcelas. Radican denuncias, pero escasas veces las causas prosperan. El MCC, que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, detalla que sólo en el norte de Córdoba afrontan un centenar de conflictos, con cerca de 100.000 hectáreas en disputa. "Ha habido algunas intervenciones de la Justicia, muy pocas, donde ha sido favorable a las familias ancestrales, por lo cual quiero pensar que la Justicia funciona, pero hay muchos eslabones de esa cadena que bloquean todos los derechos de los más pobres. Es una situación similar al poder político, al que no le cae nada simpático tener que dialogar con interlocutores tan incómodos como el MCC, porque los políticos están acostumbrados a sentarse con otros, como los empresarios sojeros o ganaderos que, justamente, son quienes pretenden las tierras campesinas", explica el párroco.
Durante las audiencias del juicio, realizado la última semana, el Movimiento Campesino de Córdoba reivindicó el corte de alambres como "ejercicio legítimo del derecho a la tierra de las familias" y remarcó que desalambrar "no constituye delito en el marco que fue realizado".
El mate caliente acentúa el calor, pero el cebador no se detiene. Es sábado a la tarde y una melodía de cuarteto comienza a hacerse escuchar desde una casa vecina. El cura sigue el ritmo con el pie y parece esperar la pregunta maldita:
–¿Qué sucede si la Justicia los condena?
Detiene el movimiento rítmico de su pie, deja el mate en el piso y busca entre sus dibujos un escrito. Extiende su brazo y comparte el papel. Es un comunicado del MCC, que en su parte superior resalta en color: "No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político". Mira fijo a los ojos y nombra a los otros diez imputados, siete hombre y tres mujeres. "Estamos acusados por defender la vida campesina. Para algunos eso pareciera ser un delito", denuncia y se produce un silencio incómodo, de esos que preceden una mala noticia. Pero el cura retoma la palabra, vuelve a reivindicar la organización de las familias y, por primera vez en la tarde, sonríe: "Ya no es una vergüenza llamarse campesino, es un orgullo que se grita y se canta, se pone en afiches y banderas. Ese es nuestro triunfo".
Turismo, monocultivo de soja, ríos caudalosos y sierras arboladas son postales recurrentes de Córdoba. Nada de eso existe en Serrezuela, al norte provincial, pleno desierto cordobés, con una sensación térmica que supera los 40 grados, humedad asfixiante, sequías –la última lluvia cayó hace ocho meses– y pobreza como regla. El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) tiene presencia en la zona, con centenares de familias organizadas que resisten desalojos empresarios, exigen justa distribución del agua y luchan por mantener su forma de vida ancestral. Uno de sus más estrechos colaboradores es el párroco local, Carlos Julio Sánchez, de 41 años, formado con la Teología de la Liberación, libros de Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. Junto a la organización, resistió el avance de un empresario sobre tierras familiares, fue denunciado –junto a diez campesinos– y ahora afronta un juicio por "daño calificado agravado por delito en banda", con una pena de hasta cuatro años de cárcel. En el patio de la parroquia, debajo de un árbol centenario y a la espera de la sentencia, parece tranquilo, serio, habla pausado, viste una remera con la leyenda "Ni un metro más. La tierra es nuestra" y comparte un mate recién preparado.
"Para un campesino, la justicia es la policía de la zona, que criminaliza la pobreza, la protesta y la organización de las familias. Hay una gran desprotección. Pero a partir de la organización ha crecido la concientización, y las familias campesinas luchan para que se les respeten sus derechos, ponen el cuerpo en la defensa de su tierra, protegen su forma de vida", explica el cura.
Y cuenta cómo fueron los hechos por los cuales ahora está imputado. "El 5 de febrero de 2005 había reunión de delegados, hacía un calor asfixiante, más de 40 grados, viento caliente. Había pasado más de un mes del alambrado en las aguadas y los animales no podían tomar agua. Los Loyola estaban desesperados, plantearon el caso en la reunión y pidieron ayuda para sacar el alambrado y abrir paso a los animales. Y así se hizo", resume el cura Sánchez, que visita las comunidades a diario y aporta sus dibujos en cartillas, periódicos y afiches del MCC. "Pero el empresario hizo la denuncia en la policía, la elevaron a Fiscalía e imputaron, con rapidez meteórica, a diez miembros del MCC y a mí", explica y mueve la cabeza, en gesto de desaprobación.
Las familias campesinas suelen padecer presiones de empresarios para abandonar sus parcelas. Radican denuncias, pero escasas veces las causas prosperan. El MCC, que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, detalla que sólo en el norte de Córdoba afrontan un centenar de conflictos, con cerca de 100.000 hectáreas en disputa. "Ha habido algunas intervenciones de la Justicia, muy pocas, donde ha sido favorable a las familias ancestrales, por lo cual quiero pensar que la Justicia funciona, pero hay muchos eslabones de esa cadena que bloquean todos los derechos de los más pobres. Es una situación similar al poder político, al que no le cae nada simpático tener que dialogar con interlocutores tan incómodos como el MCC, porque los políticos están acostumbrados a sentarse con otros, como los empresarios sojeros o ganaderos que, justamente, son quienes pretenden las tierras campesinas", explica el párroco.
Durante las audiencias del juicio, realizado la última semana, el Movimiento Campesino de Córdoba reivindicó el corte de alambres como "ejercicio legítimo del derecho a la tierra de las familias" y remarcó que desalambrar "no constituye delito en el marco que fue realizado".
El mate caliente acentúa el calor, pero el cebador no se detiene. Es sábado a la tarde y una melodía de cuarteto comienza a hacerse escuchar desde una casa vecina. El cura sigue el ritmo con el pie y parece esperar la pregunta maldita:
–¿Qué sucede si la Justicia los condena?
Detiene el movimiento rítmico de su pie, deja el mate en el piso y busca entre sus dibujos un escrito. Extiende su brazo y comparte el papel. Es un comunicado del MCC, que en su parte superior resalta en color: "No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político". Mira fijo a los ojos y nombra a los otros diez imputados, siete hombre y tres mujeres. "Estamos acusados por defender la vida campesina. Para algunos eso pareciera ser un delito", denuncia y se produce un silencio incómodo, de esos que preceden una mala noticia. Pero el cura retoma la palabra, vuelve a reivindicar la organización de las familias y, por primera vez en la tarde, sonríe: "Ya no es una vergüenza llamarse campesino, es un orgullo que se grita y se canta, se pone en afiches y banderas. Ese es nuestro triunfo".
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-95316-2007-11-27.html
sábado, 13 de outubro de 2007
Bolivia/Pueblos indígenas demandan traslado de la sede de la ONU a otro país más digno
Chimoré (Cochabamba), 12 octubre 2007 (ABI) - Los representantes de los pueblos indígenas del mundo determinaron, entre otras demandas, el traslado de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Estados Unidos a otro país que dignifique los derechos de los pueblos.La representante de Ecuador, Blanca Chancoso, dio la lectura de esta proclama en la tercera jornada y clausura del "Encuentro por la Victoria Histórica de los Pueblos Indígenas del Mundo".
El artículo 12 demanda "descolonizar las Naciones Unidas, y trasladar su sede a un territorio que dignifique y exprese las justas aspiraciones de los Pueblos, Naciones y Estados del mundo".
Asimismo ratificaron el apoyo y respaldo al proceso de cambio emprendido por el Gobierno de Evo Morales para el cual convocaron a otras naciones a sumarse para preservarlo.
Señala que este 12 de octubre es el día del inicio de la lucha para salvar a la madre tierra que esta siendo azotada por al calentamiento global y los daños ambientales de los cuales los principales afectados son los pueblos indígenas.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20071012155818
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007101206
quarta-feira, 10 de outubro de 2007
Candidatura de Evo Morales a Premio Nobel de la Paz es apoyada por 136 países
La Paz, 8 octubre 2007 (ABI) - Un total de 136 países del mundo expresaron su pleno respaldo a la candidatura del presidente Evo Morales Ayma para Premio Nobel de la Paz 2007.
La determinación de apoyar a Evo Morales fue tomada en la tercera reunión plenaria del Grupo del Movimiento de Países No alineados y observadores acreditados ante la Unesco, que se realizó en París (Francia), en donde se escuchó con atención la intervención del representante de la República de Bolivia que informó sobre la candidatura del presidente boliviano al Premio Nobel de la Paz.
El apoyo de estos países se dio tras reconocer que efectivamente el presidente Boliviano constituye un símbolo de las aspiraciones de una población históricamente marginada de América Latina y en atención a su prédica y acción constantes sobre la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza.
Asimismo, a su permanente predisposición (de Evo) a la solución pacífica de los conflictos y a su lucha en defensa de las culturas de los pueblos originarios y en consecuencia de la diversidad cultural; así como a su defensa y práctica de la democracia participativa sin exclusiones, y a su apego a la independencia, al derecho internacional y a la paz.
El pronunciamiento de los 136 países señala que este grupo decidió saludar la iniciativa de muchas personalidades internacionales de presentar la candidatura del presidente boliviano Evo Morales Ayma para Premio Nobel de la Paz, brindando todo el respaldo correspondiente.
Países que apoyan
Afganistán, África del Sur, Argelia, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabia Saudita, Las Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Benin, Bhután, Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina, Burundi, Camboya, Camerún, Cabo, Chile, Colombia, Comores, Congo, Costa de Marfil, Cuba, D'Jibuti, Dominicana, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Guayana, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán, Iraq, Jamaica, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malasia, Lago, Malawi, Maldivas, Mali, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Oman, Uganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palestina, Panamá, Papouasie-Nouvelle-Guinée , Perú, Filipino, Qatar, R. Centroafricana, R.D. del Congo, R.D.P. Lao , R. Dominicana, R.P.D.de Corea, Ruanda, Santa Lucía, Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sao Tomé-et-Principe Senegal las Seychelles Sierra Leon, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Surinam, Suazilandia, Siria, Tanzania chad, Tailandia, Timor Leste, Togo , Trinidad y Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbawe.
Observadores
Armenia, Azerbaiyán, Bosnia Herzegovina, Brasil, China, Costa Rica, Croacia, El Salvador, Kazajstán Kirghizistan, México, Paraguay, Serbia, Ucrania, Uruguay.
Organizaciones
La Unión Africana, Liga de Estados Arabes
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20071008163653
sexta-feira, 14 de setembro de 2007
La ONU adopta la Declaración de Pueblos Indígenas
Sally Burch / ALAI AMLATINA / 13/09/2007
La adopción de la Declaración se logró como resultado de 22 años de consultas y diálogo entre gobiernos y pueblos indígenas de todas las regiones del mundo, cuya población es estimada en más de 370 millones de personas.
La Declaración enfatiza en los derechos de los pueblos indígenas de mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y perseguir su propio desarrollo conforme con sus necesidades y aspiraciones. Establece normas mínimas para el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y para combatir la discriminación y la marginalización.
El documento, que consta de 46 artículos, aborda los derechos individuales y colectivos, los culturales y la identidad, así como los referidos a educación, salud, empleo, idioma entre otros.
Alienta explícitamente las relaciones armoniosas y cooperativas entre Estados y Pueblos Indígenas y promueve la plena y efectiva participación de éstos últimos en todos los asuntos que les conciernen. Reconoce el derecho a la libre determinación de los PP.II., y a la autonomía o autogobierno en sus asuntos internos. Además, garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres indígenas.
La Declaración destaca, además, las garantías a la propiedad de tierras ancestrales y a los recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado, así como la preservación del medio ambiente.
Excluye el desarrollo de actividades militares en las tierras o territorios de los PP.II. (salvo casos de amenaza importante al interés público, o por solicitud de ellos), y defiende el derecho de mantener relaciones entre indígenas del mismo u otro pueblo, divididos por fronteras internacionales.
Vicky Tauli-Corpuz, presidenta del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, calificó la decisión como "una victoria mayor". En su alocución ante la Asamblea General, la indígena filipina recordó que es la primera Declaración de la ONU que ha sido elaborada junto con los mismos sujetos de los derechos. "Se recordará el 13 de septiembre como un día internacional de derechos humanos para los Pueblos Indígenas del mundo, el día en que las Naciones Unidas y sus Estados miembros, junto con los pueblos indígenas, se reconciliaron con las historias dolorosas del pasado, y decidieron caminar hacia el futuro sobre el sendero de los derechos humanos", afirmó. Advirtió, toda vez, que prevé grandes dificultades en la implementación de la Declaración, "debido a la falta de voluntad política por parte de los gobiernos, la carencia de recursos y los intereses establecidos de los ricos y poderosos".
La enérgica oposición a la Declaración desplegada por EE.UU., Australia, Canadá y Nueva Zelanda, países con numerosa población indígena, provocó indignación entre los pueblos indígenas del mundo.
La oposición de estos países se dirigía principalmente al reconocimiento de varios derechos, incluyendo la libre determinación, los derechos a la tierra, territorios y recursos, al Consentimiento Previo Libre e Informado (interpretado como derecho de veto), lo referido a Propiedad Intelectual y el reconocimiento del derecho consuetudinario, en contraposición con las leyes nacionales. Estos países han sido denunciados reiteradamente por el trato indigno que dan a los pueblos indígenas, y tres de ellos han recibido reprimendas en el pasado por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Luego de que logró la aprobación previa, en junio de 2006, en el Consejo de Derechos Humanos, la Declaración no alcanzó el consenso necesario en la Asamblea el año pasado, principalmente por las preocupaciones de varios países africanos. Una iniciativa de consulta impulsada por México, Perú y Guatemala con estos países consiguió su adhesión (con excepción de los tres países africanos que se abstuvieron), pero con la inclusión de nueve enmiendas, entre otras una que aclara que nada en la Declaración se interpretará "en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes".
Estas enmiendas fueron incluidas sin consultar a los representantes indígenas, y no contaron con su acuerdo; a pesar de ello, el Caucus Indígena en la ONU decidió mantener su apoyo a la adopción de la Declaración.
* El texto de la Declaración: http://alainet.org/active/19631
Más información: http://alainet.org
ALAI - 30 AÑOS/Agencia Latinoamericana de Informacion/email: info@alainet.org
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